martes, 20 de noviembre de 2018

Cuando veas las barbas de Brasil rasurar...

Jorge Alejandro Suárez Rangel

Esta mañana, como cada día, abrí el Facebook; sólo para confirmar que el odio seguía ahí.
Apenas han pasado unos meses de que la mayoría de mis contactos celebraran el gran triunfo de la izquierda mexicana, contagiados del espíritu festivo y positivista que los asesores de campaña supieron darle a Morena, para confrontar la propaganda de odio que suele lanzarse desde la derecha. Hoy, casi los mismos contactos (que ayer se identificaban con la izquierda), repiten como disco rayado las mentiras, las consignas, los memes y las noticias falsas que los múltiples intereses reaccionarios (de derechas) reparten por todos los medios de comunicación y confusión. La misma materia gris que antes les ayudo a diferenciar entre los intereses económicos de unos cuantos (invertidos en el NAIM) y el futuro ecológico de todos los habitantes de la ciudad de México, hoy parece haberse reducido al intelecto de un niño que tiembla de miedo por las historias nocturnas de migrantes malvados que vienen a burlarse y a robar a los inocentes mexicanos. El mismo cortex que antes sirvió para filtrar la avalancha  de desinformación polarizante del periodo electoral, hoy parace haberse reducido a los instintos más básicos y sólo alcanza a repetir: feminazis, feminazis; mientras ríe para sus adentros. La misma maleabilidad que ayudó al despertar el pensamiento colectivo, luego de la larga pesadilla priísta, hoy parece hacerlo voltear de vuelta al abismo. ¿Tan pronto?
El mundo sufre un proceso de derechización, que es, a su vez, una consecuencia del reacomodo geopolítico-económico de las últimas décadas. Un recrudecimiento de las estrategias norte americanas, frente al difícil escenario de la dominación total o su inevitable decadencia. Pero también se trata de un proceso cultural de la sociedad industrial, del que ya hemos tenido noticias a través del fascismo del siglo XX. La radicalización de derecha acompaña a la civilización ilustrada y democrática, del mismo modo que el totalitarismo acompaño al fenómeno soviético; se trata de una tendencia autodestructiva implícita en la naturaleza humana. Aunque no se trata de un fenómeno espontáneo, más bien al contrario: tal naturaleza, para hacer su aparición en el contexto histórico, ha tenido que ser siempre invocada.
Los grupos de derecha; los poderes económico, político y militar son, por supuesto, los responsables directos de la radicalización; la realización de sus intereses, sus ambiciones egoístas, su megalomanía, su miopía cultural su falta de visión, etc. En resumen, todo el conjunto de rasgos que llevan a los poderosos a ser la perdición de sus pueblos. Pero hay en el cuerpo social otras responsabilidades, como la de creer ciegamente en candidatos reaccionarios o el hacerse a un lado y prestar oídos sordos a la desgracia ajena, bajo pretextos banales o simplemente por cobardía. Así como la ineludible responsabilidad de las izquierdas.
El fracaso de la izquierda es la mejor forma de invocación a los instintos retrógradas; es el fracaso de la ideología en turno, de la utopía en turno que, al desplomarse, arrastra con sigo todo el discurso histórico: el progresismo, la igualdad, libertad, fraternidad, etc; derrotados por el ridículo y vueltos a la figura infantil de los sueños inalcanzables. El fracaso de la izquierda, su fracaso moral y ético, le otorga la razón a sus detractores; las leyes de la fuerza y la astucia rastrera recuperan la autoridad ; se impone la barbarie de los más listos , la supremacia de lo primitivo (de ahí que se les invoque a través de posturas anti-aborto, anti-identidad de género, anti-todo lo que se contradiga con la sociedad primitiva, que es donde la derecha del futuro está mejor cimentada) . Se abre las puertas al tianguis de los mercachifles y las utopías new age, a los pastores millonarios de iglesias pobres, a los comediantes de televisión y los personajes de realityshow, capaces de llevar el chisme y la morbosidad a la tribuna nacional.
En realidad las campañas racistas, machistas, etc; son puro entretenimiento: ensayos para mantener en forma la mente primitiva, mientras se presenta la oportunidad de volver al ruedo de la política. Las inclinaciones más oscuras, los verdaderos argumentos de la derecha, son conjurados cuando la real politik arrastra a los políticos de izquierda a cometer los errores típicos: cuando el gobierno de izquierda aplasta la voluntad indígena en favor de un mega proyecto, cuando la política económica de izquierda obedece a grupos de interés creado, cuando se hace oídos sordos a la crítica, cuando el descontento haya crecido tanto que sea inevitable sacar a las fuerzas represivas, cuando la violencia evidencíe el fracaso de la izquierda.
Por supuesto que no se trata de un destino trágico, las variables en cuanto al futuro de la política mexicana son tan amplias como incierto es el futuro. Sin embargo es importante dar la vos de alarma en una dirección que sería catastrófica para el país. En el proceso de derechización, una izquierda fallida deja de ser, en términos prácticos, izquierda, pasando a ser una simple fase dentro del proceso de derechización. La resistencia popular evita el franco avance de las políticas necesarias para una -cada vez más desquiciada espiral de- concentración de la riqueza; poder avanzar en contra de los intereses de la mitad de la población, requiere al menos el consenso de la otra mitad (quienes no ganaran nada, salvo un lavado de cerebro gratuito). Una izquierda fallida es el mejor argumento para despojar a un pueblo bajo su consentimiento, un izquierda traidora es la mejor forma de hecer votar al pueblo a favor de políticas que van en contra de sus propios intereses, porque ya ha quedado descalificada cualquier otra alternativa y la derecha (igual que las monarquías medievales), llama a ser realistas.
Un ejemplo ya innegable del fracaso de la izquierda en latinoamericana, es el caso de Brasil, donde el electorado cedió el turno a uno de los partidos más retrógradas y reaccionarios que se hayan visto, respaldado por el evangelismo pentecostal y representado por un neo fascista simpatizante de la dictadura militar. El fantasma de la iglesia evangelista recorre América latina y se va asentando poco a poco en sus organismos políticos. Irónicamente, Lopez Obrador, tras ser comparado mañosamente con Maduro, aseguró que él se sentía más identificado con Lula. Es una ironía porque dentro de sus alianzas estratégicas reclutó al PES, un aliado de la iglesia a la que pertenecen Bolsonaro y sus secuaces. El PES es una fuerza menor en México, pero bastante significativa en Latinoamérica que ahora, gracias a la alianza con Morena, cuenta con una posición estratégica en la cámara de diputados y con presupuesto suficiente para configurar una estrategia con miras al 2024, cuando podría seguir los pasos de los evangelistas brasileños, quienes, luego de aliarse dos periodos seguidos con el PT, le dieron la cuchillada por la espalda.
Se acerca el primero de diciembre y no me queda sino desearle suerte al presidente electo, aunque no sin antes aclararle que, el tigre no se soltó: se rifó.


