sábado, 26 de enero de 2013


Se duplica la población de adolescentes que consume drogas ilegales

Tulio Ortiz Uribe
La población de adolescentes entre 12 a 17 años de edad que consumen drogas ilegales, se duplicó en la última década en Baja California Sur, al pasar de 1.3 al 2.6 por ciento, informa la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el estado había 68 mil 509 habitantes de 12 a 17 años, por lo que, al momento de la encuesta, habría mil 780 jóvenes usando drogas ilegales: mariguana, cocaína o anfetaminas.

Este fenómeno social crece sin distinguir edad, sexo, ni condición económica, y no es privativo de los jóvenes, dicen especialistas.

El informe destaca que, en comparación con otras regiones, el nivel de uso de estupefacientes es alto en la parte noroccidental del país (Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur), ya que el promedio nacional es de 1.5 % y agrega que el consumo de mariguana casi se triplico en estos estados entre el 2002 y el 2011, al pasar de 0.8 al 2.2 por ciento.

El documento, dado a conocer en octubre pasado, informa que el uso de cocaína entre los jóvenes se ha mantenido estable, pues en 2002 era de 0.4 contra 0.5 en 2011. Y agrega que “El consumo de crack detectado fue prácticamente nulo en la población adolescente, muy similar a lo que ocurrió en el 2008, donde la prevalencia nacional del último año fue de 0.1%.

Se agrega que el uso de mariguana entre las mujeres adolescentes no es estadísticamente significativo, pues pasó de 0.1 a 0.6 en diez años, y la cocaína de 0.1 a 0.4 por ciento.

En el caso de los inhalables  el consumo también es bajo, pero es importante notar que en las región noroccidental, donde antes se presentaba un consumo mínimo, ahora se encuentran prevalencias de 0.5%”

En cuanto a la población de 18 a 34 años, se observa que en los últimos 10 años el consumo de mariguana casi se duplicó, al pasar de 1.0 a 1.9 por ciento; la cocaína y crack tuvieron un aumento poco significativo (0.6 a 0.8).

Por sexo, los hombres tuvieron un aumento notable en el consumo de mariguana en este segmento de edad, al pasar de 2.2 a 3.4 entre el 2002 y el 2011, situación que también se presenta en la población total de 12 a 65 años, pues pasó de 1.2 a 2.2 por ciento en una década.

Aumenta el consumo de alcohol
En consumo de alcohol la situación parecería ser más grave, ya que el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que tienen dependencia registró un aumento de casi 100 por ciento al pasar en la última década de 2.1 a 4.1. Asimismo, hubo un aumento significativo en los porcentajes de tres preguntas: “alguna vez consumió alcohol” pasó de 35.6% a 42.9%; “el último año consumió…”, pasó de 25.7%  a 30.0% y “el último mes consumió…” de 7.1% a 14.5%.

El informe observa que de 2002 a 2011 el índice de adolescentes que consumen alcohol diario se mantuvo  estable y el consumo consuetudinario disminuyó. Cabe mencionar que en el 2011, el 11.7 por ciento de las mujeres adolescentes presentaron un alto consumo de alcohol, poco más de 2 mil ochocientas.

Por sexo, se observaron las mismas tendencias en los hombres y en las mujeres. De tal forma que el  consumo diario se mantuvo con prevalencias muy bajas en ambos sexos, el consumo consuetudinario bajó y la dependencia en los hombres se duplicó (3.5% a 6.2%) y en las mujeres se triplicó (0.6% a 2%). En tanto que el consumo alto de 2008 a 2011 no tuvo crecimientos significativos en ambos sexos.

En la población adulta de 18 a 65 años el uso de alcohol fue mayor que en la adolescente y aumentó significativamente de 2002 a 2011. La prevalencia “alguna vez”, dice el informe, pasó de 72% a 77.1%, en tanto la prevalencia de “los últimos doce meses” incrementó de 51.3% a 55.7% y la de “último mes” pasó de 22.2% a 35%.
Por sexo, en los hombres únicamente de 2008 a 2011, la prevalencia alguna vez (80.8% a 88.1%) y del último año (62.6% a 69.3%) creció significativamente, mientras que el consumo en los últimos 30 días aumentó significativamente entre 2002 y 2011 (39.7% a 50.0%). En las mujeres adultas el aumento de alcohol fue significativo en las tres prevalencias de consumo de 2002 a 2011 (58.8% a 67% alguna vez, 37.1% a 43.2% últimos 12 meses y 8.5% a  21.2% últimos 30 días).

El exceso en la ingestión de bebidas alcohólicas, principalmente entre los adolescentes, es el camino más rápido para llegar a las drogas ilegales, especialmente la mariguana y cocaína.

En sus conclusiones, el informe destaca que “la cerveza sigue siendo la bebida de preferencia de la población total e incrementó significativamente de  2002 a 2008 y mantuvo su lugar en 2011”. Agrega que esa bebida la consume más de la mitad de la población masculina (53.6%) y  una tercera parte de la población femenina (29.3%).

“El segundo lugar lo ocupan los  destilados, este grupo de bebidas ha incrementado su mercado  significativamente entre 2008 y 2011. Son proporcionalmente más consumidas por las mujeres entre  quienes hay 1.4 bebedoras de cerveza por cada una de destilados, mientras que en los hombres la diferencia es mayor con 1.9 por cada uno. Casi una  tercera parte de la población consume destilados (23.6%) y también en los adolescentes han ganado mercado con un aumento significativo de consumidores tanto hombres como mujeres de 2002 a la fecha.

“El tercer lugar de preferencia lo ocupan los vinos de mesa con un mercado relativamente pequeño. Hay 6.2 adultos bebedores de cerveza por cada uno de vino; es la bebida de preferencia del 6.6% de la población, con pocas diferencias entre hombres y mujeres”

domingo, 6 de enero de 2013


Las delegaciones federales, para premiar lealtades, colocar amigos y pagar facturas


Tulio Ortiz Uribe
En mayo del 2008, luego de que el gobierno Federal nombrara a los delegados del Registro Agrario Nacional, IMSS y Sedesol  en el estado (los tres sin mayores méritos ni capacidad) el gobernador Narciso Agúndez Montaño hizo lo que popularmente se llama “un oso” y dijo en tono molesto  que enviaría “un escrito de protesta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por la designación unilateral de delegados federales”.

