El impacto socio-cultural y económico  de los norteamericanos en Los Cabos

Tulio Ortiz Uribe

“Ningún país puede darse el lujo de tener un sistema de inmigración del que hace caso omiso o cuyos hechos simplemente ratifica sobre el terreno”, dice un documento del Instituto de Políticas Migratorias, de los Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés), y agrega que los resultados de esa omisión “son un desafío a las reglas más básicas de gobernabilidad”.

Lo anterior bien puede aplicarse a las políticas públicas de México sobre los  inmigrantes  y en particular los norteamericanos en Baja California Sur, cuyos flujos han tenido un innegable impacto cultural, social, ambiental y económico en el estado.

La prueba de que no hay políticas claras en cuanto a la inmigración, es el hecho de que ni el propio gobierno federal sabe cuántos residentes extranjeros hay en el estado. Un documento del INEGI, titulado Los extranjeros en México, advierte que el marco conceptual que fundamenta la generación de estadísticas migratorias, especialmente la inmigración de extranjeros, no permite establecer un punto de convergencia entre el concepto jurídico legal y la entrada al país de población netamente extranjera.

Y agrega que “las limitaciones de las fuentes de información plantean la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de generación de estadística migratoria, institucionales y no institucionales que permitan, por un lado, la interpretación actual del fenómeno con la mayor calidad posible, y por el otro, el desarrollo de un plan estratégico que estructure, norme y sistematice a dichos procesos”

Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre el 2003 y el 20011, ingresaron al estado 28 mil 353 extranjeros residentes de los cuales el 95% eran estadounidenses. Pero las cifras oficiales no coinciden. Estadísticas del Consejo Nacional de Población informan que en el 2010 había en el estado “7 mil 676 residentes norteamericanos”.

El investigador de la UNAM, Álvaro López, en un estudio titulado Análisis de los flujos turísticos en el corredor Los Cabos, concuerda con lo anterior al señalar que debido a las limitaciones de información de las autoridades federales, “se desconoce cuántos extranjeros residen en Baja California Sur y qué propiedades tienen, pese a que en los hechos ocupan casi toda la costa del corredor turístico de Los Cabos”.

Esta población y la entrada de capitales extranjeros en Los Cabos, dice, “ha generado, un impacto en diferentes ámbitos socioeconómicos: la absorción, en forma legal o corrupta, de extensas áreas litorales en detrimento de tierras antes ejidales; la formación de una nueva sociedad extranjera que funciona a modo de una subcultura con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona; la generación de redes comerciales que controlan múltiples negocios, en donde se marcan nuevas pautas de consumo, a la vez que elevan mucho el costo de las mercancías para la población local; la circulación de variadas publicaciones que definen nuevos patrones culturales; la intervención en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente; la creación de redes de narcotráfico y prostitución que, entre otras cosas, han puesto en riesgo la salud pública”

De acuerdo con la maestra María Luisa Cabral, investigadora de la UABCS,  esa población “se encuentra concentrada en las localidades de Buena Vista, Los Barriles, Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, encontrándose en estas dos últimas localidades el 80 % de los extranjeros que realizan actividades lucrativas, principalmente como vendedores de tiempos compartidos, de bienes raíces y en cargos de confianza, así como laborando en empresas que en su mayoría poseen capital extranjero en un 75%. El resto de los residentes en el municipio son rentistas, jubilados o pensionados.

Playas para el disfrute de extranjeros

En un bien documentado estudio de la maestra María Luisa Cabral, titulado La enajenación de las playas en Baja California Sur y la integración económica de Norteamérica advierte que la regulación en la venta de propiedades de playa a extranjeros se ha ido desmantelando “por la presión del modelo económico occidental imperante y por el proceso de profundización de la integración económica de Norteamérica”.

Y agrega que “En Baja California Sur esta falta de protección se resiente de manera muy especial por varias razones. Primero, por ser el estado con mayor extensión en litorales y por su escasa población; por estar en la zona norte, en donde la presión de la economía norteamericana es mayor; por estar en el noroeste, bajo la poderosa influencia de la economía de la California estadounidense; por su posición en la zona de Pacífico, que se ha convertido en la nueva región económica del comercio mundial y finalmente por la gran riqueza biológica sobre todo marina que posee y por las características y condiciones que prevalen para la explotación y preservación de estos recursos que, a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, se han vuelto de tanta importancia estratégica como el petróleo”

Esta situación, dice, ha propiciado muestras de inconformidad  por parte de la población civil en todo el estado En todo el estado desde Mulegé hasta Los Cabos, se han dado muestras de inconformidad de la sociedad en relación con esta situación, ya  que el problema viene creciendo en forma desmedida e incontrolable. “No solamente un sector de la sociedad civil se ha manifestado, también se han dado manifestaciones de inconformidad por parte de empresarios mexicanos que han señalado que se privilegia a los extranjeros quienes tienen todas las facilidades…”

Y aclara: “Cuando los mexicanos nos quejamos del acaparamiento de las playas por los extranjeros no se trata de una reacción de xenofobia, de intolerancia, de negación del progreso o de rechazo a la globalización. No es cuestión de diferencias de nacionalidad. Las diferencias económicas, más que las políticas o culturales, sin una regulación adecuada dan lugar a abusos e injusticias que son las que, a su vez, dan lugar a la inconformidad en la sociedad local que se va acumulando y provocando conflictos sociales”

Para los nacionales, propinas y bajos salarios

La permisividad de las leyes y reglamentos, así como el poco personal y corrupción de funcionarios migratorios, han permitido que infinidad de norteamericanos se dediquen sin permiso a las más variadas actividades económicas, casi todas relacionadas con el turismo. En general los altos y medios empleos son ocupados por extranjeros. Los nacionales soportan la mayor carga del trabajo y muchas veces se les regatean prestaciones como Seguro Social, vacaciones y aguinaldo, ya que se les emplea sin contrato o bien lo hacen bajo la figura del outsourcing.

