Desvíos por 110 millones de fondos federales en la administración de Rubén Muñoz Álvarez, reporta la ASF

 

Tulio Ortiz Uribe

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y desvíos por 110 millones 245 mil 700 pesos en el municipio de La Paz, luego de revisar los recursos proporcionados por la federación a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, para el ejercicio 2020.

Al verificar la aplicación de los fondos asignados, que ascendieron a 223 millones 397 mil pesos, el organismo auditor de la Cámara de Diputados encontró que la administración municipal a cargo de Rubén Muñoz Alvarez, realizó gastos "que no se encuentran respaldados con la documentación original que justifique y compruebe" el gasto ejercido; además, se usó dinero del fondo para pagar sentencias laborales que ascendieron a 7 millones 372 mil pesos, acción que no corresponde "a las prioridades establecidas en la normativa".

Asimismo, no se administraron los recursos entregados en una cuenta bancaria específica, por lo que hubo incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión de los dineros, tal como no informar ni reintegrar a la Tesorería de la Federación intereses generados de enero a marzo de 2021 y no proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos, ni fueron publicados en su órgano local.

El informe de la auditoría, entregado este domingo a la Cámara de Diputados, destaca que lo anterior generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 110 millones 245 mil 700 pesos, el 46.0% del gasto, del que no se dispone de la documentación original que justifique y compruebe el ejercicio de los recursos.

La Auditoría Superior de la Federación consideró que el municipio "no ha generado ni puesto en operación las estrategias y mecanismos de control suficientes ni razonables para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos asignados, por lo que no se garantiza la eficacia en el logro de los objetivos institucionales, la confiabilidad de su información y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y la normativa aplicable"

En conclusión, dicen los auditores, el municipio de La Paz, Baja California Sur, "no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos".

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Nota: La ASF informó que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el XVII H Ayuntamiento de La Paz, "de cuya veracidad es responsable", y se puede consultar en esta liga: https://informe.asf.gob.mx/

Foto: Diario Humano

 Apuntes sobre el saqueo del patrimonio histórico y arqueológico de BCS

Tulio Ortiz Uribe

El saqueo, destrucción, robo, especulación y mercado negro del patrimonio histórico, artístico, paleontológico y arqueológico de Baja California Sur, es una constante que debería prender los focos rojos de las autoridades, y donde la sociedad civil debe ya tomar conciencia: petroglifos, fósiles marinos, profanación y saqueo de tumbas del periodo colonial y precolombinas, locomotoras, meteoritos, objetos y muebles de valor histórico y hasta una pintura rupestre, han salido del estado hacia colecciones privadas.

No pasa un día sin que la herencia cultural del estado sufra una baja. Las denuncias llegan y se archivan en las agencias del Ministerio Público, en las cabeceras municipales, en las delegaciones.

Hace unos años se documentó un hecho insólito: el escritor Carlos Montemayor, en un artículo titulado “Baja California Sur o la cultura del despojo”, denunció públicamente la desaparición  de una pintura rupestre, “seccionado bloque por bloque”, en un sitio denominado arroyo El Pollo.

En su momento, entrevistado por este reportero el entonces delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Amao Manríquez,  reconoció que la pintura rupestre había sido robada:

-¿Cuándo sucedió esto?

- No lo sabemos, en el Instituto no tenemos el personal suficiente para vigilar los miles de sitios arqueológicos que hay en el estado.

-¿No cree que ese robo es inaudito, fuera de lo común?

- Nosotros nunca hemos negado los saqueos, los lamentamos muchísimo. Le repito, tenemos en BCS una zona arqueológica de gran magnitud. La protección del patrimonio no le corresponde a un solo hombre ni a una solo institución: toda la sociedad debe estar involucrada.

-¿ No procedía una denuncia?

- No podemos hacer una denuncia penal porque no tenemos a un responsable. Dígame ¿a quién vamos a demandar?

