El Seguro Popular: ni tan seguro, ni tan popular

Tulio Ortiz Uribe

Durante 2010, la Secretaría de Salud del estado dejó de ejercer 36 millones 843 mil pesos, monto que representó el 46.1% del total de los recursos por concepto de Seguro Popular, de acuerdo con el informe de resultados de ese periodo, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por esto,  el Gobierno del estado de Baja California Sur en ese año, “no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de estado en materia de salud”, y no se atendió “una de las necesidades prioritarias de los mexicanos, que es el cuidado de su salud, limitando con ello de manera sustancial la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran con mayor calidad”

Asimismo, otro problema que identificó la ASF fueron los pocos médicos con los que se cuenta para la atención de la población abierta, ya que del total de la nómina (207) el 35.3% se encontraron en actividades administrativas y por cada mil habitantes se identificaron 0.9 médicos; además, la atención de los médicos no es exclusiva para la población objetivo del fondo, lo cual origina una menor atención y menor consideración en comparación con la población afiliada al Seguro Popular.

La Auditoría hace una severa crítica a las autoridades de salud en el estado, ya que no cumplieron “de forma adecuada las metas y objetivos que en materia de salud atiende el fondo, ya que al 31 de diciembre de 2010 se habían ejercido 557 millones 393 mil pesos, que representan el 100.0% del monto asignado, pero sólo se cumplieron 43.6% de las metas previstas”; además, agrega, la atención a población que no tiene acceso a los servicios de salud estuvo limitada de manera sustancial, en tanto el servicio de salud y el abastecimiento de medicamentos careció de oportunidad, cobertura y calidad.

De acuerdo con el gobierno Federal, “El Seguro Popular es un seguro médico, público y voluntario, que fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar. Además, ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos. Garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud y a los medicamentos asociados a dichos padecimientos”

Casi toda la población derechohabiente del Seguro Popular cree que tendrán la atención médica y los medicamentos requeridos y que el servicio incluye mil 400 enfermedades. Sin embargo, en realidad sólo se atienden 497, y de éstas el Seguro Popular solo cubre el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), que son 275 intervenciones de consulta, urgencias y hospitalización y nueve padecimientos de gasto catastrófico Esto significa que el paciente debe pagar el tratamiento de todas las enfermedades no incluidas en estos dos rubros.

Se atienden padecimientos relacionados con el parto y el recién nacido y los mismos padecimientos que las urgencias, pero excluyen algunas de las principales causas de muerte como son las enfermedades cerebro-vasculares, cirrosis, nefrosis y nefritis, y los traumatismos graves. En cuanto a las cirugías abarcan hernias, de abdomen, ginecológicas, prostáticas y algunos padecimientos ortopédicos y cirugías menores.

Las siete enfermedades de gastos catastróficos son la catarata, el tratamiento ambulatorio de VIH, los cánceres cervicouterino, mamario y testicular y el linfoma no-Hodgkin, que en términos de muerte por cáncer son menos importantes que los de vías respiratorias, del gasto intestinal y del hígado. Está considerado el infarto, pero sólo en menores de 60 años, dejando fuera a 80 por ciento con esta enfermedad. Se añaden el transplante de córnea y de médula ósea, que son intervenciones y no enfermedades.

En el rubro de consulta general y de especialidad, el Causes incluye 100 diagnósticos, como las infecciones de vías respiratorias, intestinales, de la infancia, padecimientos de la piel, hipertensión y diabetes. Destaca la atención de epilepsia, condiciones siquiátricas y adicciones, pero con esquemas de tratamiento bastante rudimentarios. Las urgencias listadas son estabilización de diabetes e hipertensión, angina de pecho, intoxicaciones agudas y traumatismos simples.

Muchas personas no acceden a la atención incluida en el Seguro Popular, porque los servicios no existen cerca de su domicilio y el traslado no está cubierto por el seguro. Esto crea una barrera económica muy importante de acceso a la atención médica de los beneficiarios.

Los seguros Médico para una Nueva Generación y del Embarazo Saludable son los únicos que tienen una cobertura médica amplia y, además, exención de cuotas para los deciles I a VII, mientras el resto de las familias deberían de pagar a partir del decil V.

