viernes, 15 de julio de 2016

Razonemos y supongamos

Guillermo Almeyra
  
Hasta junio de 2018, cuando en principio se realizarán las elecciones generales para renovar presidente, senadores y diputados, por supuesto que podrían aparecer “imprevistos” bastante predecibles e incluso predichos (un agravamiento o larga prolongación de la crisis económica, nuevos y mayores conflictos bélicos, estallidos sociales en algunos países importantes o la “sorpresa” de un triunfo del cavernícola Donald Trump). Pero, aunque se puede hacer futurología, es más cauto razonar a partir de las tendencias actuales para elaborar los escenarios más probables en los próximos dos años.
Supongamos pues que en estos dos años aumenta la espiral resistencia-violencia estatal. El impotente gobierno oligárquico se aísla entonces cada vez más de los sectores populares. Sus organismos de mediación (los partidos, entre otros) pierden credibilidad. Los movimientos sociales- como el de la CNTE- persisten, se radicalizan, se extienden a otras capas y a todos los estados, reduciendo aún más el consenso de la camarilla gobernante en sectores de las clases medias, afectadas crecientemente por las políticas económicas gubernamentales y horrorizadas por la represión. Crece el abstencionismo, como en el resto del mundo, y MORENA, aunque aumenta su influencia, llega a ser sólo la primera de las minorías electorales (la mayoría, como siempre, no vota o a causa de la emigración, o por indiferencia y atraso cultural, o por repudio).
Permanece entonces el trágico empate social entre la rebelión creciente pero desorganizada y el gobierno cada vez más dependiente de la fuerza bruta y, por lo tanto, frágil (Napoleón, que sabía de eso, decía que con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas menos sentarse encima).
¿Qué hacer entonces llegados a ese punto hipotético? Pues lo de siempre: elegir el mejor modo de golpear al establishment, lo que más haga avanzar la confianza en sí mismos de los trabajadores, su organización, su unificación. Si no hay otra opción factible, no quedaría sino votar por MORENA, que es un partido-movimiento burgués, con un programa ilusorio de reformas del capitalismo, con una dirección personalista-caudillista y cerrado además a la comprensión del contexto internacional pero que es apoyado por millones de trabajadores, por una base plebeya, que quiere conservar las conquistas de la revolución mexicana que aún subsisten y, para eso, exige un cambio.
Es decir, votar, como en 1988 y en el 2006 aún a sabiendas de que el gobierno jamás reconocerá un voto adverso ni otro programa que el suyo. Pero después aguantar la vara, organizar la resistencia civil a un enésimo ataque brutal contra los derechos democráticos.
Porque si no se tiene ni una relación de fuerzas ni una organización suficientes para imponer otra opción que votar o no votar, es de irresponsables proponer la medida más pasiva como principio.
Ir o no a las urnas es una cuestión táctica. Otra cosa es la necesidad de repudiar la política electoralista, que conduce todo hacia las instituciones del Estado y pone obstáculos a la autoorganización, a la independencia de los trabajadores, a la autogestión, al aprendizaje masivo de la democracia directa del poder popular…
En otro escenario, también probable, los movimientos sociales y las luchas en estos años próximos consiguen en cambio unificarse y coordinarse a pesar de las diferencias resultantes de sus distintos orígenes. CNTE, MORENA, OPT, NCT, EZLN y los grupos de izquierda logran así elaborar un programa mínimo común de defensa de la democracia, de desmilitarización del país, de reconquista de las palancas fundamentales de la economía, de protección a los emigrantes y que reconstruya solidaridades, libertarismo, fraternidad. De ese movimiento unificado surgiría una dirección plural que podría encarar diversas opciones, entre ellas, la electoral, o sea oponerle a ésta algo superior o respaldar con organización y la movilización ciudadanas un boicot activo al gobierno y al fraude.
Por esa razón, si MORENA llama hoy al presidente a construir un gobierno de transición no sólo lo legitima y hace creer que Peña Nieto puede hacer eso sino que también se coloca en un dilema. MORENA es un partido de oposición moderada. Si EPN responde no o no responde, esa situación no cambiará. Pero si dice sí, o MORENA deja de oponerse ante la aceptación de su propia propuesta, o le da a ese gobierno un apoyo crítico. Por eso dije que en la propuesta de AMLO está implícita esta posibilidad, cualquiera sea el rechazo de la izquierda de MORENA.
Por eso es vital que cualquier propuesta o viraje importante de MORENA sea discutido y evaluado colectivamente por todo el movimiento y asegurar la democracia, la transparencia y la horizontalidad de las decisiones de AMLO y del grupo dirigente. Sobre todo teniendo en cuenta que, cuanto más se acerque el momento de votar, mayor va a ser la tentación de superar con maniobras dudosas o arriesgadas el carácter aún minoritario de MORENA y su escasa implantación en los movimientos sociales, sindicales, campesinos, democráticos.
El objetivo no es llevar a la presidencia a cualquier costo a un AMLO acotado y maniatado. Suponer eso sería insultante para AMLO mismo. Por el contrario, es echar a los corruptos, asesinos, hambreadores, cambiar radicalmente la estructura institucional en México y crear las bases para la reestructuración del país y su liberación del gran capital. Esta es una tarea que requiere arrancar a millones de mexicanos de la apatía y que no puede quedar sólo en manos de un dirigente, por honesto y bienintencionado que éste sea.
San Agustín decía que el que razona no tiene fe. Por lo tanto, el que tiene fe no razona. Pero no estamos ante un problema religioso sino ante la necesidad de salvar a México que no necesita gente con fe ciega en los dirigentes sino ciudadanos con espíritu crítico. Razonemos pues y dejemos de lado la esperanza en Salvadores porque “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” o no será. 
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