Carlos Montemayor denunció en el referido artículo, “el más grande proyecto de deterioro, saqueo, pérdida y negligencia sobre el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y paleontológico de una entidad federativa”, al detallar el robo en Santa Rosalía de instrumentos musicales, balanzas de precisión, locomotoras, herramientas, archivos y muebles antiguos; venta ilegal de edificios del siglo XIX; así como la sustracción en diversas parte del estado de petroglifos y fósiles marinos (un diente de tiburón megalodón tiene un precio promedio de 15 mil pesos)

Mulegé, el municipio más saqueado

De acuerdo con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en foros estatales de procuración de justicia y en medios de comunicación, el despojo de los bienes históricos y arquitectónicos de la extinta compañía francesa El Boleo, asentada en Santa Rosalía en 1885 para la extracción de cobre, se aceleraron a partir de 1987, cuyos ayuntamientos realizaron “donaciones y ventas ilegales”, según denuncia  que hizo el cronista de esa ciudad, Miguel Angel Gómez, el 4 de octubre de 1987 ante la PGR (averiguación  previa 276-93). Ahí se asienta  que “el patrimonio ha resentido la pérdida de archivos, muebles, instrumentos musicales, cavas de vinos importados, teléfonos, herramienta, maquinaria, carros, vías de ferrocarril, edificios y  balanzas de precisión para pesar el oro y la plata, todo ello reliquias del Siglo XIX”.

Tres meses antes, Amao Manríquez había pedido a la PGR, mediante oficio dirigido al Ministerio Público Federal, que “los bienes inmuebles y muebles de la Mesa Francia, sean resguardados y custodiados... a fin de evitar que continúen los actos cotidianos de saqueo”. el funcionario solicitó, “desde vigilancia las 24 horas del día, hasta el sellamiento de puertas y ventanas de los edificios de La Dirección, la Casa Club y la Casa de Visitas”, de la extintas compañía minera.

Asimismo pidió se iniciara una investigación (averiguación previa 36/987) para proceder judicialmente “en contra de aquellos que resulten responsables del saqueo de bienes culturales muebles, que se ha venido realizando en las instalaciones de la compañía”. Dos  meses después, Amao Manríquez amplió su denuncia, y señaló como responsable “de la pérdida de bienes históricos que existen (sic) en el edificio de la Dirección, al Ing. Fernando Perales Aguilar". Este fue el último gerente de esa empresa, sucesora de El Boleo, antes de ser liquidada por la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal (SEMIP).

No obstante las pruebas que se aportaron, el agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Esparza Cortina, concluyó que no había elementos para ejercitar la acción penal, ni se tomaron las medidas precautorias para evitar nuevos desmanes.

Vendieron 4 de las 5 locomotoras que rodaron en el Estado

Las denuncias de Amao Manríquez no prosperaron porque, según dijo, la orden de venta de muchas piezas de “incalculable valor”, provinieron de la ciudad de México, “del director de la Comisión de Fomento Minero, Luis de Pablos, cuando Alfredo del Mazo era el secretario de la SEMIP”.

En esos años desaparecieron varias locomotoras de vapor de vía angosta, marca Baldwin, compradas en Bélgica en 1886, que fueron las únicas que rodaron en el estado. Miguel Angel Gómez afirmó en su denuncia que dichas locomotoras fueron vendidas a coleccionistas franceses y norteamericanos y hoy se cotizan en varios millones de dólares.

No obstante que el INAH propuso y se decretó una declaratoria de zona de monumentos históricos en Santa Rosalía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1986, es a partir de esa fecha cuando se incrementan los pillajes.

En abril de 1987 tomó las riendas del gobierno municipal de Mulegé Raúl Rouzaud y fue durante su administración cuando “se realiza y permite el éxodo masivo del escaso patrimonio histórico que quedaba en Santa Rosalía”, como es entre otros, la venta a particulares del Hotel Francia, vieja construcción del siglo pasado, que no obstante estar protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue puesto en venta en 1989 por acuerdo del Cabildo mulegino sin mediar dictamen del INAH, o el desmantelamiento, clasificación pieza por pieza y traslado a un lugar desconocido, del edificio de madera de la aduana marítima.