El Observatorio Laboral, un órgano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indica que el salario promedio en el sector turismo es de 3 mil 787 pesos. Esto contrasta con las grandes ganancias que obtienen las empresas turísticas, extranjeras en su mayoría, que generan ventas por 2 mil millones de dólares anuales en Los Cabos, el 20 por ciento del ingreso total a México por ese concepto. Sin embargo, el 80 por ciento de esas ganancias regresan a sus lugares de origen mediante la fuga de capitales, aportando beneficios marginales a la economía local.

Para Jorge Rionda Ramírez, investigador de la Universidad de Guanajuato, la consolidación de la actividad turística trasnacional y su alto nivel de ingresos, crea privilegios, marginación y monopolios, al tiempo que explotan los recursos para su  beneficio, al crear  “mecanismos de fuga de capitales principalmente vía remesas, que dentro de una red empresarial holding causan que en cada eslabonamiento las remesas se sumen como un efecto multiplicador, de tal modo que la derrama económica local solo corresponde a los sueldos y salarios, las ventas de algunos bienes y servicios modestos al turista, y propinas”

Esta precariedad laboral tiene obvias repercusiones en la calidad de vida de los sudcalifornianos. Basta con observar las zonas marginales de Los Cabos donde vive la mayoría de los trabajadores de los establecimientos turísticos para darse cuenta de las condiciones en que habitan: falta de agua potable, electricidad, drenaje y otros servicios públicos municipales como recolección de basura, pavimentos, banquetas y vigilancia.

Rionda Ramírez agrega que la inversión pública se enajena a los intereses de los inversionistas transnacionales y se orienta en crear infraestructura que apoye el funcionamiento de las industrias que promueve, de tal manera que el dinero que viene del pueblo vía impuestos y que debe ser aplicada para el pueblo y ver por el pueblo, abandona su compromiso original y acaba sirviendo a los intereses extranjeros en un nivel local.

“Por decir, en México la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en materia de turismo genera desarrollos turísticos localizados en regiones que muchas veces presentan fuertes carencias de infraestructura como de atención a los habitantes residentes del lugar. No obstante su emergencia, los pocos capitales existentes como la propia inversión pública nacional dejan de aplicarse a la mejora de la calidad de vida de los lugareños para asistir y alojar la inversión foránea. El efecto es precisamente la polarización del desarrollo económico donde vemos el convivio de áreas altamente desarrolladas creadas a favor de los intereses extranjeros en el país, con áreas contrastantes de abierta pobreza y alta marginación. México es una nación donde existen un sinnúmero de casos que sustentan esta afirmación”, dice.

Y alerta: “La cuestión es que la inclusión de inversiones foráneas implica la gradual pérdida de la autonomía y la independencia nacional… y con ello, los nacionales pasan a ser ciudadanos de tercera ante los privilegios que se les otorgan a los extranjeros”. Incluso, dice, se privilegia a los inversionistas extranjeros, a quienes “se les regalan terrenos extensos, muchas veces playas o islas, y les dan ventajas administrativas y fiscales que a los nacionales no se les brindan”.

Alvaro López va más allá al decir que con el ingreso de grandes empresas turísticas extranjeras en Los Cabos, se evidencia una fuerte participación en amplios ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, (y en donde) “la soberanía nacional se muestra como uno de los mayores problemas observados. El arraigo que la sociedad estadounidense adquiere en la zona hace evocar que, cuando el gobierno de Estados Unidos de América ha visto amenazados sus intereses económicos so pretexto de la seguridad de sus ciudadanos, puede intervenir, incluso, militarmente”.

Baja Mil, sólo daños ambientales

Un ejemplo de severos daños ambientales producidos por empresas y organizaciones norteamericanas en el estado, y en este caso en toda la península, lo constituye la carrera de autos y motocicletas “Baja Mil” que se realiza cada año en el mes de noviembre.

Dicho evento que se realiza desde 1967, actualmente es organizado desde Estados Unidos por la empresa Short Course Off-Road Enterprises (SCORE) y usan la

península, de Ensenada a La Paz, como su patio trasero.

Un estudio de impacto ambiental financiado por el gobierno de Baja California, dice que los vehículos provocan contaminación atmosférica, erosión de caminos y daños a la flora y fauna durante su trayecto. Es el caso de los impactos que se ejercerán sobre el matorral costero, que estarán sujetos a atropellamiento, principalmente juveniles que hayan crecido sobre los caminos menos transitados. Para la zona que comprende esta unidad ambiental, están reportadas cuatro especies florísticas que se encuentran contempladas en la NOM-059-ECOL-1994”

Por otra parte, se tiene que la fauna que se verá afectada primordialmente son aves, mamíferos menores y reptiles, por atropellamiento. Principalmente, el grupo más susceptible será el de aves con hábitos nocturnos.  En cuanto a los reptiles, se puede considerar que este grupo será el más afectado, más que por el ruido, estarán sujetos a ser atropellados, ya que por su forma de desplazamiento y su carencia de órganos auditivos, aún y cuando perciben vibraciones, se encuentran en desventaja para poder evitar el ser atropellados por los vehículos al cruzar los caminos de la ruta, ya que es común encontrarse serpientes atravesando en este tipo de caminos.

Es necesario considerar, dice el estudio de 164 páginas, que además de los grupos más susceptibles a los impactos, que se han mencionado con anterioridad como lo son aves y mamíferos menores, en esta unidad ambiental se distribuyen comunidades de borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) el cual se encuentra considerado en la NOM-059-ECOL-1994 bajo Protección especial.

Los contrastes

Un grupo de panelistas invitados por la revista National Geographic Traveler en su edición de diciembre de 2009, dice que Cabo San Lucas, de ser una pacífica villa de pescadores, se ha transformado en un lugar en donde los tragos de tequila es la atracción numero uno de los turistas. Agrega que el destino “parece una extensión de Estados Unidos y no precisamente de sus mejores y admirables partes. Si bien no llega a los niveles de Cancún, en Cabo San Lucas se vive la terrible gringo manía y deja muy poco que ver del auténtico México”.

