domingo, 29 de julio de 2012


Se niega el Municipio a expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico


Los recursos naturales de La Paz, a merced de especuladores inmobiliarios y corporaciones mineras


Diana Cuevas
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una denuncia de responsabilidad de servidores públicos contra Esthela Ponce Beltrán, Presidenta del municipio de La Paz y otros funcionarios,  por haber desechado “de facto” el trabajo de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).

La falta de este documento normativo pone en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente del municipio, que quedarían bajo la especulación de empresas inmobiliarias y corporaciones mineras principalmente. Además, se deja de lado el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores, que equivalen a casi un millón 700 mil pesos, dijo Agustín Bravo Gaxiola, Director de la Oficina Noroeste del organismo ambiental.

La querella fue presentada ante el titular de la Contraloría del XIV Ayuntamiento de La Paz, José Luis Taylor Ojeda, e incluye a Víctor Daniel Hernández Valdez, Director de Ecología, Educación y Gestión Ambiental y a Guillermo Fenech Cardoza, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología.

La denuncia, de acuerdo con el CEMDA, tiene como fin la defensa de los recursos naturales del municipio de La Paz, que han estado bajo la mira de la especulación inmobiliaria y últimamente de corporaciones mineras. El programa de ordenamiento ecológico permitiría la regulación del uso del suelo del territorio paceño.

De acuerdo a su definición en el artículo 3 fracción XXIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) un ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

Se da una detención arbitraria e ilegal, del proceso de discusión y aprobación del POEL, cuya elaboración fue iniciada en 2006 bajo la administración de Víctor Castro Cosío, continuada y terminada por el XIII Ayuntamiento a cargo de Rosa Delia Cota Montaño, comentó Agustín Bravo Gaxiola en entrevista para La Tijereta.

Según lo documentan en la denuncia presentada, a la cual tuvo acceso este medio,  el CEMDA solicitó el 25 de abril de este año a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) del Estado, información relacionada con la modificación del POEL, es decir, cambios a la versión final a la que se había llegado al finalizar la administración de Cota Montaño.

Fue el 17 de mayo cuando se obtuvo respuesta del ayuntamiento vía oficio CM/UVTAIPM-084/2012 donde se comunicaba que la solicitud había sido atendida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y se documentaba en un CD anexo.

Del contenido de la información el CEMDA comprobó que los servidores públicos no habían procedido a concluir las labores del POEL, como tampoco hecho gestiones a efecto de que el Cabildo lo analizara, se hicieran modificaciones pertinentes, con vistas a su posterior decreto y publicación.

El POEL otorga certeza para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se dejan asentadas cuáles son las vocaciones del municipio, qué tipo de actividades se pueden realizar, desarrollos turísticos, actividades mineras, agricultura, industria, expresó Bravo Gaxiola.

El proceso de elaboración del POEL inició en forma con un Convenio de Coordinación entre el Ayuntamiento de La Paz, el gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el 29 de mayo de 2006.

Ahora, por la negligencia del ayuntamiento en no avanzar y concluir el POEL, se hecha de lado el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores que equivalen a casi un millón 700 mil pesos, puntualizó el abogado.

La denuncia también señala que la SEMARNAT desde inicios del actual  ayuntamiento, le ha ofreció “en múltiples ocasiones”  su apoyo para la conclusión del POEL, “ofrecimientos los cuales han sido desestimados y para fines prácticos negados”. Las comunicaciones relativas las ha tenido la SEMARNAT, vía al menos  funcionarios de dicha dependencia como el Subsecretario de Planeación y política Ambiental, Fernando Tudela Abad, el Director General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, Antonio de Jesús Díaz de León Corral y la Directora de Políticas Ambientales, Daniela Pedroza Páez.

Bravo Gaxiola agregó que la omisión de los servidores públicos municipales vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano para el bienestar de las personas.  La carencia de un ordenamiento ecológico, evita, de menos entorpece, la protección del medio ambiente, su preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en el municipio de La Paz.