miércoles, 17 de octubre de 2018

Nuevo aeropuerto y maestría política

Miguel Ángel Ferrer

Son muy grandes, influyentes y poderosos los intereses que empujan la construcción del llamado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en el municipio de Tezcoco: banqueros, financieros, industriales, comerciantes. Pero también son muy grandes, influyentes y poderosos los intereses que se oponen a esa obra y que se inclinan por realizarla en Tizayuca: campesinos, académicos, ecologistas, científicos honrados, luchadores sociales.

Para tomar una decisión, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto una consulta a la ciudadanía. De modo que la moneda está en el aire y puede caer en cualquiera de ambos lados.

Pero caiga donde caiga la moneda, no hay razón para hacer del tema un casus belli. Ya López Obrador apuntó la solución. Si la moneda cae del lado de Tizayuca, ésta será la sede del nuevo aeródromo. Y si cae del lado de Tezcoco, los interesados en su realización podrán llevarla a cabo. Una cosa no quita la otra.

Aunque no se ha dicho con claridad, se puede colegir que en Tizayuca el aeropuerto sería una obra del Estado, una obra pública, mientras que en el caso de Tezcoco, el propio López Obrador ha dicho con toda claridad que la obra sería con cargo a los recursos de sus promotores, es decir, que sería una obra privada.

El nuevo gobierno, desde luego, no se opondría ni se opondrá a la construcción del aeródromo en el antiguo lago de Tezcoco, pero no financiará el rapaz negocio de unos cuantos multimillonarios. Si estos ven el NAIM como un gran negocio que les dejará incuantificables ganancias, tendrán la oportunidad de realizarlo. Se combinarían equilibradamente la democracia (la consulta) y la libertad de hacer negocios.

Es claro, sin embargo, que a la oligarquía no le gusta la solución planteada por López Obrador. A los grandes capitalistas les agradan los negocios y las ganancias hechos con el dinero ajeno, no con el propio. Les gustan los riesgos pero no muchos. De modo que no se le ven muchas posibilidades a la construcción del nuevo aeropuerto en Tezcoco.

Para compensarlos un poco por la decepción, el nuevo gobierno hasta podría invitar a estos grandes capitalistas a sumarse al proyecto de Tizayuca. De cualquier forma ellos ganarían. Y todo el mundo ganaría.
De nueva cuenta López Obrador da muestras de su innegable sabiduría política. Ha logrado zafarse de la trampa del nuevo aeropuerto sin conflictos mayores, sin sangre, sin muertos y sin represión. Y, sobre todo, sin perder un ápice de gobernabilidad y sin mengua de su inmensa autoridad moral frente a sus más de 30 millones de electores. 
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viernes, 10 de agosto de 2018

Buenos sueldos, malas cuentas


Tulio Ortiz Uribe

Si usted piensa que sólo los diputados, senadores, ministros, consejeros  y gobernadores son adictos a los grandes salarios, se equivoca. La plaga ya llegó al campus universitario, donde también se sirven con la cuchara grande.