martes, 12 de julio de 2016

Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, la CNTE y las Zonas Económicas Especiales

Carlos Fazio
Asentada en la violencia depredadora y estructural del sistema capitalista, la guerra del régimen de Enrique Peña Nieto contra el magisterio nacional está en la esencia de la ideología neoliberal. Como advirtió Pierre Bourdieu en 1998, esa teoría tutelar es una pura ficción matemática fundamentada desde el inicio en una formidable abstracción –el orden puro y perfecto del mundo económico, potenciado por el discurso clasista y racista dominante− que, convertida en programa político de acción de la partidocracia que impulsó el Pacto por México, busca crear las condiciones de realización y funcionamiento de dicha “teoría”: un programa de destrucción sistemática de los colectivos y todo lo social organizado.

Bajo la coordinación de las secretarías de Go­bernación y de Desarrollo Social, y mediante el accionar represivo de los órganos coercitivos del Estado adscritos al gabinete de Seguridad Nacional, Peña y Aurelio Nuño, secretario de Educación “pública”, vienen imponiendo de manera autoritaria las políticas diseñadas en el exterior por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la coyuntura, resulta evidente que esa teoría desocializada y deshistoricizada de los operadores políticos de quienes mandan en México: el capital trasnacional −al que responde el paquete de ajustes neoliberales aprobados por el Congreso, incluida la punitiva contrarreforma educativa, que en realidad es laboral y administrativa−, posee más que nunca los medios de realizarse, de hacerse empíricamente verificable a macanazos, balas de goma, gas pimienta y otros instrumentos “pedagógicos” que abrevan en la imagen del cuadro de Goya de finales del siglo XVIII, titulado La letra con sangre entra.

Para beneficiar a las corporaciones trasnacionales y sus inversiones, la política de desregulación financiera se lleva a cabo mediante una acción destructora del Estado nación –como depositario de todos los valores universales asociados a la idea de lo público− y de todas las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro y su maquinaria infernal, entre ellas, los sindicatos, las asociaciones, las cooperativas.

La instauración a sangre y fuego del reinado absoluto de la flexibilidad, con sus reclutamientos bajo contratos a término fijo, las ocupaciones interinas, la individualización de la relación salarial, la atomización de los trabajadores y los “planes sociales” de relleno, ha derivado en una competencia voraz entre individuos sometidos a una evaluación permanente en medio de la inseguridad, el sufrimiento y el estrés.