En sus considerandos, el Decreto de 1896 estipula que "las características formales de las edificaciones de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, son testimonio de gran valor para la historia social, económica y política del país". Por esto, hace una relación de 31 construcciones y edificios con valor histórico, construidos en el siglo XIX, entre otros el Templo de Santa Bárbara, el Hotel Francia, el Club Rotarios, la Casa Club Manuel Santiesteban, la Sociedad Mutualista, la Casa de Visitas y las oficinas de la Compañía El Boleo. Varios de estos edificios se encuentran en el abandono, han sido reformados sin permiso o de plano destruidos.

 Aún hay más

Pero no sólo el patrimonio histórico de ese y otros municipios del estado han sufrido deterioro. El 18 de abril de 1996 se presentó  una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal  en Cabo San Lucas, en contra de las estadounidenses Tanya Shelton y Linda Winkler, y contra el mexicano Manuel Fiol, por su presunta participación en los delitos de robo, tráfico y venta ilegal de bienes históricos de la nación.

La investigación se inició luego de que una denuncia anónima, informó que en la tienda “El Rancho”, ubicada en Cabo San Lucas y propiedad de Shelton y Winkler, se estaban comercializando cruces de hierro forjado, pertenecientes a tumbas del siglo XIX del panteón municipal de El Triunfo. Este panteón está incorporado en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con el número de clave 03004220.

Dicho panteón data del siglo XVIII, pero fue en los años del siglo XIX cuando se desarrolló la arquitectura funeraria que tenía por característica un remate de cruz en hierro forjado, todas ellas consideradas parte del patrimonio histórico del estado.

En la tienda de las norteamericanas se decomisaron cuatro cruces y un molcajete precolombino. Linda Winkler, durante su declaración ante el ministerio público, entregó voluntariamente dos cruces más, una pistola con cachas de plata, una caja de madera y un metate. Se sabe que en los panteones Inglés, Francés y El Rosario, también considerados monumentos históricos, se han dado actos de vandalismo, saqueo y robo de puertas de ataúdes, urnas funerarias y cruces.

Baja California Sur es un estado con una gran riqueza arqueológica. La abundancia de vestigios prehispánicos es tal que los campesinos, las compañías constructoras, los contrabandistas y todo el que araña o excava el suelo, saca nuevas piezas. No hay sierra, planicie o región costera que no tenga entierros precolombinos, muchos de ellos en buen estado de conservación, dadas las condiciones climatológicas imperantes, de donde los saqueadores obtienen collares y pendientes, puntas de flecha, navajas, y utensilios domésticos como molcajetes, metates, percutores y petroglifos (inscripciones y grabados en piedras de mediano tamaño). No hay datos exactos pero se sabe que hay un mercado negro de estas piezas arqueológicas y paleontológicas, que constantemente toman el rumbo de la frontera norte.

El meteorito Loreto

Un aerolito de 95 kilos, ahora conocido como Meteorito Loreto, fue encontrado en 1896 por habitantes de esa población. No se conocen las circunstancias en las que el estadounidense Harvey Harlow Nininger se apropió de la pieza, lo cierto es que lo sacó del Estado de manera clandestina y lo entregó al Museo Nacional de los Estados Unidos. Actualmente se exhibe en la colección del Instituto Smithsoniano de la ciudad de Washington DC.

 

Revocación: la gran discordia

 

Eduardo Nava Hernandez

De manera aparentemente absurda e inexplicable, el recién establecido derecho a la revocación de mandato se ha convertido en un nuevo punto de discordia entre el gobierno y sus aparatos, incluyendo al partido denominado Morena, y el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello.

Seguramente, para alguien que observe desde el extranjero este peculiar conflicto, o para quien no tenga los elementos de contexto, resultaría un asunto totalmente excéntrico, incluso surrealista, kafkiano. En la situación actual de la política mexicana, gratuito podrá ser, pero con una lógica clara.

La revocación, según Rodrigo Borja, se ubica como una de las formas de la participación popular en los asuntos del Estado, dentro de un régimen democrático, y consiste en la “opción que se da a los electores para que puedan, en nueva votación, revocar el mandato político otorgado electoralmente a un magistrado de naturaleza representativa, antes de que cumpla el periodo para el que fue elegido, cuando consideren que ha incurrido en falta de capacidad o de probidad en el ejercicio de sus funciones. Donde existe la institución [de la revocación] el cuerpo electoral tiene el derecho de elegir pero conserva también el de destituir en las urnas al magistrado elegido. […] implica el retiro de la confianza depositada en él. Es un mecanismo constitucional para asegurar la responsabilidad de los gobernantes” (Enciclopedia de la política. Tomo II, p. 1665).

