domingo, 23 de febrero de 2014



Gasta Loreto fondos federales en artistas, publicidad y seguros de vida.

Tulio Ortiz Uribe

El municipio de Loreto gastó el 53.4% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en el pago de publicidad, difusión de eventos, presentación de artistas, seguros de vida para el personal, y en un convenio
 con una empresa privada por descuentos en nómina a empleados que recibieron préstamos, por lo que dejaron de atenderse necesidades prioritarias de la población en materia de seguridad pública, informó la Auditoría Superior de la Federación.

Aunque la ley establece que los municipios deben aplicar en seguridad pública cuando menos un 20% de los recursos que reciben de dicho Fondo, las autoridades de Loreto destinaron en 2012 solamente el 9.2%, reportó la ASF.


En su informe de resultados del 2012, entregado a la Cámara de Diputados el pasado viernes, la dependencia informa que Loreto recibió ese año 7 millones 746 mil 300 pesos, de los cuales destinó 716 mil 400 en seguridad pública (combustible, energía eléctrica y equipos de comunicación); 2 millones 895 mil 900 en alumbrado público y 4 millones 134 mil en pago de deudas que nada tienen que ver con el fortalecimiento municipal.

Agrega la ASF que el municipio no utilizó la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del fondo y sus accesorios de forma específica, al detectarse depósitos por 263 mil 600 pesos correspondientes a remanentes del fondo de ejercicios anteriores.

“El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, dice finalmente el documento, inició el procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes resulten responsables por los actos u omisiones observadas, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

viernes, 21 de febrero de 2014

Usa La Paz recursos federales en pago de nómina

Tulio Ortiz Uribe
Recursos federales etiquetados para obras e inversiones de beneficio a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, fueron desviados por el municipio de La Paz para gasto corriente, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012, etregado ayer la Cámara de Diputados.

De los 17 millones 602 mil 700 pesos que le fueron asignados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el municipio transfirió 13 millones 50 mil pesos a otra cuenta bancaria para utilizarlos en pago de nómina. Posteriormente realizó reintegros parciales por un total de 4 millones 65 mil 100 pesos, con un saldo pendiente por reintegrar, al momento de la auditoría, de 8 millones 398 mil 900 pesos, “más los rendimientos financieros que pudieron haberse generado en la cuenta bancaria del fondo”, dice el reporte de la ASF.

Además, el municipio “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, pues al 31 de diciembre de 2012 ejerció solamente el 48.1% de los recursos proporcionados, que ascendieron a 8 millones 475 mil pesos y al 31 de julio de 2013, gastó 9 millones 90 mil 300 pesos, que representaron el 51.6% de los recursos del fondo, lo que reflejó un subejercicio del 48.4% al cierre de los trabajos de auditoría, lo que limitó el cumplimiento de las metas programadas.

La Auditoría reporta también que el municipio de La Paz ejerció recursos del fondo en una obra denominada “ampliación de red de alcantarillado sanitario en una localidad clasificada con grado de rezago social bajo, denominada El Centenario, por 998 mil 600 pesos, que no beneficia directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Por tanto, la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 998 mil 626 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta del fondo, por el pago de una obra que no beneficia directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema”. En su caso, dice el documento “deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”

De lo anterior, se concluye que el municipio contribuyó parcialmente con el objetivo de la Política Pública al destinar sólo el 45.6% de los recursos ejercidos en Infraestructura social básica, cuando en el municipio aún no se atienden los déficit existentes en materia de servicios básicos.

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, calificó como negativa la revisión de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal entregados al municipio de La Paz en el 2012.

jueves, 23 de enero de 2014

Partidos inician campaña política disfrazada.