El panelista que describe a Cabo San Lucas dice que es una “catástrofe de turismo totalmente enfocado al dinero. Falta de atención ambiental. Falta de beneficios locales a excepción hecha de la venta de cosas menores. La totalidad de la costa vendida a desarrolladores que destruyen nidos de tortuga y lugares que debieran permanecer intactos. Presenta muy poca cultura local y sufre bajo la explotación de mega desarrollos sin reglas y de todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, culturales y geográficos”

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra de Felipe Calderón, un fracaso

 

Tulio Ortiz Uribe

Es irreversible. La mariguana terminará por legalizarse en la mayoría de los estados de EU y en otros países. El pasado martes, junto con las elecciones para presidente,  los electores de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la mariguana para uso recreativo y se suman a otros 15 que permiten su consumo con fines medicinales.

La razón de esta medida es el aumento de la criminalidad ligada con el tráfico de estupefacientes que empieza a registrarse en ese país, y que podría convertirse en algo fuera de control con altísimos costos sociales y económicos.

Estados Unidos tienen la experiencia de la Ley Seca o Ley Volsted, que prohibía la fabricación, venta, importación, exportación  y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Duró 13 años (de 1920 a 1933)  y fue derogada cuando se dieron cuenta que había sido peor el remedio que la enfermedad, ya que el consumo de alcohol siguió subsistiendo y creciendo bajo el control de las mafias que lo producían clandestinamente o lo contrabandeaban de Canadá y México. El crimen organizado creció como nunca antes lo había hecho.

Al igual que hoy en México, el gobierno gastaba grandes cantidades de dinero para combatir las bandas delictivas, pero la corrupción de funcionarios y policías de todos los niveles, hicieron imposible su desarticulación.

La legalización de la mariguana en Colorado y Washington, fue resentida por Felipe Calderón quien declaró que esa medida “resta autoridad moral” a Estados Unidos al pedir a otros países combatir o restringir las drogas. Pero contradictorio como es, apenas hace sólo dos meses y al ver el fracaso de su estrategia, propuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, “que se haga una valoración de los resultados de la prohibición de drogas"

Y el debate del uso legal de la mariguana, auque tibiamente, se inició. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno declaró el pasado día 9 que se debe analizar el tema y  que “logremos consensuarlo con la población”, para lo cual se tendrá que buscar un mecanismo de consulta. A esto se sumó el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien dijo que este tema debe ser “discutido, revisado y debatido con la mayor apertura e información posible”

En una abierta crítica a la forma en que Felipe Calderón actuó contra el crimen organizado, dijo que no se puede atacar ese flagelo (las drogas) sacando a los militares a las calles, y que se requiere un replanteamiento de la estrategia.

Para muchos analistas, la guerra que Felipe Calderón inicio a finales de 2006 ha sido un completo fracaso con altísimos costos sociales y económicos. Se calcula que en estos 6 años se han gastado cerca de 700 mil millones de pesos. Tan solo para este año se presupuestaron 154 mil millones de pesos para la Sedena, Marina, PGR y SSPF. Y de los muertos, ni hablar: rondan los 100 mil, sin contar con los 13 mil desaparecidos y los 200 mil desplazados.

Calderón enfrenta una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, por delitos de “lesa humanidad”.  El expediente está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, “que se han producido en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria”

 

Procuración de justicia, una tarea pendiente en BCS

 

Tulio Ortiz Uribe

Los datos son reveladores: Baja California Sur es el estado con más agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes en el país, pero sus niveles de efectividad en la resolución de investigaciones lo colocan en el vigésimo lugar, con todo y que entre 2010 y 2011, el número de denuncias por delitos graves aumentó en 33 por ciento, y que el 85 por ciento de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades encargadas de procurar justicia, informa un reporte elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC.

Con datos oficiales, el organismo demuestra que los agentes ministeriales encargados de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas por un juez, sólo efectúan poco más de una de cada cuatro detenciones; es decir, 26 de cada 100. De esto se sigue que el número de agencias del Ministerio Público no es determinante para un buen desempeño del aparato encargado de perseguir el delito, sino que existen otros factores, como la organización  y los procedimientos de investigación, que son decisivos para un trabajo eficiente.

 

Adicionalmente, la confianza ciudadana de BCS en el Ministerio Público es muy baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, levantada por el INEGI, el 60.5 por ciento de la población de 18 años y más no tienen confianza en el Ministerio Público; sólo el 9.4 por ciento tienen mucha confianza y el 30.1 por ciento alguna confianza.

El reporte, dado a conocer en marzo pasado con el título de “Seguridad y justicia Penal en los Estados: 25 Indicadores de Nuestra Debilidad Institucional” afirma que tanto en Baja California Sur como en el resto del país, miles de delitos (conocida como cifra negra), “quedan sin denunciarse porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas” por los ministerios públicos. La encuesta ENVIPE captó que en el 2011, los ciudadanos interrogados declararon haber sido víctimas de 135 mil 710 delitos en el estado, de los cuales 115 mil 555 no fueron denunciados; es decir el 85 por ciento. Los tres delitos reportados con mayor frecuencia son la extorsión, el robo parcial de vehículo y el fraude, pero solo fueron denunciados el 30.4 del primero el 14.3 del segundo y el 14.2% del delito de fraude.

Las causas principales por las cuales el 70 por ciento de los agraviados no denuncian el delito es “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”, causales que denotan una profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones de justicia.

Para el Centro de Análisis de Políticas Públicas, “las víctimas del crimen tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos. Los sistemas están sobrecargados porque no priorizan: procesan delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual”, y agrega que la mayoría de los estados dedican una gran cantidad de sus recursos a sancionar delitos menores “a través de los mismos mecanismos que se utilizan para resolver delitos graves, cuando podrían ser atendidos mediante mecanismos de conciliación y salidas alternativas”

Datos de la encuesta de INEGI que debería hacer prender los focos rojos de las autoridades, son los reportes de conductas delictivas que los ciudadanos de 18 años o más observaron con mayor frecuencia en lugares cercanos a su vivienda entre marzo y abril de este año: el 54.6 por ciento observa que se consume alcohol en la calle; el 36.8 dice que se consume droga; el 25.8 que se vende droga; el 21.9 hay robos y asaltos frecuentes; el 17.2% existe pandillerismo o bandas violentas y el 10.4% hay riñas entre vecinos, entre los casos más importantes.