El discurso sobre la cobertura universal de salud confunde intencionalmente la cobertura de un seguro con el acceso oportuno a los servicios y medicamentos requeridos y es, por ello, propaganda. Dista mucho del argumento sobre la importancia de establecer un paquete de servicios para que las personas sepan a qué tienen derecho para poderlo exigir. El público y la mayoría de los asegurados desconocen cual es la cobertura médica del seguro y muchos beneficiarios ignoran que están asegurados.

Otro de los problemas del Seguro Popular es la entrega oportuna de los medicamentos. La Auditoría Suprior de la Federación encontró que en el 2010 El Instituto Servicios de Salud de Baja California Sur no comprobó el destino final del medicamento adquirido por 18 millones 078 mil pesos, “ya que no hay evidencia de su entrega a la población abierta objetivo del FASSA. En la visita al almacén central, se constató que se cuenta con un calendario de monitoreo de distribución mensual de medicamento para el abastecimiento de jurisdicciones, centros de salud y hospitales; sin embargo, en los reportes concentrados que emite el almacén central, se detectó desbasto de medicamento en las unidades médicas”

Adicionalmente, en la visita de las jurisdicciones sanitarias 1 y 4, de los centros de salud de Ciudad Constitución, Villa Morelos, Ciudad Insurgentes, Santa Anita y Miraflores, la ASF detectó medicamento caduco por 212 mil 500 pesos, sin haber iniciado el proceso de destrucción y confinamiento final. También se encontró medicamento próximo a caducar menor de seis meses, por 201 mil 300 pesos en Constitución y Santa Anita.

En el estado de Baja California Sur, en 2010, la población que no tenía garantizado el servicio de salud fue el 22.8% de la población total de la entidad, la cual es atendida principalmente con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

En cuanto a los indicadores de porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema formal de abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad y el de egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social, no alcanzaron la meta planeada del 85.0% sólo alcanzó el 81.2% y de 81.2% egresos por cada mil habitantes se alcanzó sólo el 76.2%, de acuerdo con lo informado por la entidad a la SHCP.

Oscar Naranjo, la conexión fascista de Enrique Peña Nieto


Alberto Buitre
La inclusión del general colombiano Oscar Naranjo a la fila de asesores extranjeros de Enrique Peña Nieto es una muy mala noticia para el precario sistema de derechos humanos en México. Significa que, de llegar el priísta a la Presidencia, con su asesoría se instalará en México un régimen de persecución e impunidad jurídica, con el pretexto del combate al narcotráfico y el “terrorismo”. Y como en la Colombia de Álvaro Uribe –a la cual Naranjo sirvió como Director de la Policía Nacional-, podrían establecerse políticas extraoficiales para favorecer el abierto accionar de grupos de choque que, como en el caso colombiano, no establecería límites visibles entre la reacción institucional y la clandestina.

Ni más ni menos que Naranjo es uno de los responsables de la Operación Fénix el año 2008 en la región de Santa Rosa de Sucumbíos, Ecuador, en la cual murieron los estudiantes mexicanos Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, quienes, junto a la única sobreviviente nacional, Lucía Morett, se encontraban en un campamento de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras los hechos, Naranjo no sólo no respondió ante la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad política, legal y diplomática en el atentado, sino que se encargó de acusar a los gobiernos de Ecuador y Venezuela de ligarse con las FARC según los supuestos apartes del supuesto computador del acaecido jefe guerrillero Raúl Reyes, supuestamente encontrado entre los escombros de los bombazos de Sucumbíos. Tras las acusaciones, el ministro de Interior y Justicia venezolano Ramón Rodríguez Chacín acusó a Naranjo de tener vínculos con el narcotráfico (http://www.youtube.com/watch?v=scNIEQJDWDk&feature=results_main&playnext=1&list=PL26850557233DDB4A).

Según su biografía simple en Wikipedia, Naranjo es miembro de la International Drug Enforcement Association, que no es otra cosa que el brazo de operación internacional de la DEA. De resultar Peña Nieto elegido, esta agencia estadounidense podría tener libertad para operar en México bajo protección presidencial, pero en detrimento de la Constitución y la soberanía nacional, en pleno escándalo inacabado por el operativo “Rápido y furioso” que permitió el trasiego ilegal de 2 mil armas a México desde Estados Unidos con evidencias de protección del aparato de seguridad de ese país.

