Germán Larrea: un engendro más del neoliberalismo
¿Cómo se hicieron millonarios?
Fragua
“Cinco pesos, ocho horas” era la leyenda que se podía leer
en los carteles de los más de tres mil trabajadores mineros que tomaron las
calles de Cananea, Sonora, un 1ro de junio de 1906. Estos hombres estaban
dejando a la historia de nuestro pueblo una valiosa enseñanza: la clase
trabajadora sólo necesita valentía y organización para hacer que la tierra se
cimbre y los burgueses demuestren lo que son: un puñado de cobardes asesinos,
una minoría rapaz.
La huelga de Cananea es recordada por ser uno de los movimientos
que abrieron camino a la Revolución Mexicana, uno de los tantos en los que el
Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por los hermanos Flores Magón, realizó
su tarea de agitación, propaganda y organización, y despertó en los obreros la
conciencia de lo indigno de sus condiciones laborales. Primero fue en la Unión
Liberal Humanidad donde los obreros más conscientes se agruparon; poco tiempo
después nació el Club Liberal de Cananea. Estas dos expresiones del PLM fueron
la punta de lanza de un movimiento que, aunque en su mayoría fue espontáneo,
cuestionó la explotación, el despojo y la represión que la empresa Cananea
Consolidated Copper Company imponía a los mineros, y exigió una jornada laboral
de ocho horas, un salario mínimo suficiente y un trato justo.
Ante estas exigencias, el dueño de la empresa, William C.
Greene, respondió: “Es del todo imposible aumentar los salarios sobre su nivel
actual...”, y a la justa manifestación obrera siguió la represión: elementos
militares y policíacos del Estado mexicano, soldados estadunidenses, empleados
gringos de la mina y pistoleros al servicio de la compañía imperialista
asesinaron a 23 trabajadores y dejaron heridos a 22 más. Así gobernaba la
burguesía mexicana: al servicio del capital extranjero, de los capitalistas
nacionales y de los latifundistas.
Tuvieron que pasar muchos años para que en 1971 la mina de
cobre de Cananea, la más grande del país y la tercera más grande del mundo,
pasara a manos del gobierno mexicano y, con esto, que el usufructo de nuestras
tierras y riquezas sirviera al desarrollo del pueblo. Sin embargo, la burguesía
siempre estuvo al acecho, y con la entrada del neoliberalismo, ese mismo
gobierno oligarca que con la huelga de Cananea demostró su carácter servil y
sumiso ante el capital extranjero y nacional, volvió a entregar nuestra riqueza
a la burguesía.
En agosto de 1989, el presidente Carlos Salinas de
Gortari y su equipo de gobierno, entre el que se encontraba Claudio X.
González, remataron la mina de Cananea, valuada en dos mil millones de dólares
(mdd), por sólo 400 mdd al ahora llamado Grupo México, en ese entonces dirigido
por el empresario minero Jorge Larrea.
Grupo México, dirigido actualmente por el hijo de Larrea,
Germán Larrea Mota Velasco, es un conglomerado de empresas conformado por
Southern Copper Corporation, ASARCO, Minera Los Frailes, Ferromex, Ferrosur,
Intermodal México, Texas Pacífico, México Compañía Constructora, GM Servicios
de Ingeniería, Perforadora México, Grupo México Energía, Grupo México
Autopistas y Entretenimiento GM de México.
En el sector minero, Grupo México es la compañía minera
más grande en el país, opera en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador
y España, y, sólo en el último año, tuvo una ganancia de 6 210 mdd, por la
venta de 1 millón 054 mil 414 toneladas de cobre anuales. Culpable de la muerte
de 65 mineros en 2006 en la mina Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, esta
empresa tiene su mina estrella, Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea,
responsable del “desastre ecológico más grande de México”: el derrame de 40 mil
litros cúbicos de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de
2014. Además, tiene una extensión concesionada para la explotación
minera en Sonora de casi seis millones de hectáreas, lo que representa el poder
de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la
superficie total de Michoacán.