Tulio Ortiz Uribe
A ocho meses de que se inicie formalmente el proceso electoral que habrá de renovar autoridades municipales, integrantes del congreso local y gobernador en Baja California Sur, los partidos políticos se lanzan a una campaña disfrazada de “informes”, “giras de trabajo”, obras públicas, entrega de artículos y despensas en colonias populares y hasta con la pretensión de eliminar impuestos, a fin de adelantar tiempos y ganar adeptos para los comicios del 7 de junio del 2015.

Este martes 21, la fracción de diputados priistas en el congreso acordó presentar al pleno un proyecto de decreto para derogar el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Como se sabe, este es un impuesto local creado después de que el gobierno de la república lo derogó a nivel federal a partir del 1 de enero del 2012. Este gravamen le ha permitido al estado hacerse de recursos para el pago de créditos contraídos con la banca comercial y un 20 por ciento lo distribuye entre los cinco municipios.

El 11 de marzo de 2008, tres días antes de que terminara su periodo constitucional, la décimo primera legislatura autorizó mediante el decreto 1747 al gobierno de Narciso Agúndez  para que tramitara un empréstito por mil millones de pesos. La operación se concretó con Banorte y para redimir su pago se constituyó un fideicomiso a 20 años en el banco HSBC, garantizado con el 80 por ciento de los recursos obtenidos a través del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y con el del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

José Antonio Ramírez Gómez, secretario estatal de Finanzas, minimizó la propuesta priista de derogar dicho impuesto al decir que “existen otros mecanismos de recaudación”, en caso de que el congreso apruebe la iniciativa para desaparecer ese impuesto. Agregó que el estado dejaría de recaudar alrededor de 85 millones de pesos y se tendrían que buscar recursos para cumplir con el 20 por ciento que corresponde enviar a los municipios por este concepto. Lo que no dijo fue que habría también que echar mano de otro porcentaje de las participaciones federales para cumplir con el pago de Banorte. Esto implica menos obra pública, pues los recursos federales del FAFEF sirven también para este fin. Al 30 de septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en su página de Internet que el Estado usa el 67.5 de las aportaciones federales para el pago de deuda pública.

Por ejemplo, de los recursos ejercidos del FAFEF 2011(147 millones 865 mil pesos), se destinó el 70.3% al pago de deuda, el 16.2%, en obra pública, y el 13.5% en la modernización de los sistemas de recaudación fiscal.

La propuesta con tintes electoreros
El Partido Acción Nacional, a través de su presidente en el Estado, Herminio Corral, ha reiterado que la propuesta del PRI es sólo una treta política, y que estamos “frente a un acontecimiento que verdaderamente causa risa, que es de verdad sorprendente cómo hoy pretenden llegar los priistas como falsos redentores".

Lo anterior no deja de tener visos de verdad, pues hace días el diputado Antonio Zavala Agúndez expresó que derogar el impuesto a la tenencia sería “como una medida de apoyo a la economía de los sudcalifornianos”. 

Sin embargo las cifras demuestran que eliminar ese impuesto sólo serviría a pocas personas, la mayoría de las clases medias y altas. De acuerdo con cifras de Inegi, la edad promedio del parque vehicular en BCS es de 16.5 años y sólo el 20 por ciento de los vehículos son de modelo reciente. En el estado los automotores con un costo de hasta 100 mil pesos están exentos del impuesto y se calcula que sólo lo paga los propietarios del 15 por ciento de los 420 mil vehículos registrados. En síntesis, el beneficio sería para 63 mil residentes en el estado. O menos, porque muchas familias acomodadas tienen dos y hasta tres autos de modelo reciente.

Ahora se recuerda que el 19 de octubre de 2011, los diputados del PRI se sumaron a la propuesta del gobernador Marcos Covarrubias de crear el impuesto estatal sobre tenencia de vehículos.

