México en la órbita imperial
Eduardo Nava Hernández
Tomo prestado el título del libro ya clásico del economista mexicano
José Luis Ceceña (1915-2012), en el que reseña cómo desde el siglo XIX, y
especialmente en el porfiriato, el capital estadounidense fue extendiendo sus
intereses en nuestro país e integrándolo en la esfera de influencia del imperio
en construcción en el norte de América. Hoy será difícil negar que el segundo
gobierno trumpista ha empezado reactivando una lógica imperial, que rompe con
el multilateralismo y la diplomacia que no se ciñe estrictamente a sus
proyectos, llegando a amenazar con la anexión de territorios de otros países en
el continente americano y el Medio Oriente. Tampoco sería muy discutible que México
se ha convertido en un objetivo de primer orden para esos intereses imperiales,
y que no sabemos hasta dónde llegarán las presiones del magnate neoyorkino para
obtener de nuestro país todo lo que a sus designios convenga.
La primera amenaza, los aranceles del 25% ya le sirvieron para que el
gobierno de Claudia Sheinbaum —al igual que el de su antecesor Andrés Manuel
López Obrador en 2029— acepte militarizar la frontera norte para frenar el
flujo de migrantes a los Estados Unidos y convertir a México, en los hechos, en
un llamado “tercer país seguro” donde se retiene a los expulsados por el vecino
septentrional, sin importar cuál sea su nacionalidad. Pero si bien el 3 de
febrero, por medio de una conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, Donald
Trump había accedido retrasar por un mes la aplicación del gravamen a las
exportaciones mexicanas, ya lo impuso al acero y el aluminio mexicanos y a los
canadienses, y no por 25% sino, llegando, al sumarse con otros impuestos, al
50%.
Los siguientes pasos han sido subestimar el nombre de México y
eliminarlo del golfo que siempre se ha llamado así para designarlo ahora como Golfo
de América, y, desde luego, intensificar sus amenazas de perseguir y
aniquilar a los cárteles de la delincuencia organizada en México, ya que
nuestro gobierno no lo ha hecho por ser, en la visión del nuevo monarca de
Washington, su cómplice y protector. Al respecto, se ha confirmado por fuentes
del Comando Norte estadounidense y la propia Sedena un número indeterminado de
“vuelos de reconocimiento” que la presidenta Sheinbaum dice que no violaron el
espacio aéreo nacional, pero que son una clara amenaza para las bandas
delincuenciales y también para nuestra soberanía. También el despliegue de
fragatas u otras naves de la armada estadounidense en el Mar de Cortés (hay que
insistir en seguir llamándolo así, aunque a AMLO no le gustara esa denominación
geográfica) y en el propio Golfo de México, cerca de nuestro mar territorial.
Pero la actitud del gobierno de Sheinbaum es complaciente —al menos
públicamente— al negar que tales movimientos se constituyan en amenazas para el
territorio y la soberanía mexicanos—. Y aún más, el Senado controlado por el
partido oficial, pero también con los votos del PRIAN, autoriza el ingreso al
país de marinos estadounidenses cuya misión será capacitar a elementos de
las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de
Marina (Semar) en operaciones tácticas y técnicas de combate en las costas
de Campeche.
