jueves, 20 de julio de 2017

Morena: el costo de la silla presidencial

Ricardo Orozco


Luego de las elecciones locales, en las que el Movimiento de Regeneración Nacional se coronó con una victoria indiscutible en términos de su potencial para movilizar estructuras de base, el partido que lidera Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado con una actitud conciliadora que, por lo menos en lo que respecta a primeras impresiones, ha sorprendido a adeptos y detractores. Y es que, si bien es cierto que las alianzas políticas de las que se vale Morena, en general; y López Obrador, en particular; siempre se han desplazado entre la izquierda y la derecha por igual, también lo es que pocas veces en la historia del dos veces presidenciable, y aún menos en la del partido, la visibilidad y lo explícito de los acuerdos que ambos establecen con políticos de otras nomenclaturas o empresarios es escasa.

Dos aspectos, no obstante, revisten especial importancia para el análisis de la presente coyuntura. El primero de ellos, sin duda, es el hecho mismo de que Morena esté buscando hacer las paces con la mayor cantidad de actores posible. Y lo es, de entrada, porque López Obrador parece haber comprendido —luego de dos campañas presidenciales en las que su moneda de uso corriente fue la afrenta directa con sus opositores—, que aunque lo contestatario de su discurso resulta atractivo para determinados sectores de la población, desencadena efectos repelentes en esos otros segmentos que, sin ser parte del vulgo, deciden resultados electorales y la instrumentación de políticas públicas específicas por la vía financiera.

Pero también, porque, de un lado, las personalidades que se van sumando al proyecto de López Obrador —que de manera tan pomposa se decidió nombrar Acuerdo Político de Unidad para la Transformación del País—, dan muestra de las fortalezas con las que Morena llegará a los comicios de 2018; y del otro, porque esas mismas figuras visibilizan (aunque no de manera tan expresa), lo mismo la descomposición interna de las estructuras dentro de las cuales habían encontrado la plena satisfacción de sus intereses que las debilidades de los mismos para (re)organizarse en sus coaliciones tradicionales.

No es un dato menor, por ejemplo, que entre los nuevos estrategas de Morena se encuentren representados por igual los intereses de los tres principales monopolios en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; por intermediación, claro, de las personas de Marcos Fastlitch, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga; de Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca; y de Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim. Así como tampoco lo es que María Asunción Aramburuzabala, Alfonso Romo Garza, Jaime Bonilla y Raúl Elenes Angulo se hayan sumado a la lista de beneficiarios/benefactores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Sobre los primeros dos personajes, el dato importante es que apersonan la búsqueda de beneficios propios, pero, al mismo tiempo, haciendo las veces de vocería de las dos empresas que en 2006 y 2012 se encargaron de fungir como caja de resonancia para la campaña mediática con la que se atacó a Obrador. Respecto del tercero, trasciende que se suma a los ya varios adeptos que el Morenismo ha extraído de las huestes formadas en Grupo Carso. Los demás, por su parte, resultan ser aliados peculiares por sus nexos, muy próximos, a las figuras de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quezada; circulo en el que se introducirían a las más recientes adquisiciones de Morena: Manuel Bartlett, funcionario central en los hechos de la caída del sistema, en los comicios de 1988; y Lino Korrodi, principal operador financiero de la campaña panista en 2000, a través de Amigos de Fox.

Del lado de la izquierda ideológica, las dos personalidades que más hacen ruido son las de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; ambos, cofundadores del Partido de la Revolución Democrática (junto con Cuauhtémoc Cárdenas, quien niega a sumarse a la propuesta de Morena). Y es que si bien el PRD ya destaca más en el imaginario colectivo nacional por su asimilación a la agenda programática del priismo y del panismo que por las nulas banderas ideológicas con las que navega luego de su adhesión al Pacto por México—, la captación de talentos partidistas en la que se ha traducido el proselitismo Morenista de Martínez y Muñoz Ledo representa una ventaja que se traduce, principalmente, en la captación de recursos y movilización de las bases de apoyo locales.

Suponiendo que todos sepan para quién trabajan, y que cada uno trabaje para quien dice hacerlo, el dato revelador de las recientes alianzas firmadas por López Obrador es que dan señas de que las cosas no están bien en algunos de los principales círculos del priismo de la vieja guardia —por parte del perredismo, es claro que las cosas no transitan desde la resaca de 2006. Es significativo, en este sentido, que las agendas de Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y de Aurelio Nuño, titular de la SEP y suspirante presidencial, van en sentidos divergentes. Pero también, que una fracción del Partido Verde (PVEM) en el Sur de la República ya esté buscando su emancipación (sólo en términos electorales) para los siguientes comicios, o que el Grupo Sonora —origen ideológico del priismo, del caudillaje, el corporativismo y el clientelismo contemporáneos del sistema político mexicano— se encuentre desalineado de las directrices del partido.

Porque más allá de la previsible candidatura de Antonio Meade para el 2018, lo que parece estar en el fondo del asunto no es, precisamente, la designación del candidato Oficial, sino que el tradicional sistema de cuotas y redistribución de las ganancias al interior del régimen no está siendo tan democrático como se habría esperado que fuese al asumir la presidencia de la República el Grupo Atlacomulco. Así que, de continuar con la tendencia hasta ahora observada en las firmas que se van sumando al Acuerdo Político de Unidad, lo que quedará cada vez más claro es en dónde se encuentran y qué tan profundas son las fracturas internas del priismo —que López Obrador podrá explotar para conseguir mayores dividendos electorales el próximo año.

