Tulio Ortiz Uribe
Desde el año 2007, había fundadas sospechas de que el director de Comunicación Social del gobierno del Estado, Antonio Alcantar López, estaba desviado recursos del erario hacia fines personales.
La compra de bienes inmuebles y la construcción de una costosa residencia en el exclusivo fraccionamiento Fidepaz, (La Tijereta # 128), abrieron la presunción de que el funcionario no estaba cumpliendo “con un manejo apegado a la ley de los recursos presupuestarios que tiene asignados para administrarlos”, según dijo desde la tribuna del Congreso la diputada Graciela Treviño Garza.
Y de la sospecha se pasó a la certeza. Hoy se puede comprobar que Alcantar López invierte fuertes cantidades de dinero en empresas de su propiedad, cuyo monto no puede ser solventado con sus ingresos nominales, que de acuerdo con el tabulador de sueldos publicado en la página de Internet del gobierno del Estado, es de 43 mil 397 pesos.
Una de esas empresas es Comercializadora Mar de Cortés SA de CV, que bajo el nombre comercial de Bajamármol, se dedica a la venta de canteras, granitos, mármoles y travertinos para pisos, cubiertas de baño y cocinas. Se ubica sobre el bulevar Constituyentes, entre las calles Ostra y Mar Mediterráneo.
De acuerdo a empresarios del ramo consultados por esta revista, dicho negocio exigiría al menos una inversión de cinco millones de pesos, por la compra del terreno, construcción del local para exhibición y ventas, oficinas e inventario de materiales, así como maquinaria y equipo para el taller de acabado.
Comercializadora Mar de Cortés SA de CV, se formalizó el 5 de octubre de 2010 en la notaría número 22, a cargo de Karina Icedo Salgado, quien suple al Karim Martínez Lizárraga desde que fue nombrado Procurador General de Justicia del Estado. La sociedad quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de La Paz el pasado 2 de febrero, con el número 2679 del volumen 93, folio 13828. El hasta hoy funcionario del gobierno del Estado, aparece en el acta constitutiva como apoderado legal y administración único.
El objeto social de la empresa es la “compra venta, comercialización y distribución de piedra, granito, mármol, travertino y todas las variantes de la piedra”. Asimismo, la “impresión y encuadernación de documentos, elaboración, venta y colocación de anuncios luminosos y espectaculares”.
Alcantar López es un personaje emblemático en la administración de Agúndez Montaño, ya que es el único funcionario que ha sido convocado por el poder legislativo –y lo fue en dos ocasiones-, para que aclare un presunto desvío por 16 millones de pesos de los años 2005 a 2007, del presupuesto para comunicación social.
De lo anterior da cuenta un expediente que se guarda con mucho sigilo en las oficinas del Contralor General, Román Rangel Pinedo, y que por órdenes del gobernador Narciso Agúndez no debe ser tocado antes de que entreguen el mando al equipo de Marcos Covarrubias, en donde se desmenuzan las diversas irregularidades cometidas en el manejo del presupuesto asignado a la dependencia del funcionario sonorense.
Paradójicamente, un boletín de prensa que salió de las oficinas de Comunicación Social y que fue publicado en los medios el martes 22 de febrero, reproduce una declaración de Rangel Pinedo quien asegura que “una de las principales características de la presente administración ha sido el manejo responsable y transparente de los recursos públicos”
La existencia del expediente que involucra a Alcantar López, fue mencionado por primera vez por la diputada panista Sonia Murillo Macías en mayo de 2008, pero fue desestimado por el resto de las fracciones parlamentarias, por lo que no hubo consenso para formalizar la presencia del funcionario ante una comisión investigadora.
Sin embargo durante la sesión del 23 de septiembre de 2008, la diputada Graciela Treviño Garza, secretaria de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso, sorprendió a sus compañeros de bancada al leer ante el pleno una iniciativa de acuerdo económico para citar a comparecer a Antonio Alcantar López. Se pensó que “ahora sí” se llamaría a cuentas al vocero de Agúndez.
Treviño Garza dijo que “por existir el temor fundado de que el coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado no está cumpliendo con un manejo apegado a la ley de los recursos presupuestarios que tiene asignados para administrarlos, y de que “existe la duda razonable de que como funcionario público con nivel de coordinador, haya adquirido cuantiosos bienes inmuebles, que no van de acuerdo con su salario”, se le cita a declarar ante la comisión respectiva.
Sin embargo el gobernador paró en seco a los legisladores. Se sabe que llamó a la diputada Treviño Garza para reprenderla, así como al diputado Ariel Castro para decirle que se dejaran de “pendejadas”.
