jueves, 17 de marzo de 2016

BCS con "niveles críticos de impunidad"

Tulio Ortiz Uribe
Baja California Sur se encuentra clasificado entre las entidades con "niveles críticos de impunidad", de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016, dado a conocer el pasado 3 de febrero por la Universidad de Las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

Luego de analizar 35 indicadores relacionados con la seguridad, la justicia y los derechos humanos, el documento incluye al estado de BCS en el grupo 4, entre otros con Tamaulipas,  Guerrero y Veracruz, entidades con índice superior a 70 puntos, y grado de impunidad "muy alta". Ahí se destaca que "el clima de desconfianza e inseguridad que vive la población" se demuestra con una cifra negra del 88.4%, que es el porcentaje de delitos no denunciados ante las autoridades.

Al hacer una revisión de las variables estructurales, se encontró que algunas fallas en la procuración de justicia no se deben a una ausencia de recursos humanos, sino  más bien a la falta de calificación y capacitación del personal encargado de los procesos, ya que las cifras son más elevadas que la media nacional. Por ejemplo, del personal en las procuradurías por cada 100 mil habitantes, Baja California Sur tiene 131 contra 75.7; hay aquí 7.4 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, frente a 3.2; y 46.5 policías judiciales por cada 100 mil habitantes frente a 11 como promedio nacional.

A lo anterior hay que agregar, dice el análisis, deficiencias en el diseño institucional y altos grados de corrupción, que se traduce en una mayor impunidad, dado que no hay mecanismos para disminuir y castigar el delito.

Por otra parte y de acuerdo con el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en el 2015 se presentaron 153 quejas en contra de agentes de seguridad (policía ministerial, policía estatal y policía municipal), donde las violaciones más recurrentes fueron: violación al derecho al trato digno, ejercicio indebido de la función pública, abuso de autoridad, detención arbitraria y violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

En cuanto a los principales hallazgos encontrados en los 35 indicadores analizados, el estudio expresa que "es alarmante que habiéndose registrado 22 mil 932 delitos en averiguaciones previas, sólo se dictaron 885 sentencias; asimismo, el estado presenta importantes deficiencias en ejes del sistema de seguridad y justicia, ya que, por ejemplo, se registraron  3 mil 208 delitos por cada 100 mil habitantes, contra mil 444 como media nacional.

Igualmente hay menos encarcelados por robo respecto al promedio nacional (7.3% contra 10.3%, respectivamente). Resalta que el porcentaje de encarcelados por homicidios en averiguaciones previas, alcanza 17%, contra el 27.5% a nivel nacional, lo cual es un indicativo del rezago en el proceso de impartición y procuración de justicia.

Por su parte, el eje transversal sistema de justicia de la dimensión funcional también presenta variaciones importantes al compararlo con la media nacional, por ejemplo, sólo el 0.05% de las averiguaciones previas abiertas deriva en causas penales en primera instancia. Adicionalmente, al menos la mitad de los sentenciados ingresan a las penitenciarias (57.3% contra 58.4% en el promedio nacional) y existe una brecha significativa del porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia (35.7%) en comparación con la media nacional de 50.1%.

Al respecto, añade que Baja California Sur "es uno de los estados que se encuentran sin proceso activo de operación hacia la transición al nuevo Sistema Penal Acusatorio", pues sólo lleva un 14% de avance en la armonización de las normas.

De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Baja California Sur, son: 1. Robo a casa habitación 2. Lesiones 3. Daño a la propiedad 4. Violencia familiar 5. Otros robos.

El documento manifiesta que la impunidad "es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada", por lo que recomienda el involucramiento "urgente de otros actores no gubernamentales" como la sociedad civil, sector privado, academia y los medios de comunicación.
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El documento se puede ver en: http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf