El consumo de agua embotellada es una costumbre promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado. Deficientes políticas públicas estatales y federales, han permitido que el agua potable se convierta en una mercancía. El agua se le considera un recurso natural, al que todos lo habitantes tienen derecho. Pero ese derecho no podrá ser garantizado mientras que las empresas transnacionales hagan uso del agua para su industria refresquera en forma irracional, sin que el gobierno municipal, estatal o federal haga algo al respecto.
Tulio Ortiz Uribe
Empresas refresqueras en el estado extraen y comercializan 500 mil metros cúbicos de agua al año, suficientes para mantener una población de 10 mil habitantes, pero sólo pagan un centavo por cada litro que obtienen de los pozos concesionados.
Mediante la solicitud de información 16101100115511 a través del IFAI, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Compañía Embotelladora de Baja California Sur SA de CV, tiene tres títulos de concesión que le permiten extraer anualmente 425 mil metros cúbicos de agua subterránea (un metro cúbico equivale a mil litros) mientras que su competidora, Bebidas Purificadas SA de CV, con dos concesiones, bombea 75 mil metros cúbicos del líquido.
Norma Estrada, vocera de Conagua en el estado, informó que “según lo establecido para este año en la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales, el costo por metro cúbico de agua para uso industrial en los municipios de Los Cabos, Loreto y La Paz es del 10.0589 pesos y en el caso de los municipios de Comondú y Mulegé es de 7.9248 pesos por metro cúbico.
La Compañía Embotelladora de Baja California Sur, fabricante de las bebidas carbonatadas Coca Cola, Sprite, Freska, Fanta, Manzana Lift y Topo Chico, cuenta con tres concesiones de agua para fabricar estos productos, pero vende sus excedentes de agua natural en garrafones de 20 litros y en botellas individuales de la marca Sierra Azul y Ciel respectivamente, con lo cual hacen un negocio millonario.
Se calcula que de esta forma obtiene ganancias de 5 mil por ciento, ya que cada garrafón Sierra Azul lo comercializa en 15 pesos, mientras que la presentación de 600 mililitros de la marca Ciel se vende en 6 pesos, con una ganancia neta de 10 mil por ciento. Siete de cada 10 litros de agua embotellada lo vende en garrafón y el resto en presentaciones individuales.
En La Paz cada familia destina en promedio 2 mil 500 pesos anuales a la compra del líquido embotellado. Este gasto representa un golpe para la economía de las familias, que en muchos casos pagan más por agua embotellada que por la que les llega a través del servicio municipal. La falta de acceso al agua potable ha hecho que el consumo per cápita de agua embotellada tenga un crecimiento del 10 por ciento anual.
El consumo de agua embotellada es una costumbre de unos 20 años a la fecha, promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado y que con deficientes políticas públicas estatales y federales sobre este recurso, han convertido al agua potable en una mercancía.
A pesar de que el municipio de La Paz ha insistido en que la calidad del agua en la red municipal es buena para el consumo humano, la población se resiste a utilizarla para beber. Las propias autoridades retiraron hace algunos años los bebederos públicos instalados al interior de las escuelas y en otros espacios. Esta ha sido una de las principales causas del aumento de las ventas de refrescos y agua embotellada en las escuelas públicas, en donde se calculan ventas por 50 millones de pesos anuales en el estado.
El gasto en la adquisición de agua potable de la población en general, se suma a los más de 160 litros de refresco que cada persona consume al año, factor que ubica a México como el segundo consumidor mundial de refrescos en el mundo, al sumar a escala nacional 18 mil millones de litros al año.
El consumo de refrescos está significando para las familias del estado un gasto superior al que realizan en huevo, frijoles o tortillas, de acuerdo al Instituto Nacional de la Nutrición.
Baja California Sur es la entidad del país con menos recursos hídricos: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta parte de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con las Naciones Unidas, un país con escasez de agua es aquel que cuenta con menos de 1000 metros cúbicos por habitante por año, “ya que no es suficiente para una adecuada alimentación o para respaldar el progreso económico y es además una causa potencial de severos daños ambientales”
En el 2025, Baja California Sur estará clasificada como una región con disponibilidad de agua natural per cápita “extremadamente baja”. Adicionalmente, la sobreexplotación de los mantos subterráneos ha inducido problemas de contaminación por intrusión salina en los acuíferos de Santo domingo, San José del Cabo y La Paz
El informe “El agua una responsabilidad compartida” destaca que la falta de acceso al agua potable no sólo es un problema de salud pública, sino de seguridad de la población, en tanto que la falta de este líquido impide y dificulta el desarrollo de la sociedad e incluso, puede llegar a poner en peligro la vida misma de la población”
Por su parte la especialista Claudia Campero, miembro de redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua dice que “El derecho humano al agua no sólo es la obligación de los gobiernos de dar acceso al agua, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar agua embotellada para beber, claramente no se está garantizando este derecho”
Y ese derecho no podrá ser garantizado mientras que las empresas transnacionales hagan uso del agua para su industria refresquera en forma irracional sin que el gobierno municipal, estatal o federal haga algo al respecto.
Gustavo Castro Soto, autor de “El andamiaje para la privatización del agua” destaca que además de la pérdida de soberanía de los países sobre sus recursos estratégicos, el recurso agua en manos privadas llevará a una mayor pobreza. Los cada vez más pobres no tendrán acceso al agua por la imposibilidad de pagarla una vez que el agua no sea un derecho humano y un recurso natural sino un recurso económico.
Nathalie Séguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua México (FAN Mex), señala que “tanto en escuelas como en casas, cuando menos, deberíamos poder tener acceso a beber agua potable de la red de suministro, la cual debe quedar bajo la responsabilidad del gobierno y no de empresas embotelladoras. Esto habría evitado que hoy en día, lamentablemente, México ocupe el primer lugar en el consumo de botellas de agua”.
Alejandro Calvillo, dirigente de la asociación El Poder del Consumidor, demandó a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales y municipales que inicien un programa nacional de acceso al agua potable y que den garantías a los ciudadanos acerca de la calidad del líquido suministrado: “Los gobiernos federal, estatales y municipales deben asegurar el acceso gratuito al agua potable en escuelas y espacios públicos, iniciando ya la instalación de filtros y purificadores de agua. Este programa debe extenderse y hacer obligatorio el suministro a todo centro comercial y espacios similares”