Con un ingreso bruto mensual de 236 mil 739 pesos (aproximadamente 163 mil 940 pesos netos), Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), es el directivo con uno de los salarios más altos del país.

Su sueldo casi iguala a lo que percibe Enrique Graue Wiechers, rector de la más grande y prestigiada institución de educación superior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que, de acuerdo con su portal oficial, tiene una retribución neta mensual de 177 mil 895 pesos 74 centavos.

A manera de comparación, rectores de grandes universidades obtienen estos salarios: Abel Peñalosa Castro, rector de Universidad Autónoma Metropolitana, 123 mil 200 pesos mensuales; Alberto Fierro Ramirez, rector de la Universidad de Chihuahua: 100 mil 297 pesos; rector de la Universidad de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández: 131 mil 794 pesos; Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, 118 mil 144 pesos;  para el rector de la Universidad del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, 126 mil 683 pesos y rector de la Universidad de Guadalajara,  Miguel Angel Navarro Navarro, 92 mil 324 pesos.

Pero no sólo Cruz Chávez tiene un sueldo que va más allá del tamaño y de los indicadores académicos relevantes de la UABCS, el tabulador de sueldos en poder de esta revista, indica que tres funcionarios allegados a la rectoría tienen estas percepciones sin descontar impuestos: Dante Salgado González, secretario Académico: 197 mil 747 pesos; Alberto Torres García, secretario de Administración y Finanzas, 173 mil 243 pesos y el Abogado General, Adrián de la Rosa Escalante, 115 mil 278. A esas cantidades habría que agregarles aguinaldo, bono por quinquenio, riesgo de trabajo, prima vacacional, incentivo al ahorro, apoyo de transporte, canasta alimenticia y despensa quincenal.

Así, esos cuatro funcionarios reciben anualmente más de 9 millones de pesos, suma mayor a la que devengan 50 profesores de asignatura "B" de esa institución educativa, que con un  promedio de 14 mil mensuales, ganan 8 millones 604 mil pesos al año y casi lo que obtienen anualmente 100 profesores de asignatura "A", quienes en conjunto se llevan 11 millones 633 mil pesos, con un salario tabulado de 9 mil 482 pesos mensuales.

Lo anterior está reflejado en el tabulador de sueldos 2018, enviado por oficio (SAF-84/18) el 9 de abril pasado por el secretario de Administración y Finanzas de la UABCS, Alberto Torres García, al doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la SEP. Esos sueldos estarán  vigentes durante todo este año.

Universidad poco transparente
No obstante que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a la UABCS a poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, "La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración "no lo hace.


La Universidad Autónoma de Baja California Sur es más bien una institución pequeña: alberga a cerca de 7 mil alumnos repartidos en 31 carreras de nivel licenciatura; tres programas de técnico superior universitario; así como alumnos de 11 posgrados de maestría y doctorado. Nada comparable con los 349 mil 515 alumnos de la UNAM en el ciclo escolar 2017-2018, o los 117 mil 221 tan solo en licenciatura que tiene la Universidad de Guadalajara, o la matrícula de 45 mil 207 alumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el ranking de universidades nacionales, preparado por AméricaEconomía Intelligence (https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018), la UABCS ocupa el sitio número 45 ya que perdió cinco lugares pues el año pasado estaba en el escalón 40. Ahí se le clasifica con estos puntajes: Calidad Docente: 41.1; Investigación: 19.9; Prestigio: 5.9; Oferta de Posgrado: 34.8; internacionalización: 59.7; Acreditación: 47.6; Inclusión y Diversidad: 63.7 e Indice de Calidad: 35.18.

De acuerdo con la ANUIES, en las universidades públicas estatales la eficiencia terminal de los estudiantes es en promedio de 52%; es decir que por cada cien alumnos que ingresaron en una misma generación, la mitad no obtuvo el título.

Un informe de la UABCS del segundo trimestre del 2018 indica que de mil 210 alumnos inscritos en carreras de Ciencias Sociales egresaron 466 (38.5%) y de estos se titularon 95, tan solo el 20.4%.

Académicos entrevistados por este reportero que prefirieron el anonimato para evitar represalias, aseguraron que "la camarilla" que actualmente dirige la UABCS "no han tenido ni la visión ni el talento para elevar la matrícula y la eficiencia terminal, con todo y que tiene un presupuesto de 540 millones de pesos anuales; es decir un gasto por alumno de 77 mil 142 pesos, cuando que en la UNAM es de 67 mil 153 pesos.