Como debiera resultar claro, se trata de un derecho colectivo que implica la existencia de un gran descontento de los gobernados con sus gobernantes una vez que éstos se encuentran en el desempeño del cargo, y no de una formulación abstracta de derecho constitucional aplicable en cualquier momento. Y es un derecho, en lo particular, del sector de ciudadanos insatisfechos con el actuar del gobernante o representante.

Pero no; en México resulta que no son los opositores y descontentos con el gobierno lopezobradorista quienes promueven la revocación, sino el presidente mismo, sus operadores y sus seguidores incondicionales. ¿Así o más absurdo, como lo expresan los jóvenes? Si el presidente mismo se siente incapaz, ¿por qué no simplemente renuncia o solicita una licencia por tiempo indeterminado? ¿Sí la gente está satisfecha, por qué ha de recurrir a un procedimiento extremo —extremo, subrayo—, como es el de la remoción constitucional o revocación?

Está claro, a estas alturas, que el procedimiento ya iniciado tiene para sus impulsores tres aspectos bien claros. Primero, dar una muestra de respaldo aún más contundente al presidente que el que los diversos sondeos de opinión muestran, y que en todos los casos lo ubican por arriba de un 60 por ciento de aprobación, y usar el instrumento revocatorio para infligir a la muy disminuida oposición realmente existente una nueva derrota política, más allá de las que electoralmente ya ha recibido; segundo, un nuevo gran movimiento de distracción de la atención pública como otras tantas bolas de humo que desde el gobierno mismo se ha aprendido en tres años a lanzar para evitar el debate en profundidad de los problemas de la nación; y tercero, cobrar agravios no al gobernante mismo sino al órgano facultado para realizar la consulta, el Consejo General del INE, como una instancia que demostradamente el presidente no ha logrado incorporar a su esfera de control. En los tres casos, se trata de un uso no sólo abusivo sino distorsionado del procedimiento, muy alejado de los propósitos democráticos para los que fue concebido.

Por eso, y no porque la disputa real se ubique entre los impugnadores y los defensores del presidente López Obrador, es que se ha elevado el tono del discurso hasta niveles de encono contra quienes cuestionan ese empleo provocador del instrumento de democracia directa y, peor, contra el organismo operativo de la consulta misma. Estamos ante una de las formas supremas del autoritarismo presidencial: el uso de una postura pseudodemocrática para expropiar a los ciudadanos de la sociedad civil un instrumento que a éstos les pertenece por derecho propio, para ponerlo al servicio de los fines del presidente mismo y su aparato de poder.

¿Cómo explicar si no que, ante el acuerdo del INE de prorrogar algunas de las fases del proceso revocatorio, sea el mismo presidente el que, molesto, anuncia recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia para asegurar que la consulta que, en teoría, puede removerlo del cargo, se realice?

Pero a esa perversión demagógica (“el pueblo pone, el pueblo quita”) de un instrumento de efectiva democracia directa, se agrega el segundo de los usos que AMLO ha decidido darle. Resulta que cuando en tres años no hay resultados visibles en seguridad pública; cuando la economía se mantiene insuficientemente reanimada y la inflación retoma niveles que no había tenido en más de dos décadas; cuando la pandemia no ha sido vencida y el país se sigue ubicando entre los de mayor mortalidad en el mundo por Covid-19; cuando en el sur del país se enfrenta una verdadera crisis migratoria por los flujos de refugiados centroamericanos cuyos derechos humanos se violentan constantemente por la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración; cuando está muy cerca de naufragar en el Congreso el estratégico proyecto de reforma al sector eléctrico, y lo está por la estrategia de confrontación elegida por el propio presidente; cuando el escaso producto interno, lejos de redistribuirse entre el conjunto de la población, sigue su imparable proceso de concentración en manos de la muy pequeña oligarquía dueña del país, pese a que “primero los pobres” se siga proclamando en el discurso; cuando la pobreza se ha extendido en vez de verse reducida, pese a los programas asistenciales que con intereses electorales maneja el gobierno de la República; cuando la también vigorosa entrega de las funciones de la vida civil a las fuerzas armadas —mediante declaratorias de prioridades de seguridad nacional y ahora la adjudicación de la administración de bienes nacionales— prosigue también con total enjundia; cuando el número de desaparecidos en el país alcanza la escalofriante cifra de 100 mil, reconocidos por el propio gobierno pero con desdén hacia las víctimas; cuando, en fin, una gama de problemas sigue afectando a la población, aparece, desde la tribuna misma presidencial el tema de la aparentada revocación de mandato como si fuera ésta legítimamente promovida por quienes han perdido la confianza en el presidente.