Irritado, pidió “ser tomado en cuenta ya que estas decisiones inciden de manera directa en el desarrollo económico y social de la entidad”. No se sabe si el cabeño envió la dichosa carta, pero lo único cierto es que nadie le hizo caso y desde gobernación se siguen palomeando a los representantes de las diversas secretarías y organismos federales que operan en Baja California Sur. Seguramente el actual gobernador hará algunas propuestas y recomendaciones, con el fin de colocar algunos amigos que no tuvieron cabida en su administración.

El gobierno Federal tiene mil 390 delegados en todo el país. Son posiciones muy bien cotizadas por los altos salarios (120 mil pesos mensuales brutos más otras prestaciones) y las prerrogativas que el puesto conlleva. Se critica el hecho de que sean otorgadas a partir de criterios políticos y personales, ya que se dan generalmente a militantes del partido en el poder y son designados aun cuando la mayoría no cumple con  los perfiles profesionales y técnicos que exige la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Desde que el PAN llegó al poder en el 2000 con Vicente Fox, y luego con Felipe Calderón, se instituyó la práctica de repartir posiciones a amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos de otros partidos, como en el caso de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del ISSSTE y de la Secretaría de Educación Pública.

El pasado delegado del ISSSTE en el estado, Efraín Monreal Gastélum, fue miembro en dos ocasiones del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y Secretario General de la Sección II de dicho sindicato en Baja California. Fue gente muy cercana a la profesora Gordillo.

Dos delegaciones en el estado se entregaron como premios de consolación a militantes panistas, perdedores de una elección: la de Economía, para Alfredo Polanco Álvarez y la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios  de Servicios Financieros (Condusef), para  Carlos Rodríguez Bucheli. Ambos no contaban con la experiencia mínima para el cargo.

Polanco Alvarez, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la carrera de licenciado en Derecho, fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en La Paz y Comondú; subdirector de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Los Cabos y subprocurador Regional de Justicia en la zona sur del Estado. En el 2001 contendió por el PAN a la presidencia municipal de La Paz y perdió. De acuerdo con su currículum, nunca ha tomado algún curso relacionado con la economía.

El otro caso, patético, es el de Carlos Rodríguez Bucheli. En su currículum dice textualmente en lo relativo a nivel de escolaridad: “Curso de Mercadotecnia y Publicidad en la Escuela Técnica de Publicidad, de la Asociación Nacional de Publicidad”. Es todo lo que registra como preparación académica. Pero eso sí, consigna en el documento que es “miembro activo del PAN desde 1999”; candidato a la gubernatura de BCS en 1998 y presidente estatal del blanquiazul del 2003 al 2005, año en que fue nombrado delegado por Luis Pazos, el director general de la Institución.

En agosto del 2008 el delegado de gobernación en el estado, José Luis Suárez Flores, fue destituido y consignado ante la PGR por presuntos actos de corrupción. De militancia panista, era el representante de esa secretaría desde el 16 de noviembre de 2001. Suárez Flores fue jefe de personal de Exportadora de Sal; director general del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de la Paz y director general de Seguridad Pública y Transito Municipal en Mulegé. En su declaración patrimonial del 2003, consigna un salario mensual neto de 96 mil pesos mensuales. Un ciudadano que declaró ante las autoridades de SFP y Segob, dijo haber recibido del  funcionario un permiso para realizar peleas de gallos con cruce de apuestas y diversos sorteos, a cambio de un pago de 2 mil 500 pesos. Fue destituido pero no se le hicieron mayores cargos.

Sin esperar a que fuera juzgado, el PAN estatal se apresuró  a seguir un procedimiento para expulsarlo, ya que “su conducta le causa un perjuicio a la imagen de Acción Nacional”, según dijo el dirigente Alfredo Zamora García.

Amalia Camacho Álvarez, delegada del Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llegó a ese cargo sin tener alguna experiencia en la administración pública; fue nombrada sólo por su militancia panista. Sus antecedentes académicos y profesionales no revelan nada excepcional: “ponente profesional en temas del ámbito laboral; ponente en foros internacionales de emprendedores y liderazgo; asesora de organizaciones empresariales en áreas de capacitación, cultura y educación”. Cabe aclarar que en su currículo no consigna en qué "foros internacionales" participó, ni qué organizaciones empresariales asesoró

Pero también los empresarios leales al régimen calderonista,  fueron premiados con una representación. Félix Fernández González fue designado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. No tiene antecedentes en la administración pública federal. Originario de Hermosillo, Sonora, es diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Su currículo consigna las empresas de las que es socio o accionista mayoritario: Grupo Corf, SA; Desarrollos Inmobiliarios de Los Cabos, SA de CV; Diseño y Proyectos del Caribe, SA de CV y Constructora de Desarrollos Turísticos, SA de CV. 

Gente con más experiencia en la administración pública fue desplazada por personajes como Fernández González.


domingo, 23 de diciembre de 2012


Clamor ciudadano: ¡No a los casinos!

José Luis Vázquez Ceja
Argumentar que los casinos atraen más turismo y generan empleos es incurrir en una grosera falacia para solapar proyectos que en nada benefician a nuestros municipios y mucho a los empresarios fuereños. La riqueza natural, histórica y cultural de nuestras ciudades y comunidades no necesita de casinos para el esparcimiento y recreación del turismo y de sus gentes. Como lo enseña la historia, el establecimiento de casinos  sólo aparece cuando grupos políticos y económicos en el poder así lo determinan, no importan las  ideologías ni  moral pública, éstas se dejan guardadas en los roperos y sólo se sacan cuando la ocasión así lo requiere.

¡No casinos en Baja California Sur!
Esta parece ser la consigna o toma de conciencia en la mayoría de la población, organizaciones sociales, empresariales y profesionistas, partidos políticos, algunos diputados locales, autoridades gubernamentales y eclesiásticas, como consecuencia de la postura asumida por ciudadanos y activistas tanto de San José del Cabo como de Loreto, así como de las no pocas críticas ciudadanas al DIF y a la alcaldesa de La Paz por aceptar regalos de uno de los casinos establecidos en la ciudad de La Paz.

En los Cabos, pese a la existencia de acuerdos y normas establecidas para no permitir la operación  de casinos de las empresas “Entretenimientos y Servicios del Valle, SA de CV., y la “Gold Play Azteca, SA de CV, la votación de ocho regidores del Ayuntamiento a favor de un casino en la plaza comercial Ley, en pleno centro de San José del Cabo, y otro en la plaza comercial “Sendero” de Cabo San Lucas, no sólo causó indignación y rechazo  sino la demanda de llevar a “juicio político” o renuncia de  los ocho regidores, que lejos de representar los intereses ciudadanos, están muy cerca de las arcas de los intereses corporativos y corruptos de los casinos.

Bien vale para juicio de la historia dar a conocer los nombres de los regidores del Ayuntamiento de Los Cabos que votaron a favor y en contra del establecimiento y operación de casinos. Los que están lejos de los intereses ciudadanos son: Annel Marrón, Eda Palacios, Emilia Vega, Ana María Wilson, Juan Mauricio Albañez, Octavio Arvizu, Víctor Ortegón y Reynaldo Zatarain. Los que hasta el momento se mantienen cerca de los intereses de los ciudadanos: Mario Hernández Alonso, Juan Francisco Sánchez Navarro, Oswaldo Murillo, incluido  José Antonio Agúndez Montaño, como presidente.

En Loreto, la antigua Capital de las Californias, el movimiento en contra del establecimiento de un casino inicia cuando ciudadanas como Linda Ramírez Wriht y Pamela Pelger Bolles se enteraron que la empresa Diversiones Baja SA de CV, había solicitado, en mayo de 2012  al Ayuntamiento el permiso para operar un centro de apuestas remotas y/o sala de sorteos de números tradicionales y electrónicos. Tras un plantón en la plaza-jardín Benito Juárez y una colecta de más de tres mil firmas ciudadanas, que fueron entregadas al Ayuntamiento manifestando su postura y rechazo a tal centro de apuestas, el pasado 7 de diciembre, el alcalde Jorge Avilés Pérez  tuvo el tino y la nobleza de entregar el oficio de respuesta (FDDH-133 2012)  a las activistas Linda y Pamela, mediante el cual el Ayuntamiento de Loreto niega el permiso solicitado a dicha empresa.

En la Paz, después de las dos entregas de juguetes por el Casino Central al DIF de La Paz y de las declaraciones de la alcaldesa del Ayuntamiento de La Paz, en cuanto a que los tres los centros de apuestas (Casinos: Central, Caliente y Fortune)  que operan en la capital, fueron  otorgados por la Secretaría de Gobernación, incluidos los dos que entraran en operación próximamente, y “que serán los últimos en la capital de estado”, las protesta de rechazo no se hicieron esperar tanto públicas como en los medios digitales y redes sociales. Sólo recordemos que las dádivas de estos antros vía la asistencia social no sólo buscan evadir impuestos sino la aceptación y reconocimiento de las autoridades.

La instalación de casinos es una responsabilidad municipal
Cabe aclarar que aún cuando nuestras autoridades municipales argumenten que sólo la Secretaría de Gobernación está facultada por la Ley Federal para autorizar el establecimientos de centros donde se lleven a cabo juegos de apuestas y sorteos (Art. 4to), soslayan el hecho de que el inciso IX del artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, indica que los permisionarios deben presentar la “documentación que acredite que el solicitante (persona física o moral) cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamientos o autoridad delegacional (ciudad de México) para la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita”.

Para abundar en las ambigüedades en la legislación actual sobre los casinos, que los ayuntamientos deben de aprovechar para negar este tipo de permisos por las empresas demandantes, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó que el nuevo Reglamento de Juegos y Sorteos (2004) “contempla una clara intención federalista que antes no existía, puesto que el establecimiento y operación  -de un casino- depende de la anuencia de la autoridad local ( ayuntamientos o delegaciones, en el caso del Distrito Federal)  que es independiente a las licencias de uso de suelo (construcciones) y a las autorizaciones relativas al giro mercantil de que se trate (alcoholes)”.

Por otra parte el gobierno de Felipe Calderón, el pasado mes de octubre, derogó del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos la prohibición expresa que había  para  las máquinas tragamonedas. Esto es, según datos  de la asociación civil Tecnologías de la Información de Normalización y Certificación Electrónica, fueron legalizadas  al menos 100 mil máquinas tragamonedas en los casinos, con dicha reforma de Calderón. Sólo en la ciudad de La Paz, dos meses atrás habían sido confiscadas cinco máquinas y hasta la fecha, nadie las ha reclamando. En suma, bajo este marco jurídico ambiguo y contradictorio, los casinos y las casas de apuestas se han venido multiplicando durante los últimos 24 años (sexenios de Salinas a Calderón)

¿Quienes son Los dueños de los casinos de La Paz y Los Cabos?

Libros Foráneos SA de CV (Caliente).
Carlos Hank Rhon es el principal operador de casinos en el país. Es miembro del PRI y fue alcalde de Tijuana. De acuerdo con la revista Forbes, tiene una fortuna de mil 400 millones de dólares.

Bajo el nombre comercial Caliente, tiene dos casas de juego en el estado: una en Los Cabos y otra en La Paz, controladas por la empresa Libros Foráneos SA DE CV. Con otras siete empresas, tiene 72 casas de juego que representan el 57 por ciento del total de establecimientos reconocidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Mientras, el número de permisos para operar centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, hipódromo y galgódromo ascienden a 117, también el 57 por ciento del total.

