domingo, 20 de mayo de 2018

México entrega la frontera a TrumpUlises 

Ulises Noyola Rodríguez

El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense, ha mantenido el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación a los designios de Washington.
En primer lugar, el presidente Donald Trump justificó su decisión de apoyarse en la Guardia Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable a tal punto que la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de drogas y migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales, estaba destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el aumento de la seguridad fronteriza era inevitable 2 .
A diferencia del despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack Obama y George Bush cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla Fronteriza llegó a un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que no resulta claro cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas cuando la Patrulla Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de corrupción en dejar pasar la droga en el lado estadounidense 3 .
De esta manera, la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente Donald Trump se debió a su intención de recuperar el apoyo político de los estadounidenses desencantados por el fracaso de la construcción del muro fronterizo, la permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano se ha negado a financiar el muro y un minúsculo fondo se obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción debido a la incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo con la facción demócrata 4 .
Sin embargo, la verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra en el control migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice. En ese espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera sur de México, el gobierno norteamericano ha canalizado enormes recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur.
Por un lado, el objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen organizado en el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar entre México y Estados Unidos, ha resultado un fracaso. El gobierno norteamericano no ha aplicado una política efectiva para reducir la demanda de drogas y la venta de armas, factores que han fortificado en gran medida a los cárteles de droga, las compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas al lavado de dinero.
Por otro lado, la cooperación militar de los dos gobiernos ha implicado el intercambio de datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el adiestramiento militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases militares. Toda esta colaboración ha creado una infraestructura, orientada a frenar el flujo de migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro Solalinde, viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos, de tal suerte que el gobierno mexicano podría ser demandado por las autoridades de Centroamérica ante organismos internacionales 5 .
Ahora el gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda la infraestructura militar, a los migrantes como criminales, que según él, pertenecerían a grupos delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible de Estados Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de México tiene la obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente en materia de migración con Washington, esto con el fin de comenzar a erradicar el genocidio de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su reputación en la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la asistencia económica, el gobierno norteamericano cada vez más se ha ido deslindando de la Iniciativa Mérida obligando al gobierno mexicano a pagar casi toda la factura. Lo anterior se confirma con la solicitud del presidente Donald Trump de proporcionar únicamente 85 millones de dólares en el año en curso, cifra ínfima en comparación con el financiamiento inicial de 400 millones de dólares en 2008 6 . De forma inevitable, la autoridades mexicanas seguirán gastando cada vez más recursos en la contratación de fuerzas armadas, la compra de equipo militar y el adiestramiento de cuerpos policiales frente al desinterés de Washington de financiar la guerra contra el crimen organizado.
La carga económica para el gobierno de México resulta bastante costosa, puesto que el gasto militar se duplicó en las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 7 . Las compras excesivas de equipo militar han implicado la militarización del territorio mexicano, teniendo como resultado el sexenio más violento con un saldo total de 104,000 homicidios durante los cinco años y medio del gobierno actual. Frente a la cruenta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido otra alternativa que reconocer que la estrategia de seguridad no fue acertada durante su gestión.
Por otra parte, el Programa Frontera Sur, lanzado en 2014, se centró en asegurar un paso formal y ordenado de los migrantes, a través del incremento de las protecciones y las acciones sociales hacia ellos. Pero el balance del programa ha sido un aumento abrupto de la detención de migrantes, mientas los cuerpos armados cometen numerosas violaciones de sus derechos humanos. A este enorme costo, el gobierno estadounidense ha reducido drásticamente el flujo de migrantes, si tomamos en cuenta que el número de personas detenidas en la frontera sur aumentó casi el doble entre 2013 y 2017 8 .
Cabe destacar que el Programa Frontera Sur no involucró un programa de desarrollo económico para los países centroamericanos ni tampoco para los estados fronterizos de México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los grupos criminales para tener hombres que realicen sus actividades delictivas. Sin la elaboración de una estrategia integral, el programa está destinado a seguir deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes volverán a intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de permanecer en sus países de origen.
Por si fuera poco, el gobierno mexicano fue el anfitrión de la Conferencia Centroamericana de Seguridad en abril de este año. Los participantes plantearon diversas iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica en contra de las organizaciones criminales trasnacionales. Como resultado, las fuerzas mexicanas terminarán colaborando con los cuerpos militares del Comando Sur, el Comando Norte y las fuerzas centroamericanas 9 . En el marco de esta colaboración, una nueva base militar será instalada en la frontera de Guatemala a fin de realizar ejercicios militares conjuntos que se desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.
Todo ello responde a la necesidad de crear redes más complejas de seguridad frente a la aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para superar el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La región fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando la violencia, ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que tendrán que enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos, amenazas y peligros en la frontera sur de México. 

