Clamor ciudadano: ¡No a los casinos!

José Luis Vázquez Ceja

Argumentar que los casinos atraen más turismo y generan empleos es incurrir en una grosera falacia para solapar proyectos que en nada benefician a nuestros municipios y mucho a los empresarios fuereños. La riqueza natural, histórica y cultural de nuestras ciudades y comunidades no necesita de casinos para el esparcimiento y recreación del turismo y de sus gentes. Como lo enseña la historia, el establecimiento de casinos  sólo aparece cuando grupos políticos y económicos en el poder así lo determinan, no importan las  ideologías ni  moral pública, éstas se dejan guardadas en los roperos y sólo se sacan cuando la ocasión así lo requiere.

¡No casinos en Baja California Sur!
Esta parece ser la consigna o toma de conciencia en la mayoría de la población, organizaciones sociales, empresariales y profesionistas, partidos políticos, algunos diputados locales, autoridades gubernamentales y eclesiásticas, como consecuencia de la postura asumida por ciudadanos y activistas tanto de San José del Cabo como de Loreto, así como de las no pocas críticas ciudadanas al DIF y a la alcaldesa de La Paz por aceptar regalos de uno de los casinos establecidos en la ciudad de La Paz.

En los Cabos, pese a la existencia de acuerdos y normas establecidas para no permitir la operación  de casinos de las empresas “Entretenimientos y Servicios del Valle, SA de CV., y la “Gold Play Azteca, SA de CV, la votación de ocho regidores del Ayuntamiento a favor de un casino en la plaza comercial Ley, en pleno centro de San José del Cabo, y otro en la plaza comercial “Sendero” de Cabo San Lucas, no sólo causó indignación y rechazo  sino la demanda de llevar a “juicio político” o renuncia de  los ocho regidores, que lejos de representar los intereses ciudadanos, están muy cerca de las arcas de los intereses corporativos y corruptos de los casinos.

Bien vale para juicio de la historia dar a conocer los nombres de los regidores del Ayuntamiento de Los Cabos que votaron a favor y en contra del establecimiento y operación de casinos. Los que están lejos de los intereses ciudadanos son: Annel Marrón, Eda Palacios, Emilia Vega, Ana María Wilson, Juan Mauricio Albañez, Octavio Arvizu, Víctor Ortegón y Reynaldo Zatarain. Los que hasta el momento se mantienen cerca de los intereses de los ciudadanos: Mario Hernández Alonso, Juan Francisco Sánchez Navarro, Oswaldo Murillo, incluido  José Antonio Agúndez Montaño, como presidente.

En Loreto, la antigua Capital de las Californias, el movimiento en contra del establecimiento de un casino inicia cuando ciudadanas como Linda Ramírez Wriht y Pamela Pelger Bolles se enteraron que la empresa Diversiones Baja SA de CV, había solicitado, en mayo de 2012  al Ayuntamiento el permiso para operar un centro de apuestas remotas y/o sala de sorteos de números tradicionales y electrónicos. Tras un plantón en la plaza-jardín Benito Juárez y una colecta de más de tres mil firmas ciudadanas, que fueron entregadas al Ayuntamiento manifestando su postura y rechazo a tal centro de apuestas, el pasado 7 de diciembre, el alcalde Jorge Avilés Pérez  tuvo el tino y la nobleza de entregar el oficio de respuesta (FDDH-133 2012)  a las activistas Linda y Pamela, mediante el cual el Ayuntamiento de Loreto niega el permiso solicitado a dicha empresa.

En la Paz, después de las dos entregas de juguetes por el Casino Central al DIF de La Paz y de las declaraciones de la alcaldesa del Ayuntamiento de La Paz, en cuanto a que los tres los centros de apuestas (Casinos: Central, Caliente y Fortune)  que operan en la capital, fueron  otorgados por la Secretaría de Gobernación, incluidos los dos que entraran en operación próximamente, y “que serán los últimos en la capital de estado”, las protesta de rechazo no se hicieron esperar tanto públicas como en los medios digitales y redes sociales. Sólo recordemos que las dádivas de estos antros vía la asistencia social no sólo buscan evadir impuestos sino la aceptación y reconocimiento de las autoridades.