El diputado Alberto Valdivia Alvarado le comentó en esas fechas al semanario Zeta: “Considero que es un tema muy debatible, pero creo, lo digo de manera clara, que es un tema de responsabilidad, los municipios de Baja California Sur enfrentan situaciones financieras muy complejas, que no podemos darnos el lujo de dejarlos sin ese dinero, por ejemplo, en el municipio de La Paz serían 12 millones de pesos al año y me parece que pudiera sonar una cantidad mínima, quienes somos sudcalifornianos, quienes entendemos la vida compleja, sabemos que 12 millones de pesos al año son importantes, todos los municipios han tenido que recibir apoyo del gobierno del estado, muchas veces para pagar la nómina”.

El mismo diputado dice ahora que derogar el impuesto "es una demanda popular" y que "siendo sensibles a estos planteamientos, los legisladores impulsarán su derogación. 

Por su parte la presidenta de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, quien tiene sumido al municipio en una crisis financiera, se sumó a la iniciativa que presentará la fracción priista en el congreso para derogar la tenencia  en Baja California Sur, pues “es una iniciativa que ayuda a la mayoría de la gente” y llamó a todos  los legisladores a apoyar la propuesta, ya que, dijo, “en estos momentos se debe hacer un esfuerzo para contribuir con el sector empresarial y con los ciudadanos, a fin de que tengan menos gastos”

Como se sabe diversos organismos públicos y privados  han recomendado a Ponce Beltrán que el gobierno municipal debe llevar un gasto responsable, que esté equilibrado con su capacidad de generación de ingresos, ya que éstos sólo representan el 42 por ciento (el resto son aportaciones federales) del gasto total del municipio.

martes, 21 de enero de 2014


El proyecto minero Los Cardones, un riesgo para el desarrollo socioeconómico del Estado. Los efectos macroeconómicos, marginales en comparación con los daños que dejará.

La Paz, BCS.- La mina Los Cardones no traería beneficios económicos, sociales ni ambientales por el contexto en el que opera según un estudio del Centro para la Responsabilidad Social en la Minería (CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia.

Cecilia Reátegui Olguín, investigadora y analista del CRSM presentó en rueda de prensa un estudio de investigación en el cual se concluye que Los Cardones podría causar efectos macroeconómicos negativos en el sector terciario del estado de Baja California Sur.  

"Somos una entidad neutral, la cual promueve la minería sostenible. Nosotros estamos a favor de una industria minera responsable. Y es por eso que es importante cuando concluimos en el reporte que no creemos que existan las condiciones adecuadas en BCS para que el proyecto de minera metálica Los Cardones, aporte un beneficio al estado."

Según la experta, los nuevos proyectos mineros de BCS requerirán procesos de extracción y procesos metalúrgicos completamente distintos para la obtención del producto deseado (en comparación con la actual minería de BCS). Si es que los proyectos propuestos se materializan podría dejar un precedente para otros proyectos en etapa de exploración, lo cual podría convertir a BCS fácilmente en un estado minero. Los efectos macroeconómicos potenciales directos de Los Cardones podrían ser equivalentes a un 1.8 por ciento de la actividad económica del estado, efecto se considera como marginal para la Economía de BCS.

La mayoría de la población en Baja California Sur (72.4 por ciento) trabaja en el sector terciario (comercio, transporte, sector inmobiliario, turismo y hotelería, y los servicios), el cual incluye labores relacionadas al turismo. Esto indica que el sector terciario es el mayor generador de empleos y por lo tanto se convierte en el sector al cual el gobierno tiene que proteger de potenciales impactos, como de los potenciales impactos de Los Cardones, el cual tiene un aporte económico bajo en Baja California Sur.

El gran beneficio de la minería en una región se da cuando el proyecto minero invierte en compras locales lo cual genera encadenamiento con los demás sectores productivos. Sin embrago, ya que BCS no es una región minera y la mayoría de la sociedad tampoco quiere que lo sea, no tiene muchas compañías competitivas que puedan proveer servicios técnicos a los proyectos mineros metálicos. Por ello para que el estado se pueda beneficiar completamente de un boom minero metálico tendría que convertirse en una región minera, enfocada y dando servicios a la industria extractiva, y esto va contra la visión a futuro. Aún más cuando se señala solo que 400 empleos indirectos en etapa de operación serán relacionados al municipio de La Paz sin una certeza de que estos empleos puedan ser contrataciones locales.