Otro problema que enfrentan las autoridades aquí, es el aumento de la denuncia de delitos graves. No obstante que entre 2010 y 2011 hubo una reducción del 2.6 por ciento a nivel nacional en el número de denuncias ante los Ministerios Públicos, en ese periodo en Baja California Sur  aumentó un 33 por ciento la denuncia de delitos graves: robo en cuatro modalidades (a transeúntes, a casa habitación, a negocios y vehículos), violación y lesiones dolosas. Así, en 2011 se registraron 735 denuncias por delitos graves por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca al estado en el lugar número 13. También habría que consignar que en esos años, la tasa de homicidios dolosos bajó en el estado en 20.83 por ciento.

El nivel de homicidios en  Baja California Sur se mantiene por debajo de la media nacional con una tasa de seis por cada cien mil habitantes y es la segunda entidad con menor impunidad en homicidio doloso, después de Yucatán; aquí, en promedio 75 por ciento de los homicidios son sancionados, es decir se resuelven tres de cada cuatro, mientras que en el resto del país se resuelve uno de cada cinco.

Otra variable que es la consignación del delincuente, un procedimiento mediante el cual el Ministerio Público pone a disposición de una autoridad judicial los hechos o las pruebas necesarias para juzgar a alguien, tiene cifras negativas aquí. En el país se observan tasas muy bajas de consignación con respecto a las denuncias: en promedio casi 10 por ciento. En 2010 Baja California Sur se alcanzó un 9.7% de porcentaje de consignaciones, mientras que  Campeche tuvo el primer lugar con 73.2%.

Sin embargo el estado enfrenta otro tipo de problemas. Junto con Quintana Roo, son los únicos estados del país que no han podido acreditar su Centro de Evaluación y Control de Confianza, y en la evaluación del personal estatal y municipal en activo se lleva el 72 por ciento; de mil 407 elementos evaluados 226 no aprobaron, es decir el 16 por ciento.

Para los especialistas en seguridad pública, la policía preventiva es el elemento clave para evaluar el sistema de seguridad y justicia,  puesto que, además de participar en los procesos de prevención y persecución del delito, es un vínculo entre la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con normas internacionales se requieren en promedio 342 policías (estatales, municipales y ministeriales) por cada 100 mil habitantes. Baja California Sur supera esa cifra pues cuenta con 444 policías por cada 100 mil habitantes. Sin embargo la solución no radica en la cantidad, sino en la confianza que la ciudadanía tiene en ellos, así como la capacidad de resolver las denuncias.

La encuesta ENVIPE 2012, muestra que en BCS sólo el 12 por ciento de los interrogados tiene mucha confianza en la policía estatal, 8.5 en la municipal y 7.7 en la policía ministerial. En ese orden, el 33.2, 31.7 y 28.4 consideran tener alguna confianza en los elementos de esas corporaciones,  por lo que más del 60 por ciento de la población no les tiene ninguna confianza, y en promedio el 70 por ciento tienen la percepción de que existe corrupción en estas instituciones.

Aunque en su mayoría las cárceles en el país están sobrepobladas, controladas por grupos criminales y con incidentes violentos, esto no sucede en el estado. La ONU considera que más de 120 por ciento de ocupación penitenciaria constituye hacinamiento y puede considerarse como trato cruel. México se ubica por encima de esta tasa con 124.4 por ciento, y en Baja California Sur fue en 2011 de 102%.

Otro problema en el estado tiene que ver con la reincidencia de los procesados del fuero común, personas que purgaron prisión por la comisión de un delito, pero que luego de cumplir su sentencia fueron recluidas nuevamente por cometer otro. La media nacional de reincidencia es de 13.7% y en Baja California Sur es de 16 por ciento. La tasa más alta la tiene Nuevo León con 27.4%.

Este tema es de relevancia porque tiene que ver con las políticas de reeducación y recuperación social de los delincuentes. A mayor tasa de reincidencia, menor éxito de los programas de readaptación social.

De acuerdo con la especialista en derecho penal, Alicia Rodríguez Nuñez^1, el infractor debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en común. Es evidente que si durante el encierro no se consigue que el sujeto varíe su comportamiento y una vez en libertad vuelve a infringir el ordenamiento penal, la colectividad no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad que, además, habrá costado una suma considerable de dinero al erario”

 

El último grito del espurio Felipe Calderón

 

Raúl Abraham López Martínez

Producto de un cuestionado proceso electoral, en el año 2006 Felipe Calderón asumió al poder sin la suficiente legitimidad para gobernar de manera democrática.

Esta falta de legitimidad, misma que se expresó en las más intensas movilizaciones sociales del México de inicios del siglo XXI, obligó al débil gobernante a tomar la decisión de aceptar el apoyo que le ofreció el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono para frenar las manifestaciones de descontento.

Lo anterior se tradujo en la subordinación de Felipe Calderón a la política de seguridad concebida por la Casa Blanca.

Esta subordinación se materializó en dos momentos claves.1) La declaración de guerra que hizo Felipe en contra de las organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de las drogas y; 2) la firma en el año 2007 del acuerdo entre México y Estado Unidos denominado “Iniciativa Mérida” mismo que entró en vigor en el 2008.

Con estas dos acciones, el espurio Felipe Calderón literalmente envió al bote de la basura sus propuestas de campaña, olvidando que él mismo se había autodenominado el candidato del empleo.

En la página web de la embajada de Estado Unidos en México señala que la Iniciativa Mérida “es un programa histórico de cooperación que reconoce las responsabilidades compartidas de los Estados Unidos y México de luchar contra la violencia generada por las drogas que amenaza a los ciudadanos de ambos países.”.

Bajo estos términos, Estados Unidos ha destinado 1,600 millones de dólares para reforzar los aparatos de seguridad pública y militar del país. Dirigiendo estos recursos para capacitación, compra de armamento y de tecnologías militares, desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de la militarización de la frontera norte.

En los hechos, estos 1,600 millones de dólares, se han traducido en un impresionante despliegue de intervención política y militar por parte de Estado Unidos en el territorio nacional colocando en entredicho la soberanía del país.

El resultado de esta estrategia de seguridad ha provocado un espiral de violencia con más de 60 mil asesinatos de mexicanos y mexicanas en el sexenio de Calderón.