Pero las reservas que la mayoría del Consejo General del INE ha manifestado para realizar una efectiva consulta con los recursos limitados de los que dispone ha abierto la ocasión para que el presidente, su partido y el presidente de la Cámara de Diputados lleguen a plantear la posibilidad, no remota, de removerlos de sus cargos e incluso reestructurar por completo al instituto, cobrándose así diversas ofensas, como la de haber anulado, en cumplimiento de la ley, las candidaturas de un gran número de postulados por Morena para las pasadas elecciones concurrentes de junio, entre ellos destacadamente la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón Orozco en Michoacán.

La estrategia presidencial, secundada y ejecutada particularmente por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, es muy clara: desde la asignación del presupuesto para 2022, se aplicó un recorte sustancial al INE por más de 2 550 millones, (de un 33 por ciento, aproximadamente) particularmente a la partida solicitada para realizar el proceso de revocación de mandato —que tiene un costo similar a la de una elección presidencial, unos 3 830 millones, según lo estima el Consejo General—; acto seguido se exige que se programe y realice la consulta como si se hubiera asignado el recurso necesario, y cuando el órgano constitucionalmente autónomo reclama el recorte y aduce que tiene que aplazar algunas acciones del proceso hasta contar con los recursos necesarios, se espetan amenazas contra los consejeros que llegan, incluso, a la de hacer denuncias penales contra los consejeros, como lo ha planteado el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna. No sería difícil que, de admitirse las denuncias, la Cámara proceda al desafuero de los consejeros para sustituirlos y cristalizar así el designio presidencial.

Se argumenta, entre varias otras cosas, que la suspensión del proceso o su aplazamiento afectaría incluso derechos humanos a los ciudadanos. En absoluto puede aducirse así. La revocación es un derecho político, sin duda, pero no aplicable en cualquier circunstancia ni incondicionado. El artículo 35 que lo establece condiciona su realización a que previamente se cubra un requisito: que sea un 3 % de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores quienes la soliciten ante el Instituto Nacional Electoral. Ese requisito no se ha cubierto aún, por lo que no hay certidumbre de que la consulta deba realizarse.

Por lo demás, no existiendo realmente impugnaciones de peso a la gestión del titular del Ejecutivo que fundamenten su remoción, no se requiere ninguna ratificación y su gestión terminará, tal como lo establece la sentencia judicial que le entregó la presidencia, el 30 de septiembre de 2024.

Pero para reunir las suscripciones ciudadanas, y conociéndose los altos niveles de popularidad del presidente López Obrador, Morena y algunas organizaciones supuestamente civiles creadas con ese propósito, solicitan el consentimiento de los ciudadanos para realizar no una revocación —único concepto admitido por la Constitución y la ley reglamentaria—, sino para la ratificación del presidente. Increíblemente absurdo que sean los partidarios del gobernante quienes promuevan su falsa revocación; pero así se maneja la política en nuestro país.

