Tulio Ortiz Uribe
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