Desde esta perspectiva, el espurio acudió a dar su último grito de independencia dirigiendo un país hundido en la violencia, un país hundido en la pobreza, un país sin democracia. Y como cereza de fin de sexenio, Felipe Calderón y su partido Acción Nacional nos dejan un país sometido al gobierno de Estado Unidos.

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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Raúl Abraham López Martínez. Analista político y Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria www.vozuniversitaria.org.mx

 

¿Puede el turismo atenuar la pobreza?

 

El Turismo es como el fuego, sirve para cocinar

pero también puede incendiar la cocina

(Proverbio asiático)

 

Tulio Ortiz Uribe
Cuando en 1974 se creo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se consideraba que esta actividad tendría un efecto multiplicador en la economía de los estados y se tomó como estrategia central para la promoción del desarrollo de algunas regiones de México.

Esta idea prohijó la instrumentación de políticas públicas en el nivel central,  sin considerar los impactos ambientales, culturales y socioeconómicos que traerían sobre la población local, comunidades y familias sin capacidad de gestión ni de control sobre una actividad de la que no se benefician, salvo marginalmente.

Pero también hay indicadores de que si el turismo se desarrolla de forma sostenible, puede ayudar en la atenuación de la pobreza, especialmente en las zonas rurales y deprimidas. Organismos internacionales señalan que con adecuadas fuentes de financiamiento, el turismo puede contribuir a la lucha contra la pobreza tanto en los países en desarrollo como en los menos adelantados.

Sin embargo autores como Salvador Gómez Nieves, de la Universidad de Guadalajara, sugieren que se deben establecer políticas sociales y económicas más inteligentes e integrales para el turismo (este año el Congreso local aprobó desviar los fondos del Impuesto Sobre Nómina y  Hospedaje que se destinaban a obras públicas prioritarias para el combate a la pobreza, a la promoción de Los Cabos en el mercado internacional) sin perder de vista otras actividades productivas, para evitar que los destinos de México escapen al crecimiento exponencial de la población “ese afán de crecimiento irresponsable ante la degradación ecológica, la pérdida de las culturas, los bajos salarios y la marginación”.

Es el caso de Los Cabos, en donde la atracción laboral ha permitido la llegada de miles de trabajadores que, debido a malas políticas públicas sociales y asistenciales, muchos de ellos viven en condiciones precarias que los marginan de una vida digna.

Actualmente Baja California Sur tiene un saldo migratorio positivo, ya que el municipio de Los Cabos se ha convertido en el centro receptor de inmigrantes más importante del estado y uno de los más destacados en México. Datos oficiales muestran que el 74 por ciento de los inmigrantes a ese municipio proceden de otras regiones del país. De acuerdo con datos de INEGI, las principales entidades de origen de los inmigrantes son: Sinaloa con el 17.4 por ciento, Guerrero con el 14.9 por ciento, Distrito Federal con el 9.0 por ciento, Jalisco con el 6.2 por ciento, y finalmente Oaxaca con el 5.7 por ciento.

Como resultado de esta oleada de inmigrantes (en 10 años, Cabo San Lucas y San José del Cabo pasaron de 72 mil 532  a 120 mil 590 habitantes, un promedio de 6 % anual), las autoridades no han podido atender todas las necesidades de habitación, agua potable, salud, educación, energía eléctrica y seguridad. Actualmente hay serios problemas de marginación en un lugar que mueve miles de millones de dólares producto de la actividad turística, pero que tiene 8 mil 500 viviendas con piso de tierra; 15 mil no disponen de agua entubada; 4 mil 500 no tienen drenaje, 4 mil 300 se encuentran sin energía eléctrica; 64 mil habitantes no tienen derecho a la salud y, un dato que es por demás ilustrativo: sólo hay 9 biblioteca públicas en el municipio.

Alfredo Serrano Mancilla, autor del estudio “El impacto del turismo sobre la pobreza” afirma que la pobreza todavía no es el eje central de las agendas internacionales y nacionales del turismo. De igual forma, la Organización Mundial del Turismo ha exteriorizado su preocupación por que el turismo “pueda conducir a la pérdida gradual de los valores culturales, de la estructura económica y de la identidad colectiva de una localidad”; por el contario, el turismo no debe suponer la implantación de nuevas relaciones sociales, nuevos valores culturales o nuevas costumbres, todas ellas ajenas a la comunidad; y agrega que para lograr un desarrollo turístico equilibrado y sostenible se requiere que precisamente esas condiciones nativas de la comunidad orienten la concepción y la instrumentación de proyectos y productos turísticos.

Por su parte el especialista español Jordi Gascón dice que la afirmación de que el crecimiento del turismo genera bienestar en el conjunto de la población y ayuda a reducir la pobreza, es un mito. En el ámbito internacional, dice,  “está de moda el llamado enfoque pro-pobre. Esta teoría considera que el crecimiento de la actividad turística, del tipo que sea, puede reducir la pobreza y, por tanto, desarrollar propuestas para que los pobres puedan participar en esta fuente de riqueza”

Y agrega: “El enfoque pro-pobre parte de una visión errónea, a nuestro entender. No toma en cuenta, ni valora, los impactos negativos que puede generar el turismo, que como ya hemos visto no son pocos. Además, parte de una visión de la pobreza muy simple. La pobreza no depende sólo de la cantidad de los ingresos obtenidos y del nivel de bienestar alcanzado, sino del papel de la gente dentro de la sociedad. Si el incremento de ingresos no va acompañado de una reducción de las desigualdades y de mayor poder para decidir sobre las cosas que afectan a la gente, pues no hay reducción real de la pobreza, la gente siempre se mantiene en una situación de marginalidad frente a los que tienen el poder. El enfoque pro pobre para nada toma en cuenta este problema y, de hecho, con sus aplicaciones va a acabar ayudando a que aumenten las diferencias socioeconómicas entre los de arriba y los de abajo”

Comenta que la relación entre turismo y reducción de la pobreza es más compleja, ya que el turismo, “como cualquier otro sector económico, puede contribuir al desarrollo de una región o generar impactos altamente negativos; todo depende del modelo aplicado y de su gestión. Pero históricamente, la tendencia a sido provocar más problemas que soluciones, especialmente entre los sectores de población más vulnerables y en los ecosistemas”

El turismo, dice finalmente,  hay que entenderlo como un espacio de conflicto social: “en torno a la gestión y a la elección del modelo de la actividad turística entran en competencia y contradicción diferentes intereses de sectores sociales distintos: por el uso de los recursos naturales, económicos y humanos, por el reparto de los beneficios o por la distribución de las externalidades negativas que genera”

En efecto, en Los Cabos hay una inversión extranjera y nacional multimillonaria. El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico es superior a mil millones de dólares anuales y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. En promedio cada año se construyen dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.