Dos años después, Treviño Garza logra desempolvar el punto de acuerdo económico aprobado en septiembre de 2008, y le comunica a Antonio Alcantar que “por este conducto se le cita a comparecer ante el Pleno de esta XII Legislatura, en la sesión pública ordinaria, el día martes 05 de octubre del año en curso (2010) a las 11:00 horas, en la Sala de Sesiones “José María Morelos y Pavón”, de este Poder Legislativo…”
Bajo la protección e impunidad que le ha brindado el gobernador perredista durante todo el sexenio, el funcionario volvió a desacatar el acuerdo de los diputados, quienes impotentes, perdieron toda esperanza de llamar a cuentas a ese funcionario, el cual ha amasado una fortuna incompatible con su salario de burócrata de nivel medio.
Luego de terminar de construir un edificio con cinco departamentos en la calle Tiburón del fraccionamiento Fidepaz en 2008 (que luego donó a su hijo menor Jesús Antonio Alcantar Pérez), el vocero de Narciso Agúndez compró a la señora Magaly González Cosío, en enero de 2009, un lote de terreno de 242 metros cuadrados El precio convenido fue de 900 mil pesos. El predio está registrado con la clave catastral 101-013-125-043 y el notario que formalizó la escritura de compraventa fue el mencionado Karim Martínez Lizárraga.
Sobre ese terreno, Alcántar López edificó una moderna residencia de dos pisos y 400 metros cuadrados de construcción, con lujosos acabados en mármol y granito en escaleras, vestíbulo, baños y cocina. Cuenta con alberca, baño sauna y mobiliario importado. De acuerdo con arquitectos consultados, habrían tenido un costo de tres millones de pesos.
Se habla de otras inversiones en su natal Guaymas, que aún no han sido documentadas.
En recientes declaraciones a la prensa, el gobernador electo Marcos Covarrubias Villaseñor dijo que “Hicimos el compromiso con los sudcalifornianos de auditar todas las áreas de la administración pública y lo vamos a llevar a cabo, no vamos a hacer una cacería de brujas pero sí vamos a revisar todas las cuentas y en base a lo que ésta revisión arroje se actuará en consecuencia…”
domingo, 27 de marzo de 2011
jueves, 10 de marzo de 2011
Con facturas falsas, comprueba gastos la Secretaría de Salud
Tulio Ortiz Uribe
Desvío de recursos por 3 millones 183 mil pesos, desabasto de medicamentos, insatisfacción en los usuarios por la mala calidad del servicio y niveles críticos en la atención de urgencias, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) operados en 2009 por la Secretaría de Salud estatal.
Al revisar los documentos de gastos de operación, la ASF encontró que hubo comprobaciones con facturas falsas. Se verificó que las facturas con los números 0228, 0231 y 0234 de enero, febrero y marzo de 2009, respectivamente, por 316 mil 800 pesos, y la factura número 8576 de mayo 2009 por 16 mil 700 pesos, son “presumiblemente apócrifas” de acuerdo con el reporte electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
El organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó también que la Secretaría de Salud aplicó recursos del FASS por 697 mil 100 pesos, para el pago de “arrendamiento de departamentos, apoyos al sindicato y gastos que corresponden al Seguro Popular, conceptos que no contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud ni beneficia a la población abierta”
Asimismo, al revisar los documentos que integran las comisiones sindicales, se constató que las autorizaciones de 40 servidores públicos fueron emitidas 3 y 12 quincenas después del inicio de las mismas, por las que se realizaron indebidamente 530 pagos por 3 millones 125 mil pesos.
Al evaluar los servicios médicos, se observó que los indicadores “satisfacción por el surtimiento de medicamentos” y “surtimiento completo de medicamentos” presentaron niveles críticos debido a la falta de planeación y organización para la adquisición de insumos médicos, situación que originó desabasto de medicamento e insatisfacción en los usuarios de los servicios de salud.
También se constató que el servicio de urgencias presentó niveles críticos, ya que en los hospitales del Instituto de Salud no se cumplió con el tiempo para atender a la población usuaria de los servicios médicos de segundo nivel.
Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el Instituto de Salud registró 55 unidades acreditadas de un total de 68, lo que significa que el 19.1% de las unidades médicas no cuentan con el dictamen que avala la calidad de atención a los usuarios.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal y las autorizaciones de comisión a otras dependencias, se verificó que ocho servidores públicos fueron comisionados al Seguro Popular y a la Beneficencia Pública, centros de trabajo independientes del Instituto de Servicios de Salud, y a los que se les realizaron 254 pagos por 1 millón 819 mil100 pesos.