Notas:
2The New York Times. Trump Signs Memo Ordering End to ‘Catch and Release’ Immigration Policy. Fecha de publicación: 6/4/2018.
3The New York Times. The Enemy Within: Bribes Bore a Hole in the U.S. Border. Fecha de publicación: 28/12/2016.
4Bussiness Insider. Congress's massive new spending bill completely whiffed on Trump's demands for 'the wall'. Fecha de publicación: 22/3/2018.
5Reforma. Acusan intromisión de agentes de EU. Fecha de publicación: 10/4/2018.
6Congressional Research Service. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond. Fecha de publicación: 29/6/2017.
7. El gasto militar pasó de 52,235 a 112,403 millones de pesos entre 2007 y 2016 de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
8WOLA. La frontera sur de México. Fecha de publicación: Junio de 2017.
9Huffington Post. Así es la estrategia con la que EU busca que México vigile la frontera sur. Fecha de publicación: 26/4/2017. 
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

miércoles, 28 de marzo de 2018

De norte a sur: López Obrador en la boca del lobo




Carlos F. Diez Sánchez

Mucho más civilizados de lo que esperaba se portaron Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Carlos Puig, Jesús Silva-Herzog Márquez, Azucena Uresti y Juan Pablo Becerra en la entrevista que le realizaron el 21 de marzo a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de una coalición liderada por su partido (Morena-PT-PES), en Milenio TV. Cabe, sin embargo, preguntarse si esa era su intención o simplemente no pudieron hacer más… porque el hecho es que evidenciaron una lastimera pobreza intelectual, francamente impropia de la labor periodística.

Creo que no lo vamos a convencer…
Sobre la reforma energética, López Obrador afirmó: "Vamos a revisar los 91 contratos que se han firmado a partir de la reforma energética. [...] Esto va más allá de lo político, de lo ideológico, […] lo que sea negocio para particulares nacionales o extranjeros, que afecte la economía nacional, no se puede mantener. El procedimiento para revertir contratos, en su caso, va a ser un procedimiento legal. [...] No queremos sorpresas como las de Odebrecht, que son escándalos mundiales. Entonces, sin aspavientos, de manera responsable, garantizando que vamos a actuar siempre en el marco de la legalidad, vamos a revisar los contratos y toda la reforma energética". Su premisa, dice, será la legalidad sin corrupción, todo en el marco de la ley… y deberá repetirlo varias veces, como podrá verse. Afirma que la reforma energética precipitó la crisis en Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE (Comisión Federal de Electricidad).
Está entre sus planes también “cancelar” la reforma educativa. En los dos casos, propone una discusión pública previa y Carlos Marín, tan sagaz como siempre, sintiéndose ya "en Venezuela" (lo que sea que eso signifique), responde: "Quién sabe, [una discusión pública en los medios de comunicación] no la puede ordenar el presidente, los medios tratan lo que quieran tratar". Porque por supuesto, ¿quién va a querer que se les "imponga" debatir sobre la educación en el país, cuando a ellos les corresponde ser el "contrapeso crítico" al poder? Sobra decir que López Obrador contestó lo obvio, que el Estado tiene sus tiempos oficiales y que puede hacer uso de ellos para estos temas. Carlos Marín, te lo aprendiste todo mal. Te quedas a repetir el año.
Carlos Puig hace explícita la presunción del panel todo: las reformas estuvieron muy bien. "Tú ya tienes la impresión (sic) y una intuición, es decir, que tú si crees (sic) que la reforma energética y educativas estuvieron mal"... Con una candidez enternecedora, Azucena Uresti afirma: "Me parece que no lo vamos a convencer aquí". Es que es muy necio, Azucena, ¿qué le hacemos?
Repiten hasta el cansancio (por abundancia de argumentos, claro está) las preguntas en donde se implica que López Obrador se saltaría todo el orden institucional para echar abajo las reformas. He aquí la consigna ‘periodística’ con la que todos estuvieron de acuerdo antes de comenzar la entrevista. Muchas reformas estructurales por aquí y por allá, pero no se hable después de modificar un centímetro el funcionamiento de nuestras impecables instituciones, porque les entra un pavor bastante misterioso.
López Obrador propone realizar consultas a la ciudadanía sobre estos temas, ante lo cual Carlos Marín afirma: "Las equivocaciones de los pueblos suelen ser pavorosas. ¡[Ahí] está la elección democrática de Adolfo Hitler en 1933!" Continuá el argumento implicando que el pueblo es vicioso, criminal y corrupto. Carlos, si contestas una más mal, te vas a quedar sin recreo para que te aprendas bien la lección.
Para rematar con el tema de las reformas, López Obrador dice: "Las llamadas reformas estructurales ni siquiera son una propuesta nacional, es la agenda que imponen desde el extranjero a todos los gobiernos. Esto es demostrable, desde hace 30 año no tenemos, y es una vergüenza, un programa de desarrollo propio". Ups. Son acusaciones un tanto graves, ¿podría, candidato, ahondar en su dicho? No, es broma, alguien interrúmpalo ya con otra pregunta, por amor de Dios. Gracias, Carlos.
López Obrador ahonda un poco más sobre su argumento a favor de una democracia participativa: "Yo me voy a someter a la revocación del mandato, cada dos años se les va a preguntar a los ciudadanos: 'quieres que continúe el presidente o que se vaya, que renuncie’, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Imagínense lo que nos hubiéramos ahorrado"...