No muy lejos,  surgen nuevos asentamientos irregulares ante el espejismo de una vida mejor, que no llega. Cerros y cañadas que se pueblan con materiales de desperdicio, y suites de 3 mil dólares la noche en un mundo de fantasía.

 

Condena el Tribunal Superior de Justicia al notario Alejandro Davis Drew, por expedir escrituras apócrifas

Tulio Ortiz Uribe

El 7 de marzo de 2006, la agente del Ministerio Público de Los Barriles, licenciada Rosa Barrón Moreno, consignó al señor Lino Cota Pérez y a su hijo Filiberto Cota García, mediante la averiguación previa 219/2006, a proceso penal como presuntos responsables del delito de despojo…de su propio terreno.

Este es otro de los mil 200 casos de propiedades que en los últimos seis años, han sido invadidas o se pretende arrebatar a sus legítimos dueños mediante documentos falsos, situación que sería imposible sin la complicidad de, notarios, ministerios públicos, jueces y funcionarios municipales. Esto le ha valido a Baja California Sur ocupar el segundo lugar nacional en cuanto a la integración de averiguaciones previas por el delito de despojo, con un promedio de 55.8 ilícitos por cada 100 mil habitantes.

El camino que ha tenido que recorrer la familia Cota García para recuperar su patrimonio está lleno de injusticias, gastos innecesarios, pérdida de tiempo e impotencia, pero finalmente derivó en la condena, por primera vez en el estado, del notario público que se prestó para expedir una escritura pública apócrifa: Alejandro Davis Drew.

De acuerdo con el artículo 132 de la Ley del Notariado de Baja California Sur, “los notarios son civilmente responsables de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de sus funciones a las personas que ante ellos comparecen, por las omisiones o violaciones de las leyes en que incurrieren, siempre que sean consecuencia directa e  inmediata de su intervención, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pueda resultar en el caso de constituir un delito dichas omisiones o violaciones”

La ley prevé la revocación del nombramiento de notaría cuando incurra en faltas de probidad en el ejercicio de sus funciones “o se hiciere patente su falta de honorabilidad”.

La historia  

El 15 de diciembre de 1982, María Rojas le pidió al señor Lino Cota que le permitiera poner un “campersito” para vivir una temporada en la propiedad de éste, un terreno de 968 metros cuadrados situado en el poblado de Los Barriles, que compró en 1979 al señor Edmundo Rochín Araujo.

La señora Rojas y su familia se instalaron en la propiedad de Lino Cota, quien tiempo después le autorizó a construir una recámara cocina y baño, en el entendido de que dichas mejoras quedarían para beneficio del propietario.

Relata Lino Cota que el 15 de noviembre de 1991, María Rojas lo buscó para darle las gracias por haberle permitido vivir casi diez años en la propiedad y le entregó las llaves de la construcción que dejó en beneficio del inmueble a modo de compensación por el tiempo del uso del bien, como previamente habían pactado.

Tiempo más adelante y para sorpresa de Lino Cota y su familia, alguien llegó a ocupar la casa, bajo el argumento de que la señora María Rojas se las estaba rentando. “Ante ello les informamos a los inquilinos que indebidamente esta persona les rentaba, y les pedimos desalojaran nuestra propiedad ya que la íbamos a demandar por despojo”. El 16 de mayo de ese año, radicamos la demanda bajo el número 27/LB/2006, en la agencia del Ministerio Público del Fuero común de Los Barriles.

Pero más se sorprendió Lino Cota, cuando, al rendir su declaración ministerial, María Rojas exhibió la escritura pública 12.456, protocolizada el 8 de diciembre de 1992 por el notario público Alejandro Davis Drew,  en donde se asienta que el señor Cota “le donó” el terreno a María Rojas. “Nosotros jamás otorgamos nuestro consentimiento ni firmamos ningún documento, por lo que son falsas tanto la escritura privada de donación, como su protocolo realizado supuestamente ante dicho notario”, dice el agraviado.

Y agrega: “La existencia y exhibición de tales documentos nos alarmó, ya que nunca dimos nuestro consentimiento y las firmas que se nos atribuyen son unas burdas falsificaciones de nuestras firmas autógrafas”

Para estas fechas Lino Cota y su familia ya no encontraban la puerta de salida a su problema. Si la burocracia camina en burro, la justicia lo hace sobre una tortuga. Deben pasar años para ver la luz de la verdad. “De lo que estamos seguros, dice Lino Cota, es que somos víctimas de una muy bien tramada conspiración criminal orquestada por María Rojas en contubernio con el delegado municipal de San Antonio, los apócrifos testigos Pedro Márquez y Maximiliano Lucero y el notario público que la protocolizó, quienes por motivos y causas que solo ellos pueden explicar, participaron en la conspiración para despojarnos de nuestra propiedad”.

Pero finalmente se impuso la verdad, el 2 de septiembre de 2011, el magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Rafael Siqueiros Flores, resolvió que:

1.- Se decreta la anulación de la escritura privada de donación a favor de María de La Paz Rojas, respecto de un lote de terreno urbano ubicado en el poblado de Los Barriles. 2.- Se declara la anulación de la escritura pública 12.456, del protocolo del ciudadano licenciado Alejandro Davis Drew, notario público número dos. 3.- Se condena a la parte demandada, María de La Paz Rojas,  y licenciado Alejandro Davis Drew al pago de los daños y perjuicios causados con motivo y a consecuencia de la ilegal expedición de la escritura pública número 12.456, monto exacto que se cuantificará en el periodo de ejecución de sentencia. 4.- Se ordena la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del registro de la escritura que ha sido judicialmente anulada. 5.- Se ordena a la parte demandada el pago de los gastos y costas generadas en el presente juicio.