"Si comparamos a BCS con estados mineros como Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis de Potosí, Sonora, Zacatecas vemos que no se ha necesitado de la industria minera para tener una mayor esperanza de vida, menor tasa de pobreza, un índice alto de educación y mayor índice de desarrollo humano, lo cual indica que la minería no ha contribuido al desarrollo de dichas regiones." dijo Reátegui Olguín.

"El sur de BCS tiene vocación turística y no minera. La diferencia entre Los Cardones y un hotel, es que este último proyecta una vida más larga que Los Cardones, y esto hace que los dueños en la industria hotelera re-inviertan este 50% en proyectos futuros en el estado o en el mismo hotel. En el caso de Los Cardones se plantea una vida de 10 años lo que genera que, una vez acabado el proyecto se lleven consigo la totalidad de las utilidades recaudadas fuera de la región, además de dejar fuertes pasivos ambientales" continuó.

Según la manifestación de impacto ambiental de Los Cardones, el nivel de arsénico en los acuíferos se contraería a medida que pasen los años. Esta observación, según expertos en el tema de la Universidad de Queensland, presenta graves dudas, dado que el arsénico no se descompone. Así mismo, con respecto a la desaladora no hay un análisis profundo sobre cómo se manejaran estos impactos.


"Bajo el criterio Centro para la Responsabilidad Social en la Minería de la Universidad de Queensland, Australia, el proyecto minero Los Cardones no es un proyecto responsable, ya que este no traerá mayores beneficios desde una perspectiva social, económica y ambiental", finalizó Reátegui Olguín. (Comunicado de Prensa)

lunes, 9 de diciembre de 2013


Siguen debilitándose las finanzas del Municipio de La Paz: Fitch Rating

Tulio Ortiz Uribe 
Debido al deterioro de su flexibilidad financiera derivada de su elevado gasto, mayores niveles de deuda bancaria, bajos ingresos y poca inversión municipal, la empresa Fitch Rating bajó la calificación del Municipio de La Paz de ‘BBB(mex)’ hacia ‘BB+(mex)’ y la mantiene como “negativa”

La calificadora notificó lo anterior mediante su sitio de internet el pasado viernes, donde informa que  el Municipio ha registrado déficits financieros en los últimos cuatro años y resalta que “en 2012 los resultados financieros difieren de lo proyectado por la administración municipal, al no cumplir con la estimación de mayores ingresos y menor gasto”.  

Dice además que la emisión de nuevos créditos quedará “en función del comportamiento de las finanzas públicas, y en la evolución de sus pasivos de corto plazo”

Fictch Rating, con sede en Monterrey, Nuevo León, también bajó la calificación del crédito bancario por 166 millones otorgado por Banorte al Municipio de La Paz y lo coloca en observación negativa, “la cual está en función del posible incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato de crédito”. Aunque apunta que  el servicio del crédito se ha cumplido en tiempo y forma, “la observación negativa indica una posible baja de calificación en el corto o mediano plazo en función de los límites financieros del municipio”

En cuanto a los egresos, la calificadora dice que el Municipio registra un elevado gasto operacional (gasto corriente y transferencias no etiquetadas), “con mayor dinamismo respecto a los ingresos fiscales ordinarios (IFOs), lo cual ha limitado de manera importante su flexibilidad financiera. En 2012, dicho gasto se incrementó en un 9.7% respecto al ejercicio anterior. Por lo que en los últimos 4 años la generación de ahorro interno (flujo libre para servir la deuda y/o realizar inversión) ha sido negativa y la inversión municipal baja, dependiendo en gran medida de recursos estatales y federales”

Aunque al mes de agosto de este año la recaudación local presentó un incremento al igual que los IFOs, el gasto operacional se mantiene a la alza, y advierte que de seguir dichas tendencias, la calificación podría seguirse ajustando a la baja, “si el Municipio no mejora su situación financiera al cierre del año”.