Esa institucionalización práctica de un mundo socialdarwinista basado en la lucha de todos contra todos, se da gracias a la existencia de un ejército de reserva de mano de obra domesticado por la precarización y la amenaza permanente del despido y el desempleo. En ese contexto, y en nombre de la “eficacia” económica, la partidocracia y los altos funcionarios gubernamentales que sacralizan los poderes del mercado, imponen por las buenas o por las malas el desmonte de las barreras administrativas y políticas que puedan molestar a los detentadores del capital en la persecución de la maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de racionalidad.

Cuando a mediados de los años noventa el sistema entró en una crisis crónica, Estados Unidos, como hegemón del capitalismo, militarizó la acumulación global. Desde entonces, el “Estado niñera” neoliberal −un Estado del bienestar dirigido a proteger y subvencionar sólo a los ricos− viene aplicando una estrategia derollback, de dominio y vuelta atrás, cuyo objetivo es descomponer por completo el viejo contrato social producto de la lucha popular masiva durante un siglo y medio, que había conseguido suavizar los extremos de la tiranía privada depredadora.

Hoy, en México y otras partes del mundo se debe volver atrás, a los días en que los salarios eran casi de esclavos, según los denominaban los trabajadores del siglo XIX. Los trabajadores y los pobres deben estar sujetos a la disciplina del mercado. Por eso se militariza a la sociedad. Y de allí la sorda guerra de Peña Nieto y el déspota perfumado Nuño –quien viene cumpliendo funciones de fiscal, juez, golpeador y verdugo a sueldo del gran capital− contra la CNTE y todos los maestros y maestras de México. La plutocracia que se beneficia de la existencia de las estructuras militares −de la naturalización de lo militar heredadas del régimen de Felipe Calderón− sabe que debe dedicar recursos a mantener un elevado nivel de militarización en las mentes de sus conciudadanos, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio.

En el marco de una “economía mundial de guerra” (Robinson), el capitalismo militarizado de nuestros días responde a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

En esos estados del sur-sureste mexicano, donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria, emancipadora y de prácticas culturales de reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza − se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña y Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.

Nochixtlán, la guerra asimétrica
Por alguna razón inconfesable, temprano en la mañana del domingo 19 de junio, a plena luz del día, la comunidad de Nochixtlán, en la Mixteca oaxaqueña, fue elegida como blanco de una operación de guerra no convencional, irregular o asimétrica por mandos de los aparatos de seguridad del Estado Mexicano, con el saldo conocido de 11 civiles ejecutados de manera arbitraria o sumaria y medio centenar de heridos.

Apoyados por helicópteros y provistos con fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros y equipo antimotines (bastones PR-24 y granadas de humo, irritantes y lacrimógenas), en la operación intervinieron alrededor de 850 agentes uniformados y de civil (entre ellos presuntos francotiradores que habrían accionado armas desde las azoteas de los hoteles Juquila y Fandango) pertenecientes a tres divisiones de la Policía Federal: la de Seguridad Regional, Fuerzas Federales y Gendarmería, que responden al comisionado general, Enrique Galindo Ceballos, quien, a su vez, por la cadena de mando, recibe órdenes del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

A 15 días de los hechos, las iniciales declaraciones del comisionado Galindo se desvanecieron por completo. El funcionario mintió una vez más. Igual que en los hechos de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015 −cuando un helicóptero Black Hawk artillado y más de 100 agentes de la Policía Federal apoyados por el Ejército abatieron a 42 jornaleros que se hallaban durmiendo en el rancho El Sol−, su teoría de un enfrentamiento a tiros en Nochixtlán no se sustenta en datos firmes.

Su narrativa y las sucesivas rectificaciones sobre los hechos del 19 de junio son un insulto a la inteligencia de los mexicanos. En Nochixtlán no se aplicó ningún protocolo de uso de la fuerza ni para el traslado de detenidos (18 dolientes que participaban en un entierro en el panteón local fueron trasladados como reses muertas en un camión de la Policía Federal). Sus policías militarizados sí iban fuertemente armados a temprana hora de la mañana, y no hay ninguna prueba ni una sola imagen en la que aparezcan civiles portando cuernos de chivo, como refirió la versión oficial. Hay, sí, testimonios de que policías de civil cargaron garrafones de gasolina y prendieron fuego a varios automóviles estacionados a los costados de la carretera.