De acuerdo con la Ley del Notariado, corresponde al gobernador del Estado separar definitivamente a un notario de su cargo, entre otras por “Llevar una conducta que causa descrédito a la función notarial”.

Se niega el Municipio a expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico

Los recursos naturales de La Paz, a merced de especuladores inmobiliarios y corporaciones mineras

Diana Cuevas

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una denuncia de responsabilidad de servidores públicos contra Esthela Ponce Beltrán, Presidenta del municipio de La Paz y otros funcionarios,  por haber desechado “de facto” el trabajo de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).

La falta de este documento normativo pone en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente del municipio, que quedarían bajo la especulación de empresas inmobiliarias y corporaciones mineras principalmente. Además, se deja de lado el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores, que equivalen a casi un millón 700 mil pesos, dijo Agustín Bravo Gaxiola, Director de la Oficina Noroeste del organismo ambiental.

La querella fue presentada ante el titular de la Contraloría del XIV Ayuntamiento de La Paz, José Luis Taylor Ojeda, e incluye a Víctor Daniel Hernández Valdez, Director de Ecología, Educación y Gestión Ambiental y a Guillermo Fenech Cardoza, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología.

La denuncia, de acuerdo con el CEMDA, tiene como fin la defensa de los recursos naturales del municipio de La Paz, que han estado bajo la mira de la especulación inmobiliaria y últimamente de corporaciones mineras. El programa de ordenamiento ecológico permitiría la regulación del uso del suelo del territorio paceño.

De acuerdo a su definición en el artículo 3 fracción XXIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) un ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

Se da una detención arbitraria e ilegal, del proceso de discusión y aprobación del POEL, cuya elaboración fue iniciada en 2006 bajo la administración de Víctor Castro Cosío, continuada y terminada por el XIII Ayuntamiento a cargo de Rosa Delia Cota Montaño, comentó Agustín Bravo Gaxiola en entrevista para La Tijereta.

Según lo documentan en la denuncia presentada, a la cual tuvo acceso este medio,  el CEMDA solicitó el 25 de abril de este año a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) del Estado, información relacionada con la modificación del POEL, es decir, cambios a la versión final a la que se había llegado al finalizar la administración de Cota Montaño.

Fue el 17 de mayo cuando se obtuvo respuesta del ayuntamiento vía oficio CM/UVTAIPM-084/2012 donde se comunicaba que la solicitud había sido atendida por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y se documentaba en un CD anexo.

Del contenido de la información el CEMDA comprobó que los servidores públicos no habían procedido a concluir las labores del POEL, como tampoco hecho gestiones a efecto de que el Cabildo lo analizara, se hicieran modificaciones pertinentes, con vistas a su posterior decreto y publicación.

El POEL otorga certeza para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se dejan asentadas cuáles son las vocaciones del municipio, qué tipo de actividades se pueden realizar, desarrollos turísticos, actividades mineras, agricultura, industria, expresó Bravo Gaxiola.

El proceso de elaboración del POEL inició en forma con un Convenio de Coordinación entre el Ayuntamiento de La Paz, el gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el 29 de mayo de 2006.

Ahora, por la negligencia del ayuntamiento en no avanzar y concluir el POEL, se hecha de lado el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores que equivalen a casi un millón 700 mil pesos, puntualizó el abogado.

La denuncia también señala que la SEMARNAT desde inicios del actual  ayuntamiento, le ha ofreció “en múltiples ocasiones”  su apoyo para la conclusión del POEL, “ofrecimientos los cuales han sido desestimados y para fines prácticos negados”. Las comunicaciones relativas las ha tenido la SEMARNAT, vía al menos  funcionarios de dicha dependencia como el Subsecretario de Planeación y política Ambiental, Fernando Tudela Abad, el Director General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, Antonio de Jesús Díaz de León Corral y la Directora de Políticas Ambientales, Daniela Pedroza Páez.

Bravo Gaxiola agregó que la omisión de los servidores públicos municipales vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano para el bienestar de las personas.  La carencia de un ordenamiento ecológico, evita, de menos entorpece, la protección del medio ambiente, su preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en el municipio de La Paz.

Era para que ya hubiera salido estando la mesa servida. A la actual administración solamente le compete proporcionar el documento a los miembros del cabildo, para su discusión y posterior aprobación.

Con esta actuación consideramos que la responsabilidad de los servidores públicos de actuar con diligencia, probidad y de manera expedita, de acuerdo las funciones que les impone la constitución, no ha sido acatada.

En este caso confiamos en que la Contraloría municipal resuelva  y garantice el derecho de audiencia, a más tardar, entre dos o tres meses, y la urgencia es mayor dada la gravedad del tema. Buscaos que delimite las funciones de los servidores públicos y los sancione, de tal manera que el proceso se respete y sea concluido.  El abogado enfatizó que en caso de no ser atendida la demanda “puede ser el primero de otros procedimientos legales”.

Las presiones

Si bien se argumenta, el documento rector del POEL quedó listo durante la administración de Cota Montaño, por alguna extraña razón no se discutió y aprobó antes de que ésta saliera del despacho.  Quizás algunos de los motivos de ese entonces -y también sean los de ahora- tuvieron que ver con la presión ejercida por el sector turístico y de la construcción.

De acuerdo a notas publicadas por Minerva Simeón en 2008[1], el sector no sólo prorrogó los plazos para su aprobación, sino que, incluso planteó  la posibilidad de contratar una nueva consultora para que confeccionara un ordenamiento como un traje a su medida.

Hay que señalar que, en cuanto a la propuesta de ordenamiento ecológico, ésta fue avalada por la Federación, vía la SEMARNAT y por el Gobierno del Estado, y elaborada por el Dr. Luis Antonio Bojórquez Tapia, Director del Laboratorio de la Ciencia de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México y Director de Consultoría en Ingeniería de Decisiones Multicriteria, SC.