Promociones e Inversiones de Guerrero SA de CV (Casino Central)
Esta empresa se constituyó el 6 de agosto de 1993 y cuenta con 76 centros de sorteo de números. En el tercer trimestre de 2012 reportó ganancias por 42 millones 255 mil pesos. El principal accionista es Carlos Riva Palacio Magaña, hijo de quien fuera director del ISSSTE durante el sexenio de José López Portillo. El ex funcionario se distinguía por su afición al juego. Incluso poseía una cuadra de caballos en el Hipódromo de las Américas. Promociones e Inversiones de Guerrero cuenta con el único frontón de apuestas autorizado.

Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV (Casino Fortune)
Esta sociedad se constituyó el17 de Marzo de 1992. El principal accionista es Rodrigo Aguirre Vizzuett, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera Jefe del Distrito Federal en el sexenio de Miguel de la Madrid. Como se recordará, después de las elecciones para elegir gobernador de Guanajuato en 1991, el consejo electoral declaró ganador a Ramón Aguirre, pero las protestas de panistas y perredistas, de que había encabezado unas elecciones fraudulentas, hicieron que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo persuadiera de no presentarse a rendir protesta como gobernador y, en la negociación con el PAN que más tarde se le conocería como la “concertacesión”, se decidió que quien gobernaría finalmente la entidad sería el panista Carlos Medina Plascencia. De esas fechas datan los permisos que se les dieron para instalar casas de juego y se dice que se le otorgaron como premio de consolación.

Los últimos intentos de actualizar la Ley
Ahora que los diputados locales se disponen a legislar sobre los casinos, sería mejor y más sano, socialmente hablando, decretar la prohibición de tales antros, vale recordar que durante la legislatura LVII (1999), el diputado Isaías González Cuevas, del PRI-CROC, apoyado por la secretaria  de Turismo, Silvia Hernández, y  por la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, de la cual era miembro activo el también diputado Narciso Agúndez Montaño, presentó una iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos, pero el PAN se opuso a tal iniciativa de ley.

Instalado el PAN en el poder político con Vicente Fox, vendrían dos iniciativas más sobre el tema, pero, ahora por dos diputados del PAN correspondientes a las  Legislaturas LVII y LIX, mismas que fueron rechazadas, pero ahora por los diputados del PRI  y demás bancadas de la Cámara de Diputados.

Ante tal situación, el ex presidente Vicente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara de Diputados, en el 2004, publicaron un  decreto (Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos)  donde las decisiones quedan a discreción del Secretario de Gobernación, de sus propios intereses políticos  y de los intereses de los poderes fácticos y económicos. Sólo Televisa se quedó con 130 permisos. Luego Felipe Calderón decreta una reforma al Reglamento de las Ley Federal de Juegos y Sorteos,  mediante lo cual se legalizan las maquinas traga monedas instaladas en los casinos.

La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Vicente Fox se había extralimitado sus funciones. Pero, la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones, dejó en pié el Reglamento. Lo mismo puede pasar con la controversia constitucional que la actual Cámara de Diputados está presentando ante la Suprema Corte contra la reforma al Reglamento que decretó Felipe Calderón.

¿Cuál es el impacto social de los casinos?
Según estudios realizados por instituciones académicas y de investigación tanto nacionales como de otros países, la mayoría coincide en que tales impactos debemos verlos desde dos perspectivas: los positivos y los negativos. Entre los positivos tenemos la posibilidad que tanto gobierno como iniciativa privada inviertan recursos para generar empleos, impulsar el turismo, construir infraestructura, así como recaudar más impuestos y legalizar la clandestinidad de casinos. Entre los negativos sobresalen la corrupción entre servidores públicos y  policías, la inseguridad, el lavado de dinero, robos, crimen organizado, vicios, ocio, prostitución, secuestros, deudas de juego, suicidios, enfermedades,  adiciones y desintegración familiar.

Conclusión
Sólo esperamos que tanto diputados locales como autoridades gubernamentales tengan  como política para legislar o decretar la prohibición de casinos en Baja California Sur, que la fuente principal de atracción del turismo y del goce y placer de los ciudadanos no son los casinos sino la conservación de la riqueza natural, histórica y cultural. Los casinos quizá traigan inversión e infraestructura, empleo y diversión, pero más pronto que tarde también llegará el vicio y la violencia, la extorsión y el crimen organizado o que nuestros jóvenes vean en esta actividad el espejismo de una vida mejor. No caigamos en proyectos falaces que lejos de apoyar a un desarrollo sostenible, propician ambientes degradantes tanto para sudcalifornianos como los  turistas. Recordemos y sigamos la enseñanza del decreto del ex presidente Lázaro Cárdenas del Rió, de junio de 1938, que nos dice que los casinos “por su naturaleza, son focos de vicio, de mafias y explotación de parte de apostadores profesionales”.


martes, 27 de noviembre de 2012


El impacto socio-cultural y económico  de los norteamericanos en Los Cabos

Tulio Ortiz Uribe

“Ningún país puede darse el lujo de tener un sistema de inmigración del que hace caso omiso o cuyos hechos simplemente ratifica sobre el terreno”, dice un documento del Instituto de Políticas Migratorias, de los Estados Unidos (MPI por sus siglas en inglés), y agrega que los resultados de esa omisión “son un desafío a las reglas más básicas de gobernabilidad”.

Lo anterior bien puede aplicarse a las políticas públicas de México sobre los  inmigrantes  y en particular los norteamericanos en Baja California Sur, cuyos flujos han tenido un innegable impacto cultural, social, ambiental y económico en el estado.

La prueba de que no hay políticas claras en cuanto a la inmigración, es el hecho de que ni el propio gobierno federal sabe cuántos residentes extranjeros hay en el estado. Un documento del INEGI, titulado Los extranjeros en México, advierte que el marco conceptual que fundamenta la generación de estadísticas migratorias, especialmente la inmigración de extranjeros, no permite establecer un punto de convergencia entre el concepto jurídico legal y la entrada al país de población netamente extranjera.

