Tulio Ortiz Uribe
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
