miércoles, 25 de noviembre de 2015

En Los Cabos, otro despojo en puerta de los empresarios

Tulio Ortiz Uribe
De tanto repetirlo, ya resulta lugar común decir que los barones del dinero no tienen llenadera. A cuanto negocio le hincan el diente, no lo sueltan hasta sorberle el tuétano y aún así les queda hambre.

En Los Cabos, Baja California Sur -y en tantos lugares del país donde hay "áreas de oportunidad", que no es otra cosa que el despojo y el lucro con tierras, playas y paisajes-, los voraces empresarios del turismo ya funcionan como un gobierno paralelo, e imponen -con el gastado cuento de que la prioridad es la generación de empleos "que contribuye al bienestar de los mexicanos"-, políticas públicas que les permiten multiplicar sus fortunas.

Y para esto se hicieron del control del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social, a través de Consejo Coordinador de Los Cabos y del Instituto Municipal de Planeación, desde donde deciden estudios y proyectos de inversión (vialidades y obras cosméticas que benefician más a la hotelería. A esto hay que sumarle 892 millones de pesos de fondos federales que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), se han invertido en infraestructura turística en lo que va del sexenio), castigando acciones en agua potable, drenaje, energía eléctrica y vivienda para la población. Bueno, sí hay obras pero son migajas; en días pasados se anunció que a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se puso en marcha en el municipio de Los Cabos un proyecto para dotar a 74 familias de un cuartito adicional a sus precarias viviendas, con un gasto de...4 millones de pesos.

Y para que se vea que los empresarios sí saben "aprovechar el potencial turístico de México", con los buenos oficios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Turismo y de Fonatur, dos de los más poderosos empresarios del turismo en Los Cabos, Eduardo Sanchez Navarro y Ernesto Coppel Kelly, a través de sus operadores en todo tipo de enjuagues para apoderarse de  bienes públicos, Gonzalo Franyutti de la Parra y John Vaughan, han lanzado un proyecto que se sumaría a la ya larga historia de privatizaciones en el país: reubicar 8.5 kilómetros de la autopista panorámica de cuatro carriles Cabo San Lucas- San José del Cabo, y alejarla 2.5 kilómetros de su trazo actual cercano a la playa, lo que les permitiría comercializar más de mil hectáreas previamente compradas a precios de ganga, que quedarían entre el nuevo tramo de carretera y el mar.

Un negocio millonario para un grupo de privilegiados, en dólares por supuesto, porque el discurso de que hay que "fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras", es sólo otra vacilada.

Pero los empresarios no sólo harían otro pingüe negocio con tierras de ejidatarios y pequeños propietarios, quienes no entran en los planes de la Sectur para "desarrollar y fortalecer la oferta turística", sino que en los hechos se adueñarían ilegalmente de las  playas públicas ubicadas en esa zona, que han sido históricamente para el disfrute y recreación de los ciudadanos de a pie, que no se hospedan en hoteles cinco estrellas, que al fin para esos menesteres el pueblo tiene la tele.

Con aquello de que se debe consolidar "una cultura de mejora continua, basada en la competitividad", y así "fortalecer los esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico", como dice  con buen humor la Secretaría de Turismo, los nunca satisfechos empresarios ya habían hecho de las suyas hace 10 años, cuando el gobierno Federal les movió otro tramo de autopista entre Santa María y el arroyo El Tule y se adueñaron -con plumas y guardias de seguridad-, de las playas Arroyo Seco,  Arroyo de González, Buenos Aires, El Mangle, Las Conchas,  El Bledito, Villa del Mar y Puertas Viejas.

Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 568 millones de dólares (algo así como 9 mil 400 millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los 46 mil 239 empleados de ese sector es de 4 mil 416 pesitos, que apenas les alcanza para no desfallecer de hambre.

Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS demuestran que solamente 4.4 de cada 10 personas empleadas en la actividad turística en Los Cabos tienen seguro social; hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas.

Ante los buenos deseos de que "los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social" como machaconamente repite la Sectur, la realidad es que no sólo los empresarios nativos engordan sus carteras, sino también el capital extranjero con sus cadenas hoteleras (9 de los 10 grandes grupos internacionales tienen presencia en Los Cabos), líneas aéreas, arrendadoras de autos, promotoras inmobiliarias, tiendas departamentales y agencias de viajes.

El 80 por ciento de los turistas que llegan a este destino vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, y generalmente contratan su viaje todo incluido en agencias internacionales, por lo que los capitales regresan a sus cuentas en el exterior; así, aquello de que el turismo genera grandes divisas para el país, parecería otro embuste más.

"Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social -dice el especialista español Jordi Gascón-, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural"

Con lo anterior queda de manifiesto que la memorable frase: "políticas públicas, beneficios privados", es una cruda realidad en este país.