Era para que ya hubiera salido estando la mesa servida. A la actual administración solamente le compete proporcionar el documento a los miembros del cabildo, para su discusión y posterior aprobación.

Con esta actuación consideramos que la responsabilidad de los servidores públicos de actuar con diligencia, probidad y de manera expedita, de acuerdo las funciones que les impone la constitución, no ha sido acatada.

En este caso confiamos en que la Contraloría municipal resuelva  y garantice el derecho de audiencia, a más tardar, entre dos o tres meses, y la urgencia es mayor dada la gravedad del tema. Buscaos que delimite las funciones de los servidores públicos y los sancione, de tal manera que el proceso se respete y sea concluido.  El abogado enfatizó que en caso de no ser atendida la demanda “puede ser el primero de otros procedimientos legales”.

Las presiones
Si bien se argumenta, el documento rector del POEL quedó listo durante la administración de Cota Montaño, por alguna extraña razón no se discutió y aprobó antes de que ésta saliera del despacho.  Quizás algunos de los motivos de ese entonces -y también sean los de ahora- tuvieron que ver con la presión ejercida por el sector turístico y de la construcción.

De acuerdo a notas publicadas por Minerva Simeón en 2008[1], el sector no sólo prorrogó los plazos para su aprobación, sino que, incluso planteó  la posibilidad de contratar una nueva consultora para que confeccionara un ordenamiento como un traje a su medida.

Hay que señalar que, en cuanto a la propuesta de ordenamiento ecológico, ésta fue avalada por la Federación, vía la SEMARNAT y por el Gobierno del Estado, y elaborada por el Dr. Luis Antonio Bojórquez Tapia, Director del Laboratorio de la Ciencia de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México y Director de Consultoría en Ingeniería de Decisiones Multicriteria, SC.

“El sector empresarial analiza los cambios que se harán al POEL, del cual fue ampliado su tiempo de consulta, luego de inconformidades de la Cámara de la Construcción (CMIC), la de Hoteleros y Empresarios Turísticos, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y de la  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, redactaba la periodista.

Sentenciaron que el 50% del documento elaborado por la consultora contratada por el gobierno municipal, contenía notas restrictivas y prohibitivas que inhibirían el desarrollo turístico de los próximos años. El POEL será reestructurado en su mayoría… e inclusive se podría cambiar la empresa consultora”. 

Siendo  “la presentación de resultados inviables, incongruentes con el Plan de Desarrollo Urbano recién aprobado derivado, según expresaron, de la poca convocatoria para los talleres, de la mala inducción de preguntas, de elaboración de preguntas de los cuestionarios aplicados por la empresa consultora y por ende de la presentación de resultados”, algunos de los principales argumentos. 

Específicamente la CMIC se pronunció “en total desacuerdo con las normas que prohíben construir a menos de 100 metros de distancia de la zona federal marítima terrestre, la construcción de cuartos de hotel e infraestructura asociada a menos de 20 metros de distancia medidos a partir de esa zona y la construcción de edificios a una distancia menor de 200 metros de la misma… inhibirán totalmente la inversión turística, pues con la sobre regulación de todas las dependencias no habrá quien decida invertir en La Paz”.

La minería tóxica
No hay que olvidar que la CANACINTRA se ha mostrado abiertamente promotora de la mega minería tóxica en el estado, así lo hemos podido constatar los habitantes a través de decenas de  anuncios en los parabuses de la ciudad a favor de la “minería responsable” y la presunta riqueza que llevarán a los poblados del sur de la península.

Dentro de la gama de daños ambientales que pueden generarse, derivados de la falta de regulación ambiental, quizá el más preocupante de todos sea el que tiene que ver con la permisividad de actividades mineras derivadas de la poca claridad en los usos y destinos de suelo. Es cierto que el cabildo paceño se ha mostrado en contra de la implementación de proyectos de explotación minera, sin embargo por el momento ello no pasa de ser simplemente un discurso.

