Bajo la coordinación de las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, y mediante el accionar represivo de los órganos coercitivos del Estado adscritos al gabinete de Seguridad Nacional, Peña y Aurelio Nuño, secretario de Educación “pública”, vienen imponiendo de manera autoritaria las políticas diseñadas en el exterior por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la coyuntura, resulta evidente que esa teoría desocializada y deshistoricizada de los operadores políticos de quienes mandan en México: el capital trasnacional −al que responde el paquete de ajustes neoliberales aprobados por el Congreso, incluida la punitiva contrarreforma educativa, que en realidad es laboral y administrativa−, posee más que nunca los medios de realizarse, de hacerse empíricamente verificable a macanazos, balas de goma, gas pimienta y otros instrumentos “pedagógicos” que abrevan en la imagen del cuadro de Goya de finales del siglo XVIII, titulado La letra con sangre entra.
Para beneficiar a las corporaciones trasnacionales y sus inversiones, la política de desregulación financiera se lleva a cabo mediante una acción destructora del Estado nación –como depositario de todos los valores universales asociados a la idea de lo público− y de todas las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro y su maquinaria infernal, entre ellas, los sindicatos, las asociaciones, las cooperativas.
La instauración a sangre y fuego del reinado absoluto de la flexibilidad, con sus reclutamientos bajo contratos a término fijo, las ocupaciones interinas, la individualización de la relación salarial, la atomización de los trabajadores y los “planes sociales” de relleno, ha derivado en una competencia voraz entre individuos sometidos a una evaluación permanente en medio de la inseguridad, el sufrimiento y el estrés.
Esa institucionalización práctica de un mundo socialdarwinista basado en la lucha de todos contra todos, se da gracias a la existencia de un ejército de reserva de mano de obra domesticado por la precarización y la amenaza permanente del despido y el desempleo. En ese contexto, y en nombre de la “eficacia” económica, la partidocracia y los altos funcionarios gubernamentales que sacralizan los poderes del mercado, imponen por las buenas o por las malas el desmonte de las barreras administrativas y políticas que puedan molestar a los detentadores del capital en la persecución de la maximización de la ganancia individual, institucionalizada como modelo de racionalidad.
Cuando a mediados de los años noventa el sistema entró en una crisis crónica, Estados Unidos, como hegemón del capitalismo, militarizó la acumulación global. Desde entonces, el “Estado niñera” neoliberal −un Estado del bienestar dirigido a proteger y subvencionar sólo a los ricos− viene aplicando una estrategia derollback, de dominio y vuelta atrás, cuyo objetivo es descomponer por completo el viejo contrato social producto de la lucha popular masiva durante un siglo y medio, que había conseguido suavizar los extremos de la tiranía privada depredadora.
Hoy, en México y otras partes del mundo se debe volver atrás, a los días en que los salarios eran casi de esclavos, según los denominaban los trabajadores del siglo XIX. Los trabajadores y los pobres deben estar sujetos a la disciplina del mercado. Por eso se militariza a la sociedad. Y de allí la sorda guerra de Peña Nieto y el déspota perfumado Nuño –quien viene cumpliendo funciones de fiscal, juez, golpeador y verdugo a sueldo del gran capital− contra la CNTE y todos los maestros y maestras de México. La plutocracia que se beneficia de la existencia de las estructuras militares −de la naturalización de lo militar heredadas del régimen de Felipe Calderón− sabe que debe dedicar recursos a mantener un elevado nivel de militarización en las mentes de sus conciudadanos, porque mientras sea así podrán seguir manteniendo su situación de privilegio.
En el marco de una “economía mundial de guerra” (Robinson), el capitalismo militarizado de nuestros días responde a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.
En esos estados del sur-sureste mexicano, donde predomina la propiedad colectiva de la tierra y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros −como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria, emancipadora y de prácticas culturales de reafirmación étnica y de relación armónica con la naturaleza − se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña y Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.
Nochixtlán, la guerra asimétrica
Por alguna razón inconfesable, temprano en la mañana del domingo 19 de junio, a plena luz del día, la comunidad de Nochixtlán, en la Mixteca oaxaqueña, fue elegida como blanco de una operación de guerra no convencional, irregular o asimétrica por mandos de los aparatos de seguridad del Estado Mexicano, con el saldo conocido de 11 civiles ejecutados de manera arbitraria o sumaria y medio centenar de heridos.
Apoyados por helicópteros y provistos con fusiles de asalto, pistolas 9 milímetros y equipo antimotines (bastones PR-24 y granadas de humo, irritantes y lacrimógenas), en la operación intervinieron alrededor de 850 agentes uniformados y de civil (entre ellos presuntos francotiradores que habrían accionado armas desde las azoteas de los hoteles Juquila y Fandango) pertenecientes a tres divisiones de la Policía Federal: la de Seguridad Regional, Fuerzas Federales y Gendarmería, que responden al comisionado general, Enrique Galindo Ceballos, quien, a su vez, por la cadena de mando, recibe órdenes del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A 15 días de los hechos, las iniciales declaraciones del comisionado Galindo se desvanecieron por completo. El funcionario mintió una vez más. Igual que en los hechos de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015 −cuando un helicóptero Black Hawk artillado y más de 100 agentes de la Policía Federal apoyados por el Ejército abatieron a 42 jornaleros que se hallaban durmiendo en el rancho El Sol−, su teoría de un enfrentamiento a tiros en Nochixtlán no se sustenta en datos firmes.