domingo, 20 de mayo de 2018

México entrega la frontera a TrumpUlises 

Ulises Noyola Rodríguez

El despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, representa una fuerte ofensiva en contra del gobierno de México en su relación diplomática. Sin embargo, el gobierno mexicano, en lugar de confrontar al mandatario estadounidense, ha mantenido el Programa Frontera Sur y la Iniciativa Mérida, con lo cual refleja su completa subordinación a los designios de Washington.
En primer lugar, el presidente Donald Trump justificó su decisión de apoyarse en la Guardia Nacional explicando que el estado de la frontera era deplorable a tal punto que la seguridad nacional estaba en peligro. Además, el ingreso de drogas y migrantes que podrían formar parte de organizaciones criminales, estaba destruyendo la vida de los estadounidenses, por lo que el aumento de la seguridad fronteriza era inevitable 2 .
A diferencia del despliegue de la Guardia Nacional por los presidentes Barack Obama y George Bush cuando estaba creciendo de forma desmedida el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos, el número de migrantes por la Patrulla Fronteriza llegó a un tercio de las detenciones efectuadas en 2006. Aparte de que no resulta claro cómo la Guardia Nacional detendrá el paso ilícito de drogas cuando la Patrulla Fronteriza está plagada de una gran cantidad de casos de corrupción en dejar pasar la droga en el lado estadounidense 3 .
De esta manera, la orden de desplegar la Guardia Nacional por el presidente Donald Trump se debió a su intención de recuperar el apoyo político de los estadounidenses desencantados por el fracaso de la construcción del muro fronterizo, la permanencia del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y la incapacidad de efectuar deportaciones masivas. Aunado a lo anterior, el gobierno mexicano se ha negado a financiar el muro y un minúsculo fondo se obtuvo en el último presupuesto para continuar su construcción debido a la incapacidad del presidente estadounidense de llegar a un acuerdo con la facción demócrata 4 .
Sin embargo, la verdadera preocupación del gobierno estadounidense se encuentra en el control migratorio a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice. En ese espacio geográfico pasa el grueso de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países de origen, para luego tratar de cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos. Con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera sur de México, el gobierno norteamericano ha canalizado enormes recursos económicos y militares por medio de la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur.
Por un lado, el objetivo principal de la Iniciativa Mérida de combatir el crimen organizado en el territorio mexicano, apoyándose en la cooperación militar entre México y Estados Unidos, ha resultado un fracaso. El gobierno norteamericano no ha aplicado una política efectiva para reducir la demanda de drogas y la venta de armas, factores que han fortificado en gran medida a los cárteles de droga, las compañías armamentísticas y las entidades financieras dedicadas al lavado de dinero.
Por otro lado, la cooperación militar de los dos gobiernos ha implicado el intercambio de datos biométricos (huellas digitales, fotos y descripciones), el adiestramiento militar de las fuerzas mexicanas, y la instalación de bases militares. Toda esta colaboración ha creado una infraestructura, orientada a frenar el flujo de migrantes. La colaboración militar, según el sacerdote Alejandro Solalinde, viola claramente los derechos humanos de los centroamericanos, de tal suerte que el gobierno mexicano podría ser demandado por las autoridades de Centroamérica ante organismos internacionales 5 .
Ahora el gobierno de Donald Trump califica, al tratar de legitimar toda la infraestructura militar, a los migrantes como criminales, que según él, pertenecerían a grupos delictivos y tendrían que ser expulsados lo más pronto posible de Estados Unidos. Ante este humillante planteamiento, el gobierno de México tiene la obligación de suspender la colaboración militar inmediatamente en materia de migración con Washington, esto con el fin de comenzar a erradicar el genocidio de centroamericanos en la frontera sur y, en paralelo, salvar su reputación en la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la asistencia económica, el gobierno norteamericano cada vez más se ha ido deslindando de la Iniciativa Mérida obligando al gobierno mexicano a pagar casi toda la factura. Lo anterior se confirma con la solicitud del presidente Donald Trump de proporcionar únicamente 85 millones de dólares en el año en curso, cifra ínfima en comparación con el financiamiento inicial de 400 millones de dólares en 2008 6 . De forma inevitable, la autoridades mexicanas seguirán gastando cada vez más recursos en la contratación de fuerzas armadas, la compra de equipo militar y el adiestramiento de cuerpos policiales frente al desinterés de Washington de financiar la guerra contra el crimen organizado.
La carga económica para el gobierno de México resulta bastante costosa, puesto que el gasto militar se duplicó en las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 7 . Las compras excesivas de equipo militar han implicado la militarización del territorio mexicano, teniendo como resultado el sexenio más violento con un saldo total de 104,000 homicidios durante los cinco años y medio del gobierno actual. Frente a la cruenta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido otra alternativa que reconocer que la estrategia de seguridad no fue acertada durante su gestión.
Por otra parte, el Programa Frontera Sur, lanzado en 2014, se centró en asegurar un paso formal y ordenado de los migrantes, a través del incremento de las protecciones y las acciones sociales hacia ellos. Pero el balance del programa ha sido un aumento abrupto de la detención de migrantes, mientas los cuerpos armados cometen numerosas violaciones de sus derechos humanos. A este enorme costo, el gobierno estadounidense ha reducido drásticamente el flujo de migrantes, si tomamos en cuenta que el número de personas detenidas en la frontera sur aumentó casi el doble entre 2013 y 2017 8 .
Cabe destacar que el Programa Frontera Sur no involucró un programa de desarrollo económico para los países centroamericanos ni tampoco para los estados fronterizos de México, lugares donde la pobreza extrema es aprovechada por los grupos criminales para tener hombres que realicen sus actividades delictivas. Sin la elaboración de una estrategia integral, el programa está destinado a seguir deteniendo migrantes de manera indefinida, ya que los migrantes volverán a intentar cruzar la frontera frente a la imposibilidad de permanecer en sus países de origen.
Por si fuera poco, el gobierno mexicano fue el anfitrión de la Conferencia Centroamericana de Seguridad en abril de este año. Los participantes plantearon diversas iniciativas para reforzar la seguridad regional de Centroamérica en contra de las organizaciones criminales trasnacionales. Como resultado, las fuerzas mexicanas terminarán colaborando con los cuerpos militares del Comando Sur, el Comando Norte y las fuerzas centroamericanas 9 . En el marco de esta colaboración, una nueva base militar será instalada en la frontera de Guatemala a fin de realizar ejercicios militares conjuntos que se desarrollarán en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.
Todo ello responde a la necesidad de crear redes más complejas de seguridad frente a la aparición de nuevas rutas que están tomando los migrantes para superar el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. La región fronteriza se volverá un espacio donde continuará predominando la violencia, ahora exacerbada por la sofisticación de las fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. Lo inevitable para los migrantes será que tendrán que enfrentar mayores riesgos ante la aparición de nuevos enemigos, amenazas y peligros en la frontera sur de México. 