“La actividad minera tiene una patente de corso en el municipio, se debe pasar de las declaraciones a los hechos. Si el ayuntamiento estuviera realmente preocupado estaría avanzando con el POEL, hubiese interpuesto controversias constitucionales, estuviese trabajando directamente con los actores involucrados, se declararía a favor de una Ley Ambiental Estatal que limite el establecimiento de la minería tóxica, entre otros aspectos”.

Aspectos a regular
En una reunión informativa sostenida el 25 de abril de 2008[2], la Consultora Multicriteria explicó los objetivos que guiarían al POEL: “Se realizará una caracterización socioambiental del territorio;  un diagnóstico sobre el uso actual del territorio; se conformarán mapas de aptitud para cada una de las actividades o sectores que impliquen una modificación del territorio; se analizarán espacialmente dichos mapas e identificarán los posibles conflictos ambientales entre sectores; se examinará la evolución de los conflictos ambientales a partir de la previsión de uso de los recursos naturales, y el desarrollo social y económico sustentable ; por último se propondrá un modelo de ordenamiento ecológico que minimice el conflicto y maximice el consenso”

Para la identificación de sectores e intereses generales se contempló la realización de entrevistas en La Paz, Todos Santos, El Pescadero, Los Planes y Los Barriles, no solamente con el sector empresarial y de la construcción, si no también con la participación de ONG’s, prestadores de servicios y académicos.

Entre el análisis de evaluación de los sistemas más frágiles de la región se encuentran la vulnerabilidad por contaminación de acuíferos,  las zonas de riesgo por Inundaciones, las zonas de captación y recarga de los acuíferos, la erosión y degradación del suelo el cambio de cobertura del suelo así como la conformación de redes sociales.

En cuanto a la caracterización social se identificaron  los siguientes sectores  cuyas actividades modifican el territorio: Hotelero e inmobiliario, Agropecuario, Pesca y Minería.

¿A quién beneficia que no haya un programa de ordenamiento?
¿Por qué no se va hacia adelante en el proceso de aprobación del POEL? ¿A quién le sirve todo esto? Pues a los especuladores y a las corporaciones mineras fuera de un escenario de sustentabilidad y que actúan de manera poco transparente, son las preguntas que responde Bravo Gaxiola.

Al no haber, en los hechos, una regulación cualquiera puede hacer actividades de diversa índole. Se vuelve la ley del más fuerte, de tal manera que el uso de los recursos naturales queda a manos de decisiones políticas y no en base a fundamentos técnicos y de consenso público.

Como muestra de que el Ordenamiento Territorial no está pelado con la inversión ejemplificó el POEL de Los Cabos, que fue aprobado en 1995 y no detuvo el desarrollo económico, es más gracias a él, Cabo Cortés pudo detenerse. Otro ejemplo es el corredor Tulum-Cancún en la Riviera Maya, donde el ordenamiento ecológico  no ha detenido las posibilidades económicas.

 Los argumentos municipales son poco claros
Por último se refirió al hecho de que el ayuntamiento de La Paz ha difundido en medios de comunicación y boletines de prensa que no se ha avanzado en el POEL debido a que primero debe actualizar el Programa de Desarrollo Urbano, y que primero se quiere avanzar con los trabajos del programa de “Ciudades Sustentables” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, el POEL regula e induce el uso del suelo fuera de los centros de población, o sea, fuera del ámbito de validez de los programas de desarrollo urbano, luego no se requiere ni es necesario, que exista o se actualice un programa de desarrollo urbano.


[1]Simeón, Minerva. “Respaldará Rosa Delia Cota propuestas de constructores”, en El Sudcaliforniano, 16 de abril de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n665006.htm>
Simeón, Minerva. “Amplían plazo para aprobar el Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 18 de abril de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n667567.htm>
Simeón, Minerva. “Analiza sector empresarial cambios al Plan de Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 20 de agosto de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n819775.htm>

 [2] [En línea. Consulta: Julio de 2012] %20proceso/lapaz/presentacion3_sesionplapaz_.pdf>