Ahora bien, respecto del segundo punto de interés para el presente análisis, lo que no deja de inquietar es que Morena esté buscando aliarse, primero, con miembros del empresariado al que el mismo líder de Morena no ha dudado en nombrar Mafia del poder; y luego, con políticos de todas las identidades partidistas a las que por doce años declaró estar enfrentando. Porque, más allá de que Morena disponga solicitar una carta de arrepentimiento o de desafiliación de los partidos que se oponen a Morena, o de que López Obrador tenga razón al afirmar que todos los humanos erran y siempre son susceptibles de corregir su destino; esas amistades le pueden cobrar una factura muy cara a Morena en las urnas.

Es claro que, como en algún espacio comentó Paco Ignacio Taibo II, uno de los principales ideólogos del Morenismo, la alianza del partido con los ciudadanos, con sus fuerzas de base, ya está fincada, luego de construirse y consolidarse durante doce largos años en los que se atravesaron dos agresivas campañas presidenciales. Y es claro, asimismo, que las coaliciones con empresariado y figuras políticas de otra extracción partidista tienen en la mira reducir al mínimo la resistencia institucional, de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes públicos, al proyecto obradorista; además de enfocarse en la captación de recursos.

El problema es, no obstante, que esa alianza de la que Taibo II presume no está fincada en pilares lo suficientemente sólidos como para no quebrarse. Si los resultados que mostraron los sondeos realizados en las elecciones de junio pasado (en los que se determinó que el núcleo duro del voto Morenista proviene, en general, de los sectores medios con niveles considerables de escolaridad y cultura política), son representativos de algo, la consecuencia lógica de las recientes adhesiones al Acuerdo de Unidad de Obrador es que se rechacen: en la tónica de equiparar al partido con sus similares por el puro hecho de utilizar las mismas estrategias electoreras.

Después de todo, uno de los principales atractivos del discurso de Morena, en general; y de Obrador, en particular, a lo largo de poco más de doce años, era que en su agenda programática planteaba, de manera explícita, una diferencia sustancial respecto de la tendencia al amasiato a la que son propensos el resto de los partidos políticos nacionales. De aquí que, aunque se entiende que sumar adeptos abona a la consecución de la victoria política, el costo es atizar la percepción de que esa victoria debe ser alcanzada con independencia de los medios. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el orgullo y la euforia que le representaba a los integrantes del partido el que éste estuviera constituido por figuras emblemáticas de la academia, la sociedad civil, las comunidades obreras, la cultura, etcétera?

Las preguntas centrales aquí, por tanto, redundan en determinar cuáles son los criterios éticos a los que se está apelando al interior de Morena para determinar en qué momento concede la absolución a quienes fueron sus opositores con anterioridad, por un lado; y por el otro, en saber si esos límites se extenderán (en el supuesto de que se llegue a la presidencia) de manera tal que el costo de la alianza deba ser pagado justo en los mismos términos en los que el PRI, el PAN y el PRD suelen pagarlos. Y es que no debe pasarse por alto que la adhesión de estos personajes al Morenismo no es un cheque en blanco, tiene un precio predeterminado. Además, la cosa no funciona admitiendo la alianza en este momento para romperla después de obtener el triunfo. Las consecuencias que enfrentaría Morena para gobernar, si traiciona las alianzas que construye ahora, serían tan nefastas como las que enfrentan los gobiernos de oposición en algunas entidades: incremento de la delincuencia común, de la violencia, del desempleo, etcétera. ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar Obrador para consentir la acción?

En última instancia, no debe perderse de vista que si los intereses que aglutina Obrador en torno de su propuesta política son lo suficientemente sólidos y densos, éstos no perderán la oportunidad de condicionar y/o determinar los rumbos que Morena y su proyecto partidista toma en lo sucesivo. Y lo cierto es que López Obrador se acerca, sin mucha precaución, a este escenario.
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Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/07/morena-el-costo-de-la-silla-presidencial.html