Que la Comisión de Receso de la SCJN haya admitido el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE del viernes 17 de diciembre no resuelve para nada el fondo del asunto: la constitucionalidad o no del recorte que se aplicó a las finanzas del INE, impugnado por éste, así como la de la pregunta, como ésta ha sido formulada para aparecer en la boleta, que no se refiere sólo a la revocación sino a la ratificación. De ello tendrá que ocuparse la Corte el próximo mes de enero para zanjar en definitiva el espinoso asunto en que se ha convertido la demagógica consulta. Y no sería extraño que el máximo tribunal del país ordene a la Cámara asignar al INE los recursos necesarios para que el proceso pueda realizarse el próximo mes de abril conforme a lo prescrito en la Constitución y las leyes secundarias.

Pero nunca más, en principio, debiera hacerse un uso político faccioso como el que el gobierno federal, su órgano partidario y algunos adláteres lo pretenden hacer de un recurso constitucional. La inscripción del derecho a la revocación —que pertenece a los ciudadanos— en nuestro andamiaje jurídico, es un logro sin duda histórico que debe reservarse precisamente para cuando la situación lo exija. Manipulado, como lo está hoy, por el régimen, no viene sino a ratificar una vieja sentencia de la vida democrática: “la política es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos”.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Alianzas opositoras de México

 

José García Sánchez

Desde hace algunos años los medios de información convencionales en México renunciaron a la diversidad de temas y a la variedad de puntos de vista. La diferencia en esos medios no se percibe actualmente y la pluralidad de pensamiento menos aún.

Su filiación partidista se vuelve una costumbre poco a poco en el mundo de la información, donde México tiene un lugar destacado. En su proyección política la oposición encuentra en esos medios los espacios sin límite que se dedican a cuestionar la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Así, los medios convencionales, nacidos el siglo pasado en México, se convierten en un tentáculo informativo de la oposición y en parte de su estrategia política.

Uno de los factores que muestra la manipulación eminentemente política de los medios es la actual sobreexposición de la imagen de algunos políticos considerados, como posibles candidatos de Morena a la Presidencia de la República, principalmente la imagen de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

Esta estrategia fue un ejercicio cotidiano a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces el Presidente de la República era el director general de todos los diarios de circulación nacional, quien desgastó con la sobreexposición de su imagen a Porfirio Muñoz ledo, entonces un dinámico senador por el PRD, y acababa de competir por la gubernatura de Guanajuato.

En ese panorama su figura representaba un peligro para los intereses imperantes y por órdenes muy superiores aparecía en el cintillo de los diarios, su foto en primer aplana, ocupaba la nota de ocho columnas, sus declaraciones eran comentadas, sus participaciones en tribuna eran reproducidas con puntos y comas, etc.

La sobrexposición en los medios fue un arma política en el salinato que le arrojó importantes victorias. Ahora, la historia se repite, como si esa misma persona estuviera tras de esas sobreexposiciones, que manejaba el ex Presidente de la República con gran maestría. Todavía no había redes sociales.

La sobreexposición en los medios es tan dañina como la no exposición de su imagen, probablemente peor. El exceso de comunicación, sobre todo en política, corta la comunicación. La atrofia. Las campañas para las elecciones de 2024 ya empezaron en los medios, nadie los regula en este sentido. El escenario de la política cambia de escenario y secuestra las acciones de los políticos a la prisión de los medios que no son plurales ni imparciales.

En los meses pasados hubo una especie de adiestramiento en cuanto a la sobreexposición en los medios, el encierro cerró las ventanas de la realidad y la redujeron a los medios para conocer lo que sucede en el mundo. Se amplió el espectro y la sobrexposición comenzó a ser arte en la información. A pesar de ello, la sobreexposición en política sigue siendo una herramienta efectiva de desgaste.

Se trata de ver repetitiva la imagen pública, con las mismas palabras, de ser posible con la misma ropa, con los mismos temas, con los defectos resaltados, con expresiones grotescas. Hay expertos en el daño de la sobreexposición.

Así, la sobreexposición emocional, propia de los tiempos de campaña prelectoral, se expresa con mayor insistencia en los medios convencionales, que están al servicio de los intereses del pasado, tiempos en los que se convirtieron los medios en una especie de secretarías de Estado en México.

Así, la actual administración no se enfrenta a una oposición tradicional sino a toda una estructura de intereses que confluyen en trincheras muy fuertes con la intención de desestabilizar al gobierno para recuperar privilegios, volver al pasado, incluso utilizando herramientas ilegales para lograrlo.