Y agrega que “las limitaciones de las fuentes de información plantean la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de generación de estadística migratoria, institucionales y no institucionales que permitan, por un lado, la interpretación actual del fenómeno con la mayor calidad posible, y por el otro, el desarrollo de un plan estratégico que estructure, norme y sistematice a dichos procesos”

Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre el 2003 y el 20011, ingresaron al estado 28 mil 353 extranjeros residentes de los cuales el 95% eran estadounidenses. Pero las cifras oficiales no coinciden. Estadísticas del Consejo Nacional de Población informan que en el 2010 había en el estado “7 mil 676 residentes norteamericanos”.

El investigador de la UNAM, Álvaro López, en un estudio titulado Análisis de los flujos turísticos en el corredor Los Cabos, concuerda con lo anterior al señalar que debido a las limitaciones de información de las autoridades federales, “se desconoce cuántos extranjeros residen en Baja California Sur y qué propiedades tienen, pese a que en los hechos ocupan casi toda la costa del corredor turístico de Los Cabos”.

Esta población y la entrada de capitales extranjeros en Los Cabos, dice, “ha generado, un impacto en diferentes ámbitos socioeconómicos: la absorción, en forma legal o corrupta, de extensas áreas litorales en detrimento de tierras antes ejidales; la formación de una nueva sociedad extranjera que funciona a modo de una subcultura con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona; la generación de redes comerciales que controlan múltiples negocios, en donde se marcan nuevas pautas de consumo, a la vez que elevan mucho el costo de las mercancías para la población local; la circulación de variadas publicaciones que definen nuevos patrones culturales; la intervención en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente; la creación de redes de narcotráfico y prostitución que, entre otras cosas, han puesto en riesgo la salud pública”

De acuerdo con la maestra María Luisa Cabral, investigadora de la UABCS,  esa población “se encuentra concentrada en las localidades de Buena Vista, Los Barriles, Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, encontrándose en estas dos últimas localidades el 80 % de los extranjeros que realizan actividades lucrativas, principalmente como vendedores de tiempos compartidos, de bienes raíces y en cargos de confianza, así como laborando en empresas que en su mayoría poseen capital extranjero en un 75%. El resto de los residentes en el municipio son rentistas, jubilados o pensionados.

Playas para el disfrute de extranjeros
En un bien documentado estudio de la maestra María Luisa Cabral, titulado La enajenación de las playas en Baja California Sur y la integración económica de Norteamérica advierte que la regulación en la venta de propiedades de playa a extranjeros se ha ido desmantelando “por la presión del modelo económico occidental imperante y por el proceso de profundización de la integración económica de Norteamérica”.

Y agrega que “En Baja California Sur esta falta de protección se resiente de manera muy especial por varias razones. Primero, por ser el estado con mayor extensión en litorales y por su escasa población; por estar en la zona norte, en donde la presión de la economía norteamericana es mayor; por estar en el noroeste, bajo la poderosa influencia de la economía de la California estadounidense; por su posición en la zona de Pacífico, que se ha convertido en la nueva región económica del comercio mundial y finalmente por la gran riqueza biológica sobre todo marina que posee y por las características y condiciones que prevalen para la explotación y preservación de estos recursos que, a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, se han vuelto de tanta importancia estratégica como el petróleo”

Esta situación, dice, ha propiciado muestras de inconformidad  por parte de la población civil en todo el estado En todo el estado desde Mulegé hasta Los Cabos, se han dado muestras de inconformidad de la sociedad en relación con esta situación, ya  que el problema viene creciendo en forma desmedida e incontrolable. “No solamente un sector de la sociedad civil se ha manifestado, también se han dado manifestaciones de inconformidad por parte de empresarios mexicanos que han señalado que se privilegia a los extranjeros quienes tienen todas las facilidades…”

Y aclara: “Cuando los mexicanos nos quejamos del acaparamiento de las playas por los extranjeros no se trata de una reacción de xenofobia, de intolerancia, de negación del progreso o de rechazo a la globalización. No es cuestión de diferencias de nacionalidad. Las diferencias económicas, más que las políticas o culturales, sin una regulación adecuada dan lugar a abusos e injusticias que son las que, a su vez, dan lugar a la inconformidad en la sociedad local que se va acumulando y provocando conflictos sociales”

Para los nacionales, propinas y bajos salarios
La permisividad de las leyes y reglamentos, así como el poco personal y corrupción de funcionarios migratorios, han permitido que infinidad de norteamericanos se dediquen sin permiso a las más variadas actividades económicas, casi todas relacionadas con el turismo. En general los altos y medios empleos son ocupados por extranjeros. Los nacionales soportan la mayor carga del trabajo y muchas veces se les regatean prestaciones como Seguro Social, vacaciones y aguinaldo, ya que se les emplea sin contrato o bien lo hacen bajo la figura del outsourcing.

El Observatorio Laboral, un órgano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indica que el salario promedio en el sector turismo es de 3 mil 787 pesos. Esto contrasta con las grandes ganancias que obtienen las empresas turísticas, extranjeras en su mayoría, que generan ventas por 2 mil millones de dólares anuales en Los Cabos, el 20 por ciento del ingreso total a México por ese concepto. Sin embargo, el 80 por ciento de esas ganancias regresan a sus lugares de origen mediante la fuga de capitales, aportando beneficios marginales a la economía local.

Para Jorge Rionda Ramírez, investigador de la Universidad de Guanajuato, la consolidación de la actividad turística trasnacional y su alto nivel de ingresos, crea privilegios, marginación y monopolios, al tiempo que explotan los recursos para su  beneficio, al crear  “mecanismos de fuga de capitales principalmente vía remesas, que dentro de una red empresarial holding causan que en cada eslabonamiento las remesas se sumen como un efecto multiplicador, de tal modo que la derrama económica local solo corresponde a los sueldos y salarios, las ventas de algunos bienes y servicios modestos al turista, y propinas”

Esta precariedad laboral tiene obvias repercusiones en la calidad de vida de los sudcalifornianos. Basta con observar las zonas marginales de Los Cabos donde vive la mayoría de los trabajadores de los establecimientos turísticos para darse cuenta de las condiciones en que habitan: falta de agua potable, electricidad, drenaje y otros servicios públicos municipales como recolección de basura, pavimentos, banquetas y vigilancia.