De tumbos varios
En el tema de la seguridad, López Obrador propone atender las causas, enfocándose en los jóvenes: "[También hay que cambiar la estrategia de seguridad] porque es una estrategia fallida, no se puede enfrentar la violencia con violencia, no se puede apagar el fuego con fuego, ese es un error garrafal [...] Es inhumano que se desatienda al joven y cuando el joven toma el camino de las conductas antisociales se les masacran", en referencia siempre a la guerra contra el narcotráfico que inició para legitimarse Felipe Calderón. Responde Juan Pablo Becerra: "Bueno, ellos disparan también, Andres Manuel..." Muy interesante y perspicaz observación de un profesional del periodismo. Carlos, parece que no te vas a quedar solo en el recreo. "¿Y usted cree que se puede regresar a los criminales a la universidad?", pregunta Azucena Uresti. Ya veo que es el gran día de las preguntas lúcidas.
A Jesús Silva-Herzog Márquez le parece inconcebible que la Universidad Nacional (UNAM) reciba más estudiantes. De hecho, iría en contra de su autonomía "forzarlos" a recibir más estudiantes. Obviamente el argumento no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, al menos trata de ser original... López Obrador responde: "¿Por qué el rector de la UNAM o el director del Politécnico (IPN) no estaría dispuesto a escuchar un planteamiento del Presidente de la República [...] de que se pudiesen recibir a más estudiantes?". Esto por supuesto implica que el gobierno federal les ofrecería un aumento de su presupuesto, tanto a las universidades públicas como privadas. ¿En serio de esa manera se prepararon todos para la entrevista?
Siguiendo con el tema de la seguridad, López Obrador dice: "Si nosotros aquí le habláramos por teléfono al presidente Enrique Peña Nieto y le preguntáramos: 'Presidente, ¿nos puede decir cuántos homicidios hubo ayer en el país y en dónde?'... No sabría contestar". Interpela Carlos Marín con la mano en el mentón: "Quizá no tenga por qué saberlo, ¿eh?". Pues no, la verdad para qué, si ya sabe que de todos modos el público no aplaude. "Como no puede saber el número de baches que hay en las carreteras federales", añade... para reforzar con un poco de escándalo su argumento, supongo.
Ya en pleno toma y daca, sobre el salario de los altos funcionarios públicos, López Obrador dice: "Son de los mejor pagados del mundo". A lo que Carlos Marín responde: "Eso a mí me da gusto, ¿eh? Quizás eso aminore la posibilidad de que se corrompan". Sin palabras... López Obrador propone cambiar el marco jurídico para que el presidente en funciones también pueda ser juzgado por corrupción y no solo por traición a la patria.
Jesús Silva-Herzog Márquez califica de conservadora la sempiterna ambigua postura de López Obrador de someter a consulta la legalización de los matrimonios del mismo sexo y tiene razón. Lo mismo se podría decir sobre su postura ante la legalización de las drogas. Respecto de temas importantes, para finalizar habla también de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Por todo esto, me parece que López Obrador salió fortalecido de la entrevista, así que todos hicieron mal su trabajo… pero por supuesto, no se iba a ir sin que Carlos Marín le soltara un último golpe bajo cuando de nuevo, de la nada, dice: "Aquí como en el dominó, ¿eh? No basta saber. Puede que conozcas ya cómo está la jugada de tus compañeros y de los contrincantes y aunque sepas, pierdes. Te ahorcan la mula". Cualquier coincidencia con el fraudulento sistema político mexicano es, digamos, mera coincidencia.
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

