martes, 13 de julio de 2010

Baja California Sur, segundo lugar nacional por delitos de despojo

Tulio Ortiz UribeCon la complicidad de funcionarios, notarios, jueces y ministerios públicos, en lo que va de este sexenio casi mil 200 propiedades han sido invadidas o se pretende arrebatar a sus legítimos dueños mediante documentos falsos. Esto le ha valido a Baja California Sur ocupar el segundo lugar nacional en cuanto a la integración de averiguaciones previas por el delito de despojo, con un promedio de 55.8 ilícitos por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es de 19.7.

De 2005 al 2008, las agencias del Ministerio Público del estado atendieron mil 159 denuncias de particulares, ejidatarios y posesionarios, lo que ha propiciado que se esté perdiendo la certidumbre en la tenencia de la tierra y se ponga en duda la existencia de un estado de derecho, al decir de diputados federales.

Quienes más han resentido estos ilícitos son los propietarios de predios costeros, derivado de los altos precios que han alcanzado los terrenos con frente de playa. No obstante, en esta administración se presentaron casos de despojo de ranchos ganaderos.

El jaloneo por los bienes inmuebles también se da en ejidos y terrenos nacionales. Es conocido el caso del ejido La Purísima, en donde casi un centenar de políticos y empresarios, en un evidente caso de corrupción, compraron cartas de residencia y derechos ejidales, para convertirse en “ejidatarios” y por tanto dueños de cientos de kilómetros de tierras costeras.

Actualmente en el tribunal agrario se ventilan 341 juicios por la tenencia de la tierra, incluyendo uno que promueve el gobernador Narciso Agundez Montaño, para posesionarse de 273 hectáreas de la Fracción 2 del ejido Santa Anita. Hasta extranjeros entran en la disputa por demasías y terrenos nacionales, es el caso de Patrick George Kelly, quien reclama 46 hectáreas del Cajón de Pichilingüe; Kristen Reichard Sepencer pide 8 hectáreas de la Boca de la Trinidad, en Los Cabos; Thomas Scott Landis pelea por 350 hectáreas en San Antonio de la Sierra y Thimothy Means Heineman, 2 mil 625 hectáreas del predio San Carlos, en Loreto.

La ley define al infractor del delito de despojo como “Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca”. La táctica que han estado empleando estos delincuentes es la de falsificar escrituras, confabulados con notarios públicos de otros estados, y luego comprometer el apoyo de altos funcionarios de Baja California Sur contra la entrega de importantes cantidades de dinero.

De esta forma las demandas por el delito de despojo casi no prosperan y van quedando rezagadas en ministerios públicos y juzgados. Mediante una solicitud de información pública a través del IFAI, (folio 2210300018709), el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en 2008 fueron sentenciadas cuatro personas por despojo y en 2009 se encontraban detenidas 12 por el mismo delito en cárceles estatales, lo que representa tan sólo el 0.8 por ciento del total de denuncias presentadas. Esto da una idea de la parcialidad y poca celeridad con que actúa la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia.
El asunto es tan grave, que el 13 de agosto de 2008 un grupo de siete diputados del PAN, liderados por Felipe Díaz Garibay, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial “que investigue el presunto despojo de predios en Baja California Sur”

Por su parte miembros del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros María Luisa Cabral y Dalila Martínez Mejía, elaboraron con datos de INEGI mapas georeferenciales de toda la república y encontraron que el estado ha ocupado los primeros lugares nacionales en el delito de despojo en los últimos cinco años. En el 2005 se ubicó en el segundo lugar nacional con 264 averiguaciones previas y una tasa de 51.5 delitos por cada 100 mil habitantes; en el 2006, tercer lugar con 284 averiguaciones previas y tasa de 54.2; en el 2007, segundo lugar con 337 denuncias y tasa de 62.7; en el 2008, segundo lugar con 274 denuncias y tasa de 54.8 averiguaciones por cada 100 mil habitantes.

Punta San Cristóbal
Uno de los casos más emblemáticos porque retrata la forma en que operan las mafias dedicadas al robo de bienes inmuebles, es el que denunció el empresario René Pinal, quien dice haber sido despojado de 857 hectáreas ubicadas en Punta San Cristóbal, municipio de Los Cabos, a manos del sinaloense Antonio Sosa Valencia, con la complicidad del ex procurador Fernando González-Rubio. La propiedad en disputa tiene actualmente un precio de 100 millones de dólares.