lunes, 3 de julio de 2017

Luis Videgaray o el suicidio del PRI o la entrega de México a Estados Unidos


Arsinoé Orihuela
En Brasil, se usa decir: “No pasarán”. Y se usa por la población para decir que “no pasarán” los fascistas y golpistas. Es decir, que no triunfarán las fuerzas del fascismo inoculado en ese país y otros del cono sur (Venezuela es el caso más agravado). Y uso la consigna para decirles a esos a cuyas personas alude este artículo que en México “no pasarán”. No pasarán los Videgaray, ni los Trump, ni los Calderón, ni los Bush, ni los Salinas de Gortari, ni los Clinton. En 2018, a México le espera un duelo contra las añejas, corruptas y beligerantes castas políticas nacionales.
En la última publicación, se advirtió acerca de eso que un escritor uruguayo llamó “el suicidio de los partidos políticos” (http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/06/el-suicidio-de-los-partidos-politicos-o.html). Y eso es exactamente lo que está en puerta, en la antesala de la elección de 2018: la muerte asistida del único partido gobernante en México –el Partido Revolucionario Institucional (inclúyase las ramificaciones caleidoscópicas de pelaje azul o amarillo o verde). El PRI-partido firmó anticipadamente su carta de defunción en 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El funeral es el próximo año (2018).
Históricamente, “el Partido” (como lo conocen sus prosélitos) definió las formas y fórmulas de la política en México. La totalidad de las decisiones de interés político discurrían por los canales del partido. A diferencia de otros países homólogos (Latinoamérica), en México el significante material e inmaterial de la política no recayó exactamente en la figura de un líder bonapartista-caudillista (como Perón en Argentina o Getulio en Brasil). En México, la soberanía política del siglo XX descansó en el Partido Revolucionario Institucional (esa entelequia decadente que el no tan nobel Mario Vargas Llosa llamó la “dictadura perfecta”, acaso la única contribución valiosa que aportó ese inescrupuloso escritor al análisis de la región). El campo político en el que se dirimió la cosa pública durante un centenar de años en México fue el PRI. Esta institución, que constituía el pivote del sistema político, contó con facultades metalegales extraordinarias: por ejemplo, la elección del “candidato-presidente”, que por muchos años fue una decisión exclusiva del partido, aún durante la mal llamada “transición democrática” (que en nuestro país consistió en un tránsito pactado de un centro-derecha a una derecha confesional sin recatos de clase).
Pero la evidencia sugiere que eso llegó a su fin. El PRI está en agonía pre mortem . Y la estocada final es 2018.
Pero cuidado: esa muerte anunciada no es por una potencial derrota del PRI en la elección del año entrante (eso todavía es difícil de prever, aunque absolutamente deseable); ni tampoco por un desterramiento de la cultura política que ese partido prohijó e instaló a sus anchas en un país condenado al clientelismo o el ostracismo o la muerte (y que perdura en no pocas esferas de la política nacional). El PRI-partido murió porque perdió esa “facultad metalegal” otrora incontestada: la selección del “candidato-presidente”. A partir de 2018, el candidato a la presidencia no será elegido por el partido: lo elegirá Estados Unidos.
Por eso la carrera por “la candidatura” discurre por otros canales. En el presente, competir por la presidencia en México involucra esencialmente hacer campaña en (con) Estados Unidos. El guiño y los amarres no apuntan a los correligionarios del partido. El “lobby” tampoco contempla el longevo imperativo de conseguir la aprobación de las diferentes fracciones intestinas. Las “camarillas” están desdibujadas, y mudan sus “lealtades” con más promiscuidad que las componendas matrimoniales de “La Gaviota” (de acuerdo con el testimonio de las malas lenguas). Y en ese río revuelto, los más astutos e innobles perfilan aspiraciones presidenciales, naturalmente cosechando simpatías con el soberano en turno: Washington.
Y adivinen quién es el puntero: sí, el secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray Caso.
Para nadie es un secreto que Luis Videgaray es un operador de Estados Unidos, y de las oligarquías domésticas beneficiarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Él mismo ha dicho que su prioridad es la renegociación de ese acuerdo. Y eso explica que el canciller responda al comando de Washington; que participe personalmente en la planeación del “muro Trump”; que encabece el proyecto de la construcción del muro en la frontera México-Guatemala; y que abrace con ahínco desenfrenado la causa anti-Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Videgaray es una especie de “encomendero” de la “era global”, al servicio de Estados Unidos, y de ese no-proyecto de nación que tiene al país postrado en la ignominia: “El México neoliberal itamita y su fracasado modelo maquilador/librecambista quedó amurallado: al norte, el muro Trump, y al sur, el muro Videgaray con Guatemala” (Alfredo Jalife Rahme en La Jornada 12-II-2017).
Cabe recapitular lo sostenido en otra oportunidad:
“ Al gobierno de México lo único que le preocupa es la renegociación del TLCAN. Y es absolutamente omiso con las deportaciones masivas y la fractura de familias mexicanas que está teniendo lugar en Estados Unidos. La suerte de los migrantes nunca fue de ningún interés para las elites gobernantes: el TLCAN que esas propias elites firmaron, expulsó a millones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahora que están a punto de sufrir una segunda expulsión, de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano está cruzado de brazos, haciendo como que la virgen le habla, y renegociando humillantemente un tratado que dejó muerte y destrucción en suelo nacional… En materia política, el ascenso de Trump dejó huérfanas a las élites gobernantes. No tienen fuerza ni siquiera para movilizar populistamente a la población. Por añadidura, México no cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos. El TLCAN fue un harakiri político: la clase política en México eligió el proyecto con base en la geografía y por oposición a su historia y cultura. El Estado no tiene brújula, no tiene dirección. La política exterior es de persistente deshonra y humillación: el alto funcionariado mexicano lanza gestos de amistad a un gobierno –el de Estados Unidos– que responde con aspavientos de enemistad e insulto llano. México es un peón acasillado” (Leer artículo completo en http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/04/que-significa-el-triunfo-de-donald.html).
Si el proyecto de “nación” es la entrega de la nación a Estados Unidos, Luis Videgaray es la figura política más calificada para tomar las riendas de ese continuum. La muerte anunciada del PRI le confiere algunas libertades para despreciar al partido, y posicionarse –no sin recato– frente a la metrópoli: “(…) El canciller tiene que dedicarse de tiempo completo a esto (de renegociar el TLCAN) y mantener la neutralidad política… Tengo una militancia de la cual estoy muy orgulloso pero que no ejerzo, estoy dedicado a ser canciller… Tengo mi militancia guardada en un cajón” ( El Universal 26-V-2017).
Pero en Estados Unidos están preocupados por la elección de 2018 en México. En abril del año en curso, el senador republicano John McCain dijo: “Si las elecciones fueran mañana en México, probablemente se tendría a un antiestadounidense de ala izquierdista como presidente de México. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”. Y, para redoblar la consternación con guiño cómplice a las élites mexicanas, el secretario de seguridad interior, John Kelly remató: “No sería bueno para Estados Unidos ni para México” ( El Financiero5-IV-2017).
No debe asombrar a nadie que desde Washington dispongan nombrar a Luis Videgaray como candidato para la elección presidencial de 2018. Hasta ahora, el secretario de relaciones exteriores ha sido su más fiel acólito y operador.
El PRI está en la antesala del suicidio. Estados Unidos necesita neutralizar políticamente a México. La inercia anexionista es arrolladora. El puntero en las preferencias electorales de 2018 es “un antiestadounidense de ala izquierdista” (sic). Y Washington está intranquilo.
No pasarán.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/06/luis-videgaray-o-el-suicidio-del-pri-o.html