Dice finalmente que el Municipio presenta una línea de crédito de corto plazo por un monto inicial de 40 millones, la cual se termina de pagar a finales de este año. Adicionalmente, registra una línea por 5 millones de cadenas productivas. Respecto al pasivo circulante, este continúa presentando un nivel elevado y creciente, totalizando 413.8 millones de pesos al mes de agosto de 2013. “Fitch dará seguimiento al comportamiento de este pasivo, pues dado su crecimiento y la baja liquidez del Municipio, podría presionar más su flexibilidad financiera”

miércoles, 16 de octubre de 2013

Aprueban diputados quitar a Estados el pago de nómina a profesores. Entre 2007 y 2010, la ASF determinó recuperaciones en BCS por 2 mil 587 millones 952 mil pesos.


Tulio Ortiz Uribe
Esta noche la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de coordinación fiscal, que confirma la centralización del pago de nómina de los maestros en la Secretaría de Educación Pública.

De esta manera desaparece el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), que proporcionaba los recursos a los estados para el gasto de educación y se crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que cubrirá en su totalidad los recursos para cubrir los gastos al personal que ocupa las plazas de maestros. Así, “la SEP se encargará de llevar un sistema de administración de nómina y solicitará a la tesorería de la federación el pago a los profesores, por cuenta y orden de las autoridades educativas estatales, que mantendrán el carácter de patrón”.

Una de las razones para revertir el proceso de descentralización de recursos federales para la educación, fue el descontrol y discrecionalidad con que se manejaban esos recursos en los estados, como lo demostró la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Entre el 2000 y el 2010, Hacienda transfirió al estado a través del FAEB, 19 mil millones de pesos. En el lapso 2007-2010, la Auditoría detectó desvíos por un total de 2 mil 587 millones 952 mil 300 pesos.

En el documento: “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 en Baja California Sur”, la ASF destaca lo siguiente: en el 2009 se detectaron recursos por 322 millones 555 mil 900 pesos que no fueron ejercidos a la fecha de la revisión y que tampoco se encontraron en la cuenta bancaria del fondo; asimismo, entre 2007 y 2010,  se realizaron pagos por 91 millones 149 mil 500 pesos a trabajadores comisionados al sindicato o adscritos a centros de trabajo con clave "AGS", para los cuales no fue proporcionado su respectivo oficio de comisión; se pagaron compensaciones y estímulos por compromiso estatal por mil 151 millones 327 mil 900 pesos, de los cuales no se presentó la normativa para su pago o no estuvieron autorizados por la Federación; no se encontró documentación comprobatoria de gastos con cargo en el FAEB por 274 millones 300 mil 600 pesos; no se presentó evidencia documental que avale el destino y aplicación de los intereses generados por los recursos del FAEB en las cuentas abiertas por el gobierno del estado por 148 millones 258 mil 400 pesos y, con recursos del Fondo, el estado pagó multas y recargos por 92 millones 949 mil 400 pesos, por la retención del impuesto o cuotas (ISR, SAR, ISSSTE, entre otros) de sueldos y salarios, no enterados al SAT.

“Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una  mayor presencia, dice el reporte, están vinculadas con deficiencias en los registros contables, presupuestarios y de nómina de la entidad, así como las relacionadas con el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo.

lunes, 7 de octubre de 2013

La Paz, a punto de la bancarrota

Tulio Ortiz Uribe
Exceso de personal, creciente deuda con proveedores y bancos, falta de liquidez, poco ahorro interno para crear infraestructura y una insuficiente generación de ingresos, están llevando al Municipio de La Paz a una situación de “insostenibilidad fiscal” que podría derivar en una “crisis financiera”, alerta un reporte preparado por la agencia GeoAdaptive LLC, de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

