Se niega el Municipio a expedir el Programa de
Ordenamiento Ecológico
Los recursos naturales de La Paz, a merced de
especuladores inmobiliarios y corporaciones mineras
Diana Cuevas
El
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una denuncia de responsabilidad
de servidores públicos contra Esthela Ponce Beltrán, Presidenta del municipio
de La Paz y otros funcionarios, por
haber desechado “de facto” el trabajo de elaboración del Programa de
Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
La
falta de este documento normativo pone en riesgo los recursos naturales y el
medio ambiente del municipio, que quedarían bajo la especulación de empresas
inmobiliarias y corporaciones mineras principalmente. Además, se deja de lado
el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores, que
equivalen a casi un millón 700 mil pesos, dijo Agustín Bravo Gaxiola, Director
de la Oficina Noroeste del organismo ambiental.
La
querella fue presentada ante el titular de la Contraloría del XIV Ayuntamiento
de La Paz, José Luis Taylor Ojeda, e incluye a Víctor Daniel Hernández Valdez,
Director de Ecología, Educación y Gestión Ambiental y a Guillermo Fenech
Cardoza, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología.
La
denuncia, de acuerdo con el CEMDA, tiene como fin la defensa de los recursos
naturales del municipio de La Paz, que han estado bajo la mira de la
especulación inmobiliaria y últimamente de corporaciones mineras. El programa
de ordenamiento ecológico permitiría la regulación del uso del suelo del territorio
paceño.
De
acuerdo a su definición en el artículo 3 fracción XXIII de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) un ordenamiento
ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias
de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
Se
da una detención arbitraria e ilegal, del proceso de discusión y aprobación del
POEL, cuya elaboración fue iniciada en 2006 bajo la administración de Víctor
Castro Cosío, continuada y terminada por el XIII Ayuntamiento a cargo de Rosa
Delia Cota Montaño, comentó Agustín Bravo Gaxiola en entrevista para La
Tijereta.
Según
lo documentan en la denuncia presentada, a la cual tuvo acceso este medio, el CEMDA solicitó el 25 de abril de este año
a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI)
del Estado, información relacionada con la modificación del POEL, es decir,
cambios a la versión final a la que se había llegado al finalizar la
administración de Cota Montaño.
Fue
el 17 de mayo cuando se obtuvo respuesta del ayuntamiento vía oficio
CM/UVTAIPM-084/2012 donde se comunicaba que la solicitud había sido atendida
por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y se documentaba en un
CD anexo.
Del
contenido de la información el CEMDA comprobó que los servidores públicos no
habían procedido a concluir las labores del POEL, como tampoco hecho gestiones
a efecto de que el Cabildo lo analizara, se hicieran modificaciones
pertinentes, con vistas a su posterior decreto y publicación.
El
POEL otorga certeza para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, se dejan asentadas cuáles son las vocaciones del municipio, qué tipo
de actividades se pueden realizar, desarrollos turísticos, actividades mineras,
agricultura, industria, expresó Bravo Gaxiola.
El
proceso de elaboración del POEL inició en forma con un Convenio de Coordinación
entre el Ayuntamiento de La Paz, el gobierno del Estado y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el 29 de mayo de 2006.
Ahora,
por la negligencia del ayuntamiento en no avanzar y concluir el POEL, se hecha
de lado el esfuerzo, tiempo y dinero gastados en administraciones anteriores
que equivalen a casi un millón 700 mil pesos, puntualizó el abogado.
La
denuncia también señala que la SEMARNAT desde inicios del actual ayuntamiento, le ha ofreció “en múltiples
ocasiones” su apoyo para la conclusión
del POEL, “ofrecimientos los cuales han sido desestimados y para fines
prácticos negados”. Las comunicaciones relativas las ha tenido la SEMARNAT, vía
al menos funcionarios de dicha
dependencia como el Subsecretario de Planeación y política Ambiental, Fernando
Tudela Abad, el Director General de Política Ambiental e Integración Regional y
Sectorial, Antonio de Jesús Díaz de León Corral y la Directora de Políticas
Ambientales, Daniela Pedroza Páez.