jueves, 29 de junio de 2017

Rector...sin título


Tulio Ortiz Uribe
La Paz, BCS.- Fuentes dignas de todo crédito revelan que el 29 de agosto de 2012, dos días después de la visita del secretario de Educación Pública José Ángel Córdova Villalobos, para anunciar la creación de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), el gobernador Marcos Covarrubias recibió en su despacho una llamada del rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para recomendarle a su protegido, Allan Alexander Amador Cervantes, para el puesto de rector de la nueva institución.
El Congreso local aún no decretaba la ley orgánica de la UTLP, y ya se barajaba el reparto de posiciones. Amador Cervantes había dejado cuatro meses atrás, por no tener el perfil, la dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UABCS (cargo en el que duró unos meses), y se encontraba desempleado.
Covarrubias Villaseñor accedió a la petición de su amigo e instruyó al diputado panista Sergio Barrón Pinto, secretario de la Gran Comisión, para que se omitiera en el decreto un requisito clave para ser rector de una institución de ese tipo: ser egresado de una carrera técnica.
Así, en un proceso lleno de anomalías, se designó a una persona sin experiencia administrativa y sin título profesional para hacerse cargo de un centro educativo donde firma documentos oficiales y convenios con otras instituciones como "licenciado" y donde incluso se hace llamar "Maestro en Ciencias".
Pero Allan Amador no sólo le mintió al gobernador del Estado, sino a las propias autoridades de la SEP. 



En efecto, mediante la solicitud de información 0001100234813 dirigida al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,  la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP entregó a este medio de comunicación copia del currículum que Amador Cervantes presentó a las autoridades educativas. Ahí dice haber estudiado la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UABCS y tener la Cédula Profesional  000931.
Al consultar la página www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/index, se informa que dicha cédula, tipo C1, le fue expedida a Mario Juan Camargo Hampshire en 1946, luego de titularse como abogado en la UNAM. Existe otra cédula con el mismo número, pero esta es tipo A-1 (especialidad) y le fue otorgada en 1986 a Moisés Alvarado Ortega por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea como especialista en Medicina Interna.

Ya desde marzo de 2014, tres meses antes de que llegara a La Paz el secretario de Educación Emilio Chuayffet Chemor para inaugurar las instalaciones de la UTLP, la licenciada Ingrid Mercedes Jasso López, jefa del departamento Jurídico de la Dirección de Profesiones de la SEP, mediante el oficio DGP/DJ/531/2014 dirigido a este reportero, dice: "informo a usted que de la consulta realizada en el Sistema del Registro Nacional de Profesionistas no se encontró antecedente profesional a favor del C. Allan Alexander Amador Cervantes como licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.
En una nueva petición de información, de fecha 29 de mayo de este año (folio 0001100229417), se solicitó a la SEP que informara "si el señor Allan Alexander Amador Cervantes tiene registrado título profesional de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en consecuencia si se le ha otorgado cédula profesional". La Unidad de Transparencia de esa dependencia federal respondió que: "De acuerdo con los registros con que cuenta esta Unidad Administrativa y el resultado de la búsqueda en el Sistema Nacional de Profesionistas, NO resultó dato a nombre de la persona solicitada"
El rector de la UTLP pone asimismo como antecedente académicos haber estudiado en la UABCS la maestría  en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera, con especialidad en Ciencias Sociales y Globalización, pero tampoco existen pruebas de un proceso de titulación. También afirma en su currículum tener 8 años y 8 meses de experiencia como Profesor Investigador  en esta universidad, sin que informe o presente documentos de los trabajos y materias que desempeñó.
Allan Amador y el secretario Nuño
Todo lo anterior configura diversas violaciones a la ley, con penas que van desde la aplicación de multas, hasta la suspensión o cancelación  de  la autorización para que continúe efectuando actividades profesionales.
La Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Baja California Sur,
dice en su artículo 5 que, requerirán titulo y cédula profesional debidamente registrados ante la dirección de profesiones del Estado, todos aquellos profesionistas que hayan concluido sus estudios universitarios, tecnológicos, normalistas o de cualquier instituto superior.
Por su parte el artículo 56 establece que: "Cuando una persona dentro del territorio del Estado se ostente como pasante o profesionista sin serlo, y realice actos propios de una actividad profesional...no tendrá derecho a cobrar por concepto de sueldo u honorarios, y se le impondrá además una multa hasta por el equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización"
Mientras, el artículo 55 determina que "Cuando derivado del ejercicio profesional se incumplan con las obligaciones que esta ley señale para los profesionistas, se actúe con negligencia, se ataquen los derechos de terceros o los derechos de la sociedad en general, la Dirección podrá imponer una multa hasta por el equivalente a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y podrá suspender o cancelar la autorización para que continúe efectuando las actividades profesionales..."

