Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples entregados al gobierno del Estado en el 2009, encontró que los cinco millones pesos desviados a la (pre) campaña del perredista Luis Armando Díaz, fueron tomados de la cuenta asignada al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa.
El documento, con clave 09-A-03000-02-0897, dice que “en la documentación presentada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no se localizó una póliza de egresos de los recursos del fondo por 5 millones de pesos”
Agrega que el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, al 31 de diciembre de 2009 había ejercido sólo el 57.9 por ciento del total asignado para ese año, por lo que en abril de 2010 aún tenía recursos por 34 millones 199 mil pesos. De ahí se habrían tomado los 5 millones de pesos para las actividades proselitistas del ex secretario de gobierno.
Como se recordará, el 26 de abril del año pasado, el gobernador del Estado Narciso Agúndez Montaño instruyó de manera ilegal a su secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, a fin de que “a la brevedad se gire orden de pago por la cantidad de cinco millones de pesos, a favor de la Libre Asociación Democrática, para realizar operaciones de campaña a favor del T.C.C. Luis Armando Díaz”.
El oficio, conocido el 10 de septiembre de 2010 luego de haber sido filtrado a la prensa, causó un escándalo político en el estado y llamó la atención de la opinión pública nacional.
En su momento, diversos actores desmintieron el hecho. El secretario de Gobierno Alfredo Porras aseguró que habría sido falsificada la firma del gobernador. “No creo que exista en el país un funcionario público que firme un memorándum en esas condiciones, yo creo que es algo extraordinariamente montado en la búsqueda de un ataque a las instituciones del Estado, en este caso al gobierno y al Secretario de Finanzas”, dijo el funcionario cuando fue cuestionado por los periodistas.
Agregó que todo fue una acción concertada, y que ignora de donde vino, “veo la intencionalidad de desprestigiar al gobierno del Estado, pero a la fecha no conozco, en ningún partido político, a un político o funcionario que firme un memorándum para desviar dinero a una campaña”, respondió.
Por su parte el secretario de Finanzas aseguró primero que el documento fue falsificado por parte de empleados de la propia secretaría, y luego se desdijo: “Todo es un invento. Yo no denuncié (el robo de papeles) nada, esto es un invento…”, atajó con desparpajo.
Mientras, el precandidato del PRD al gobierno del estado, Luis Armando Díaz no desmintió las graves acusaciones, incluso canceló un encuentro con los medios programado para el martes 14 de septiembre, y su equipo de prensa dijo que hablaría en “fecha próxima”.
Cinco meses después de esa fecha, el 16 de febrero de este año, la ASF reportó a la Cámara de Diputados que al revisar los recursos asignados al estado para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, a través del al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, faltaban 5 millones de pesos, que deberán reintegrarse a la federación.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral Ana Ruth García Grande, comentó en su momento que la responsable de investigar y perseguir a los presuntos culpables del desvío de recursos del erario, es la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo nadie movió un dedo para esclarecer el peculado ni la violación a la ley electoral.
Como se recordará, el 26 de abril del año pasado, el gobernador del Estado Narciso Agúndez Montaño instruyó de manera ilegal a su secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, a fin de que “a la brevedad se gire orden de pago por la cantidad de cinco millones de pesos, a favor de la Libre Asociación Democrática, para realizar operaciones de campaña a favor del T.C.C. Luis Armando Díaz”.
El oficio, conocido el 10 de septiembre de 2010 luego de haber sido filtrado a la prensa, causó un escándalo político en el estado y llamó la atención de la opinión pública nacional.
En su momento, diversos actores desmintieron el hecho. El secretario de Gobierno Alfredo Porras aseguró que habría sido falsificada la firma del gobernador. “No creo que exista en el país un funcionario público que firme un memorándum en esas condiciones, yo creo que es algo extraordinariamente montado en la búsqueda de un ataque a las instituciones del Estado, en este caso al gobierno y al Secretario de Finanzas”, dijo el funcionario cuando fue cuestionado por los periodistas.
Agregó que todo fue una acción concertada, y que ignora de donde vino, “veo la intencionalidad de desprestigiar al gobierno del Estado, pero a la fecha no conozco, en ningún partido político, a un político o funcionario que firme un memorándum para desviar dinero a una campaña”, respondió.
Por su parte el secretario de Finanzas aseguró primero que el documento fue falsificado por parte de empleados de la propia secretaría, y luego se desdijo: “Todo es un invento. Yo no denuncié (el robo de papeles) nada, esto es un invento…”, atajó con desparpajo.
Mientras, el precandidato del PRD al gobierno del estado, Luis Armando Díaz no desmintió las graves acusaciones, incluso canceló un encuentro con los medios programado para el martes 14 de septiembre, y su equipo de prensa dijo que hablaría en “fecha próxima”.
Cinco meses después de esa fecha, el 16 de febrero de este año, la ASF reportó a la Cámara de Diputados que al revisar los recursos asignados al estado para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, a través del al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, faltaban 5 millones de pesos, que deberán reintegrarse a la federación.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral Ana Ruth García Grande, comentó en su momento que la responsable de investigar y perseguir a los presuntos culpables del desvío de recursos del erario, es la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo nadie movió un dedo para esclarecer el peculado ni la violación a la ley electoral.