Bravo
Gaxiola agregó que la omisión de los servidores públicos municipales vulnera el
derecho humano a un medio ambiente sano para el bienestar de las personas. La carencia de un ordenamiento ecológico,
evita, de menos entorpece, la protección del medio ambiente, su preservación y
el aprovechamiento de los recursos naturales en el municipio de La Paz.
Era
para que ya hubiera salido estando la mesa servida. A la actual administración
solamente le compete proporcionar el documento a los miembros del cabildo, para
su discusión y posterior aprobación.
Con
esta actuación consideramos que la responsabilidad de los servidores públicos
de actuar con diligencia, probidad y de manera expedita, de acuerdo las funciones
que les impone la constitución, no ha sido acatada.
En
este caso confiamos en que la Contraloría municipal resuelva y garantice el derecho de audiencia, a más
tardar, entre dos o tres meses, y la urgencia es mayor dada la gravedad del
tema. Buscaos que delimite las funciones de los servidores públicos y los
sancione, de tal manera que el proceso se respete y sea concluido. El abogado enfatizó que en caso de no ser
atendida la demanda “puede ser el primero de otros procedimientos legales”.
Las presiones
Si
bien se argumenta, el documento rector del POEL quedó listo durante la
administración de Cota Montaño, por alguna extraña razón no se discutió y
aprobó antes de que ésta saliera del despacho.
Quizás algunos de los motivos de ese entonces -y también sean los de
ahora- tuvieron que ver con la presión ejercida por el sector turístico y de la
construcción.
De
acuerdo a notas publicadas por Minerva Simeón en 2008[1],
el sector no sólo prorrogó los plazos para su aprobación, sino que, incluso
planteó la posibilidad de contratar una
nueva consultora para que confeccionara un ordenamiento como un traje a su
medida.
Hay
que señalar que, en cuanto a la propuesta de ordenamiento ecológico, ésta fue
avalada por la Federación, vía la SEMARNAT y por el Gobierno del Estado, y
elaborada por el Dr. Luis Antonio Bojórquez Tapia, Director del Laboratorio de
la Ciencia de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la Universidad
Autónoma de México y Director de Consultoría en Ingeniería de Decisiones
Multicriteria, SC.
“El sector empresarial analiza los cambios que se
harán al POEL, del cual fue ampliado su tiempo de consulta, luego de
inconformidades de la Cámara de la Construcción (CMIC), la de Hoteleros y
Empresarios Turísticos, Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda y de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, redactaba la
periodista.
Sentenciaron que el 50% del documento elaborado por
la consultora contratada por el gobierno municipal, contenía notas restrictivas
y prohibitivas que inhibirían el desarrollo turístico de los próximos años. El
POEL será reestructurado en su mayoría… e inclusive se podría cambiar la
empresa consultora”.
Siendo “la
presentación de resultados inviables, incongruentes con el Plan de Desarrollo
Urbano recién aprobado derivado, según expresaron, de la poca convocatoria para
los talleres, de la mala inducción de preguntas, de elaboración de preguntas de
los cuestionarios aplicados por la empresa consultora y por ende de la
presentación de resultados”, algunos de los principales argumentos.
Específicamente la CMIC se pronunció “en total
desacuerdo con las normas que prohíben construir a menos de 100 metros de distancia
de la zona federal marítima terrestre, la construcción de cuartos de hotel e
infraestructura asociada a menos de 20 metros de distancia medidos a partir de esa
zona y la construcción de edificios a una distancia menor de 200 metros de la misma…
inhibirán totalmente la inversión turística, pues con la sobre regulación de
todas las dependencias no habrá quien decida invertir en La Paz”.
La minería tóxica
No hay que olvidar que la CANACINTRA se ha mostrado
abiertamente promotora de la mega minería tóxica en el estado, así lo hemos
podido constatar los habitantes a través de decenas de anuncios en los parabuses de la ciudad a
favor de la “minería responsable” y la presunta riqueza que llevarán a los poblados
del sur de la península.