Creación de la UTLP
El 12 de diciembre del 2012, el Congreso del Estado expidió el Decreto 2045 con el que se aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de La Paz, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2013.
El artículo Segundo Transitorio de ese ordenamiento, le dio al gobernador la facultad de nombrar de manera directa al primer rector, quien "durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez".
Llama la atención que, a diferencia de similares decretos en otras entidades de la república, aquí no se haya hecho obligatorio para el candidato a ocupar el puesto de rector, tanto el requisito de poseer una especialidad tecnológica como el de tener maestría o doctorado.

Manejos poco transparentes
Personal que laboró en esa institución y que no proporcionó sus datos personales para evitar represalias, comentaron que, como se puede ver en los estados financieros (http://www.utlp.edu.mx/estados-financieros), entre el 2015 y el 2016, la universidad se gastó 999 mil 440 pesos en pasajes aéreos y 932 mil 257 pesos en viáticos al extranjero y 542 mil 323 en viáticos dentro del país.
Del 8 al 10 de octubre de 2014, los hermanos Amador Cervantes, Allan y Kenno, este último director jurídico de la Universidad,  viajaron a Tucson, en donde la Universidad de Arizona realizó la Convención por el 20 Aniversario de la CONAHEC (Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte), donde presentaron la ponencia "Advance and Grow, but Never Forget the Basics" (Avance y crecimiento, pero nunca olvidar lo esencial). De acuerdo con la agenda del evento, este trabajo versaría sobre "todos los aspectos que los presidentes de las instituciones de educación superior deben ocuparse desde que se fundan hasta que alcanzan la madurez" (The presentation is about all aspects that Presidents of higher education institutions must take care about since the university is founded,until it is mature). 

martes, 20 de junio de 2017

Videgaray al relevo de Almagro como peón de Washington

Carlos Fazio
Rebelión
Los días 14, 15 y 16 de junio, la base militar del Comando Sur del Pentágono en Doral, Miami-Dade, Florida, será uno de los escenarios de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica, convocada por los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, con el Estado mexicano como “coanfitrión” (sic).Planificado bajo la lógica de la administración Trump que pone énfasis en la vigilancia de fronteras e identifica como una “amenaza” a la seguridad nacional de EU al trinomio del terrorismo, el crimen organizado y la migración indocumentada, el evento tendrá un enfoque netamente militarista como premisa para una reinversión de capitales privados en la subregión.
La conferencia, a la que asistirán el vicepresidente de EU, Mike Pence, y los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin y de Comercio, Wilbur Ross, ha sido precedida de sendos eventos en Tapachula y Cozumel, México, que contaron con la participación directa de los jefes de los comandos Norte y Sur, la generala Lory Robinson y el almirante Kurt W. Tidd.
Por encomienda de Enrique Peña Nieto, en la reunión de Cozumel de finales de abril, los secretarios de Defensa y Marina de México, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, aceptaron profundizar la “cesión inteligente” de la soberanía nacional (según la definición acuñada en 2001 por el ex canciller de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, actual asesor oficioso de Luis Videgaray), y subordinarse al mando del almirante Tidd, como parte de una “fuerza de tarea conjunta” con Guatemala que realizará patrullajes terrestres, marítimos y aéreos a lo largo de la frontera común.
Al espíritu colaboracionista de los mandos de las Fuerzas Armadas, se suma el entreguismo supino del aprendiz de canciller Videgaray, quien en mayo pasado, tras reunirse con Tillerson y Kelly, aludió a una “negociación integral” con EU, lo que ha dado pie a interpretaciones de que al negociar en “paquete”, México podría recibir ciertas concesiones en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a cambio de permitir operaciones oficiales del Pentágono y otras agencias de seguridad de Washington en el territorio nacional.
Al respecto, y más allá del ruido mediático que provocan el histrionismo y la verborrea del presidente de EU, cabe señalar que Donald Trump está siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, por sus siglas en inglés), el influyente tanque de pensamiento señalado como la “aristocracia del dólar” o la cara oculta del poder globalizado; en particular −en lo que tiene que ver con México− en materia energética, comercial, migratoria y de seguridad.
Desde hace 70 años, la élite del business determina los objetivos bélicos de EU en función del interés de los monopolios empresariales y elabora la diplomacia de guerra de la Casa Blanca por consenso y a puerta cerrada. Es decir, al margen de todo control democrático. 

