Tiendas escolares: utilidades millonarias, podrían estarse desviando a cuentas privadas

Tulio Ortiz Uribe/Diana Cuevas
Veinticinco millones de pesos anuales, producto de las ganancias por la comercialización de alimentos y bebidas en las tiendas escolares concesionadas del sistema educativo estatal, podrían estarse desviando a cuentas privadas.
Cada año se realizan ventas por un monto aproximado de 250 millones de pesos en las tiendas de los 502 planteles de educación primaria y secundaria del estado. De esa cantidad, 25 millones aproximadamente son entregados por los concesionarios como utilidad para las escuelas, cifra que podría ser mayor si se toman en cuenta “los apoyos económicos y en especie otorgados por compañías refresqueras” a la Secretaría de Educación Pública, por la firma de contratos de exclusividad.
Aunque oficialmente este dinero se invierte “para resolver los problemas y las necesidades presupuestales de abasto y mantenimiento en los planteles escolares”, la Secretaría de Educación Pública obliga a los directores a justificar el gasto mediante facturas a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Los comprobantes fiscales entran al sistema contable de esta dependencia, de forma que aparecen como si fueran gastos pagados con recursos federales o estatales. Incluso una parte de esas facturas, previa autorización del director de Administración y Finanzas de la SEP, Francisco Yee Rodríguez, pueden entrar en el “capítulo 5000” del presupuesto anual de egresos, que de acuerdo con el clasificador del gasto corresponde a “bienes muebles e inmuebles”, como puede verse en la “Guía rápida para la elaboración y control de los informes”, que ese funcionario envió a directores y contralores de escuelas secundarias, mediante el oficio 1446/2008.
En la mayoría de los estados de la república las tiendas son manejadas por las sociedades de padres de familia y en ninguna otra entidad se exige, como aquí, que los gastos se facturen a nombre de una dependencia del gobierno estatal.
Estos movimientos contables atípicos se pusieron al descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al revisar las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), recurso que envía la Secretaría de Hacienda al estado para el sostenimiento de las actividades educativas.
El organismo encontró que al comparar los 2 mil 286 millones 791 mil 500 pesos del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública, con los 2 mil 096 millones 3 mil 400 pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al FAEB, más los 2 millones 446 mil 900 pesos correspondientes a los réditos generados durante el ejercicio 2008, “existe una diferencia de más por 188 millones 341 mil 200 pesos” ¿De dónde salió este dinero “de más”?, se preguntaron los auditores federales.
Luego que la ASF pidió una explicación a la Secretaría de Finanzas, esta contestó que esa diferencia “corresponde a conceptos distintos del FAEB que se encuentran debidamente identificados”. Sin embargo la respuesta no convenció a la autoridad, ya que, dijo, “la documentación presentada no aclara la situación observada”.
Aunque la SF tiene la obligación de que los registros contables se realicen sobre bases acumulativas detalladas, por tipo y procedencia de los recursos y capítulos del gasto, intencionalmente se mezclan las partidas para oscurecer la contabilidad y así encuadrar los 25 millones producto de las ganancias en las tiendas escolares como parte del presupuesto estatal, por lo que al final del ejercicio “sobraría” esa cantidad, que podría ser transferida a otras cuentas. Así, dice el organismo auditor, “se constató que en la contabilidad de la entidad fiscalizada se mezclan los recursos federales con las aportaciones que hace el gobierno del Estado de Baja California Sur, situación que no permite identificar ni fiscalizar con transparencia los recursos del FAEB”
Al evaluar las prácticas contables de la SF, el órgano auditor dice en un documento que esa dependencia del estado “no cuenta con controles para identificar con qué recursos se solventan los gastos de operación” de la SEP, lo cual, dice, contraviene la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público, que obliga a esa secretaría a llevar la contabilidad del estado, con mecanismos “para registrar los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del presupuesto”.
Además dice, “no cuentan con procedimientos de control internos, y los existentes son débiles e insuficiente respecto de la revisión… y autorización de pagos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en incumplimiento del artículo 9, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 82, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”
Cabe hacer mención que esta misma situación se observó en la auditoría que se efectuó al ejercicio 2007. “Con la revisión de los registros contables, dice un documento de la ASF, se constató que la contabilidad no se encuentra segregada adecuadamente, por lo cual no se realizó la conciliación de los recursos asignados al FAEB contra los registros contables y de esta forma determinar la aplicación de los recursos por capítulo de gasto, por lo que al realizar la comparación de recursos federales contra los registros contables existe una diferencia de más por 183 millones 032 mil 400 pesos”. Cantidad similar a la encontrada en el 2008.
