Tulio Ortiz Uribe
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
sábado, 21 de mayo de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
La rapiña de Joel Villegas Ibarra
Tulio Ortiz Uribe
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
martes, 10 de mayo de 2011
El piloto de Nabor García no estaba capacitado para volar por instrumentos: SCT
Tulio Ortiz Uribe
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
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