El CFR y la guerra como continuación del libre mercado 
Según el documento América del Norte, el momento de un nuevo enfoque −elaborado en 2015 por el CFR−, la proyección imperialista en lo que llama la “comunidad norteamericana” incluye la “integración” en materia de infraestructura de las plantas de producción de hidrocarburos, refinerías y mercados de ese espacio geopolítico trilateral, y la interconexión eléctrica transfronteriza.
Con eje en la seguridad nacional de EU, el CFR enfatiza el control monopólico y el aumento de la producción de energía fósil −sin ningún atisbo que busque reducir los gases de efecto invernadero−, lo que prefigura un escenario neocolonial para México, que profundizará su papel como enclave exportador de bienes primarios a través de una red de gasoductos integrada de facto a la infraestructura instalada en EU; con el añadido de una enloquecida carrera de despojo de territorios del lado mexicano.
A partir del perverso vínculo indocumentados-terrorismo-crimen organizado, el documento del CFR llamaba a militarizar las fronteras con mecanismos más sofisticados, y con la zanahoria de la “cooperación” militar de la Iniciativa Mérida preconizaba la “integración orgánica” de México al Comando Norte. Aunque en 2015 el CFR no promovía la intervención directa de EU en suelo mexicano sino el control operacional y doctrinario de la maquinaria de seguridad local −lo que convirtió a las Fuerzas Armadas mexicanas en un virtual ejército de ocupación interna−, con Trump dicha visión parece haber cambio y ello puede estar relacionado con las políticas de “cambio de régimen” impulsadas en el vecindario.
Bajo la premisa de que la guerra no es “la continuación de la política por otros medios” (según la fórmula de Clausewitz), sino la continuación del libre mercado, el Council on Foreign Relations ha contribuido a exportar el modelo político estadounidense cooptando a funcionarios extranjeros. Ejemplos sobran. Cuando en abril pasado el general (retirado) John Kelly dijo que no era bueno un presidente mexicano “de izquierda y antiestadunidense” –en implícita alusión al político de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador−, destacó su “amistad” con Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, asiduos visitantes del Comando Norte. 

El grotesco Videgaray y su doble moral 
Es patético, asimismo, el papel de Luis Videgaray en la guerra sucia de Washington contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Ajeno al arte de la diplomacia, Videgaray no entiende que una negociación parte de la confianza y que al tomar partido por una de las partes se autoexcluye como mediador.
Toda negociación diplomática pasa por buscar puntos de coincidencia entre las partes; ese es el ABC de la negociación. En sentido contrario, en la coyuntura, de manera imprudente y equivocada, acicateado por el ex canciller Jorge G. Castañeda, agente del intervencionismo de Washington, y bajo los efluvios emanados de su parentesco político con Margarita Zavala –esposa del ex presidente ultraconservador Felipe Calderón, quien acaba de pedirle que rompa relaciones con Venezuela−, Videgaray ha provocado un escalamiento del conflicto y logrado fragmentar a América Latina en tres bloques: las naciones del ALBA; Bahamas y el Caricom, y los 14 países que bailan al son que les toca Trump.
Amigo de Jared Kushner, el yerno de Trump vinculado con la mafia rusa, Videgaray relevó como peón de la diplomacia de guerra de EU a Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos refutado por sus ex compañeros del Frente Amplio de Uruguay y convertido en un cadáver político.
Videgaray sigue los pasos de Almagro. Y no en balde, la reunión de la OEA del 19 al 21 de junio en Cancún, Quintana Roo, fue planeada inmediatamente después de la conferencia de seguridad en el Comando Norte, para tener “planchado” el aislamiento hemisférico de Venezuela y la aplicación de eventuales sanciones; pero la inexperiencia y la rudeza de Videgaray rompieron cualquier consenso posible.
Por cierto, México decidió cambiar la sede del evento de la Ciudad de México a Cancún, para evitar manifestaciones de repudio a la OEA y al gobierno mexicano, y de apoyo al proceso bolivariano de Venezuela.
A su vez, en su esgrima verbal con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, Videgaray se exhibió como una pieza de Trump. Y es relativamente cuestionable que México se someta al escrutinio internacional: de manera recurrente, cuando un fallo no le favorece, lo impugna o no lo acata.
Pruebas, abundan. Lo pueden atestiguar los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que elaboraron dos voluminosos informes que incriminan al gobierno de Peña Nieto por los crímenes de Estado de Iguala/Ayotzinapa; el alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raád Al Hussein, quien identificó a México como un “cruel ejemplo” de la violencia generalizada y de los vínculos entre las fuerzas de seguridad del Estado y autoridades locales y federales con el crimen organizado, y el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, quien fue acosado y estigmatizado por la Cancillería mexicana, por afirmar que dichas prácticas, en el país, son “generalizadas” y se dan en un contexto de total impunidad. 

jueves, 15 de junio de 2017


Nuevas denuncias penales de la ASF contra la administración de Marcos Covarrubias

Tulio Ortiz Uribe

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Procuraduría General de la República dos nuevas denuncias penales contra la administración del ex gobernador de Baja California Sur Marcos Covarrubias Villaseñor, por el desvío de recursos que suman 120 millones 653 mil 607 pesos, de la cuenta pública del 2014.

Mediante el oficio USIT/DTAIPD/939/2017, la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la ASF, dio respuesta a la solicitud de información 0110000036217 de este reportero, en donde informa que el 2 de septiembre del año pasado entregó al Ministerio Público Federal una denuncia por el desvío de 25 millones 915 mil 980 pesos, a la cual se le asignó la averiguación previa FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016.

Asimismo, el 1 de marzo de este año se presentó nueva denuncia, ahora por 94 millones 737 mil 627 pesos, la cual tiene pendiente el número de averiguación previa. Estos recursos no han sido solventados y se desconoce su destino. Las dos últimas denuncias se suman a otras tres presentadas en el 2011 y 2012.