El informe describe además serios problemas de administración: ineficiencia, falta de planeación, métodos obsoletos de trabajo, personal poco capacitado y exceso en el gasto corriente, tales como el pago de 2 millones mensuales por concepto de “horas extras” a empleados; viáticos y boletos de avión en el país y el extranjero para altos funcionarios, por un millón 38 mil pesos en tres meses; presencia de ratas en el área de catastro que dañan los documentos; 30% de los contribuyentes no paga el impuesto predial y una nómina abultada, donde “el trabajo de una gente lo hacen cuatro o cinco del personal de base”.

La situación es crítica porque no sólo refleja problemas administrativos, sino aquellos que no permiten financiar el gasto de operación del municipio, así como la inexistencia de fondos para gastos de inversión, que se traduce en incapacidad para ampliar la cobertura a la población que carece de servicios básicos, se dice en el reporte1 de 42 páginas.

Redactado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por encargo de la Fundación Femsa, del gigante mexicano de la CocaCola y la International Community Foundation (ICF), una organización de jubilados estadounidenses, el documento sugiere además “el desarrollo de proyectos de asociación público-privada de carácter municipal”, con el fin de privatizar algunos servicios municipales.

Tanto la ICF como Femsa (controladora también de la cadena de tiendas OXXO), financian la participación de La Paz en la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles”, programa del BID que busca “desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana”, de ahí el interés del banco por tener un diagnóstico financiero del municipio.

Proveedores y deuda de corto plazo, fuente de financiamiento
En los Estados Financieros de mayo de este año (último mes que se puede consultar en la página oficial), La Paz enfrentaba deudas y documentos por pagar a corto plazo (pasivo circulante), por 380 millones 410 mil pesos, un rubro que ha ido creciendo debido a que, por problemas de liquidez, se ha estado financiando a través de proveedores, lo cual “no sólo es más costoso que la deuda pública, sino además genera un efecto de ‘bola de nieve’ ya que se convierten en la única fuente de financiamiento para cubrir los faltantes”, dice la agencia. En el mismo periodo de 2012, el pasivo circulante del municipio era de 243 millones 368 mil pesos; es decir, en un año las deudas de corto plazo con proveedores crecieron 34 %.

Agrega el reporte: “La falta de certidumbre sobre los ingresos a recibir (que en una buena parte son transferencias federales) y la regularidad del gasto corriente para mantener la operatividad del gobierno, genera problemas de liquidez a las finanzas municipales, dando lugar a un financiamiento creciente a través de proveedores”, los cuales cargan a sus facturas los costos financieros derivados del crédito.

El municipio también ha estado utilizando líneas de crédito de corto plazo por 40 millones con  bancos comerciales, para atender sus  problemas de liquidez. Estos créditos, al no documentarse como deuda pública, se contratan a tasas de interés elevado.

La calificadora Fitch Rating coincide con esto al afirmar que “el uso recurrente de dichas líneas ha presionado la liquidez de la entidad, por lo que la política a implementar en 2013 es el uso menos frecuente y más moderado de dichas líneas. Asimismo, el nivel de pasivo circulante continúa registrando niveles elevados, aspecto al que Fitch deberá dar seguimiento, ya que el financiamiento intensivo mediante estos pasivos, es uno de los aspectos que continúan presionando la calificación de La Paz”

Por su parte GeoAdaptive LLC afirma que “el financiamiento de corto plazo a través de proveedores y líneas de crédito de corto plazo con la banca comercial, termina por traducirse en mayor endeudamiento de largo plazo, ya que al no existir excedentes para pagarlos el municipio puede verse obligado a documentar como deuda pública dichos pasivos y liquidarlos con recursos de crédito”.