En el sector de transporte, Grupo México obtuvo ganancias
por 1 767 mdd durante el 2017, y opera a través de diversas líneas
ferrocarrileras, entre las que se encuentra el Ferrocarril Mexicano, propiedad
de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, vendida durante el periodo
neoliberal con Ernesto Zedillo. Fue gracias a esta privatización que
Grupo México se convirtió en el operador ferroviario más grande de México en
cobertura y tamaño de flota: su red cubre aproximadamente el 71% del área
geográfica del país y casi el 80% de las áreas industriales y
comerciales. Además, Germán Larrea posee más de la tercera parte de las
acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera los aeropuertos
internacionales de las principales ciudades del país, con excepción del
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
En infraestructura, este monopolio de la burguesía ofrece
servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como
perforación terrestre y marina, que incluye arrendamiento y operación de
plataformas petroleras, los cuales se han visto ampliamente beneficiados con la
reforma energética y las concesiones de las autopistas nacionales: no son
fortuitas sus ganancias por 608 mdd, durante el 2017.
Desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta el pasado
gobierno de Enrique Peña Nieto, las filiales mineras, de infraestructura y de
transportes de Grupo México han recibido 333 concesiones, con una vigencia
hasta el año 2063, las cuales aproximadamente representan 83 582 hectáreas del
territorio nacional, según datos de la Secretaría de Economía.
Como puede verse, la fortuna de Germán Larrea Velasco
—miembro de la oligarquía burguesa agrupada en el Consejo Mexicano de
Negocios—, valuada en 17 mil 300 mdd, se ha fincado en el robo al pueblo, pues
todas las empresas que ahora le pertenecen alguna vez fueron propiedad del
Estado, de manera que las ganancias que de ellas se obtenían alimentaban el
erario público, es decir, al presupuesto a la salud pública, a la educación, a
la seguridad social, a la vivienda social y a los servicios básicos con tarifas
justas. Así, gracias al despojo, a la explotación y a la represión del
capitalismo y sus políticas neoliberales, Larrea Velasco es el segundo hombre
más rico de México y el número 79 del mundo.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es momento de
terminar con el neoliberalismo, pues sólo ha significado pobreza, corrupción y
violencia. Para esto, ha emprendido una serie de reformas gubernamentales que
apuestan a la “austeridad republicana”; es decir, al adelgazamiento de las
nóminas de la alta burocracia, a la eficiencia del uso de recursos de algunas
instituciones públicas —como Pemex— y al recorte de personal que,
justamente con la entrada del neoliberalismo, perdió todos sus derechos
laborales de manera que fueron contratados bajo el esquema de trabajadores por
honorarios, de confianza, eventuales y prestadores de servicios. En pocas
palabras, a un ajuste presupuestal que permita al gobierno “hacer más, con menos”
y destinar lo ahorrado a políticas públicas en “beneficio de los más pobres”, y
a la seguridad pública.
Sin duda, consideramos que es urgente que la alta
burocracia deje de percibir los cientos de miles de pesos que año con año se
embolsan. Sin embargo, creemos que para acabar con el neoliberalismo en los
hechos, también es necesario que esa mafia que aún sigue en el poder, devuelva
al pueblo lo que se robaron: aquellas empresas que eran nuestras y servían al
bienestar de los trabajadores, pues aunque mientan y nos digan que gracias a
ellos tenemos trabajo, nosotros no olvidamos que esa riqueza sale de nuestras
tierras y la generan nuestras manos. Es cierto, necesitamos “un
gobierno del pueblo y para el pueblo”, y la única manera de acercarnos a eso es
que el Estado recupere la propiedad de los grandes medios de producción (las
minas, la industria petrolera, las fábricas, las telecomunicaciones, entre
otros), y que vuelva a tener el control sobre la explotación de los recursos
naturales.
Hemos escuchado que la corrupción dejó a nuestra patria en
banca rota, que no hay dinero y que justamente ésta es la razón de la
austeridad. Sin embargo, consideramos que la austeridad no debe aplicarse
únicamente a altos funcionarios de gobierno, pues aunque esa burguesía mezquina
haya aceptado aumentar el salario mínimo, la realidad es que los precios de los
alimentos y los servicios siguen aumentando, de manera que debemos seguir
apretándonos el cinturón con las políticas de austeridad que los patrones nos
imponen. Más bien, la austeridad debe aplicarse, como dicen, “de arriba
para abajo”, pero no únicamente al gobierno, sino a toda esa oligarquía, a esos
vividores del sufrimiento e incertidumbre del proletariado.
Así, el presidente debe utilizar la comunicación directa
que tiene con esa minoría rapaz —a través del Consejo Asesor Empresarial
conformado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir,
Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel
Alemán—, para exigirles que devuelvan lo robado, pues sólo así se podrá
garantizar una justicia social a corto plazo.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión;
resistencia, organización y lucha por el socialismo!
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Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección Engendros
del Neoliberalismo del No. 39
de Fragua, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la
Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019.
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso de los
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