En el escrito, la Auditoría se abstuvo de calificar el tipo de delito en que incurrieron el funcionario o funcionarios de esa administración, ya que, señala, sus atribuciones son "la presentación de las denuncias penales que deriven de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que se limita a describir los hechos presuntamente delictivos derivados de la irregularidad durante la fiscalización, sin calificarlos jurídicamente, facultad que le corresponde al Ministerio Público de la Federación quien debe acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad, como base del ejercicio de la acción penal"

Averiguación Previa
Cuenta Pública
Fecha de Presentación de la Denuncia
Monto de la Irregularidad
Irregularidad
Estado
FED/SEIDEF/UNAI/BCS/000034/2017
2011
02/10/2015
$ 2,166,995.56
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/MVI/230/2015
2011
02/10/2015
$ 4,166,369.34
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
AP/PGR/DDF/SPE-XXIII/2370/2014
2012
28/08/2014
$ 299,937.87
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016
2014
02/09/2016
$ 25,915,980.15
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración
Pendiente de Asignación
2014
01/03/2017
$ 94,737,627.21
No se aplicaron los recursos públicos a los fines destinados
En integración


domingo, 7 de mayo de 2017


La reforma energética en México, broche de oro para el capital, a veinte años del TLCAN 

Andrés Peñaloza

En 2013, Enrique Peña Nieto, símbolo del regreso del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, tras un intervalo de 12 años de alternancia pactada con el derechista Partido Acción Nacional, arremetió con un paquete de reformas neoliberales sumamente agresivas. Entre ellas encontramos la energética, que busca permitir la inversión privada y extranjera en los hidrocarburos y la electricidad, con lo que se anula en esencia el decreto expropiatorio y la nacionalización de la industria energética realizada en 1938.

Ver texto completo en: 
http://www.rosalux.org.mx/sites/default/files/reformaenergetica_0.pdf