Notas:
2The New York Times. Trump Signs Memo Ordering End to ‘Catch and Release’ Immigration Policy. Fecha de publicación: 6/4/2018.
3The New York Times. The Enemy Within: Bribes Bore a Hole in the U.S. Border. Fecha de publicación: 28/12/2016.
4Bussiness Insider. Congress's massive new spending bill completely whiffed on Trump's demands for 'the wall'. Fecha de publicación: 22/3/2018.
5Reforma. Acusan intromisión de agentes de EU. Fecha de publicación: 10/4/2018.
6Congressional Research Service. U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond. Fecha de publicación: 29/6/2017.
7. El gasto militar pasó de 52,235 a 112,403 millones de pesos entre 2007 y 2016 de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
8WOLA. La frontera sur de México. Fecha de publicación: Junio de 2017.
9Huffington Post. Así es la estrategia con la que EU busca que México vigile la frontera sur. Fecha de publicación: 26/4/2017. 
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La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

miércoles, 31 de enero de 2018

La militarización de México

Jaime Luis Brito

La Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión de México, es el último paso del proceso de militarización que inició con fuerza en la época de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y que se radicalizó de manera brutal con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), a lo que Enrique Peña Nieto ha dado continuidad. En el fondo, la decisión de De la Madrid y Salinas acompañó los cambios económicos neoliberales, mientras que Calderón y Peña Nieto lo radicalizaron, particularmente el primero, para tratar de legitimarse. El momento que vivimos en este proceso es espeluznante porque se traduce en la legalización de la guerra de exterminio contra la población mexicana, particularmente contra sus jóvenes, que en 11 años ha tenido un costo humano inconmensurable y que ha nos lleva a la pérdida de una o varias generaciones de mexicanos.Después de la Masacre del 2 de octubre de 1968 en la que participó el Ejército, y según pruebas gráficas presentadas hace algunos años por el Canal 6 de julio, respondió a una provocación de otros militares, los que se agrupan en el Estado Mayor Presidencial, el desprestigio de las fuerzas armadas mexicanas y su calificación como instrumento de la represión gubernamental se fue instalando la percepción de grupos cada vez importantes de mexicanos.
Por muchos años los militares, después de estos hechos, estuvieron, como lo establece la Constitución, confinados a los cuarteles. Se trata, no hay que olvidarlo del Ejército que nos heredó la Revolución Mexicana. Sin embargo, en el viraje económico del gobierno mexicano ocurrido a finales de los 70 y principios de los 80, y que se profundó dramáticamente a principios de los 90, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, trajo consigo también la utilización, por primera vez de manera generalizada, de las fuerzas armadas en funciones de policía.
Para aplicar el neoliberalismo es necesario reforzar los mecanismos de control autoritario. Cuando el experimento comenzó en Chile, se hizo en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, la que comenzó en 1973 con el golpe de Estado. Así que Carlos Salinas de Gortari abrió la puerta de los cuarteles y les encargó el combate a los plantíos de marihuana y de cierta manera el sometimiento de los cárteles.
Luego, justamente las reformas neoliberales precipitaron el levantamiento armado en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo que trajo como consecuencia el aumento de la presencia militar, particularmente en el sureste mexicano y en aquellos territorios en los que se sospecha existe presencia de grupos armados. Ernesto Zedillo fue más allá y accedió con singular alegría a las propuestas siempre presentes del Ejército norteamericano de formar a los oficiales mexicanos, como hizo en todo América Latina, así que se creó una fuerza de élite en el Ejército y la Marina, formada por los estadounidenses.
Al final, una parte de estos efectivos militares mexicanos terminaron, primero, al servicio de los cárteles y luego creando sus propios grupos o encabezando células autónomas, que dieron un vuelco salvaje en la guerra de la delincuencia organizada. Las prácticas que militares norteamericanos mostraron en sus guerras contra el mundo, las de los Kaibiles guatemaltecos, la de los franceses en Argelia, la de los gorilas herederos de los nazis refugiados en Argentina, las hemos vivido en las calles, en miles de mexicanos que han perdido la vida en los últimos 11 años.