El estado de Baja California Sur, dice el documento, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 1 millón 889 mil 800 pesos, y quedó pendiente de iniciar “la investigación correspondiente”, para sancionar a los funcionarios responsables.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal, nóminas ordinarias y extraordinarias, y estados de cuenta bancarios, se constató que a 2 servidores públicos se les realizaron pagos posteriores a su baja por 29 mil 400 pesos. El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 30 mil 600 pesos, y quedó pendiente de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventó parcialmente la observación.
Por otra parte, al visitar el almacén central estatal, se detectó medicamento caduco por 41 mil 200 pesos, y medicamento próximos a caducar con vigencia menor a seis meses por 281 mil 600 pesos, por lo que se concluyó que no se cuenta con mecanismos de control que permitan su oportuna detección y remisión a otros centros de salud y hospitales para su aprovechamiento.
Finalmente, en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, se registraron 6 mil 42 nacidos vivos, de los cuales 3 mil 806 fueron partos y 2 mil 236 fueron cesáreas, lo que representa el 37.0% del total de nacimientos, porcentaje que excedió los estándares nacionales e internacionales.
Desvío de recursos por 3 millones 183 mil pesos, desabasto de medicamentos, insatisfacción en los usuarios por la mala calidad del servicio y niveles críticos en la atención de urgencias, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) operados en 2009 por la Secretaría de Salud estatal.
Al revisar los documentos de gastos de operación, la ASF encontró que hubo comprobaciones con facturas falsas. Se verificó que las facturas con los números 0228, 0231 y 0234 de enero, febrero y marzo de 2009, respectivamente, por 316 mil 800 pesos, y la factura número 8576 de mayo 2009 por 16 mil 700 pesos, son “presumiblemente apócrifas” de acuerdo con el reporte electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
El organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó también que la Secretaría de Salud aplicó recursos del FASS por 697 mil 100 pesos, para el pago de “arrendamiento de departamentos, apoyos al sindicato y gastos que corresponden al Seguro Popular, conceptos que no contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud ni beneficia a la población abierta”
Asimismo, al revisar los documentos que integran las comisiones sindicales, se constató que las autorizaciones de 40 servidores públicos fueron emitidas 3 y 12 quincenas después del inicio de las mismas, por las que se realizaron indebidamente 530 pagos por 3 millones 125 mil pesos.
Al evaluar los servicios médicos, se observó que los indicadores “satisfacción por el surtimiento de medicamentos” y “surtimiento completo de medicamentos” presentaron niveles críticos debido a la falta de planeación y organización para la adquisición de insumos médicos, situación que originó desabasto de medicamento e insatisfacción en los usuarios de los servicios de salud.
También se constató que el servicio de urgencias presentó niveles críticos, ya que en los hospitales del Instituto de Salud no se cumplió con el tiempo para atender a la población usuaria de los servicios médicos de segundo nivel.
Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el Instituto de Salud registró 55 unidades acreditadas de un total de 68, lo que significa que el 19.1% de las unidades médicas no cuentan con el dictamen que avala la calidad de atención a los usuarios.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal y las autorizaciones de comisión a otras dependencias, se verificó que ocho servidores públicos fueron comisionados al Seguro Popular y a la Beneficencia Pública, centros de trabajo independientes del Instituto de Servicios de Salud, y a los que se les realizaron 254 pagos por 1 millón 819 mil100 pesos.
El estado de Baja California Sur, dice el documento, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 1 millón 889 mil 800 pesos, y quedó pendiente de iniciar “la investigación correspondiente”, para sancionar a los funcionarios responsables.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal, nóminas ordinarias y extraordinarias, y estados de cuenta bancarios, se constató que a 2 servidores públicos se les realizaron pagos posteriores a su baja por 29 mil 400 pesos. El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 30 mil 600 pesos, y quedó pendiente de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventó parcialmente la observación.
Por otra parte, al visitar el almacén central estatal, se detectó medicamento caduco por 41 mil 200 pesos, y medicamento próximos a caducar con vigencia menor a seis meses por 281 mil 600 pesos, por lo que se concluyó que no se cuenta con mecanismos de control que permitan su oportuna detección y remisión a otros centros de salud y hospitales para su aprovechamiento.
Finalmente, en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, se registraron 6 mil 42 nacidos vivos, de los cuales 3 mil 806 fueron partos y 2 mil 236 fueron cesáreas, lo que representa el 37.0% del total de nacimientos, porcentaje que excedió los estándares nacionales e internacionales.
miércoles, 9 de marzo de 2011
Las Vegas se extiende a Baja California Sur
Rodrigo Vera (Revista Proceso # 1667)
Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país...