sábado, 3 de marzo de 2018

Alternancia pactada, conejos y chisteras

Miguel Ángel Ferrer
Rebelión

Un breve repaso a la historia reciente de México revela con gran claridad que el Partido Acción Nacional (PAN), salvo en su primer año de vida, nunca ha sido un auténtico adversario del régimen priista. Nacido en 1939 para oponerse a las reformas sociales de carácter popular del cardenismo, la motivación se acabó con el ascenso de la derecha al poder en la persona del general Manuel Ávila Camacho en 1940.
  De ahí en adelante el PAN actuó exclusivamente como un clásico grupo de presión: apoyando las políticas regresivas del régimen y oponiéndose a las medidas de corte más o menos popular o revolucionario, como por ejemplo los libros de texto gratuitos. 
Pero la crisis largamente larvada del priismo le dio al PAN la oportunidad de convertirse en verdadera oposición. Y en 1988 Acción Nacional participó con fuerza en los comicios de ese año frente al priista Carlos Salinas de Gortari y el frentista Cuauhtémoc Cárdenas.
  Esas elecciones se saldaron con un fraude monumental en favor del PRI. Pero en la conciencia popular quedó la idea de que el triunfador había sido Cárdenas. Frente a esta situación, imponer a Salinas parecía cuesta arriba. El PRI requería de un aliado que convalidara los fraudulentos resultados. 
  Y ahí entró en escena el PAN. El partido y el candidato, Manuel Clouthier, aceptaron dar como válidos los números de la elección, a cambio de diversas concesiones políticas y con las promesas y la convicción de que el priismo-salinismo continuaría la marcha hacia una mayor derechización del país y también hacia una mayor íntegración-subordinación con Estados Unidos.
  Ahí nació la más tarde célebre complicidad entre el PRI y el PAN, conocida históricamente como Prián. Complicidad que con el tiempo tomó la forma de una alternancia pactada entre los dos grandes partidos de la derecha mexicana. Vinieron así las presidencias panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el retorno presidencial del PRI con Enrique Peña. 
  Ahora, frente a las elecciones de julio de 2018, nada lleva a pensar que esa complicidad se ha roto. La alternancia pactada entre los dos mayores partidos de la derecha ha probado sus bondades para la preservación del régimen oligárquico y antipopular que gobierna México desde 1940.
  Por eso sorprende, extraña y lleva a la sospecha la aparente cruzada fiscal y judicial del gobierno peñista contra el candidato del PAN, Ricardo Anaya. Porque imponer fraudulentamente al candidato priista José Antonio Meade requiere de la convalidación política del panismo. Sin ese aval la tarea se antoja imposible. 
O al revés: imponer en la presidencia a Ricardo Anaya requeriría, o requiere si finalmente esa es la decisión de Los Pinos, del aval del priismo y de Meade Kuribreña.
  No hay otra opción a la vista. El acuerdo cupular de la derecha mexicana para colocar en Los Pinos a uno de sus dos candidatos es la condición para la continuidad del régimen oligárquico y antipopular. Con Meade o con Anaya o con cualquier otro pero genuino representante de la derecha: priista, panista o “independiente”.
  Tienen que ponerse de acuerdo. Y en ésas están. Pero deben simular y fingir hasta el final. Mientras tanto: juegos de espejos, cajas chinas, conejos y chisteras. Y mucho ruido y confusión.
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miércoles, 31 de enero de 2018

