Minera México amenaza la agricultura del Valle de Vizcaíno
Tulio Ortiz Uribe
Todo parece indicar que Gabriel Larrea Mota-Velasco, el dueño de Minera
México y tercer empresario más rico del país, ya olvidó su amenaza de irse a
invertir “a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde
exista un régimen fiscal estable”. En realidad sólo quiso asustar con el petate
del muerto, cuando en octubre pasado el gobierno anunció que aplicaría un
raquítico 7.5 por ciento a las ganancias de las empresas mineras.
Pero eso sí, aclaró que antes de mudar sus negocios (un truco muy bien ensayado
y que ya pocos creen), concluiría las inversiones “programadas en México”, una
de ellas por mil 500 millones de dólares para echar a andar, a través de su
nueva empresa Mexicana del Arco SA. de CV, la mina de cobre El Arco, en la parte sur de Baja
California y que seguramente le hará subir unos escalones entre los más ricos
de Forbes.
Resulta que la tal mina, ubicada en el municipio de Ensenada, muy cerca
del paralelo 28 limítrofe con el estado de Baja California Sur, tiene un
potencial de mil millones de toneladas de cobre, que la ubicaría como la quinta
más grande del mundo, sólo por atrás de las chilenas Escondida, Chuquicamata y
El Teniente, y de Cananea en Sonora, del propio Larrea. Así de gordo es el
negocito que trae entre manos.
Pero para que una mina produzca necesita agua, y El Arco está en pleno
desierto bajacaliforniano. Bueno, al menos eso parecía porque el empresario de
marras es tan influyente, que las autoridades federales le crearon un acuífero
a modo en el 2009, todo con el riesgo de dejar sin agua, mediante la ley del
popote, a los agricultores, las cooperativas pesqueras y los pobladores del
Valle de Vizcaíno en Baja California Sur.
El acuífero de Vizcaíno es un estrato interestatal, ya que se extiende más
al norte del paralelo 28, que divide a los dos estados peninsulares. Pero en un
hecho insólito, el diligente panista José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión
Nacional del Agua durante el calderonato, lo dividió en dos mediante “acuerdo”
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009. A la porción de manto que queda bajo
las tierras que adquirió Larrea para su mina El Arco, la denominó “Llanos del
Berrendo”.
Ah, pero había que darle “certeza jurídica” al concesionario, a fin de
que “los títulos y otros actos de autoridad que se emitan”, los expedirá la
Conagua “conforme a la denominación y disponibilidad de dichos acuíferos…”.
Así, el empleado de Calderón emitió un
nuevo “acuerdo”, este del 14 de diciembre de 2011, donde “se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad
media anual de las aguas subterráneas de 142 acuíferos”.
Y, ¡oh sorpresa!, Llanos del
Berrendo aparece con una disponibilidad de agua de 9.66 millones de metros cúbicos
anuales, casualmente muy similar a la cantidad que el señor Larrea solicitó oficialmente
en concesión: 9.46 millones de metros cúbicos, mediante la perforación de 12
pozos.
La reacción llegó pronto. El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del
Acuífero del Valle de Vizcaíno, un organismo de los productores agropecuarios y
de la sociedad civil, declaró que el acuífero Llanos del Berrendo “no existe
para el Comité ni para los pobladores y productores de la región: es un invento
espurio y corrupto hecho por la Conagua a la medida de la compañía minera, con
absoluta parcialidad para que esa empresa lleve a cabo su megaproyecto minero…”
Y sigue: “De un plumazo de escritorio, la Conagua convirtió un acuífero
interestatal en dos (en donde) por arte
de magia, del paralelo 28 hacia el sur, ya no hay disponibilidad de agua, y
del paralelo 28 hacia el norte, hay tal cantidad que la empresa minera puede
explotar anualmente 9.66 millones de metros cúbicos, como si los acuíferos
fueran divisibles por líneas imaginarias”
¿Cuál fue el
siguiente paso que dio la Conagua para terminar de construir las condiciones jurídicas y
técnicas a modo para otorgar la concesión a la empresa de Gabriel Larrea? Contrató
con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (un ente con nula
experiencia en estudios hidrogeológicos), “la elaboración de un modelo
matemático” que, entre otros escenarios “simulará la extracción de acuerdo a
una solicitud de colocar una batería de pozos en el arroyo San Luis, en el
acuífero de Llanos del Berrendo, para explotar… un volumen global de 9.6 millones de m3… sin que se generen
afectaciones a terceros.” (Convenio SGT-OCPBC-BC-13-GAS-002)
En un documento dado a la opinión pública, el Comité Vizcaíno dice que ese
análisis es irrelevante, pues “la respuesta no requiere de un estudio, porque
es obvia: si los acuíferos Llanos del Berrendo y Vizcaíno son una misma unidad
hidrogeológica, interconectada en el subsuelo, por supuesto que la explotación
de 9.66 millones de metros cúbicos de agua del acuífero Llanos del Berrendo nos
afectará negativamente” y, agregamos, pondrá en riesgo la producción
agropecuaria más importante de Baja California Sur.
Y termina: “La mina de Grupo México durará 20, tal vez 50 años, pero a
nosotros y a nuestra generaciones futuras nos desgraciará la vida mucho, pero
mucho más tiempo. Los pobladores del Valle de Vizcaíno no dejaremos que esto
suceda, vamos a luchar muy duro por nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra supervivencia
y nuestras familias”
Así pues, como sastre, la Conagua se ha esforzado en confeccionarle un traje a la medida a Gabriel
Larrea, un empresario que mueve los hilos del poder con su enorme fortuna,
dinero que ha amasado con privilegios fiscales, salarios de hambre y explotando
irracionalmente los bienes de la nación.