Rionda Ramírez agrega que la inversión pública se enajena a los intereses de los inversionistas transnacionales y se orienta en crear infraestructura que apoye el funcionamiento de las industrias que promueve, de tal manera que el dinero que viene del pueblo vía impuestos y que debe ser aplicada para el pueblo y ver por el pueblo, abandona su compromiso original y acaba sirviendo a los intereses extranjeros en un nivel local.

“Por decir, en México la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en materia de turismo genera desarrollos turísticos localizados en regiones que muchas veces presentan fuertes carencias de infraestructura como de atención a los habitantes residentes del lugar. No obstante su emergencia, los pocos capitales existentes como la propia inversión pública nacional dejan de aplicarse a la mejora de la calidad de vida de los lugareños para asistir y alojar la inversión foránea. El efecto es precisamente la polarización del desarrollo económico donde vemos el convivio de áreas altamente desarrolladas creadas a favor de los intereses extranjeros en el país, con áreas contrastantes de abierta pobreza y alta marginación. México es una nación donde existen un sinnúmero de casos que sustentan esta afirmación”, dice.

Y alerta: “La cuestión es que la inclusión de inversiones foráneas implica la gradual pérdida de la autonomía y la independencia nacional… y con ello, los nacionales pasan a ser ciudadanos de tercera ante los privilegios que se les otorgan a los extranjeros”. Incluso, dice, se privilegia a los inversionistas extranjeros, a quienes “se les regalan terrenos extensos, muchas veces playas o islas, y les dan ventajas administrativas y fiscales que a los nacionales no se les brindan”.

Alvaro López va más allá al decir que con el ingreso de grandes empresas turísticas extranjeras en Los Cabos, se evidencia una fuerte participación en amplios ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, (y en donde) “la soberanía nacional se muestra como uno de los mayores problemas observados. El arraigo que la sociedad estadounidense adquiere en la zona hace evocar que, cuando el gobierno de Estados Unidos de América ha visto amenazados sus intereses económicos so pretexto de la seguridad de sus ciudadanos, puede intervenir, incluso, militarmente”.

Baja Mil, sólo daños ambientales
Un ejemplo de severos daños ambientales producidos por empresas y organizaciones norteamericanas en el estado, y en este caso en toda la península, lo constituye la carrera de autos y motocicletas “Baja Mil” que se realiza cada año en el mes de noviembre.

Dicho evento que se realiza desde 1967, actualmente es organizado desde Estados Unidos por la empresa Short Course Off-Road Enterprises (SCORE) y usan la
península, de Ensenada a La Paz, como su patio trasero.
Un estudio de impacto ambiental financiado por el gobierno de Baja California, dice que los vehículos provocan contaminación atmosférica, erosión de caminos y daños a la flora y fauna durante su trayecto. Es el caso de los impactos que se ejercerán sobre el matorral costero, que estarán sujetos a atropellamiento, principalmente juveniles que hayan crecido sobre los caminos menos transitados. Para la zona que comprende esta unidad ambiental, están reportadas cuatro especies florísticas que se encuentran contempladas en la NOM-059-ECOL-1994”

Por otra parte, se tiene que la fauna que se verá afectada primordialmente son aves, mamíferos menores y reptiles, por atropellamiento. Principalmente, el grupo más susceptible será el de aves con hábitos nocturnos.  En cuanto a los reptiles, se puede considerar que este grupo será el más afectado, más que por el ruido, estarán sujetos a ser atropellados, ya que por su forma de desplazamiento y su carencia de órganos auditivos, aún y cuando perciben vibraciones, se encuentran en desventaja para poder evitar el ser atropellados por los vehículos al cruzar los caminos de la ruta, ya que es común encontrarse serpientes atravesando en este tipo de caminos.

Es necesario considerar, dice el estudio de 164 páginas, que además de los grupos más susceptibles a los impactos, que se han mencionado con anterioridad como lo son aves y mamíferos menores, en esta unidad ambiental se distribuyen comunidades de borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) el cual se encuentra considerado en la NOM-059-ECOL-1994 bajo Protección especial.

Los contrastes
Un grupo de panelistas invitados por la revista National Geographic Traveler en su edición de diciembre de 2009, dice que Cabo San Lucas, de ser una pacífica villa de pescadores, se ha transformado en un lugar en donde los tragos de tequila es la atracción numero uno de los turistas. Agrega que el destino “parece una extensión de Estados Unidos y no precisamente de sus mejores y admirables partes. Si bien no llega a los niveles de Cancún, en Cabo San Lucas se vive la terrible gringo manía y deja muy poco que ver del auténtico México”.

El panelista que describe a Cabo San Lucas dice que es una “catástrofe de turismo totalmente enfocado al dinero. Falta de atención ambiental. Falta de beneficios locales a excepción hecha de la venta de cosas menores. La totalidad de la costa vendida a desarrolladores que destruyen nidos de tortuga y lugares que debieran permanecer intactos. Presenta muy poca cultura local y sufre bajo la explotación de mega desarrollos sin reglas y de todo lo que tiene que ver con los impactos sociales, culturales y geográficos”

 

 

 

 

 

 

 

 

jueves, 15 de noviembre de 2012


La guerra de Felipe Calderón, un fracaso


 

Tulio Ortiz Uribe

Es irreversible. La mariguana terminará por legalizarse en la mayoría de los estados de EU y en otros países. El pasado martes, junto con las elecciones para presidente,  los electores de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la mariguana para uso recreativo y se suman a otros 15 que permiten su consumo con fines medicinales.

La razón de esta medida es el aumento de la criminalidad ligada con el tráfico de estupefacientes que empieza a registrarse en ese país, y que podría convertirse en algo fuera de control con altísimos costos sociales y económicos.