miércoles, 26 de abril de 2017


Los riesgos del turismo en gran escala en Cabo del Este

Tulio Ortiz Uribe
CABO DEL ESTE, BCS.-De aprobarse proyectos turísticos a gran escala para la región de Cabo del Este, en tan solo 13 años habría serias consecuencias sociales, ambientales y económicas, de las cuales no tienen conciencia las autoridades locales y federales.
Sería tan grave la situación, que se prevé una población de 120 mil habitantes en el 2030 y de 263 mil 900 en el 2040, en La Rivera, Los Barriles, Buenavista, El Campamento, Santa Cruz y Santiago, con los consiguientes "complejos procesos socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales causados por el incremento poblacional en la región".
Un estudio realizado por la empresa GeoAdaptive a pedido del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, advierte que si bien el turismo es un vehículo de crecimiento económico y desarrollo social, aquellos de gran escala pueden tener "impactos indirectos sobre la estructura social, la dinámica demográfica, los impulsores/motores económicos y el entorno natural de una región", como lo es, entre otros, "la afluencia de trabajadores medianamente y poco cualificados, atraídos por la especulación de empleo en el ramo turístico. Este rápido aumento de la población local conduce a un crecimiento no planificado e informal en las zonas circundantes, incapaces de soportar o satisfacer las necesidades de los nuevos residentes debido a la falta de infraestructura y servicios municipales"
El estudio de GeoAdaptive, titulado "Evaluación rápida de los impactos indirectos a causa de los desarrollos de gran escala en la región de Cabo del Este", concede que por sí mismo el desarrollo turístico no es una influencia indeseable, ya que puede ayudar a estabilizar la economía local y proveer empleo estable a las comunidades circundantes, "Sin embargo los mega desarrollos turísticos pueden provocar efectos negativos sobre la región y tener consecuencias involuntarias (como el desarrollo no planificado) al no considerar las condiciones económicas y sociales actuales como la disponibilidad de infraestructura básica. El crecimiento rápido e inesperado puede conducir a niveles de pobreza y altos niveles de marginalización debido a la ausencia de planificación y de acceso a servicios básicos. Como ejemplo regional, el nivel de pobreza actual está reflejado en los datos municipales del censo del 2010, en donde 28.5% de residentes de la municipalidad de Los Cabos y el 24.7% de residentes en la municipalidad de La Paz viven dentro de niveles de pobreza, mientras que el 5.6% y el 2.8%, respectivamente, viven en la pobreza extrema (CONEVAL, 2012)”
Por ejemplo, con más de 260 mil habitantes se necesitarían 14 mil 955 hectáreas de suelo urbanizable. "Este aumento en la demanda de suelo, dice el documento, tiene un efecto directo sobre los ecosistemas terrestres al comenzar a expandirse la huella urbana sobre zonas con coberturas más frágiles tales como áreas de recarga del acuífero, zonas de alta biodiversidad y terrenos agrícolas"
Por tanto, advierte, "el régimen hidráulico puede ser modificado por el aumento de las superficies impermeables", como el pavimento y el asfalto. Además, la demanda del líquido y "teniendo en cuenta el almacenamiento estimado del acuífero de Santiago (aproximadamente 283 Mm3 ) (CONAGUA, 2009), este recurso podría estar totalmente agotado dentro de los próximos 15 a 21 años, al atender el aumento poblacional regional". Pero no sólo eso, al reducirse la capa freática, habrá un aceleramiento del proceso de salinización de las aguas subterráneas a lo largo de la costa, "reduciendo aún más la disponibilidad de agua potable, o requiriendo infraestructura costosa para evitar una intrusión mayor de agua salada en los acuíferos"
Pero habría también otros impactos aún más costosos tales como los servicios médicos y educativos. La extensión de estos servicios está basada en la identificación del número de centros médicos y centros educativos requeridos para atender el incremento poblacional regional.
Así por ejemplo, dar servicios de salud para los nuevos residentes tendría un impacto significativo en la región, en donde actualmente sólo hay dos Centros de Salud Urbanos y menos de 10 Unidades de Medicina Familiar en Cabo del Este. Por tanto, en un escenario de una población de 120 mil habitantes el costo de construir dos hospitales generales del IMSS con 144 camas; dos unidades de medicina familiar del ISSSTE con 4 consultorios; una clínica hospital de 10 camas del ISSTE; un centro de salud urbano del la SSA con seis consultorios y hospital, sería de 561 millones 821 mil pesos.
Adicionalmente, agrega el estudio, se debe mencionar que los cálculos sólo representan el costo de la infraestructura y no el costo de operación o mantenimiento de los centros de salud.
En cuanto a los servicios educativos, en un escenario de una población en el 2040 de 263,909 habitantes, se estima que habría una población estudiantil de 84 mil 451 alumnos, de jardín de niños a preparatoria general, en donde el costo de la infraestructura sería de alrededor de 803 millones 670 mil 962 pesos.
Los analistas hacen hincapié en que el número de instalaciones educativas adicionales sólo representa la cobertura adicional requerida; no representa la carencia actual del servicio para la población existente ni para los estudiantes que asisten a escuelas privadas. "La estimación de costos considera solo el costo físico del plantel, no el costo de operación o mantenimiento"
Residuos sólidos
Otro de los riesgos inherentes a un cambio no planificado en Cabo del Este son los desechos que se producirán con un aumento significativo de la población. "Al experimentar un incremento poblacional en la región, enfatizan los analistas, también se verá un incremento en la generación de residuos sólidos. El promedio de generación de desechos es de 1.13 kg por habitante por día, de acuerdo al PDU Municipal de Los Cabos. Al calcular la cantidad de desechos adicionales para el año 2040, las cifras representan un incremento de 398 toneladas por día bajo un escenario alto; 373 toneladas/día en un escenario medio y 298 toneladas/día para el escenario bajo.
"El factor adicional que se debe tomar en consideración al estudiar estos incrementos es el lugar de disposición final de los residuos. Actualmente Cabo del Este no tiene un vertedero oficial dedicado, el cual será necesario al considerar cualquiera de los escenarios de crecimiento poblacional. La ubicación del mismo será de suma importancia para evitar la contaminación de suelo y del agua (acuífero y marino) y causar problemas secundarios de la salud y degradación ambiental"
Se necesitará un importante apoyo de parte de las agencias federales, estatales y locales para planificar mejor estos cambios demográficos y sociales, el aumento de la demanda de viviendas, la infraestructura y los servicios como el agua potable, saneamiento y servicio eléctrico.
Es necesario, dice el documento, "una planificación proactiva que debe ser incorporada en los esfuerzos de planificación a largo plazo de la región", al tomar en cuenta los impactos indirectos producto de posibles desarrollos de gran escala.
Demanda por el recurso hídrico
Con una población estimada de 263,909 habitantes, se espera que el uso residencial proyectado cause el mayor aumento de la demanda de agua potable. Se calcula que el consumo de agua generado por la suma de los requerimientos de agua proyectada para un nuevo desarrollo turístico y el uso de agua actual en la región, supere la recarga del acuífero por 18 a 13.3 Mm3 por año. Este déficit de agua subterránea provocará el agotamiento del almacenamiento a largo plazo del acuífero, que requerirá fuentes alternativas para sostener el aumento de la tasa de uso, dice informe.
Por otro lado, habrá otros gastos por los servicios e infraestructura municipal, los cuales dependen de los datos espaciales tales como la red vial, el servicio eléctrico, el alcantarillado y el servicio de agua potable.
"La extensión de la infraestructura para la red vial se basó en la densidad actual de las vías existentes en las zonas urbanas, tomando a San José del Cabo como ejemplo regional. Como resultado se estimó un total de 1,196 km adicionales. Se asumió que el sistema de alcantarillado y agua potable seguirá la trama de la red vial, por lo cual se utiliza la misma medida (1,196 km) para la estimación de ambos sistemas"
Los analistas explican que el número total de luminarias, otro de los gastos de urbanización,(1 luminarias por cada 0.029 km), fue extrapolado utilizando la extensión de la red vial como guía y la extensión de la red de líneas de transmisión de 126 km, se alcanzó un estimado basándose en la densidad de las líneas en zonas urbanas actuales (similar al caso de la red vial).

De esta forma los costos adicionales de infraestructura (red vial, eléctrica, alcantarillado y agua potable), rondarían los 27 mil 955 millones 131 mil pesos. Una cantidad que sumada a los gastos de salud y educativos difícilmente podría ser asimilados por los tres niveles de gobierno, y que los desarrolladores turísticos ni por asomo estarían dispuestos a poner una parte.