La militarización de México

Jaime Luis Brito

La Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión de México, es el último paso del proceso de militarización que inició con fuerza en la época de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y que se radicalizó de manera brutal con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), a lo que Enrique Peña Nieto ha dado continuidad. En el fondo, la decisión de De la Madrid y Salinas acompañó los cambios económicos neoliberales, mientras que Calderón y Peña Nieto lo radicalizaron, particularmente el primero, para tratar de legitimarse. El momento que vivimos en este proceso es espeluznante porque se traduce en la legalización de la guerra de exterminio contra la población mexicana, particularmente contra sus jóvenes, que en 11 años ha tenido un costo humano inconmensurable y que ha nos lleva a la pérdida de una o varias generaciones de mexicanos.Después de la Masacre del 2 de octubre de 1968 en la que participó el Ejército, y según pruebas gráficas presentadas hace algunos años por el Canal 6 de julio, respondió a una provocación de otros militares, los que se agrupan en el Estado Mayor Presidencial, el desprestigio de las fuerzas armadas mexicanas y su calificación como instrumento de la represión gubernamental se fue instalando la percepción de grupos cada vez importantes de mexicanos.
Por muchos años los militares, después de estos hechos, estuvieron, como lo establece la Constitución, confinados a los cuarteles. Se trata, no hay que olvidarlo del Ejército que nos heredó la Revolución Mexicana. Sin embargo, en el viraje económico del gobierno mexicano ocurrido a finales de los 70 y principios de los 80, y que se profundó dramáticamente a principios de los 90, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, trajo consigo también la utilización, por primera vez de manera generalizada, de las fuerzas armadas en funciones de policía.
Para aplicar el neoliberalismo es necesario reforzar los mecanismos de control autoritario. Cuando el experimento comenzó en Chile, se hizo en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, la que comenzó en 1973 con el golpe de Estado. Así que Carlos Salinas de Gortari abrió la puerta de los cuarteles y les encargó el combate a los plantíos de marihuana y de cierta manera el sometimiento de los cárteles.
Luego, justamente las reformas neoliberales precipitaron el levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo que trajo como consecuencia el aumento de la presencia militar, particularmente en el sureste mexicano y en aquellos territorios en los que se sospecha existe presencia de grupos armados. Ernesto Zedillo fue más allá y accedió con singular alegría a las propuestas siempre presentes del Ejército norteamericano de formar a los oficiales mexicanos, como hizo en todo América Latina, así que se creó una fuerza de élite en el Ejército y la Marina, formada por los estadounidenses.
Al final, una parte de estos efectivos militares mexicanos terminaron, primero, al servicio de los cárteles y luego creando sus propios grupos o encabezando células autónomas, que dieron un vuelco salvaje en la guerra de la delincuencia organizada. Las prácticas que militares norteamericanos mostraron en sus guerras contra el mundo, las de los Kaibiles guatemaltecos, la de los franceses en Argelia, la de los gorilas herederos de los nazis refugiados en Argentina, las hemos vivido en las calles, en miles de mexicanos que han perdido la vida en los últimos 11 años.
Y es que justamente el siguiente paso, ante la imposibilidad de control de la inconformidad social en aumento por la terrible concentración de la riqueza que democratiza la miseria, hizo que un gobierno cada vez más débil por representar menos a la población, decidiera sacar al Ejército a las calles. Eso fue lo que hizo Felipe Calderón en medio de la elección más cuestionada de la historia, hasta ese momento.
Durante la guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano decidió atacar un avispero con un rifle de asalto. El resultado está a la vista. Los cárteles de la droga se multiplicaron e incrementaron su capacidad de fuego, de acción y de control de territorios, mientras que México dejó de ser país de tránsito y se convirtió también en un mercado importante de las drogas, en tanto que la violencia no se detiene y en su etiología no sólo están los grupos criminales sino también la presencia cada día más fuerte de las fuerzas militares.
Calderón decidió la militarización del país por decreto, de facto. Los militares obedecieron la orden, pero nunca estuvieron tranquilos. Ellos tampoco olvidan el 2 de octubre, así que a lo largo de todo ese sexenio, en público y en privado, demandaron al Congreso de la Unión, las medidas legales que normalizaran jurídicamente la acción inconstitucional de que hacer las veces de policía.
Eso sólo fue posible hasta finales de 2017, cuando los legisladores federales aprobaron, sobre las rodillas, la Ley de Seguridad Interior, una de las reformas que más inconformidad ha provocado, no sólo en el territorio nacional sino afuera. La reforma es a todas luces regresiva y nos lleva a la posibilidad de que masacres como la de Tlatlaya se multipliquen por todo el territorio nacional. Los militares no están capacitados para hacer labores de control y disuasión, sino para exterminar.
La Ley de Seguridad Interior significa la legalización de la guerra de exterminio contra la población mexicana, particularmente los jóvenes. No es la guerra contra los cárteles, porque hay pruebas suficientes para afirmar que la decisión de Calderón, ratificada por Enrique Peña Nieto, de sacar a los militares de sus cuarteles no funciona. No se han debilitado los cárteles de la droga, al contrario, se fortalecen y multiplican sus ámbitos de operación. No sólo crean mercados de consumo, también establecen “cadenas de valor”, combinando la producción, trasiego, venta y distribución de las drogas, con la trata de personas para su esclavitud sexual o laboral, para el mercado interno o la exportación, dejando a miles de familias mutiladas por la desaparición de uno, o varios, seres queridos.
Mientras los militares dominan mayores espacios de la llamada seguridad en el país, como lo han hecho aceleradamente desde 2006, las cifras de muertes en el país se acumulan y año con año se superan a sí mismas, mientras que el número las personas desaparecidas supera con mucho lo ocurrido en otros países del Cono Sur o de Centroamérica que fueron sometidos a dictaduras militares o a guerras civiles durante varias décadas. En tanto, poblaciones enteras han sido desplazadas por la falta de alternativas para hacer frente a la inseguridad o simplemente, la enorme mayoría de los mexicanos han tenido que cambiar su modo de vida para paliar un poco el estado de indefensión en el que las autoridades los mantienen. Todo esto se puede corroborar en la última encuesta que sobre inseguridad hizo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Por todo ello, no podemos aceptar que la solución al problema de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado se cosa de tener más militares, con amplias libertades, en la calle. Porque ya ha demostrado que no está listo para ello. Investigaciones que han hecho reporteros independientes en la serie Pie de Página, demuestran que los soldados no tienen experiencia para el trabajo en zonas urbanas, e incluso rurales, para hacer una guerra contra “un enemigo” que no está del todo identificado. Así que es muy fácil, y cada vez más frecuente, que termine atacando a todo lo que se mueve, incluyendo civiles a los que no podemos considerar “bajas colaterales”.
Es fundamental entonces la discusión que tendrá que darse en los próximos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de los recursos de impugnación que distintos poderes, niveles de gobierno e instituciones están haciendo. La Corte se encuentra frente a una decisión que nos puede poner a todos frente a la mira de un rifle militar o, en caso de rechazar la legislación, puede obligar a los políticos a escuchar a la ciudadanía, que sí tiene propuestas y opciones para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Aunque claro, quizás es el mayor problema, los políticos hablan entre ellos, o se gritan, pero no escuchan a los ciudadanos, de quienes están cada vez más alejados.
@Patrio74
www.facebook.com/JaimeLuisBritoV 