Estados Unidos tienen la experiencia de la Ley Seca o Ley Volsted, que prohibía la fabricación, venta, importación, exportación  y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Duró 13 años (de 1920 a 1933)  y fue derogada cuando se dieron cuenta que había sido peor el remedio que la enfermedad, ya que el consumo de alcohol siguió subsistiendo y creciendo bajo el control de las mafias que lo producían clandestinamente o lo contrabandeaban de Canadá y México. El crimen organizado creció como nunca antes lo había hecho.

Al igual que hoy en México, el gobierno gastaba grandes cantidades de dinero para combatir las bandas delictivas, pero la corrupción de funcionarios y policías de todos los niveles, hicieron imposible su desarticulación.

La legalización de la mariguana en Colorado y Washington, fue resentida por Felipe Calderón quien declaró que esa medida “resta autoridad moral” a Estados Unidos al pedir a otros países combatir o restringir las drogas. Pero contradictorio como es, apenas hace sólo dos meses y al ver el fracaso de su estrategia, propuso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, “que se haga una valoración de los resultados de la prohibición de drogas"

Y el debate del uso legal de la mariguana, auque tibiamente, se inició. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno declaró el pasado día 9 que se debe analizar el tema y  que “logremos consensuarlo con la población”, para lo cual se tendrá que buscar un mecanismo de consulta. A esto se sumó el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien dijo que este tema debe ser “discutido, revisado y debatido con la mayor apertura e información posible”

En una abierta crítica a la forma en que Felipe Calderón actuó contra el crimen organizado, dijo que no se puede atacar ese flagelo (las drogas) sacando a los militares a las calles, y que se requiere un replanteamiento de la estrategia.

Para muchos analistas, la guerra que Felipe Calderón inicio a finales de 2006 ha sido un completo fracaso con altísimos costos sociales y económicos. Se calcula que en estos 6 años se han gastado cerca de 700 mil millones de pesos. Tan solo para este año se presupuestaron 154 mil millones de pesos para la Sedena, Marina, PGR y SSPF. Y de los muertos, ni hablar: rondan los 100 mil, sin contar con los 13 mil desaparecidos y los 200 mil desplazados.

Calderón enfrenta una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, por delitos de “lesa humanidad”.  El expediente está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, “que se han producido en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria”

domingo, 28 de octubre de 2012


 

Procuración de justicia, una tarea pendiente en BCS

 

Tulio Ortiz Uribe

Los datos son reveladores: Baja California Sur es el estado con más agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes en el país, pero sus niveles de efectividad en la resolución de investigaciones lo colocan en el vigésimo lugar, con todo y que entre 2010 y 2011, el número de denuncias por delitos graves aumentó en 33 por ciento, y que el 85 por ciento de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades encargadas de procurar justicia, informa un reporte elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC.

Con datos oficiales, el organismo demuestra que los agentes ministeriales encargados de dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas por un juez, sólo efectúan poco más de una de cada cuatro detenciones; es decir, 26 de cada 100. De esto se sigue que el número de agencias del Ministerio Público no es determinante para un buen desempeño del aparato encargado de perseguir el delito, sino que existen otros factores, como la organización  y los procedimientos de investigación, que son decisivos para un trabajo eficiente.

 
Adicionalmente, la confianza ciudadana de BCS en el Ministerio Público es muy baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, levantada por el INEGI, el 60.5 por ciento de la población de 18 años y más no tienen confianza en el Ministerio Público; sólo el 9.4 por ciento tienen mucha confianza y el 30.1 por ciento alguna confianza.

El reporte, dado a conocer en marzo pasado con el título de “Seguridad y justicia Penal en los Estados: 25 Indicadores de Nuestra Debilidad Institucional” afirma que tanto en Baja California Sur como en el resto del país, miles de delitos (conocida como cifra negra), “quedan sin denunciarse porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas” por los ministerios públicos. La encuesta ENVIPE captó que en el 2011, los ciudadanos interrogados declararon haber sido víctimas de 135 mil 710 delitos en el estado, de los cuales 115 mil 555 no fueron denunciados; es decir el 85 por ciento. Los tres delitos reportados con mayor frecuencia son la extorsión, el robo parcial de vehículo y el fraude, pero solo fueron denunciados el 30.4 del primero el 14.3 del segundo y el 14.2% del delito de fraude.

Las causas principales por las cuales el 70 por ciento de los agraviados no denuncian el delito es “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”, causales que denotan una profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones de justicia.

Para el Centro de Análisis de Políticas Públicas, “las víctimas del crimen tienen muy pocas probabilidades de ver sus casos resueltos. Los sistemas están sobrecargados porque no priorizan: procesan delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual”, y agrega que la mayoría de los estados dedican una gran cantidad de sus recursos a sancionar delitos menores “a través de los mismos mecanismos que se utilizan para resolver delitos graves, cuando podrían ser atendidos mediante mecanismos de conciliación y salidas alternativas”

Datos de la encuesta de INEGI que debería hacer prender los focos rojos de las autoridades, son los reportes de conductas delictivas que los ciudadanos de 18 años o más observaron con mayor frecuencia en lugares cercanos a su vivienda entre marzo y abril de este año: el 54.6 por ciento observa que se consume alcohol en la calle; el 36.8 dice que se consume droga; el 25.8 que se vende droga; el 21.9 hay robos y asaltos frecuentes; el 17.2% existe pandillerismo o bandas violentas y el 10.4% hay riñas entre vecinos, entre los casos más importantes.

Otro problema que enfrentan las autoridades aquí, es el aumento de la denuncia de delitos graves. No obstante que entre 2010 y 2011 hubo una reducción del 2.6 por ciento a nivel nacional en el número de denuncias ante los Ministerios Públicos, en ese periodo en Baja California Sur  aumentó un 33 por ciento la denuncia de delitos graves: robo en cuatro modalidades (a transeúntes, a casa habitación, a negocios y vehículos), violación y lesiones dolosas. Así, en 2011 se registraron 735 denuncias por delitos graves por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca al estado en el lugar número 13. También habría que consignar que en esos años, la tasa de homicidios dolosos bajó en el estado en 20.83 por ciento.