Grito desesperado de Peña Nieto a Washington
Por otro lado, la inclusión de Oscar Naranjo es un grito desesperado de Peña Nieto por agradar en Washington, dada la colaboración de éste general en el régimen de Álvaro Uribe, que a la sazón era (y sigue siendo de alguna manera) encargado en Latinoamérica de los intereses políticos-militares y financieros del ala más reaccionaria de los Estados Unidos.

Y no es nada raro que tal maniobra caiga justo en la hora en que el secretario particular de Peña Nieto, Erwin Lino, y su coordinador de comunicación, David López, así como el vocero del PRI, Roberto Calleja, están siendo demandados por la empresa de televisión estadounidense Frontera Television Network (FTN) ante la corte del distrito centro en California por conspiración y fraude para la presunta obtención de 56 millones de dólares de dudosa procedencia, a nombre de dicha compañía propiedad del empresario mexico-estadounidense José Luis Ponce de Aquino. Esto sumado a la terrible imagen que de él ya tienen tres alfiles mediáticos del presidente Barack Obama, el New York Times que ha declarado que en cualquier otro país, Peña Nieto iría hasta abajo en la preferencia electoral , el Washington Post que opina que EPN es “guapo pero con propuestas vagas”, y el The Guardian de Londres, que ha descubierto la relación de complicidad política y financiera entre el aspirante presidencial priísta y la cadena Televisa para proyectar su imagen como presidenciable, al mismo tiempo de intentar derrumbar la de su principal oponente electoral, Andrés Manuel López Obrador.

Vicente Fox, la conexión
En ese sentido, es muy probable que la conexión Álvaro Uribe – Peña Nieto se haya dado gracias a Vicente Fox, panista y asesor del aspirante priísta, quien ha sido uno de los aliados “antiterrorismo” del ex presidente colombiano y enemigo público de López Obrador. De hecho, tras la masacre de Sucumbíos, se reunieron el 8 de noviembre del 2008 en el “Centro Fox” de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el ex presidente Fox, Uribe y el grupo Consejo Ciudadano para la Seguridad, que interpuso una demanda penal contra Lucía Morett queriéndola llevar ante la corte colombiana por presuntos nexos con las FARC. En esa reunión (http://www.youtube.com/watch?v=FtdxlMRqx9c ) estuvo presente el mismo General Oscar Naranjo a quien Uribe pidió hacer “una revisión documental” para “ayudar” a dicho Consejo Ciudadano para la Seguridad, del cual hoy no se tienen muchas noticias, y que, entonces, pidió al ex presidente colombiano actuar en contra de quienes estaban “alborotando a los maestros” en el Estado de Morelos, refiriéndose a las protestas magisteriales contra la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.

Alberto Buitre. Periodista. Premio Nacional de Periodismo 2009.
La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Cumbre de los Pueblos frente al G-20, en La Paz

Integrantes de la Coalición Mexicana frente al G-20, anunciaron que a partir de la próxima semana, organizarán foros de discusión y manifestaciones, tanto en la ciudad de México como en La Paz, Baja California Sur.

La coalición está integrada por organizaciones civiles, sindicales, campesinas, de derechos humanos y de estudiantes y fue conformada apenas en abril pasado, con la premisa de que estos últimos y los jóvenes nos están mostrando el camino, como antes lo hicieron indígenas, campesinos y trabajadores.

Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, una de las organizaciones convocantes a la Cumbre de los Pueblos, dijo que la coalición presentará propuestas alternativas al reiterado fracaso del G-20 para resolver la crisis financiera, ya que ni siquiera ha cumplido los compromisos, adoptados en años recientes, de regular el sistema bancario y erradicar los capitales especulativos y paraísos fiscales.

Es mucha la responsabilidad de las bancas centrales del G-20 y de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la crisis actual e inestabilidad cambiaria, aseguró Cinthia Márquez, estudiante de maestría en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), al participar en un encuentro de integrantes de la Coalición Mexicana frente al G-20.

Ayer la organización afirmó que el grupo de las 20 naciones industrializadas y emergentes más importantes del mundo sustituye de facto el sistema multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y carece de legitimidad, porque ningún pueblo lo eligió para resolver los problemas financieros del mundo, ocasionados por el neoliberalismo que se esmera en preservar (Con información del periódico La Jornada)