Pinal, dueño de la propiedad desde 1983 luego de habérsela comprado a la doctora María Cristina Orduño Durand, relató a esta revista que “En junio de 2007, una persona que dice llamarse José de Jesús Jiménez Sánchez  quien de acuerdo con una acta de defunción falleció el 7 de febrero de ese año en la población de Guamuchil, Sinaloa y fue padre de Jesús Jiménez Domínguez, un empleado de Sosa Valencia , presentó ante la Dirección de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Los Cabos una solicitud para subdividir el predio Punta San Cristóbal. El solicitante pidió que el total quedara en tres lotes: fracción “A” con 55 hectáreas; fracción “B”, 244 hectáreas y área restante, 558 hectáreas; es decir un total de 857 hectáreas”
El individuo “acreditó” su personalidad con un poder notarial supuestamente otorgado por Orduño Durand el 20 de septiembre de 1999, ante el Notario Público Faustino Medina Medrano, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Mediante el oficio SUBD/145/PU/2007, y con una celeridad que llama a la sospecha, la autoridad municipal resolvió la petición favorablemente en tan solo cuatro días, sin tomar en cuenta lo delicado del trámite solicitado y sin cumplir con las formalidades que ameritaba el caso. Posteriormente protocolizan dicho oficio de autorización ante el Notario Público José Alberto Castro Salazar, en San José del Cabo, según acta 71,416, Volumen 1151 del día 7 de julio del 2007 y lo acreditan el 12 de julio ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ¡todo en tan sólo cinco días!, cuando que este trámite se lleva varias semanas.

Prosigue: “Pero seis meses atrás, el 16 de diciembre de 2006, José de Jesús Jiménez Sánchez le había “vendido” a Manuel Verdugo Vizcarra la fracción “A” de 55 hectáreas, testimonio que protocoliza el Notario Público número 149 de Culiacán, Sinaloa, Manuel Lazcano Meza y le asigna el número 14,175 a la escritura Pública, la cual fue registrada el día 28 de agosto de 2007, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Los Cabos. Como se puede observar, el supuesto José de Jesús Jiménez Sánchez vendió la fracción “A” seis meses antes de que se conociera la superficie, medidas, colindancias rumbos y grados de dicha fracción, pues no existía la subdivisión.

“De igual manera, el mismo José de Jesús Jiménez Sánchez, le vende el día 17 de Enero de 2007, al propio Manuel Verdugo Vizcarra, la fracción “B” con una superficie de 244 hectáreas, operación supuestamente bajo la fe del notario Lazcano Meza, quien corre la escritura número 14,327, la cual fue registrada el 17 de julio de 2007 en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Los Cabos”
Para redondear el fraude, dice René Pinal, el 19 de julio de ese año, dos días después de que fue registrada, Verdugo Vizcarra revende las 244 hectáreas a la “Constructora Inzunza”, cuyo accionista mayoritario es Antonio Sosa Valencia y se asigna a la escritura el número 4,485, registrada el 1 de agosto de 2007. También ahora se sabe que Manuel Verdugo Vizcarra es hijo de Héctor Manuel Verdugo Alvarado, empleado de Sosa Valencia, en la Central de Abastos Guasave.

No obstante que el agraviado hizo una denuncia penal desde el 28 de agosto de 2007, su caso no ha tenido avances y al presunto autor del despojo, la PGJE le dio posesión del predio en julio de 2008, no obstante que estaba en trámite un juicio de amparo ante la justicia federal.

Los Llanos del Gallito
Otro caso que atrajo la atención de la opinión pública fue el del predio Llanos del Gallito en el municipio de Mulegé, y en donde se vio involucrado el actual diputado local Guillermo Santillán Meza, ya que fue éste quien como notario público realizó la escritura apócrifa mediante la cual la familia Meza Romero pretendió apoderarse de 800 hectáreas propiedad de Mario Fernández Raya.

En el hecho también estuvieron coludidos funcionarios de la Dirección de Catastro del Municipio de Mulegé, quienes permitieron el registro de la falsa escritura. Fernández Raya, dueño del predio desde hace 50 años, descubrió que fueron alterados documentos oficiales en oficinas municipales, para crear una nueva escritura con la que trataron de vender indebidamente su terreno.

El Zacatón
Este es un predio de 400 hectáreas, propiedad de Laura Fernández McGregor prima del ex Procurador General de la República Jorge Carpizo. Esta ubicado en el corredor turístico de San José del Cabo, y cuenta con cuatro kilómetros de playa.

Mediante documentos falsos y con la complicidad de funcionarios municipales de Los Cabos, Hilario Vargas Espinoza, compadre del gobernador Narciso Agúndez Montaño, pretendió arrebatarle la propiedad a la señora Fernández, quien debido a sus buenas relaciones políticas logró frenar el despojo, y llevar a la cárcel a Vargas Espinoza, mediante el proceso penal 137/2003, radicado en el estado de Morelos.

Los entonces directores del Registro Público de la Propiedad, Juan Luis Araiza, y de Planeación Municipal de Los Cabos, Federico Carreón, también fueron detenidos luego de que un juzgado penal de Tlalnepantla, estado de México, giró en diciembre de 2005 una orden de aprehensión, acusándolos de ser cómplices de Vargas Espinosa.

En enero de 2006, los inculpados reconocieron ante el Juzgado II del Primer Distrito de Xochitepec, Morelos, haber falsificado las firmas de la escritura número 12851 ante el notario público 42, Luis Gerardo Mendoza, que supuestamente lo acreditaba como propietario de las 400 hectáreas.

Ahora se sabe que la señora Fernández McGregor radicó sus demandas fuera del estado, pues sabía de la impunidad y del apoyo que recibirían los indiciados por parte del gobernador y del presidente municipal de Los Cabos, Luis Armando Díaz. Muchos afectados que no cuentan ni con dinero ni con palancas, están a la buena de dios para que opere un milagro.