No existe sólo una oposición política que enfrenta, como debe suceder en toda democracia, las disposiciones gobiernos y las critica con toda libertad, sino que está aliada con los propios destructores del país que reclaman su derecho sobre las leyes, las vidas y las haciendas como lo hacían hace 100 años. En una lucha desigual más cercana al golpismo que a la democracia.

 La sobreexposición es tratada en la política mexicana con el
único objetivo de desgastar imágenes, un arma que desde hace poco más de 20 años, –tal vez sea la misma mano que mueve la cuna– hace mucho daño en México a los políticos progresistas y daña la democracia severamente.

Los medios son parte de los partidos de oposición y se prestan a toda estrategia política sin importar el profesionalismo, la ética ni la verdad.

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La Tijereta Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Dan 18 años de prisión a Teniente Naval que violó a una cadete en La Paz

Tulio Ortiz Uribe 

Un Tribunal Militar sentenció a 18 años de prisión al Teniente de Navío de Aeronáutica Naval, Víctor Manual Mecinas Rosas, por los delitos de violación y abuso sexual en agravio de la cadete de identidad reservada, que aquí llamaremos Mary. Los hechos sucedieron en agosto de 2018 en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval en La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso publicado esta semana, la agresión ocurrió en la oficina de su maestro Mecinas Rosas, y aunque la estudiante se resistió y pidió ayuda a gritos, ninguno de sus compañeros de generación acudió en su auxilio no obstante que escucharon claramente su demanda.

 Mary relata: "le supliqué que me dejara salir, pero, sin importarle mi miedo y desesperación, me atacó; me decía que me iba a ser lo que quisiera porque él era mi superior y yo sólo su gata" Luego de la agresión la cadete denunció el hecho ante sus superiores y aunque detalló las circunstancias, nadie le creyó e incluso la calificaron de "loca escandalosa y la expulsaron de la escuela naval a sólo dos meses de terminar su carrera". 

 Sin dinero y sin contar con la ayuda ni asesoría de la Secretaría de Marina, Mary obtuvo la ayuda de la abogada independiente María del Carmen Molina, quien luego de un largo proceso legal logró la sentencia el pasado 21 de mayo. 

 " A tres años de lo sucedido, relata el reportaje, la Marina mantiene relegada a Mary, quien se encuentra recluida en su domicilio en Guerrero con un "rebaje domiciliario", es decir, aunque no está dada de baja de la institución, actualmente no cuenta con ningún derecho"

 ¿Austeridad? Los ingresos millonarios de magistrados y consejeros en BCS

 

Tulio Ortiz Uribe

Siguiendo la línea marcada por el presidente de la República de aplicar un plan de austeridad y cero corrupción, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, anunció ayer el recorte a los sueldos de altos funcionarios, así como cancelar bonos, sobresueldos, ayudas, gastos de gasolina y teléfono celular; pero fue muy enfático al decir que "nadie ganará más que el gobernador"

Sin embargo eso no se cumple con los magistrados y consejeros de los entes autónomos en el estado, quienes tienen salarios que superan los 85 mil pesos mensuales que Castro Cosío se asignó, y que si le sumamos bonos, estímulos, prima vacacional, despensas, gratificaciones y otras ayudas como teléfono y gasolina, tenemos una casta privilegiada que sangra el erario con percepciones millonarias.

Veamos por qué: en el Instituto Estatal Electoral (IEE) el consejero presidente (Rebeca Barrera Amador terminó su periodo) tiene un salario mensual de 130 mil 324 pesos, y los consejeros Cesar Taylor Maldonado, Chikara Yanome Toda, Alma Alicia Ávila Flores, Marisol Gutiérrez Canizales, Leticia Ocampo Jiménez y Miguel Santoyo Cantabrana, devengan 103 mil 907 pesos; el secretario ejecutivo gana 95 mil 932 pesos. Al  ser sujeto obligado, el IEE por ley debe transparentar en su página oficial, además de los salarios, las gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, pero no lo hace. Se sabe que reciben esas prestaciones lo que aumenta considerablemente los ingresos.