Sin embargo, apunta el documento, “seguir invirtiendo a través de la deuda pública, significa que en el futuro se realizarán menos inversiones, ya que se deberá pagar la deuda actual. Por ello, la reestructura de la deuda es una medida insuficiente. Únicamente significa trasladar el problema hacia el mediano o largo plazos, pero en algún momento habrá que hacerle frente. De seguir la tendencia actual, La Paz se está encaminando a una situación de insostenibilidad fiscal”

Pronostica que ante esta tendencia “es previsible que el nivel de calificación otorgado por las agencias calificadoras no mejore e incluso se reduzca aun más, con un consecuente costo financiero mayor de la deuda actual y futura de La Paz, ya que la tasa de interés aplicable a los créditos está asociada al nivel de calificación, además de que las autoridades encontrarán crecientes problemas para obtener crédito”

Y el pronóstico se cumplió: en diciembre pasado, Fitch Rating puso en perspectiva negativa la calificación del municipio (BBB mex,  la nota más baja posible del grado de inversión),  “debido a que la flexibilidad financiera aún es limitada, conjugado con niveles elevados de endeudamiento y servicio de la deuda en términos de su ahorro interno”, dice la calificadora en su sitio de internet.

Gasto corriente, el problema principal
La mala situación financiera del municipio de La Paz se explica entre otros motivos, por un crecimiento del gasto corriente superior a los ingresos. En el 2011, año en que llegó la actual administración, el gasto total se incrementó en 15.49%, mientras que los ingresos disminuyeron en 2%.

Esta situación no ha cambiado: en mayo de este año, el municipio presupuestó ingresos por 65.2 millones, pero sólo obtuvo 63.4; mientras que en los gastos se excedió en 12.6%, pues había pensado erogar 67.9 millones y gastó 76.5 millones; 8 millones 600 mil más de lo que se presupuestó.

Esto también se ha reflejado en el principal capítulo del gasto corriente: el pago a la  burocracia. Cuando Esthela Ponce Beltrán tomó posesión de la alcaldía, en abril de 2011, la nómina aumentó en 10 por ciento (se sabe que contrató cuando menos a 100 empleados de su misma filiación política: el PRI), pues pasó de 542 a 595 millones de pesos anuales, cantidad que ni con sus propios ingresos alcanza a pagar, pues recauda por impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios alrededor de 400 millones. Si se toma en cuenta que el presupuesto de egresos de La Paz en el 2012 fue de aproximadamente 900 millones, se estima que tan solo en pagar a los empleados gasta el 66 por ciento del total, olvidando que en el municipio viven 219 mil 596 personas que requieren atención y servicios básicos.

GeoAdaptive LLC advierte que la administración esta excedida, pues existe más personal del necesario para realizar la operación del municipio, y enumera los grandes problemas de la burocracia: “El trabajo de una gente lo hacen cuatro o cinco del personal de base; hay  mil 250 empleados sindicalizados, que representan más del 50% de la nómina;  existen acuerdos políticos con el Sindicato que hacen inamovibles a los empleados de base, y se posibilita que ante baja de personal puede dejar la plaza a un familiar directo, quienes ||generalmente son de bajo perfil, no proclives a la capacitación; existe un desorden en las categorías del personal: base, confianza, lista de raya, compensados, supernumerarios y de pago único. Por si esto no fuera poco, un porcentaje de gente jubilada está contratada bajo otro régimen, el cual no se tiene plenamente identificado”

Pero además hay otros excesos. Con todo y que la nómina es insostenible, en los primeros cinco meses de este año se erogaron 10 millones 150 mil pesos por “horas extras” del personal, como se puede ver en los documentos2 Estados Comparativos de Egresos. Asimismo, por boletos de avión y viáticos en el país y en el extranjero, se gastaron un millón 964 mil 134 pesos en el mismo periodo, un promedio de 393 mil pesos mensuales; en telefonía celular 154 mil pesos.