“Sin embargo, continúa, la Secretaría de Finanzas no ha tomado acciones que permitan separar tanto los ingresos y egresos correspondientes a los recursos federales transferidos por la federación, en incumplimiento de los artículos 38 y 39 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y de los Lineamientos para el ejercicio del Gasto Público, publicado en Boletín Oficial del gobierno del Estado de con fecha 20 de septiembre de 2006, vigente en 2008”
La concesión de tiendas escolares
Según el Reglamento de las Tiendas Escolares en los planteles oficiales de educación básica de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial de gobierno en febrero de 2007 y firmado por el actual gobernador Narciso Agúndez Montaño, las tiendas escolares funcionan a través de la concesión de los derechos a particulares para proporcionar servicios de alimentación a la comunidad escolar. Quedando bajo jurisdicción del plantel escolar y de la SEP, el otorgamiento de las concesiones, la administración y la aplicación de los ingresos obtenidos por ésta.
Las concesiones de tiendas escolares a particulares son otorgadas a través de una convocatoria que es publicada por la SEP cada ciclo escolar. En ella los participantes deben hacer una propuesta de la utilidad que se le otorgará por día al plantel, la cual debe ser calculada teniendo en cuenta el total de alumnos y la cuota de base mínima de concesión por día laborado que determine el Consejo Técnico Escolar, que como menciona el reglamento antes citado, debe partir de un peso. La concesión es otorgada a la mejor propuesta, según determine el Comité de Selección, que está integrado por un representante de la SEP, el presidente de la sociedad de padres de familia, un representante de los alumnos, el consejo técnico escolar y un miembro del consejo escolar de participación social.
Otros requisitos contemplados incluyen el no tener parentesco con el supervisor de la zona escolar, con personal de la escuela, ni con concesionarios de otros planteles. Además de no tener antecedentes penales.
El concesionario realizará los pagos de forma diaria, teniendo en cuenta los días laborales del calendario oficial escolar que son aproximadamente 200 días al año. En días festivos o suspensión de clases no se reportan ganancias.
La aportación de la tienda escolar se deposita mensualmente en una cuenta bancaria, cuya “orientación” es proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP. Con estos ingresos, y de acuerdo a un clasificador otorgado por la Secretaría de Finanzas, se adquiere material para las mejoras físicas de los planteles. Se incluyen diversos rubros como material de oficina, material de limpieza, servicio telefónico, mobiliario, gastos de ceremonias, combustible y refacciones.
Según lo señalado en el apartado de administración del ingreso por concesión, el gasto en materiales debe ser comprobado con documentación fiscal “expedida a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur”, con Registro Federal de Contribuyentes SFG-931220-5S3 en el rubro de “Educación” y con la dirección Allende e Isabel La Católica, La Paz, Baja California Sur. Toda documentación es firmada por el Director y el Tesorero del plantel en los niveles de preescolar y primaria, así como por el Director y el Contralor en el nivel secundaria. La revisión en la aplicación de los recursos es realizada por el Órgano de Control Interno de la SEP.
Si bien la cuota mínima por concesión es de un peso por alumno en los planteles escolares, ésta puede variar dependiendo de la zona en la que se encuentra ubicada la institución. Los planteles con una populosa cantidad de alumnos y con mayor poder económico de sus padres, tienen mayores ganancias. En al año escolar 2010-2011, hubo una matricula de aproximadamente 100 mil alumnos de primaria y secundaria.
“A nosotros se nos ofrece más de un peso porque estamos en un medio que no es vulnerable, las condiciones económicas son mejores. El promedio de dinero que gasta un alumno en la tienda escolar es entre 15 y 20 pesos. Nos toca entre 1.50 y 1.70 pesos por alumno. Tenemos 750 alumnos. Los chicos traen un poco más para gastar porque trabajan sus papás”, señala un director de secundaria en una zona céntrica de La Paz.
Sin embargo, en los barrios de escasos recursos, el Consejo Técnico Escolar ha tomado la decisión de tener una cuota menor, debido a la mala condición económica del alumnado.
“Tenemos 510 alumnos. Oficialmente la cuota tendría que ser de 510 pesos diarios, pero no la otorgamos porque hay días muy malos, en los que los concesionarios solicitan que bajemos la cuota. Por ello decidió el Consejo Técnico aplicar una cuota de 350 pesos diarios, misma que no subirá ni bajará en todo el año”, nos comenta una directora de educación secundaria al sur de la ciudad, quien agrega que “esto se debe a la condición económica de los alumnos. No traen dinero. Los lunes y los martes, nada más”.