El tema de la militarización y el papel del ejército en la política
nacional volvió a las columnas de los diarios y al debate público con la
aparición del general Salvador Cienfuegos Zepeda, apresado en los Estados
Unidos por acusaciones de complicidad con el narcotráfico y luego devuelto a
México para ser absuelto aquí de todo delito, en la Marcha de la Lealtad del 9
de febrero. Se recordó en la Mañanera, por la periodista Dalila Escobar de la
revista Proceso, cómo el general fue liberado en los Estados Unidos por
una petición del gobierno de México, no porque se desvanecieran las pruebas
recopiladas por la DEA y el Departamento de Justicia. Tanto la presidenta como
el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero mintieron para negar que haya
habido una solicitud del gobierno mexicano, menos una negociación, que llevara
a retirar las acusaciones contra Cienfuegos, afirmando en cambio que no hubo
evidencias suficientes para sostener la imputación al ex secretario de la
Defensa mexicano. Al decir del periodista y corresponsal en Washington de la
misma revista Jesús Esquivel, también autor de la investigación A sus
órdenes, mi general sobre las acusaciones y liberación del jefe castrense,
la jueza del caso en los Estados Unidos no desestimó las pruebas de la
acusación, sino que fue el entonces procurador de Justicia estadounidense
William Barr quien ordenó al Departamento de Justicia retirar los cargos, esto
tras varias conversaciones con el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Todos sabemos que la detención del militar en el aeropuerto de Los
Ángeles, primero celebrada por el presidente López Obrador, dio pie a una
fuerte presión de la Secretaría de la Defensa sobre la presidencia misma y la
cancillería para que gestionaran su devolución a México. Pero pocos se han
interesado por investigar hasta dónde las fuerzas armadas mexicanas son parte
de los proyectos estratégicos de los Estados Unidos no sólo en temas de
narcotráfico y delincuencia organizada, sino mucho más allá de éstos. Es decir,
posiblemente la liberación de Cienfuegos Zepeda por los estadounidenses no sólo
obedeció a las presiones mexicanas y a la amenaza de expulsar del país a los
agentes de la DEA que aquí operan, sino también a un cálculo propio del
gobierno de Donald Trump en 2020 con respecto de no dañar su alianza con el
ejército y la marina de México.
Y es que, si bien México nunca ha firmado, desde los inicios de la
Guerra Fría, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también
conocido como Tratado de Río de Janeiro, que alineó a los ejércitos del
continente con las disposiciones dictadas desde el Pentágono, la vinculación
entre las fuerzas armadas mexicanas y las estadounidenses ha sido constante. La
llegada de los marines instructores a Campeche no es en absoluto un
hecho excepcional; más aún: a pesar de que prácticamente la única amenaza
externa contra México es la que proviene de su vecino del norte, la oficialidad
de nuestro ejército y marina armada en buena parte se ha formado o cursado
diplomados o especialidades en las academias militares estadounidenses. Su
visión estratégica y táctica es en buena parte la de los mandos castrenses de
ese país. Las armas de la Sedena son en su mayor parte provenientes de los
Estados Unidos también.
Los intereses del ejército como corporación armada, además, son un
factor permanente de poder, más allá de qué partido gobierne. Y,
paradójicamente, ha sido en los gobiernos del Morena cuando más han resaltado y
se han satisfechos esos intereses de los mandos uniformados, incluso en áreas
económicas donde nunca se pensó que llegaran a involucrarse, como el turismo,
la construcción o la aeronáutica civil.
La reactivación de una perspectiva unilateral e imperial por parte del
gobierno de Donald Trump frente a lo que considera amenazas externas, conlleva
asegurar la adhesión o neutralización de sus aliados ante sus agresivas
políticas de dominio sobre el hemisferio. Ciertamente, en el ambiente de
creciente militarización de la seguridad pública y la administración
gubernamental de México y el nuevo protagonismo de los jefes castrenses en los
últimos siete años, es lógico pensar que éstos irán encontrando su lugar en las
estrategias de Washington.
Y es en ese punto donde la vinculación con las fuerzas armadas tiene un
papel importante. Pero el riesgo es que en un combate más decidido al
narcotráfico resulten involucrados mandos militares. Hay que recordar que desde
el gobierno de Felipe Calderón se decidió involucrar más a la Marina Armada en
esa lucha, dado que el gobierno estadounidense confiaba más en ésta que en el
ejército, por considerar que éste estaba más involucrado con los grupos
delincuenciales. Ante la amenaza de que los estadounidenses actúen directamente
en territorio mexicano para acabar con los cárteles, la posición de instar al
gobierno de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía ha sido casi unánime.
Sólo el PAN y algunas otras expresiones de la derecha han visto con buenos ojos
el muy posible intervencionismo de Trump. Nuevas cosas veremos, de llegarse ese
momento, en que será aun más decisivo el papel de las fuerzas armadas, sin
llegar, por supuesto a un estado de guerra con el poderoso vecino de América
del Norte.
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Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
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