Tulio Ortiz Uribe
El 5 de abril de 2005, al leer su discurso de toma de posesión, el gobernador Narciso Agúndez Montaño dijo: “nuestras acciones se sujetarán estrictamente a las normas de la transparencia, que por convicción, pero que (sic) ahora también por ley, estamos obligados a observar”
Luego de cinco años y seis meses de ejercicio del poder, el gobernador no tuvo ni la convicción ni el respeto a las leyes para ofrecer a los ciudadanos una verdadera rendición de cuentas, por lo que la administración agundista sigue ocupando los últimos lugares en transparencia y acceso a la información pública, como lo muestra el estudio La Métrica de la Transparencia 2010, dado a conocer por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado 9 de septiembre.
Ya desde 2007, el gobierno sudcaliforniano había sido reprobado por el mismo organismo, que al evaluar los diversos sujetos obligados encontró que el ejecutivo ocupaba el penúltimo lugar nacional con los siguientes porcentajes: 49.29% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en la calidad de las respuestas. “En Baja California Sur y Tlaxcala -dice el documento-, fue imposible presentar una solicitud de información en las oficinas del poder ejecutivo”. El legislativo, a su vez, obtuvo el último lugar con las siguientes cifras: 12.0% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en calidad de las respuestas.
En el estudio, el CIDE criticó la opacidad y el bajo nivel en que se encontraban los procesos para que toda persona pudiera conocer los documentos en los que consta la actividad de los gobiernos estatal y municipal. Al describir la ruta que siguió para probar los mecanismos de acceso a la información pública y tiempos de respuesta, fue contundente al afirmar que: “El caso de Baja California Sur es aún más preocupante, dado que no fue posible (siquiera) entregar las solicitudes de información”.
En ese año el Congreso de la Unión reformó el artículo sexto constitucional, con el fin garantizar el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno y para remover inercias indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. La esencia de esta reforma se base en que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública…”
El CIDE, un centro de investigación reconocido internacionalmente por la calidad de sus trabajos, y en donde su planta de profesores investigadores de tiempo completo cuenta con doctorado en las mejores universidades del mundo, presentó en días pasados el avance de resultados de La Métrica de la Transparencia 2010 (las cifras definitivas se entregarán en octubre), realizado con el apoyo de la UNAM y el Instituto Nacional de Administración Pública, y aplicado entre noviembre de 2009 y julio de este año. Ahí reporta que Baja California Sur obtuvo un índice de 0.52, donde el máximo es 1.00, que lo ubica en el penúltimo lugar nacional. Aquí se midieron 12 categorías entre otras: sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, archivos, procedimiento de acceso, recurso de revisión, responsabilidades y sanciones, y en todas ellas el estado se clasifica en los últimos o penúltimos lugares.
Funcionarios de la Dirección de Vinculación con Estados y Municipios del IFAI, en la ciudad de México, consultados por teléfono y quienes prefirieron permanecer en el anonimato, comentaron a esta revista que al gobierno estatal le ha faltado voluntad política para cumplir con el decreto de marzo de 2007, que reforma el artículo sexto constitucional, y que en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”.
Explicaron que para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial. El convenio fue firmado por el gobernador Agúndez, el secretario de Gobierno Luis Armando Díaz, el comisionado Presidente del IFAI, Alonso Lujambio y la entonces consejera Presidenta del ITAI, Silvia Cueva Tabardillo.
El 13 de agosto del año pasado, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”, Un año después, el sistema sigue sin operar, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta irregularidad.
Al ser entrevistado por este reportero, Héctor Pérez Márquez, secretario Técnico del ITAIBCS, dijo que él no tenía facultades para contestar a la pregunta de por qué aún no se pone en funcionamiento es Sistema Infomex, y pidió que se hablara con el Consejero Presidente, el ingeniero Rodolfo López Gómez.
Pero, al solicitar una entrevista con este funcionario, quien en ese momento no atendía a ninguna persona, su secretaria explicó que López Gómez se encontraba “muy ocupado”, pero que “con gusto” nos recibiría en ocho días.
De acuerdo con su página de Internet www.itai.org.mx, la planta administrativa y de funcionarios devenga anualmente en salarios 2 millones 500 mil pesos. En el acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2010, la consejera Adela Cueva Tabardillo propuso que el presupuesto del organismo para el 2011, “mínimamente debe ser de cinco millones seiscientos mil pesos”. El consejero presidente ingeniero Rodolfo López Gómez agregó que dicho presupuesto debe elaborarse sobre la base de que sea suficiente y que “permita al Instituto operar eficaz y eficientemente sus tareas sustantivas; es decir fortalecer el apartado de gastos de operación” Sin embargo, en los tres años que viene operando el ITAI, sólo ha recibido 90 solicitudes de información, de las cuales muy pocas han sido contestadas satisfactoriamente.
Algo más que se ha criticado de este organismo es el bajo perfil de los consejeros para ocupar esos puestos. El artículo 31 de la Ley de Transparencia, dice en su inciso III que para ser consejero del ITAIBCS, se debe “contar como mínimo, con grado académico de licenciatura en áreas de las ciencias sociales y humanísticas…”. López Gómez es ingeniero agrónomo y Adela Cueva Tabardillo no tiene título profesional.