Al respecto, el análisis de la agencia norteamericana pide “establecer un control estricto de viajes y viáticos en todas las dependencias municipales, con el propósito de limitar el gasto a aquellos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad de gobierno”

Con relación al gasto en servicios generales se registraron disminuciones en términos reales entre 2008 y 2010. Sin embargo, en 2011 se observa un incremento real de 14.7 por ciento.

Los ingresos, a la baja
Por el lado de los ingresos propios, factor importante para conservar un sano equilibrio de las finanzas municipales, se ha experimentado una disminución en los últimos años. En 2008 representaban el 54.4% y el resto aportaciones federales; para 2011, ese porcentaje se redujo a 45.2%, con la consecuente pérdida de autonomía financiera.

Los impuestos sobre el predial y la adquisición de bienes inmuebles, constituyen el 80% de la recaudación de impuestos, “pero existen deficiencias en el catastro que es la fuente para determinar la base gravable y el padrón de contribuyentes de los impuestos inmobiliarios. Se calcula que alrededor de 40 mil contribuyentes omiten el pago del impuesto predial, el 30% del padrón”

Ratas, dañan los documentos
Los analistas de GeoAdaptive LLC señalan además que uno de los problemas de las oficinas del Registro Público de la Propiedad “es la cantidad de papel que se utiliza. Todos los expedientes son en papel. Por ejemplo, en el acto de compraventa y acto de hipoteca, se reciben tres tantos de cada expediente. Por el gran tamaño del archivo hay un enorme problema de espacio. No se cuenta con firma electrónica. Al igual que en otras áreas, hay un exceso de personal, laboran 32 personas y utilizan 20 computadoras personales. Podían trabajar con 6 personas y mejor equipo de cómputo. El área ha crecido en personal dedicado a la capturar de documentos, ya que existe un elevado nivel de riesgo por el uso de papel, incluyendo un problema de presencia de ratas que dañan los documentos. Se estima que el 60% de los documentos está digitalizado, del cual 50% está validado. Se estima que la digitalización faltante podría realizarse con una inversión de 18 millones de pesos”

En sus conclusiones, la agencia estadounidense recomienda que para conservar su sustentabilidad fiscal en el largo plazo, el gobierno municipal debe llevar un gasto responsable, que esté equilibrado con su capacidad de generación de ingresos, lo cual “sólo se puede lograr a través de un estricto programa de disciplina fiscal, que incluya la instrumentación de las siguientes acciones, con impacto de corto plazo:

 “Congelamiento” de las plazas no ocupadas en todas las dependencias del municipio; cancelación de las contrataciones bajo el régimen de honorarios en todas las dependencias y organismos para municipales; establecer un programa de reducción de uso de papel en todas las dependencias, promoviendo la lectura en archivo electrónico, a efecto de reducir el gasto en este concepto; establecer un control estricto del combustible para vehículos de funcionarios; controlar la adquisición de nuevo equipo de cómputo a las áreas sustantivas de la administración municipal, a efecto de disminuir las erogaciones por este concepto.

Además, establecer un control estricto de viajes y viáticos en todas las dependencias, con el propósito de limitar el gasto a aquellos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad de gobierno; limitar la contratación de servicios de consultoría a temas que mejoren los servicios públicos, incrementen el nivel de ingresos o generen ahorros al municipio de La Paz e integrar una cartera de bienes inmuebles y terrenos no prioritarios que sean susceptibles de enajenarse, y destinar los recursos provenientes de la venta a un fideicomiso de inversión. Esto con el fin de canalizar los recursos ociosos a inversiones en proyectos que beneficien a la población.

Finalmente, el documento sugiere privatizar algunos servicios públicos del municipio de La Paz, capacitando con recursos del BID, a través del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Municipios Mexicanos (PIAPPEM), a un grupo de funcionarios “para el desarrollo de proyectos de asociación público-privada de carácter municipal, e iniciar los procesos de licitación una vez que se obtengan los recursos de un crédito INFRAFUND que opera el Banco a través de BANOBRAS”