Minería, el falso espejismo del desarrollo
Tulio Ortiz Uribe
Uno de los principales argumentos de las empresas que buscan concesiones
mineras en Baja California Sur, es el de que crearán fuentes de trabajo “bien
remuneradas”. Este falso argumento queda en evidencia mediante un documento que,
con información de la Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas, elaboró el Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Ahí se explica que los salarios mínimos
legales y contractuales en la industria minera de México son de los más bajos
entre una veintena de países: 2.30 dólares la hora, sólo por arriba de Perú con
un dólar. En comparación, un trabajador en Francia recibe 9.60 dólares, en
Australia 12.20 y en Canadá –país de
donde procede el 90 por ciento de las empresas mineras-, percibe 40 dólares por
una hora de trabajo.
El estudio titulado “Minería en México. Referencias generales,
régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas” ejemplifica que en
Argentina, Grecia y Checoeslovaquia un minero requiere trabajar 7.5 horas para
comprar 16 productos alimentarios básicos, mientras que aquí se necesitan 17
horas; la compra de un pantalón de calidad media implica en México 17 horas 43
minutos de trabajo y en Turquía 8 horas 9 minutos.
Un trabajador minero en Baja California Sur necesita trabajar
5 mil 796 horas para comprar un automóvil nuevo mediano; en Chile se adquiere
con 4 mil 083 horas. Un par de zapatos comunes de calidad media se compran en República
Dominicana con 16 horas y en México con 22.
Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que fue perseguido por
los gobiernos de Fox y Calderón y que ahora se encuentra exiliado en Canadá,
dice que las empresas mineras “no tienen una justificación económica para
explicar las enormes disparidades entre los salarios que pagan en México” y los
que se dan en otras naciones desarrolladas.
Agrega que “Las diferencias brutales son los niveles de
explotación, sometimiento y marginación que existen y toleran los gobiernos de
México en complicidad con las empresas. Esta es una estrategia totalmente
equivocada e irresponsable en materia económica, pues reduce los ingresos
salariales, el poder adquisitivo, el consumo y la demanda. Y por el lado de la
justicia social, no se puede ni debe permitir que se abuse de la necesidad
económica de las personas para trabajar, obtener un ingreso y sostener a sus
familias”
Asegura que las empresas mineras dan el pretexto de que el
costo de la vida es más alto en esos países, “pero si medimos los costos reales
comparativos, podemos afirmar que no hay una diferencia mayor al doble o en
algunos casos quizá un poco más que en México, pero nunca podrán explicar o
justificar la enorme distancia que los separa con los salarios al menos 16
veces más elevados que se pagan en los países más avanzados”
“ Adicionalmente la productividad de los mineros mexicanos es
muy elevada y en muchos casos superior a la de esos países, de tal forma que no
existe una explicación racional más que la avaricia y la ambición desmedida,
por encima de cualquier sentido de equidad y responsabilidad social”
El líder minero manifiesta que “Si incluimos las prestaciones
económicas y sociales de los trabajadores, las diferencias son abismales. Los
trabajadores mineros de México, Estados Unidos y Canadá y de cualquier lugar
del mundo, desarrollan el mismo tipo de actividad, operan y producen la
extracción de los minerales y los transforman con los mismos equipos y en
instalaciones similares. La tecnología es más o menos generalizada y uniforme a
escala mundial. Producen los mismos materiales que se cotizan en el
mercado internacional, o los mismos metales, a pesar de que los riesgos en el
trabajo y en la vida misma son mucho mayores en un país como México, que en
países que tienen sistemas más avanzados en materia de seguridad, salud e
higiene como EU y Canadá”
La explotación y la discriminación contra la mano de obra
mexicana es peor aún, porque los productos finales que se obtienen de las
actividades mineras y siderúrgicas se cotizan en el mercado internacional. De
esta forma, los precios finales son los mismos si los minerales se extraen y
explotan en México, Canadá o Estados Unidos, o si se producen o transforman en
cualquiera de estos países, dice finalmente Gómez Urrutia.
Leyes favorables que
permiten el saqueo
Pero lo anterior es sólo una cara de la misma moneda, ya que las
empresas mineras se están beneficiando de una política blanda del gobierno
federal, que otorga generosos incentivos
tributarios a los inversionistas extranjeros: grandes ganancias pero magros
impuestos y contraprestaciones ridículas por la concesión y explotación de una
parte importante del territorio nacional. México junto con Chile Perú, Brasil y
Botsuana, encabezan las naciones cuyas políticas son calificadas como las más
favorables en la materia a nivel mundial.
Un documento de la organización británica Cristian Aid, titulado Socavando
a los pobres, Reformas tributarias mineras en América Latina, dice que las reformas tributarias
efectuadas en América Latina durante las últimas décadas han sido altamente
regresivas, señalándose que se han rebajado los impuestos empresariales y se
han aumentado los impuestos al consumo en naciones cuyo nivel general de
recaudación tributaria es calificado en ese texto como deplorable e inadecuado.
En esa dirección, el texto establece que cada vez resulta más
evidente que los países de la región no están recibiendo un trato justo en las
contribuciones de la minería en impuestos y regalías, mencionando que Perú,
Guatemala y Honduras, se encuentran dentro del nivel más bajo de pago de
regalías en el mundo -o el caso de países como México, donde ni siquiera las
cobran.
De acurdo con datos oficiales en 2010 las empresas
mineras tuvieron ingresos por 15 mil
millones de dólares en todo el país, de los cuales 350 millones de dólares
corresponden a Baja California Sur, riqueza de la que sólo se queda una ínfima
parte correspondiente a los salarios de
los trabajadores mineros.
En ese contexto, dice el documento de la Cámara de Diputados, gran
parte de las reflexiones en torno al nexo existente entre ingresos tributarios
mineros, desarrollo económico y el papel de los grandes consorcios
minero-metalúrgicos, giran en torno a cuestionamientos como ¿puede la minería
contribuir al mejoramiento sostenido de los niveles de bienestar, equidad y
desarrollo sustentable de las regiones y localidades mineras? ¿Cómo pueden los
gobiernos, las empresas y las comunidades aprovechar los recursos minerales de
una región para asegurar a los habitantes de esa zona un futuro mejor que el
existente antes de sacar los minerales?