Y es que justamente el siguiente paso, ante la imposibilidad de control de la inconformidad social en aumento por la terrible concentración de la riqueza que democratiza la miseria, hizo que un gobierno cada vez más débil por representar menos a la población, decidiera sacar al Ejército a las calles. Eso fue lo que hizo Felipe Calderón en medio de la elección más cuestionada de la historia, hasta ese momento.
Durante la guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano decidió atacar un avispero con un rifle de asalto. El resultado está a la vista. Los cárteles de la droga se multiplicaron e incrementaron su capacidad de fuego, de acción y de control de territorios, mientras que México dejó de ser país de tránsito y se convirtió también en un mercado importante de las drogas, en tanto que la violencia no se detiene y en su etiología no sólo están los grupos criminales sino también la presencia cada día más fuerte de las fuerzas militares.
Calderón decidió la militarización del país por decreto, de facto. Los militares obedecieron la orden, pero nunca estuvieron tranquilos. Ellos tampoco olvidan el 2 de octubre, así que a lo largo de todo ese sexenio, en público y en privado, demandaron al Congreso de la Unión, las medidas legales que normalizaran jurídicamente la acción inconstitucional de que hacer las veces de policía.
Eso sólo fue posible hasta finales de 2017, cuando los legisladores federales aprobaron, sobre las rodillas, la Ley de Seguridad Interior, una de las reformas que más inconformidad ha provocado, no sólo en el territorio nacional sino afuera. La reforma es a todas luces regresiva y nos lleva a la posibilidad de que masacres como la de Tlatlaya se multipliquen por todo el territorio nacional. Los militares no están capacitados para hacer labores de control y disuasión, sino para exterminar.
La Ley de Seguridad Interior significa la legalización de la guerra de exterminio contra la población mexicana, particularmente los jóvenes. No es la guerra contra los cárteles, porque hay pruebas suficientes para afirmar que la decisión de Calderón, ratificada por Enrique Peña Nieto, de sacar a los militares de sus cuarteles no funciona. No se han debilitado los cárteles de la droga, al contrario, se fortalecen y multiplican sus ámbitos de operación. No sólo crean mercados de consumo, también establecen “cadenas de valor”, combinando la producción, trasiego, venta y distribución de las drogas, con la trata de personas para su esclavitud sexual o laboral, para el mercado interno o la exportación, dejando a miles de familias mutiladas por la desaparición de uno, o varios, seres queridos.
Mientras los militares dominan mayores espacios de la llamada seguridad en el país, como lo han hecho aceleradamente desde 2006, las cifras de muertes en el país se acumulan y año con año se superan a sí mismas, mientras que el número las personas desaparecidas supera con mucho lo ocurrido en otros países del Cono Sur o de Centroamérica que fueron sometidos a dictaduras militares o a guerras civiles durante varias décadas. En tanto, poblaciones enteras han sido desplazadas por la falta de alternativas para hacer frente a la inseguridad o simplemente, la enorme mayoría de los mexicanos han tenido que cambiar su modo de vida para paliar un poco el estado de indefensión en el que las autoridades los mantienen. Todo esto se puede corroborar en la última encuesta que sobre inseguridad hizo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Por todo ello, no podemos aceptar que la solución al problema de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado se cosa de tener más militares, con amplias libertades, en la calle. Porque ya ha demostrado que no está listo para ello. Investigaciones que han hecho reporteros independientes en la serie Pie de Página, demuestran que los soldados no tienen experiencia para el trabajo en zonas urbanas, e incluso rurales, para hacer una guerra contra “un enemigo” que no está del todo identificado. Así que es muy fácil, y cada vez más frecuente, que termine atacando a todo lo que se mueve, incluyendo civiles a los que no podemos considerar “bajas colaterales”.
Es fundamental entonces la discusión que tendrá que darse en los próximos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de los recursos de impugnación que distintos poderes, niveles de gobierno e instituciones están haciendo. La Corte se encuentra frente a una decisión que nos puede poner a todos frente a la mira de un rifle militar o, en caso de rechazar la legislación, puede obligar a los políticos a escuchar a la ciudadanía, que sí tiene propuestas y opciones para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Aunque claro, quizás es el mayor problema, los políticos hablan entre ellos, o se gritan, pero no escuchan a los ciudadanos, de quienes están cada vez más alejados.
@Patrio74
www.facebook.com/JaimeLuisBritoV 