Dentro de la gama de daños ambientales que pueden
generarse, derivados de la falta de regulación ambiental, quizá el más
preocupante de todos sea el que tiene que ver con la permisividad de
actividades mineras derivadas de la poca claridad en los usos y destinos de
suelo. Es cierto que el cabildo paceño se ha mostrado en contra de la
implementación de proyectos de explotación minera, sin embargo por el momento
ello no pasa de ser simplemente un discurso.
“La actividad minera tiene una patente de corso en
el municipio, se debe pasar de las declaraciones a los hechos. Si el
ayuntamiento estuviera realmente preocupado estaría avanzando con el POEL,
hubiese interpuesto controversias constitucionales, estuviese trabajando
directamente con los actores involucrados, se declararía a favor de una Ley
Ambiental Estatal que limite el establecimiento de la minería tóxica, entre
otros aspectos”.
Aspectos a regular
En una reunión informativa sostenida el 25 de abril de 2008[2],
la Consultora Multicriteria explicó los objetivos que guiarían al POEL: “Se realizará
una caracterización socio‐ambiental del territorio; un diagnóstico sobre el uso actual del
territorio; se conformarán mapas de
aptitud para cada una de las actividades
o sectores que impliquen una modificación del territorio; se analizarán
espacialmente dichos mapas e identificarán
los posibles conflictos ambientales
entre sectores; se examinará la evolución
de los conflictos ambientales a partir de la previsión de uso de los recursos naturales, y el desarrollo social y económico sustentable ;
por último se propondrá un modelo de
ordenamiento ecológico que minimice el conflicto y maximice el consenso”
Para
la identificación de sectores e intereses generales se contempló la realización
de entrevistas en La Paz, Todos
Santos, El Pescadero, Los Planes y Los Barriles, no solamente con el sector
empresarial y de la construcción, si no también con la participación de ONG’s,
prestadores de servicios y académicos.
Entre
el análisis de evaluación de los sistemas más frágiles de la región se
encuentran la vulnerabilidad por contaminación de acuíferos, las zonas de riesgo por Inundaciones, las
zonas de captación y recarga de los acuíferos, la erosión y degradación del
suelo el cambio de cobertura del suelo así como la conformación de redes
sociales.
En
cuanto a la caracterización social se identificaron los siguientes sectores cuyas actividades modifican el territorio: Hotelero
e inmobiliario, Agropecuario, Pesca y Minería.
¿A quién beneficia que no haya un programa de ordenamiento?
¿Por
qué no se va hacia adelante en el proceso de aprobación del POEL? ¿A quién le
sirve todo esto? Pues a los especuladores y a las corporaciones mineras fuera
de un escenario de sustentabilidad y que actúan de manera poco transparente,
son las preguntas que responde Bravo Gaxiola.
Al
no haber, en los hechos, una regulación cualquiera puede hacer actividades de
diversa índole. Se vuelve la ley del más fuerte, de tal manera que el uso de
los recursos naturales queda a manos de decisiones políticas y no en base a
fundamentos técnicos y de consenso público.
Como
muestra de que el Ordenamiento Territorial no está pelado con la inversión
ejemplificó el POEL de Los Cabos, que fue aprobado en 1995 y no detuvo el
desarrollo económico, es más gracias a él, Cabo Cortés pudo detenerse. Otro
ejemplo es el corredor Tulum-Cancún en la Riviera Maya, donde el ordenamiento
ecológico no ha detenido las
posibilidades económicas.
[1]Simeón, Minerva. “Respaldará Rosa Delia Cota propuestas de constructores”, en El Sudcaliforniano, 16 de abril de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n665006.htm>
Simeón,
Minerva. “Amplían plazo para aprobar el
Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 18 de abril de 2008. [En
Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n667567.htm>
Simeón,
Minerva. “Analiza sector empresarial
cambios al Plan de Ordenamiento Ecológico”, en El Sudcaliforniano, 20 de
agosto de 2008. [En Línea. Consulta: julio 2012] <http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n819775.htm>