La instalación de casinos es una responsabilidad municipal
Cabe aclarar que aún cuando nuestras autoridades municipales argumenten que sólo la Secretaría de Gobernación está facultada por la Ley Federal para autorizar el establecimientos de centros donde se lleven a cabo juegos de apuestas y sorteos (Art. 4to), soslayan el hecho de que el inciso IX del artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, indica que los permisionarios deben presentar la “documentación que acredite que el solicitante (persona física o moral) cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamientos o autoridad delegacional (ciudad de México) para la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita”.

Para abundar en las ambigüedades en la legislación actual sobre los casinos, que los ayuntamientos deben de aprovechar para negar este tipo de permisos por las empresas demandantes, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó que el nuevo Reglamento de Juegos y Sorteos (2004) “contempla una clara intención federalista que antes no existía, puesto que el establecimiento y operación  -de un casino- depende de la anuencia de la autoridad local ( ayuntamientos o delegaciones, en el caso del Distrito Federal)  que es independiente a las licencias de uso de suelo (construcciones) y a las autorizaciones relativas al giro mercantil de que se trate (alcoholes)”.

Por otra parte el gobierno de Felipe Calderón, el pasado mes de octubre, derogó del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos la prohibición expresa que había  para  las máquinas tragamonedas. Esto es, según datos  de la asociación civil Tecnologías de la Información de Normalización y Certificación Electrónica, fueron legalizadas  al menos 100 mil máquinas tragamonedas en los casinos, con dicha reforma de Calderón. Sólo en la ciudad de La Paz, dos meses atrás habían sido confiscadas cinco máquinas y hasta la fecha, nadie las ha reclamando. En suma, bajo este marco jurídico ambiguo y contradictorio, los casinos y las casas de apuestas se han venido multiplicando durante los últimos 24 años (sexenios de Salinas a Calderón)

¿Quienes son Los dueños de los casinos de La Paz y Los Cabos?

Libros Foráneos SA de CV (Caliente).

Carlos Hank Rhon es el principal operador de casinos en el país. Es miembro del PRI y fue alcalde de Tijuana. De acuerdo con la revista Forbes, tiene una fortuna de mil 400 millones de dólares.

Bajo el nombre comercial Caliente, tiene dos casas de juego en el estado: una en Los Cabos y otra en La Paz, controladas por la empresa Libros Foráneos SA DE CV. Con otras siete empresas, tiene 72 casas de juego que representan el 57 por ciento del total de establecimientos reconocidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Mientras, el número de permisos para operar centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, hipódromo y galgódromo ascienden a 117, también el 57 por ciento del total.

Promociones e Inversiones de Guerrero SA de CV (Casino Central)

Esta empresa se constituyó el 6 de agosto de 1993 y cuenta con 76 centros de sorteo de números. En el tercer trimestre de 2012 reportó ganancias por 42 millones 255 mil pesos. El principal accionista es Carlos Riva Palacio Magaña, hijo de quien fuera director del ISSSTE durante el sexenio de José López Portillo. El ex funcionario se distinguía por su afición al juego. Incluso poseía una cuadra de caballos en el Hipódromo de las Américas. Promociones e Inversiones de Guerrero cuenta con el único frontón de apuestas autorizado.

Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV (Casino Fortune)

Esta sociedad se constituyó el17 de Marzo de 1992. El principal accionista es Rodrigo Aguirre Vizzuett, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera Jefe del Distrito Federal en el sexenio de Miguel de la Madrid. Como se recordará, después de las elecciones para elegir gobernador de Guanajuato en 1991, el consejo electoral declaró ganador a Ramón Aguirre, pero las protestas de panistas y perredistas, de que había encabezado unas elecciones fraudulentas, hicieron que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo persuadiera de no presentarse a rendir protesta como gobernador y, en la negociación con el PAN que más tarde se le conocería como la “concertacesión”, se decidió que quien gobernaría finalmente la entidad sería el panista Carlos Medina Plascencia. De esas fechas datan los permisos que se les dieron para instalar casas de juego y se dice que se le otorgaron como premio de consolación.

Los últimos intentos de actualizar la Ley

Ahora que los diputados locales se disponen a legislar sobre los casinos, sería mejor y más sano, socialmente hablando, decretar la prohibición de tales antros, vale recordar que durante la legislatura LVII (1999), el diputado Isaías González Cuevas, del PRI-CROC, apoyado por la secretaria  de Turismo, Silvia Hernández, y  por la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, de la cual era miembro activo el también diputado Narciso Agúndez Montaño, presentó una iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas, Sorteos y Casinos, pero el PAN se opuso a tal iniciativa de ley.

Instalado el PAN en el poder político con Vicente Fox, vendrían dos iniciativas más sobre el tema, pero, ahora por dos diputados del PAN correspondientes a las  Legislaturas LVII y LIX, mismas que fueron rechazadas, pero ahora por los diputados del PRI  y demás bancadas de la Cámara de Diputados.

Ante tal situación, el ex presidente Vicente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara de Diputados, en el 2004, publicaron un  decreto (Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos)  donde las decisiones quedan a discreción del Secretario de Gobernación, de sus propios intereses políticos  y de los intereses de los poderes fácticos y económicos. Sólo Televisa se quedó con 130 permisos. Luego Felipe Calderón decreta una reforma al Reglamento de las Ley Federal de Juegos y Sorteos,  mediante lo cual se legalizan las maquinas traga monedas instaladas en los casinos.

La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Vicente Fox se había extralimitado sus funciones. Pero, la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones, dejó en pié el Reglamento. Lo mismo puede pasar con la controversia constitucional que la actual Cámara de Diputados está presentando ante la Suprema Corte contra la reforma al Reglamento que decretó Felipe Calderón.

¿Cuál es el impacto social de los casinos?

Según estudios realizados por instituciones académicas y de investigación tanto nacionales como de otros países, la mayoría coincide en que tales impactos debemos verlos desde dos perspectivas: los positivos y los negativos. Entre los positivos tenemos la posibilidad que tanto gobierno como iniciativa privada inviertan recursos para generar empleos, impulsar el turismo, construir infraestructura, así como recaudar más impuestos y legalizar la clandestinidad de casinos. Entre los negativos sobresalen la corrupción entre servidores públicos y  policías, la inseguridad, el lavado de dinero, robos, crimen organizado, vicios, ocio, prostitución, secuestros, deudas de juego, suicidios, enfermedades,  adiciones y desintegración familiar.

Conclusión

Sólo esperamos que tanto diputados locales como autoridades gubernamentales tengan  como política para legislar o decretar la prohibición de casinos en Baja California Sur, que la fuente principal de atracción del turismo y del goce y placer de los ciudadanos no son los casinos sino la conservación de la riqueza natural, histórica y cultural. Los casinos quizá traigan inversión e infraestructura, empleo y diversión, pero más pronto que tarde también llegará el vicio y la violencia, la extorsión y el crimen organizado o que nuestros jóvenes vean en esta actividad el espejismo de una vida mejor. No caigamos en proyectos falaces que lejos de apoyar a un desarrollo sostenible, propician ambientes degradantes tanto para sudcalifornianos como los  turistas. Recordemos y sigamos la enseñanza del decreto del ex presidente Lázaro Cárdenas del Rió, de junio de 1938, que nos dice que los casinos “por su naturaleza, son focos de vicio, de mafias y explotación de parte de apostadores profesionales”.