martes, 12 de diciembre de 2017

Diez tesis y un colofón sobre la candidatura de José Antonio Meade

Arsinoé Orihuela Ochoa

1. En un artículo publicado en junio del año en curso se dijo: “Lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018, es la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional. Pero atención: esta muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever), ni por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte. El PRI-partido murió porque perdió esa facultad metalegal otrora incontestada: la selección, por dedazo ‘doméstico’, del ‘candidato-presidente’. En la elección de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido sino por Estados Unidos”. José Antonio Meade, candidato ungido del PRI para la elección federal de 2018, es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra-neoliberal del PRI –representada por el canciller de México Luis Videgaray Caso– y la administración de Donald Trump –representada por el consejero de la Casa Blanca Jared Kushner–. No es accidental que Meade –el candidato del PRI– ni siquiera sea un militante del partido (PRI). Le asistió la razón al uruguayo José Enrique Rodó cuando dijo, acaso proféticamente, que los partidos no mueren por causas naturales, sino que se suicidan. Así como Donald Trump es el harakiri del Partido Republicano y el régimen bipartidista estadunidense, José Antonio Meade es el harakiri del PRI y el régimen de partidos mexicano. 

2. El PRI ayudó a Donald Trump a conquistar el poder en Estados Unidos, tras aquella visita del ahora mandatario estadunidense a México que, por cierto, concertó, a espaldas del público, Luis Videgaray. En retribución, la administración de Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Esto explica que el PRI apostara por un candidato ajeno al establishment partidista. El PRI está acudiendo a la misma fórmula del Partido Republicano: la postulación de un candidato “outsider” –José Antonio Meade– arrastrado por el último suspiro de la maquinaria partidaria.

3. José Antonio Meade es el fin del régimen de partidos en México. Algunos “apparatchiks de partido” querrán salvar el régimen apoyando a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese “voto” discurrirá en la secrecía. AMLO es el costo que está dispuesto a pagar el Ancien Régime para conservar los privilegios inherentes a la partidocracia. ¡Qué ironía! AMLO pronunció aquella célebre consigna de “al diablo con las instituciones”. Y José Antonio Meade, 12 años después, consumó la petición. 

