jueves, 24 de agosto de 2017

AMLO, la emergencia de un progresismo moderado

Florencia Pagliarone y Ava Gómez


Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de MORENA a la presidencia de México, mantiene desde mayo del año un desempeño positivo en las encuestas electorales que le sitúan en torno al 17% de intención de voto, siendo el candidato con más opciones, seguido de Margarita Zavala (PAN) que toma una distancia de entre 3 y 5 [1] puntos porcentuales en las últimas mediciones. Pero las encuestas son también, para el liderazgo de AMLO y de MORENA (como la formación que alcanza la mayor intención de voto), armas de doble filo. Ello debido a la presencia del duopolio mediático (Televisa – TV Azteca) que siempre ha tendido a favorecer al bipartidismo (PRI-PAN) y que probablemente usará la sobreexposición de los sondeos para denostar al líder. Además, la posibilidad de que el vecino del norte recrudezca su política migratoria y postergue la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), podría ser un nuevo elemento usado en contra de AMLO, arguyendo la defensa de los intereses económicos nacionales.
A principios de este año, AMLO mantuvo una gira por varias ciudades de Estados Unidos con el objetivo de construir un frente cívico en defensa de los inmigrantes, contra el racismo y la xenofobia.
La propuesta política antineoliberal y la lucha contra la corrupción, encarnada en el bipartidismo mexicano, es el marco discursivo que ha convertido al veterano candidato en un líder con potencial para dirigir un cambio político de grandes dimensiones en el país. Ello ha despertado una estrategia de deslegitimación focalizada, una vez más, en el “miedo”. Los liderazgos del PAN y el PRD se centran en amalgamar una coalición que no permita la llegada de una alternativa “populista”. En palabras de Ricardo Anaya del PAN: “Hay una alternativa que implica una regresión autoritaria al pasado, una alternativa que es francamente populista, destructiva y que representa Andrés Manuel López Obrador” [2].
Por su parte, para contrarrestar la campaña del miedo, López Obrador ha iniciado una gira por varios países latinoamericanos a fin de encontrar avales en el nivel regional, acercándose, principalmente, a aquellos gobiernos progresistas con menos cuestionamientos desde el establishment: Chile y Ecuador, y desmarcándose, a su vez, de Venezuela: “Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela, eso debe de quedar muy claro, pura calumnia” [3], dijo López Obrador en un mitin político en Jalisco. Por otra parte, a finales de agosto visitará EEUU donde presentará su libro Oye Trump, en el que habla de su experiencia con personas que han migrado de México al país del norte.
Durante el II Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, AMLO ya había anunciado que era partidario de mantener una postura mesurada en política exterior, sin asumir posiciones protagónicas: “La política exterior que proponemos se sustentará en la aplicación de una buena política interior, en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente [4].
El interés de Andrés Manuel López Obrador es el de posicionarse como líder progresista en un escenario regional muy particular, en el que sus movimientos son poco estridentes y avanzan paulatinamente con la “seguridad” que le da tener aliados en el centro. Ello, sin embargo, genera dudas de si su liderazgo puede marcar una nueva etapa en la región en clave geopolítica.  
En este sentido, el objetivo de la gira de AMLO era dar a conocer la estrategia del partido Morena y posicionar su programa de gobierno, el cual tiene algunos puntos de sintonía y otros de clara diferenciación con Bachelet y con Moreno. AMLO promete que los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y el trabajo con el objetivo de integrarlos a las actividades académicas y laborales, un tema pendiente en el caso de Chile donde la Reforma Educacional terminó por ser excluyente con los jóvenes estudiantes en tanto el sistema de gratuidad universitario no incluye a todos los estudiantes sino solo a los sectores vulnerables [5]. Mientras que la lucha contra la corrupción es una bandera en común con Ecuador. AMLO ha declarado que “se eliminarán los fueros al Presidente y a los altos funcionarios públicos. Se propondrá una reforma al Artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones. El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana”. [6]
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Notas
[1]http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2017/08/09/lopez-obrador-puntero-las-encuestas

Florencia Pagliarone y Ava Gómez  son investigadoras de CELAG.

viernes, 18 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

Arsinoé Orihuela

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desaparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar.Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis.
Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos.
Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 ex gobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justicia) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco).
Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento.
Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminalmente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc.
En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999).
Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” ( sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato.
En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza ( ibidem ). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado.
Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad.
En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala.
La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.
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Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/08/el-narcotrafico-en-mexico-es-clase.html