Partidos inician campaña política disfrazada.

Tulio Ortiz Uribe

A ocho meses de que se inicie formalmente el proceso electoral que habrá de renovar autoridades municipales, integrantes del congreso local y gobernador en Baja California Sur, los partidos políticos se lanzan a una campaña disfrazada de “informes”, “giras de trabajo”, obras públicas, entrega de artículos y despensas en colonias populares y hasta con la pretensión de eliminar impuestos, a fin de adelantar tiempos y ganar adeptos para los comicios del 7 de junio del 2015.

Este martes 21, la fracción de diputados priistas en el congreso acordó presentar al pleno un proyecto de decreto para derogar el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Como se sabe, este es un impuesto local creado después de que el gobierno de la república lo derogó a nivel federal a partir del 1 de enero del 2012. Este gravamen le ha permitido al estado hacerse de recursos para el pago de créditos contraídos con la banca comercial y un 20 por ciento lo distribuye entre los cinco municipios.

El 11 de marzo de 2008, tres días antes de que terminara su periodo constitucional, la décimo primera legislatura autorizó mediante el decreto 1747 al gobierno de Narciso Agúndez  para que tramitara un empréstito por mil millones de pesos. La operación se concretó con Banorte y para redimir su pago se constituyó un fideicomiso a 20 años en el banco HSBC, garantizado con el 80 por ciento de los recursos obtenidos a través del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y con el del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

José Antonio Ramírez Gómez, secretario estatal de Finanzas, minimizó la propuesta priista de derogar dicho impuesto al decir que “existen otros mecanismos de recaudación”, en caso de que el congreso apruebe la iniciativa para desaparecer ese impuesto. Agregó que el estado dejaría de recaudar alrededor de 85 millones de pesos y se tendrían que buscar recursos para cumplir con el 20 por ciento que corresponde enviar a los municipios por este concepto. Lo que no dijo fue que habría también que echar mano de otro porcentaje de las participaciones federales para cumplir con el pago de Banorte. Esto implica menos obra pública, pues los recursos federales del FAFEF sirven también para este fin. Al 30 de septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en su página de Internet que el Estado usa el 67.5 de las aportaciones federales para el pago de deuda pública.

Por ejemplo, de los recursos ejercidos del FAFEF 2011(147 millones 865 mil pesos), se destinó el 70.3% al pago de deuda, el 16.2%, en obra pública, y el 13.5% en la modernización de los sistemas de recaudación fiscal.

La propuesta con tintes electoreros

El Partido Acción Nacional, a través de su presidente en el Estado, Herminio Corral, ha reiterado que la propuesta del PRI es sólo una treta política, y que estamos “frente a un acontecimiento que verdaderamente causa risa, que es de verdad sorprendente cómo hoy pretenden llegar los priistas como falsos redentores".

Lo anterior no deja de tener visos de verdad, pues hace días el diputado Antonio Zavala Agúndez expresó que derogar el impuesto a la tenencia sería “como una medida de apoyo a la economía de los sudcalifornianos”. 

Sin embargo las cifras demuestran que eliminar ese impuesto sólo serviría a pocas personas, la mayoría de las clases medias y altas. De acuerdo con cifras de Inegi, la edad promedio del parque vehicular en BCS es de 16.5 años y sólo el 20 por ciento de los vehículos son de modelo reciente. En el estado los automotores con un costo de hasta 100 mil pesos están exentos del impuesto y se calcula que sólo lo paga los propietarios del 15 por ciento de los 420 mil vehículos registrados. En síntesis, el beneficio sería para 63 mil residentes en el estado. O menos, porque muchas familias acomodadas tienen dos y hasta tres autos de modelo reciente.

Ahora se recuerda que el 19 de octubre de 2011, los diputados del PRI se sumaron a la propuesta del gobernador Marcos Covarrubias de crear el impuesto estatal sobre tenencia de vehículos.

El diputado Alberto Valdivia Alvarado le comentó en esas fechas al semanario Zeta: “Considero que es un tema muy debatible, pero creo, lo digo de manera clara, que es un tema de responsabilidad, los municipios de Baja California Sur enfrentan situaciones financieras muy complejas, que no podemos darnos el lujo de dejarlos sin ese dinero, por ejemplo, en el municipio de La Paz serían 12 millones de pesos al año y me parece que pudiera sonar una cantidad mínima, quienes somos sudcalifornianos, quienes entendemos la vida compleja, sabemos que 12 millones de pesos al año son importantes, todos los municipios han tenido que recibir apoyo del gobierno del estado, muchas veces para pagar la nómina”.

El mismo diputado dice ahora que derogar el impuesto "es una demanda popular" y que "siendo sensibles a estos planteamientos, los legisladores impulsarán su derogación. 

Por su parte la presidenta de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, quien tiene sumido al municipio en una crisis financiera, se sumó a la iniciativa que presentará la fracción priista en el congreso para derogar la tenencia  en Baja California Sur, pues “es una iniciativa que ayuda a la mayoría de la gente” y llamó a todos  los legisladores a apoyar la propuesta, ya que, dijo, “en estos momentos se debe hacer un esfuerzo para contribuir con el sector empresarial y con los ciudadanos, a fin de que tengan menos gastos”

Como se sabe diversos organismos públicos y privados  han recomendado a Ponce Beltrán que el gobierno municipal debe llevar un gasto responsable, que esté equilibrado con su capacidad de generación de ingresos, ya que éstos sólo representan el 42 por ciento (el resto son aportaciones federales) del gasto total del municipio.