4. El neoliberalismo consiste en alejar cada vez más al (hipotético) representante del (hipotético) representado. José Antonio Meade, un tecnócrata que nunca fue investido con un cargo de elección popular, es la fase superior de ese divorcio. Los ideólogos liberales lo saben. Pero en la próxima elección, por “chayotismo” o “maiceo”, van a callar.

5. La campaña electoral de José Antonio Meade acudirá al estribillo de la falsa antinomia neoliberal: el regreso al pasado vs. la modernización desideologizada . Porque en eso han sido extraordinariamente exitosos los neoliberales: en calificar de ideología todo lo que precedió al neoliberalismo. En este sentido, la propaganda pro-meadista consistirá, casi unívocamente, en advertir acerca de un posible (y peligroso) retorno al pasado (nacionalismo). Es decir, traficará con la falsa disyuntiva: nacionalismo ideológico vs. modernidad apolítica, sin reparar que esa modernidad apolítica es ideología (dominante), y disfrazando un axioma que cada vez cobra más verosimilitud: a saber, que el neoliberalismo es la continuidad del nacionalismo priista tardío.

6. José Antonio Meade es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: uno, narcotráfico; y dos, militarismo.

7. Con el ascenso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, México tránsito de un país terciarizado a un país esclavizado, por cortesía de los gobiernos neoliberales y nacionalistas tardíos, que ahora, desesperados por reorganizar la autoridad, acuden –como ya en hecho en otras oportunidades– al narcotráfico y el militarismo para reproducir las estructuras de poder. José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del “destape” la cámara de diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército –agente histórico del narcotráfico en México– para fines de seguridad pública (léase narcomilitarización). 

8. José Antonio Meade es el último eslabón de un golpe de estado continuado cuya génesis remonta a la “caída del sistema” en 1988, y que acarreó a México a la pulverización de la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos, y a una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. 

9. José Antonio Meade, como Donald Trump, es una criatura del “tercer espíritu del capitalismo” , que se define, entre otras cosas, por la incorporación de una (seudo) crítica contra los desenfrenos del capitalismo, señaladamente la corrupción de los políticos, a fin de allanar (ideológicamente) el ascenso al poder público de los autócratas tecnócratas: a saber, personajes como Meade (o Trump) que gobiernan sin soberano popular y al servicio exclusivo de la técnica de la hiperacumulación. 

10. José Antonio Meade es la carta de defunción del Estado liberal mexicano. 

11. Colofón: “Patria o muerte” no es una consigna. Es un diagnóstico. 
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domingo, 10 de diciembre de 2017

Afores: clásicas empresas buitre


Miguel Ángel Ferrer
Cada día que pasa es mayor la proporción de ancianos en México. Según algunos criterios sociodemográficos, son ancianos las personas mayores de 60 años. Pero otros criterios, como la edad internacional de jubilación ubican la ancianidad a partir de los 65 años. 

Esa mayor proporción de viejos en la estructura poblacional tiene una causa fundamental: el avance científico y tecnológico, sobre todo en las áreas médicas, que ha conducido a una severa caída en la natalidad y a un aumento muy considerable en la esperanza de vida. La combinación de ambos fenómenos ha generado menos población infantil y juvenil y mayor población de ancianos.

Si hace cincuenta años el problema demográfico central era el exceso relativo de niños, ahora ese problema central es el exceso relativo de viejos. A unos y a otros hay que proveerlos, sin contraprestación alguna, de diversos satisfactores imprescindibles para la vida: alimentos, medicinas, servicios hospitalarios.

Pero, en general, a los infantes los proveen de esos satisfactores sus padres, mientras que, aunque la ley lo establece, es muy difícil y extraño que los hijos provean a sus padres ancianos de esos bienes y servicios.

De modo que, también en general, la ancianidad es la edad del desamparo. Para sobrevivir el viejo no tiene más recursos, cuando los tiene, que una muy pequeña pensión. Según la siniestra Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) esa ínfima pensión sólo llega a los dos mil pesos mensuales. En el caso de los ancianos de la Ciudad de México, a esos dos mil pesos (cuando los hay) se suman los mil pesos que aporta a cada anciano mayor de 70 años el gobierno de la urbe.

Ante esta dolorosa realidad que los ahora jóvenes van a vivir tarde o temprano es necesario acudir al expediente del ahorro. Porque, como dice el refrán español, “el que come y deja, dos veces pone la mesa”.

Este ahorro puede consistir en dinero o en una o más propiedades inmobiliarias: una casa, un departamento o un terreno que, en caso de necesidad, pueda venderse y que con el producto de la venta pueda vivir el anciano los últimos años de su existencia. En el ahorro, pues, está la clave de una vejez sin carencias y sin angustias.