El nivel de homicidios en  Baja California Sur se mantiene por debajo de la media nacional con una tasa de seis por cada cien mil habitantes y es la segunda entidad con menor impunidad en homicidio doloso, después de Yucatán; aquí, en promedio 75 por ciento de los homicidios son sancionados, es decir se resuelven tres de cada cuatro, mientras que en el resto del país se resuelve uno de cada cinco.

Otra variable que es la consignación del delincuente, un procedimiento mediante el cual el Ministerio Público pone a disposición de una autoridad judicial los hechos o las pruebas necesarias para juzgar a alguien, tiene cifras negativas aquí. En el país se observan tasas muy bajas de consignación con respecto a las denuncias: en promedio casi 10 por ciento. En 2010 Baja California Sur se alcanzó un 9.7% de porcentaje de consignaciones, mientras que  Campeche tuvo el primer lugar con 73.2%.

Sin embargo el estado enfrenta otro tipo de problemas. Junto con Quintana Roo, son los únicos estados del país que no han podido acreditar su Centro de Evaluación y Control de Confianza, y en la evaluación del personal estatal y municipal en activo se lleva el 72 por ciento; de mil 407 elementos evaluados 226 no aprobaron, es decir el 16 por ciento.

Para los especialistas en seguridad pública, la policía preventiva es el elemento clave para evaluar el sistema de seguridad y justicia,  puesto que, además de participar en los procesos de prevención y persecución del delito, es un vínculo entre la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con normas internacionales se requieren en promedio 342 policías (estatales, municipales y ministeriales) por cada 100 mil habitantes. Baja California Sur supera esa cifra pues cuenta con 444 policías por cada 100 mil habitantes. Sin embargo la solución no radica en la cantidad, sino en la confianza que la ciudadanía tiene en ellos, así como la capacidad de resolver las denuncias.

La encuesta ENVIPE 2012, muestra que en BCS sólo el 12 por ciento de los interrogados tiene mucha confianza en la policía estatal, 8.5 en la municipal y 7.7 en la policía ministerial. En ese orden, el 33.2, 31.7 y 28.4 consideran tener alguna confianza en los elementos de esas corporaciones,  por lo que más del 60 por ciento de la población no les tiene ninguna confianza, y en promedio el 70 por ciento tienen la percepción de que existe corrupción en estas instituciones.

Aunque en su mayoría las cárceles en el país están sobrepobladas, controladas por grupos criminales y con incidentes violentos, esto no sucede en el estado. La ONU considera que más de 120 por ciento de ocupación penitenciaria constituye hacinamiento y puede considerarse como trato cruel. México se ubica por encima de esta tasa con 124.4 por ciento, y en Baja California Sur fue en 2011 de 102%.

Otro problema en el estado tiene que ver con la reincidencia de los procesados del fuero común, personas que purgaron prisión por la comisión de un delito, pero que luego de cumplir su sentencia fueron recluidas nuevamente por cometer otro. La media nacional de reincidencia es de 13.7% y en Baja California Sur es de 16 por ciento. La tasa más alta la tiene Nuevo León con 27.4%.

Este tema es de relevancia porque tiene que ver con las políticas de reeducación y recuperación social de los delincuentes. A mayor tasa de reincidencia, menor éxito de los programas de readaptación social.

De acuerdo con la especialista en derecho penal, Alicia Rodríguez Nuñez1, el infractor debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en común. Es evidente que si durante el encierro no se consigue que el sujeto varíe su comportamiento y una vez en libertad vuelve a infringir el ordenamiento penal, la colectividad no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad que, además, habrá costado una suma considerable de dinero al erario”

 

sábado, 22 de septiembre de 2012


El último grito del espurio Felipe Calderón

 

Raúl Abraham López Martínez
Producto de un cuestionado proceso electoral, en el año 2006 Felipe Calderón asumió al poder sin la suficiente legitimidad para gobernar de manera democrática.

Esta falta de legitimidad, misma que se expresó en las más intensas movilizaciones sociales del México de inicios del siglo XXI, obligó al débil gobernante a tomar la decisión de aceptar el apoyo que le ofreció el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono para frenar las manifestaciones de descontento.

Lo anterior se tradujo en la subordinación de Felipe Calderón a la política de seguridad concebida por la Casa Blanca.

Esta subordinación se materializó en dos momentos claves.1) La declaración de guerra que hizo Felipe en contra de las organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de las drogas y; 2) la firma en el año 2007 del acuerdo entre México y Estado Unidos denominado “Iniciativa Mérida” mismo que entró en vigor en el 2008.

Con estas dos acciones, el espurio Felipe Calderón literalmente envió al bote de la basura sus propuestas de campaña, olvidando que él mismo se había autodenominado el candidato del empleo.

En la página web de la embajada de Estado Unidos en México señala que la Iniciativa Mérida “es un programa histórico de cooperación que reconoce las responsabilidades compartidas de los Estados Unidos y México de luchar contra la violencia generada por las drogas que amenaza a los ciudadanos de ambos países.”.

Bajo estos términos, Estados Unidos ha destinado 1,600 millones de dólares para reforzar los aparatos de seguridad pública y militar del país. Dirigiendo estos recursos para capacitación, compra de armamento y de tecnologías militares, desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de la militarización de la frontera norte.

En los hechos, estos 1,600 millones de dólares, se han traducido en un impresionante despliegue de intervención política y militar por parte de Estado Unidos en el territorio nacional colocando en entredicho la soberanía del país.

El resultado de esta estrategia de seguridad ha provocado un espiral de violencia con más de 60 mil asesinatos de mexicanos y mexicanas en el sexenio de Calderón.

Desde esta perspectiva, el espurio acudió a dar su último grito de independencia dirigiendo un país hundido en la violencia, un país hundido en la pobreza, un país sin democracia. Y como cereza de fin de sexenio, Felipe Calderón y su partido Acción Nacional nos dejan un país sometido al gobierno de Estado Unidos.
__________________________________________
La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Raúl Abraham López Martínez. Analista político y Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria www.vozuniversitaria.org.mx