“El sector empresarial analiza los cambios que se harán al POEL, del cual fue ampliado su tiempo de consulta, luego de inconformidades de la Cámara de la Construcción (CMIC), la de Hoteleros y Empresarios Turísticos, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y de la  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, redactaba la periodista.

Sentenciaron que el 50% del documento elaborado por la consultora contratada por el gobierno municipal, contenía notas restrictivas y prohibitivas que inhibirían el desarrollo turístico de los próximos años. El POEL será reestructurado en su mayoría… e inclusive se podría cambiar la empresa consultora”. 

Siendo  “la presentación de resultados inviables, incongruentes con el Plan de Desarrollo Urbano recién aprobado derivado, según expresaron, de la poca convocatoria para los talleres, de la mala inducción de preguntas, de elaboración de preguntas de los cuestionarios aplicados por la empresa consultora y por ende de la presentación de resultados”, algunos de los principales argumentos. 

Específicamente la CMIC se pronunció “en total desacuerdo con las normas que prohíben construir a menos de 100 metros de distancia de la zona federal marítima terrestre, la construcción de cuartos de hotel e infraestructura asociada a menos de 20 metros de distancia medidos a partir de esa zona y la construcción de edificios a una distancia menor de 200 metros de la misma… inhibirán totalmente la inversión turística, pues con la sobre regulación de todas las dependencias no habrá quien decida invertir en La Paz”.

La minería tóxica

No hay que olvidar que la CANACINTRA se ha mostrado abiertamente promotora de la mega minería tóxica en el estado, así lo hemos podido constatar los habitantes a través de decenas de  anuncios en los parabuses de la ciudad a favor de la “minería responsable” y la presunta riqueza que llevarán a los poblados del sur de la península.

Dentro de la gama de daños ambientales que pueden generarse, derivados de la falta de regulación ambiental, quizá el más preocupante de todos sea el que tiene que ver con la permisividad de actividades mineras derivadas de la poca claridad en los usos y destinos de suelo. Es cierto que el cabildo paceño se ha mostrado en contra de la implementación de proyectos de explotación minera, sin embargo por el momento ello no pasa de ser simplemente un discurso.

“La actividad minera tiene una patente de corso en el municipio, se debe pasar de las declaraciones a los hechos. Si el ayuntamiento estuviera realmente preocupado estaría avanzando con el POEL, hubiese interpuesto controversias constitucionales, estuviese trabajando directamente con los actores involucrados, se declararía a favor de una Ley Ambiental Estatal que limite el establecimiento de la minería tóxica, entre otros aspectos”.

Aspectos a regular

En una reunión informativa sostenida el 25 de abril de 2008[2], la Consultora Multicriteria explicó los objetivos que guiarían al POEL: “Se realizará una caracterización socio‐ambiental del territorio;  un diagnóstico sobre el uso actual del territorio; se conformarán mapas de aptitud para cada una de las actividades o sectores que impliquen una modificación del territorio; se analizarán espacialmente dichos mapas e identificarán los posibles conflictos ambientales entre sectores; se examinará la evolución de los conflictos ambientales a partir de la previsión de uso de los recursos naturales, y el desarrollo social y económico sustentable ; por último se propondrá un modelo de ordenamiento ecológico que minimice el conflicto y maximice el consenso”

Para la identificación de sectores e intereses generales se contempló la realización de entrevistas en La Paz, Todos Santos, El Pescadero, Los Planes y Los Barriles, no solamente con el sector empresarial y de la construcción, si no también con la participación de ONG’s, prestadores de servicios y académicos.

Entre el análisis de evaluación de los sistemas más frágiles de la región se encuentran la vulnerabilidad por contaminación de acuíferos,  las zonas de riesgo por Inundaciones, las zonas de captación y recarga de los acuíferos, la erosión y degradación del suelo el cambio de cobertura del suelo así como la conformación de redes sociales.

En cuanto a la caracterización social se identificaron  los siguientes sectores  cuyas actividades modifican el territorio: Hotelero e inmobiliario, Agropecuario, Pesca y Minería.

¿A quién beneficia que no haya un programa de ordenamiento?

¿Por qué no se va hacia adelante en el proceso de aprobación del POEL? ¿A quién le sirve todo esto? Pues a los especuladores y a las corporaciones mineras fuera de un escenario de sustentabilidad y que actúan de manera poco transparente, son las preguntas que responde Bravo Gaxiola.

Al no haber, en los hechos, una regulación cualquiera puede hacer actividades de diversa índole. Se vuelve la ley del más fuerte, de tal manera que el uso de los recursos naturales queda a manos de decisiones políticas y no en base a fundamentos técnicos y de consenso público.

Como muestra de que el Ordenamiento Territorial no está pelado con la inversión ejemplificó el POEL de Los Cabos, que fue aprobado en 1995 y no detuvo el desarrollo económico, es más gracias a él, Cabo Cortés pudo detenerse. Otro ejemplo es el corredor Tulum-Cancún en la Riviera Maya, donde el ordenamiento ecológico  no ha detenido las posibilidades económicas.

 Los argumentos municipales son poco claros

Por último se refirió al hecho de que el ayuntamiento de La Paz ha difundido en medios de comunicación y boletines de prensa que no se ha avanzado en el POEL debido a que primero debe actualizar el Programa de Desarrollo Urbano, y que primero se quiere avanzar con los trabajos del programa de “Ciudades Sustentables” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, el POEL regula e induce el uso del suelo fuera de los centros de población, o sea, fuera del ámbito de validez de los programas de desarrollo urbano, luego no se requiere ni es necesario, que exista o se actualice un programa de desarrollo urbano.

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[1]Simeón, Minerva. “Respaldará Rosa Delia Cota propuestas de constructores”, en El Sudcaliforniano, 16 de abril de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n665006.htm>

Simeón, Minerva. “Amplían plazo para aprobar el Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 18 de abril de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n667567.htm>

Simeón, Minerva. “Analiza sector empresarial cambios al Plan de Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 20 de agosto de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n819775.htm>

 [2] [En línea. Consulta: Julio de 2012] %20proceso/lapaz/presentacion3_sesionplapaz_.pdf>