jueves, 24 de agosto de 2017

AMLO, la emergencia de un progresismo moderado

Florencia Pagliarone y Ava Gómez


Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de MORENA a la presidencia de México, mantiene desde mayo del año un desempeño positivo en las encuestas electorales que le sitúan en torno al 17% de intención de voto, siendo el candidato con más opciones, seguido de Margarita Zavala (PAN) que toma una distancia de entre 3 y 5 [1] puntos porcentuales en las últimas mediciones. Pero las encuestas son también, para el liderazgo de AMLO y de MORENA (como la formación que alcanza la mayor intención de voto), armas de doble filo. Ello debido a la presencia del duopolio mediático (Televisa – TV Azteca) que siempre ha tendido a favorecer al bipartidismo (PRI-PAN) y que probablemente usará la sobreexposición de los sondeos para denostar al líder. Además, la posibilidad de que el vecino del norte recrudezca su política migratoria y postergue la renegociación del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), podría ser un nuevo elemento usado en contra de AMLO, arguyendo la defensa de los intereses económicos nacionales.
A principios de este año, AMLO mantuvo una gira por varias ciudades de Estados Unidos con el objetivo de construir un frente cívico en defensa de los inmigrantes, contra el racismo y la xenofobia.
La propuesta política antineoliberal y la lucha contra la corrupción, encarnada en el bipartidismo mexicano, es el marco discursivo que ha convertido al veterano candidato en un líder con potencial para dirigir un cambio político de grandes dimensiones en el país. Ello ha despertado una estrategia de deslegitimación focalizada, una vez más, en el “miedo”. Los liderazgos del PAN y el PRD se centran en amalgamar una coalición que no permita la llegada de una alternativa “populista”. En palabras de Ricardo Anaya del PAN: “Hay una alternativa que implica una regresión autoritaria al pasado, una alternativa que es francamente populista, destructiva y que representa Andrés Manuel López Obrador” [2].
Por su parte, para contrarrestar la campaña del miedo, López Obrador ha iniciado una gira por varios países latinoamericanos a fin de encontrar avales en el nivel regional, acercándose, principalmente, a aquellos gobiernos progresistas con menos cuestionamientos desde el establishment: Chile y Ecuador, y desmarcándose, a su vez, de Venezuela: “Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela, eso debe de quedar muy claro, pura calumnia” [3], dijo López Obrador en un mitin político en Jalisco. Por otra parte, a finales de agosto visitará EEUU donde presentará su libro Oye Trump, en el que habla de su experiencia con personas que han migrado de México al país del norte.
Durante el II Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, AMLO ya había anunciado que era partidario de mantener una postura mesurada en política exterior, sin asumir posiciones protagónicas: “La política exterior que proponemos se sustentará en la aplicación de una buena política interior, en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente [4].
El interés de Andrés Manuel López Obrador es el de posicionarse como líder progresista en un escenario regional muy particular, en el que sus movimientos son poco estridentes y avanzan paulatinamente con la “seguridad” que le da tener aliados en el centro. Ello, sin embargo, genera dudas de si su liderazgo puede marcar una nueva etapa en la región en clave geopolítica.  
En este sentido, el objetivo de la gira de AMLO era dar a conocer la estrategia del partido Morena y posicionar su programa de gobierno, el cual tiene algunos puntos de sintonía y otros de clara diferenciación con Bachelet y con Moreno. AMLO promete que los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y el trabajo con el objetivo de integrarlos a las actividades académicas y laborales, un tema pendiente en el caso de Chile donde la Reforma Educacional terminó por ser excluyente con los jóvenes estudiantes en tanto el sistema de gratuidad universitario no incluye a todos los estudiantes sino solo a los sectores vulnerables [5]. Mientras que la lucha contra la corrupción es una bandera en común con Ecuador. AMLO ha declarado que “se eliminarán los fueros al Presidente y a los altos funcionarios públicos. Se propondrá una reforma al Artículo 108 de la Constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones. El ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana”. [6]
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Notas
[1]http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2017/08/09/lopez-obrador-puntero-las-encuestas

Florencia Pagliarone y Ava Gómez  son investigadoras de CELAG.