Su narrativa y las sucesivas rectificaciones sobre los hechos del 19 de junio son un insulto a la inteligencia de los mexicanos. En Nochixtlán no se aplicó ningún protocolo de uso de la fuerza ni para el traslado de detenidos (18 dolientes que participaban en un entierro en el panteón local fueron trasladados como reses muertas en un camión de la Policía Federal). Sus policías militarizados sí iban fuertemente armados a temprana hora de la mañana, y no hay ninguna prueba ni una sola imagen en la que aparezcan civiles portando cuernos de chivo, como refirió la versión oficial. Hay, sí, testimonios de que policías de civil cargaron garrafones de gasolina y prendieron fuego a varios automóviles estacionados a los costados de la carretera.
Dada la indignada reacción de la población local, esta vez los federales no tuvieron oportunidad de modificar el teatro de operaciones y las escenas de los crímenes, ni de sembrar pruebas o evidencias para incriminar a sus extraños agresores, que Galindo definió como un grupo de personas distintas del movimiento magisterial. Asimismo, la habitual coartada de la legítima defensa y la utilización del verbo repeler, tan afines a los organismos de seguridad del Estado en sus tareas de gestión y control de población en el marco de la necropolítica aplicada por el régimen de Enrique Peña Nieto, no se sustentan en la realidad.
Los pobladores que respondieron el ataque de las fuerzas gubernamentales utilizaron bombas molotov, cohetones y piedras, lo que marca la asimetría del enfrentamiento con las tropas de asalto federales altamente entrenadas y equipadas, según se había ufanado en varias ocasiones, antes de los hechos de Nochixtlán, el propio Galindo. Además, la versión del comisionado de que 2 mil lugareños realizaron una emboscada estratégica a los profesionales de la violencia que él comanda es una reverenda estupidez; de ser así, debió haber sido relevado de su cargo de inmediato.
Galindo sigue haciendo uso de una estrategia operacional que incluye la guerra sicológica y el manejo mediático con fines diversionistas o de distorsión informativa. Las imágenes captadas por Jorge Arturo Pérez, fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, quedaron grabadas en su cámara de manera automática entre las 10:15 y las 10:30, y allí se observa a policías federales accionando sus rifles AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros. Pérez declaró a la prensa que trató de ubicar con su teleobjetivo a algún civil armado y no logró ver ninguno (policías le dijeron en el lugar de los hechos que ellos habían sido atacados con un AK-47). A su vez, Luis Alberto Cruz, fotógrafo de la agencia estadunidense Ap, captó la imagen donde se observa a un uniformado en posición rodilla a tierra disparando su fusil de asalto contra la barricada desde la Vulcanizadora Reyes; la imagen se convirtió en viral en las redes sociales y dio la vuelta al mundo, desnudando a Galindo.
Enclavada en el corazón de la primera zona económica especial (ZEE, el corredor industrial interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará el Golfo de México con el Pacífico oaxaqueño), Asunción de Nochixtlán es una pequeña localidad que conecta la región mixteca con la supercarretera Tehuacán-Oaxaca, una vía estratégica bloqueada con barricadas desde el 13 de junio por maestros de la CNTE. Como tal, está ubicada en una zona de gran importancia geoeconómica para las corporaciones trasnacionales que impulsan la economía de la muerte y preparan el despojo en los ocho estados del sur-sureste de México que comprenden las ZEE.
En Nochixtlán , como antes en Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato, la ofensiva neocolonial de la maquinaria de guerra estatal representa el lugar en el que la soberanía consiste, fundamentalmente, en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la “paz” suele tener el rostro de una “guerra sin fin” (A. Mbembe). Como lo muestra el caso palestino bajo la política de apartheid del Estado sionismo israelí, la ocupación colonial de la modernidad contemporánea es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado; poblaciones enteras son el blanco del soberano. Se militariza la vida cotidiana y los mandos castrenses y policiales locales tienen la libertad de matar a quien le parezca a cielo abierto o mediante matanzas invisibles.
Dicha política se viene instrumentando en México en los últimos diez años. La ocupación colonial en curso busca hacerse con el control físico y geográfico del territorio e inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones espaciales y sociales. Impulsado por la plutocracia internacional, la combinación del poder disciplinar, biopolítico y necropolítico ha comenzado a desplegarse contra poblaciones de los territorios de las ZEE. Las tecnologías de destrucción de esta forma de gubernamentalidad consisten en inscribir los cuerpos −poblaciones enteras− en el orden de la economía máxima, representado hoy por la “masacre”. Verbigracia, Nochixtlán.
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