LA PAZ, BCS.- Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz.
Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el palacio de gobierno en torno de una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico.
Era el pasado 23 de julio y los inversionistas -cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas- describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir 'varios cientos de millones de dólares':
Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud.
Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente:
'Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz.'
Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará 'mejores condiciones de vida para las familias'.
Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada.
Al gobernador lo acompañaron sus secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg.
El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que éste era el 'apoyo político' que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD.
Y advierte:
'Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues esos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento.'
-Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico?
-Existe ese riesgo, dados los antecedentes de esos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión 100% extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den ese tipo de actividades.
-¿El gobierno estatal sabrá quiénes son esos inversionistas?
-Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro.
Personajes turbios
En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación -realizada por él mismo- en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de 'capital 100% norteamericano' las que realizarán el desarrollo turístico de 'varios cientos de millones de dólares': Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V.
En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal.
No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc., y Mid America Investments Inc.
Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V., también tiene como accionistas -por partes iguales- a otras dos empresas: Atlas Investments Inc., y Aetna Investments Inc.
En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y representante legal, por lo que -asegura Tulio Ortiz- desde Las Vegas se armó todo un 'entramado financiero' que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero.
¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur?
En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues -junto con otros cuatro israelíes- se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: 'Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto', dijo el abogado a la prensa.
Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas.
Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos.
Uno de los miembros de ese bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como 'secretario' de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena.
El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011.
De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones.
Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales.
Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorquina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra...
Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos.
Mientras que Sigmund Rogish -el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez- es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha 'llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años'. Rogish fue 'consejero político' de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un topless bar.
En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como 'director general' a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey.
En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner's Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que 'Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas'.
El despojo
Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: '¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?'.
Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: 'Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada'.
Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes.
'A la mala, esos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos 11 kilómetros de playa', comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias.
Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros.
Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro... Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso.
Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia.
'Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla', comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol.
-¿Entonces esos inversionistas todavía no les compran?
-¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos.
-¿Sufren amenazas?
-Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo.
-¿Cuántas familias son las dueñas de estas 900 hectáreas?
-Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel.
Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo.
Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, 'trabajo sucio' que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee.
'El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos', comentan los pescadores.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán -de Cihuatán I a Cihuatán XII. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa.
María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala:
'En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas.'
-¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica?
-No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.
Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país...
LA PAZ, BCS.- Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz.
Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el palacio de gobierno en torno de una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico.
Era el pasado 23 de julio y los inversionistas -cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas- describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir 'varios cientos de millones de dólares':
Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud.
Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente:
'Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz.'
Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará 'mejores condiciones de vida para las familias'.
Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada.
Al gobernador lo acompañaron sus secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg.
El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que éste era el 'apoyo político' que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD.
Y advierte:
'Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues esos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento.'
-Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico?
-Existe ese riesgo, dados los antecedentes de esos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión 100% extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den ese tipo de actividades.
-¿El gobierno estatal sabrá quiénes son esos inversionistas?
-Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro.
Personajes turbios
En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación -realizada por él mismo- en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de 'capital 100% norteamericano' las que realizarán el desarrollo turístico de 'varios cientos de millones de dólares': Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V.
En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal.
No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc., y Mid America Investments Inc.
Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V., también tiene como accionistas -por partes iguales- a otras dos empresas: Atlas Investments Inc., y Aetna Investments Inc.
En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y representante legal, por lo que -asegura Tulio Ortiz- desde Las Vegas se armó todo un 'entramado financiero' que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero.
¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur?
En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues -junto con otros cuatro israelíes- se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: 'Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto', dijo el abogado a la prensa.
Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas.
Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos.
Uno de los miembros de ese bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como 'secretario' de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena.
El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011.
De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones.
Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales.
Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorquina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra...
Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos.
Mientras que Sigmund Rogish -el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez- es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha 'llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años'. Rogish fue 'consejero político' de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un topless bar.
En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como 'director general' a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey.
En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner's Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que 'Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas'.
El despojo
Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: '¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?'.
Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: 'Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada'.
Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes.
'A la mala, esos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos 11 kilómetros de playa', comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias.
Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros.
Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro... Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso.
Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia.
'Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla', comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol.
-¿Entonces esos inversionistas todavía no les compran?
-¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos.
-¿Sufren amenazas?
-Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo.
-¿Cuántas familias son las dueñas de estas 900 hectáreas?
-Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel.
Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo.
Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, 'trabajo sucio' que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee.
'El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos', comentan los pescadores.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán -de Cihuatán I a Cihuatán XII. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa.
María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala:
'En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas.'
-¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica?
-No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.
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