En México, para el caso de los trabajadores tal ahorro puede ser voluntario o forzoso. La ley establece un mecanismo para esta última situación: el Sistema de Ahorro para el Retiro. Los ahorros del trabajador se depositan en una empresa privada llamada Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Teóricamente esta Afore guarda el dinero del ahorrador y puede invertirlo a fin de que esos recursos tengan un rendimiento que incremente el monto de lo ahorrado.

También teóricamente, ese dinero se le entregará al trabajador cuando cumpla 65 años: los ya dichos dos mil pesillos mensuales. Pero un mínimo de sensatez aconsejaría no incrementar ese ahorro forzoso con ahorros voluntarios.

Ciertamente, el trabajador debe ahorrar lo más que pueda. Pero debe tener cuidado de no poner voluntariamente sus recursos en una cuenta afore sobre la que no ejerce ningún control. Nada ni nadie garantiza que al cabo de cuarenta o cincuenta años, si para entonces todavía existen o no han quebrado o no han huido, esas clásicas empresas buitre que son las Afores reintegren el dinero ahorrado a sus legítimos dueños.

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lunes, 6 de noviembre de 2017

En defensa de la militancia política

Aldo Fabián Hernández Solis

El lugar de la política en los tiempos actuales se encuentra en un proceso de vaciamiento. Es una moda el ser “apolítico”, juzgar a la política como mala y señalar que todos los políticos son iguales. Frente a lo político se presenta al ciudadano “apartidista”, al “independiente”, al “vecino”, como modelo ideal de la acción pública. Es evidente que la crítica generalizada a la política tiene fundamentos reales, ya que se ha convertido en un terreno donde prevalece el fraude, el engaño y la corrupción. Sin embargo, el rechazo a la política es una actitud conservadora que promueve la defensa del satatus quo y es una reafirmación del individualismo. La figura del militante, hoy también blanco de críticas, permite pensar críticamente el vaciamiento de la política.
Ser militante implica un compromiso con una serie de ideas, proyectos u organización, significa trabajar y luchar por ellas. Ganas de participar activamente en la vida publica. La militancia conlleva dedicarle tiempo y recursos, implica defender la postura, debatir con los compañeros y con los contrincantes. Para llevar a cabo una militancia se hace necesario tener una formación política e informarse todo el tiempo. Estas actitudes contrastan con el individualismo predominante en la sociedad actual, donde predomina el desinterés, la lógica económica y la desinformación. De ahí que la militancia sea catalogada como algo ilógico, acción de jóvenes idealistas, una pérdida de tiempo, o el catalogar a los militantes de izquierda como “chairos” en medio de risas bobas.
En tiempos de ambigüedad e individualismo generalizado, tomar partido y defender la postura es además de loable necesario. Asumir el riesgo de nuestras decisiones, comprometerse con las ideas propias, trabajar y comprometerse con algo, son implicaciones de la militancia política, que mejorarían la democracia y la política.
La despolitización de la sociedad es un triunfo del neoliberalismo, que avanza por medio de la lógica “apolítica”. La confianza que despierta la idea de un ciudadano apolítico o apartidista, está bien en tanto señala la corrupción y el predominio del interés económico sobre los ideales, pero es una falsa salida. La actividad política implica preparación, acción constante, formación, ideales, tenacidad, información y sacrificio, es decir militancia. La política no tiene que ser de ocurrencia, buena voluntad e improvisación.
Los “apolíticos” carecen de claridad política, no se asumen partidarios de proyectos o grandes ideas, no defienden posición alguna; su fuerza reside en no tener partido, en ser “ciudadano común” (cualquier cosa que ello signifique) y en una queja, un pesimismo inmovilizador. Frente a esta falsa alternativa está el militante, el verdadero que se mueve por ideales y por un genuino compromiso con la realidad, vanguardia política de la sociedad.
Quienes hayan visto las impresionantes acciones sociales que desencadenaron los terremotos del 7 y 19 de septiembre, esos miles de ciudadanos dando su tiempo y esfuerzo en ayudar, la capacidad de organización, el desinterés, el sacrificio, las ganas de participar; la búsqueda de información, la exigencia al poder y la preocupación genuina por el país, son todas características de una cultura política militante. La defensa de otra política no pasa por darle la espalda o por la invocación de lo “anti-político”, al contrario se encuentra en la irrupción política masiva y por la expansión de una cultura militante.
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