Dada la indignada reacción de la población local, esta vez los federales no tuvieron oportunidad de modificar el teatro de operaciones y las escenas de los crímenes, ni de sembrar pruebas o evidencias para incriminar a sus extraños agresores, que Galindo definió como un grupo de personas distintas del movimiento magisterial. Asimismo, la habitual coartada de la legítima defensa y la utilización del verbo repeler, tan afines a los organismos de seguridad del Estado en sus tareas de gestión y control de población en el marco de la necropolítica aplicada por el régimen de Enrique Peña Nieto, no se sustentan en la realidad.

Los pobladores que respondieron el ataque de las fuerzas gubernamentales utilizaron bombas molotov, cohetones y piedras, lo que marca la asimetría del enfrentamiento con las tropas de asalto federales altamente entrenadas y equipadas, según se había ufanado en varias ocasiones, antes de los hechos de Nochixtlán, el propio Galindo. Además, la versión del comisionado de que 2 mil lugareños realizaron una emboscada estratégica a los profesionales de la violencia que él comanda es una reverenda estupidez; de ser así, debió haber sido relevado de su cargo de inmediato.

Galindo sigue haciendo uso de una estrategia operacional que incluye la guerra sicológica y el manejo mediático con fines diversionistas o de distorsión informativa. Las imágenes captadas por Jorge Arturo Pérez, fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, quedaron grabadas en su cámara de manera automática entre las 10:15 y las 10:30, y allí se observa a policías federales accionando sus rifles AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros. Pérez declaró a la prensa que trató de ubicar con su teleobjetivo a algún civil armado y no logró ver ninguno (policías le dijeron en el lugar de los hechos que ellos habían sido atacados con un AK-47). A su vez, Luis Alberto Cruz, fotógrafo de la agencia estadunidense Ap, captó la imagen donde se observa a un uniformado en posición rodilla a tierra disparando su fusil de asalto contra la barricada desde la Vulcanizadora Reyes; la imagen se convirtió en viral en las redes sociales y dio la vuelta al mundo, desnudando a Galindo.

Enclavada en el corazón de la primera zona económica especial (ZEE, el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño), Asunción de Nochixtlán es una pequeña localidad que conecta la región mixteca con la supercarretera Tehuacán-Oaxaca, una vía estratégica bloqueada con barricadas desde el 13 de junio por maestros de la CNTE. Como tal, está ubicada en una zona de gran importancia geoeconómica para las corporaciones trasnacionales que impulsan la economía de la muerte y preparan el despojo en los ocho estados del sur-sureste de México que comprenden las ZEE.

En Nochixtlán , como antes en Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato, la ofensiva neocolonial de la maquinaria de guerra estatal representa el lugar en el que la soberanía consiste, fundamentalmente, en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la “paz” suele tener el rostro de una “guerra sin fin” (A. Mbembe). Como lo muestra el caso palestino bajo la política de apartheid del Estado sionismo israelí, la ocupación colonial de la modernidad contemporánea es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado; poblaciones enteras son el blanco del soberano. Se militariza la vida cotidiana y los mandos castrenses y policiales locales tienen la libertad de matar a quien le parezca a cielo abierto o mediante matanzas invisibles.

Dicha política se viene instrumentando en México en los últimos diez años. La ocupación colonial en curso busca hacerse con el control físico y geográfico del territorio e inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones espaciales y sociales. Impulsado por la plutocracia internacional, la combinación del poder disciplinar, biopolítico y necropolítico ha comenzado a desplegarse contra poblaciones de los territorios de las ZEE. Las tecnologías de destrucción de esta forma de gubernamentalidad consisten en inscribir los cuerpos −poblaciones enteras− en el orden de la economía máxima, representado hoy por la “masacre”. Verbigracia, Nochixtlán.
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