viernes, 18 de agosto de 2017

El narcotráfico en México es clase gobernante

Arsinoé Orihuela

En México y el extranjero es común que el público pregunte por qué en este país matan a los periodistas, desaparecen a los estudiantes, reprimen hasta la muerte a los maestros, asesinan a líderes comunales, persiguen con ferocidad a defensores de derechos humanos, ejecutan a centenares de miles de civiles inocentes etc. La respuesta con frecuencia acude al estribillo: “fue el narcotráfico”. Esta especie de “hipótesis” inoculada, basada en información filtrada inconexamente por la prensa, aunque es parcialmente cierta, tiene limitaciones u omisiones que conviene señalar.Una primera limitación (subjetiva) es que alimenta la creencia fetichizada de que el narcotráfico es un “agente balcanizador” que las fuerzas del Estado no consiguen domeñar o contener por impotencia o debilidad. Esta “creencia” desliza (subterráneamente) la falsa noción de que la sola participación-intervención de las instituciones significa, a priori o exprofeso, un freno a las formas ilegales de hacer negocios o política, que es una tesis que (al menos en México) no resiste el menor análisis.
Esto remite a la segunda omisión (objetiva): a saber, que en México la presencia de actores institucionales de alto rango es una constante en la ecuación de los negocios del narcotráfico. Casi por regla, las corporaciones de seguridad han estado dirigidas por civiles o militares sobre cuyas personas recaen sospechas de colusión (algunas probadas) con la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca, Jorge Maldonado Vega, Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, Genaro García Luna, por mencionar algunos.
Y, por si esto fuera poco, sólo en el curso de la administración de Enrique Peña Nieto al menos 16 ex gobernadores han sido acusados (unos detenidos otros prófugos de la justicia) por numerosos delitos que involucran asociación ilícita con el narcotráfico: Roberto Borge (Quintana Roo); Javier Duarte de Ochoa (Veracruz); Flavino Ríos (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Egidio Torre Cantú (Tamaulipas); Eugenio Hernández (Tamaulipas); Guillermo Padrés (Sonora); Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes); Jesús Reina García (Michoacán); Fausto Vallejo (Michoacán); Humberto Moreira (Coahuila); Rubén Moreira (Coahuila); Rodrigo Medina (Nuevo León); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas); Ángel Aguirre Rivero (Guerrero); Andrés Granier Melo (Tabasco).
Hay que recordar que algunos de estos exgobernadores forman parte de esa “flamante” generación política que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, presentó como fieles representantes del “nuevo PRI” (Partido Revolucionario Institucional). Y tenía razón respecto a la fiel “representatividad” de estos personajes. Únicamente se equivocó al sugerir que se trataba de un nuevo viento.
Si no recuérdese el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El clan Salinas es acaso el referente más emblemático del poder político en México. Durante esa administración, el cártel del Golfo alcanzó una posición dominante en el universo del narcotráfico en México, prohijado por el blindaje institucional de la familia presidencial. Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel, era compadre de Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos, el expresidente, y de Raúl Jr., el criminalmente célebre “hermano incómodo”, quien, por cierto, paso diez años en la cárcel (1995-2005) por el asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y por otros delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico etc.
En 1999, un informe suizo ratificó estos contubernios delictuosos del clan Salinas: “Ya desde finales de la década de los setenta, los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari fueron introducidos en el negocio de las drogas por su padre Raúl Salinas Lozano, quien hubiese visto con más agrado a Raúl a la cabeza del Estado en México; sin embargo, se decidió a darle el apoyo necesario a su hijo Carlos, debido a que el modo de vida no loable de Raúl no le hubiese permitido ocupar un alto cargo en la política” (Proceso, 30-I-1999).
Dos años antes (1997), la procuradora de Suiza, Carla del Ponte, presentó un reporte que detallaba las conexiones de políticos mexicanos con la delincuencia organizada. De acuerdo con el testimonio de un informante protegido del cártel de Cali, en 1990 se celebró una reunión en México con diversos jefes criminales a la que acudieron “Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya” ( sinembargo.mx 7-VIII-2015). Éste último fue el más cercano asesor de Carlos Salinas durante su mandato.
En 1997, Manlio Fabio Beltrones Rivera fue acusado por la DEA en Estados Unidos de brindar protección al cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. De acuerdo con el informe suizo antes referido, Emilio Gamboa Patrón negoció con el cártel del Golfo los 114 millones de dólares que fueron depositados a nombre de Raúl Salinas de Gortari en la banca de Suiza ( ibidem ). En la actualidad, Beltrones Rivera es el presidente del PRI, y Gamboa Patrón es el coordinador de la bancada priísta en el Senado.
Por último, una tercera omisión (también objetiva) en la que incurre aquel estribillo de “fue el narco” es que en México prevalece una tasa de impunidad de 95-100% respecto a todas las modalidades de delito (con minúsculas variaciones en las distintas entidades federativas); una cifra que, por sí sóla, da cuenta de un éxito formidable, en donde el objetivo de las instituciones no puede ser la justicia sino la impunidad.
En este sentido, la pregunta no es por qué México reporta estadísticas humanamente impresentables. Hasta un adolescente entiende que el “imperio de la ley” de “plata o plomo”, que es la ley del narcotráfico, comporta escenarios de terror, muerte y destrucción a gran escala.
La pregunta que urge formular en México es por qué el narcotráfico en México es clase gobernante.
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Fuente: https://lavoznet.blogspot.com.ar/2017/08/el-narcotrafico-en-mexico-es-clase.html