Turismo  o colonización

Tulio Ortiz Uribe

Por lo que se ve, pronto los mexicanos de a pie tendrán que saltar trancas, barrancas y dispositivos de seguridad privada para acercarse al mar.

Y es que los diputados del PRIAN legalizaron el martes lo que durante 40 años se dio en lo oscurito y con limitaciones: que los extranjeros puedan adquirir, de manera directa, propiedades inmobiliarias en lo que históricamente fue la zona restringida de cien kilómetros en la frontera y cincuenta en las costas.

De esta forma si a los senadores les da por avalar la ocurrencia de los diputados, la península de Baja California podrá ser comprada casi completa por extranjeros, pues si sumamos los 50 kilómetros de la  costa hacia adentro por el lado del Pacífico y los 50 por el Mar de Cortés, ahora podrán hacerse de propiedades no solo en la costa sino en los valles, ciudades y montañas de los dos estados bajacalifornianos. Todo esto sin consultar la maltratada y casi inexistente soberanía estatal.

Metidas de pata aparte, la comisión dictaminadora en San Lázaro arguyó que la reforma constitucional al artículo 27 es una “estrategia” que “dará certeza a la inversión” foránea, pero que en los hechos sólo acelerará el acaparamiento de tierras costeras por extranjeros, para reventa y negocio con sus connacionales. Baja California Sur es el mejor ejemplo de esto. Tan solo el valor inmobiliario del corredor turístico de Los Cabos supera los mil millones de dólares anuales y está controlado por 60 empresas gringas con base en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.

El mercado es tan lucrativo, que se calcula un ingreso anual de 100 millones de dólares para las empresas inmobiliarias, tan solo por la intermediación en la venta de casas nuevas, departamentos y tiempos compartidos, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, solares, ranchos y otro tipo de propiedades. No está por demás decir que esas utilidades toman el camino del norte, sin retorno.

Los sesudos impulsores de la propuesta prianista, que están por darle otro pinchazo a la ya cacariza Constitución, argumentaron que “el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios, esto es, las casas inmobiliarias o constructoras que figuran como los propietarios del terreno pero venden la construcción a extranjeros, neutralizando así la restricción de no poseer tierras, puesto que legalmente en la actualidad, el extranjero solo es propietario de la construcción, cuando en la práctica lo es también de la extensión del terreno”

Ni Cantinflas lo pudo haber dicho mejor. Lo que no nos queda claro es como van a eliminar a los intermediarios, Tratado de Libre Comercio y Ley de Inversión Extranjera de por medio, que les permite crear empresas con fachada nacional pero con capital 100 por ciento extranjero.

Los asesores de Manlio Fabio Beltrones y del panista Raúl Paz Alonso, autores de la iniciativa, no encontraron mejores argumentos para defender la medida que sacar a relucir  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y decir que se estaban violando los derechos humanos de los extranjeros al prohibirles tener sus tierritas con playa y palmeras. Faltaba más.

“Bajo esta tesitura, expusieron, la reforma constitucional permitirá a los extranjeros adquirir el dominio de tierras en las fronteras y costas en términos de los dispuesto por el artículo 21, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica”

Pero tal disposición la metieron como paja, relleno para abultar el dictamen y darle cierto aire de modernidad a la propuesta del diputado Beltrones, pues nada tiene que ver con la venta de bienes inmobiliarios a extranjeros:

Y por si no fuera bastante engrudo, los diputados se conduelen de los adquirientes de playas, quienes “estaban pagando altos costos” derivados de la constitución de fideicomisos, por el  “pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental”. Pobrecitos, había que eximirlos de estas terribles gabelas.

Pero luego se contradicen, y echan las campanas al vuelo para decir que la reforma traerá grandes beneficios económicos a los municipios, “ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, podrán recaudar (los ayuntamientos) las contribuciones a que se refiere el artículo 115, frac IV constitucional”

Por último, los olvidadizos diputados del Prian (y uno que otro chucho que votó a favor) dicen que la restricción de venta a extranjeros de fronteras y playas “es sólo histórica”, y que “la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico”, pues los tratados internacionales, los organismos internacionales y el propio Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas”, nos dan la garantía de que la inversión extranjera “no representará un riesgo para nuestro país”. Vaya memoria tan corta; por permitir colonos, se perdió la mitad del país.