En el Tribunal Estatal Electoral la magistrada presidenta Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, la magistrada Sara Flores de la Peña y el magistrado Augusto Raúl Jiménez Beltrán, tienen un salario mensual 104 mil 962 pesos más prestaciones (no divulgadas en su página oficial)

El hecho de ser organismos autónomos, resulta propicio para privilegiar los ingresos de magistrados, consejeros y comisionados, y otorgarse bonos que en los hechos aumentan los salarios. En el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información la comisionada presidenta Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez y los comisionados Conrado Mendoza Márquez y Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia tienen una remuneración mensual de 75 mil 135 pesos, pero reciben jugosos bonos: dos al año por 37 mil 567; dos primas vacacionales ( julio y diciembre) también por 37 mil 567; un estímulo de fin de año por 37 mil 567 pesos, un "ajuste al calendario", por aquello de que hay meses con 31 días: 12 mil 522 pesos y un aguinaldo de 100 mil 180 pesos. Todo ello suma 300 mil 527 pesos y agregados al salario dan 1 millón 202 mil 147 pesos anuales, ó 100 mil 178 pesos mensuales.

En el tribunal de Justicia Administrativa los magistrados Angelica Arenal Ceseña, Claudia Méndez Vargas y Ramiro Ulises Contreras tienen salarios de 96 mil 338 pesos más bonos por 50 mil y aguinaldo de 84 mil 713 pesos.  

Tribunal Superior de Justicia. El magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez tiene un salario nominal de 124 mil 914 pesos; los magistrados Martha Ramírez Ramírez y José González Sánchez 119 mil 950 y el magistrado consejero Héctor Homero Bautista Osuna, 94 mil 996 pesos, no informan de las prestaciones.

Como dice el dicho, o todos coludos o todos rabones.

 

Revocación de mandato, otro golpe al neoporfirismo

 

Marco I. Dávila C

En palabras del Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta popular de revocación de mandato que se va a realizar en marzo de 2022 en México, “es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

En otras palabras, lo que el INE quiso decir es que, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hoy se ha logrado algo bastante importante para la vida democrática de México. El que los mexicanos, si así lo exigen, ahora ya pueden remover a un presidente antes de que concluya su sexenio. 

Así quedó la pregunta que las y los mexicanos veremos en las papeletas el día de la consulta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

La recientemente aprobada Ley Federal de Revocación de Mandato le permite a los mexicanos el que futuros malos presidentes no se salgan con la suya, ya sea porque robaron o que hayan sido corruptos, o que hayan traicionado a la patria o que, por alguna razón, el pueblo ya no confíe en ellos.

A veces en la oposición tienen la desfachatez de asegurar que son “mayoría” a nivel nacional. Si ese es el caso, qué estarán esperando entonces para llamar a su “mayoría” para, por medio de la consulta, sacar al “dictador” que tanto aborrecen. Dicho de otro modo, la Ley de Revocación de Mandato le está dando la oportunidad al conservadurismo de cumplir su sueño y, de manera legal, sacar a AMLO de la presidencia. 

¿Usarán esa oportunidad? O, como ya se saben perdidos, ¿optarán por boicotear la consulta? Yo creo que como sea, intenten lo que intenten andan perdidos. Porque lo que es seguro es que AMLO va a concluir su mandato de seis años. Y para que no se nos espanten, para seguir repitiéndolo hasta que quede clarísimo, aquí les dejo la explicación del mismísimo presidente de la república, plasmada en su libro más reciente A la mitad del camino, sobre de que no está en sus planes el reelegirse: 

“En lo personal, deseo concluir mi mandato a finales de septiembre de 2024 para retirarme en definitiva del ejercicio de la política y vivir en Palenque el resto de mi vida con salud y alegría, quedándome con el recuerdo y con la sublime satisfacción de haber servido al extraordinario pueblo de México y a nuestra gran Nación”.

Vamos todos por la ratificación de mandato o, como se le llama oficialmente: “Revocación de Mandato”. Aunque les duela y les dé miedo la democracia participativa a la minoría que se sentían los “todopoderosos”, hoy, el pueblo pone y el pueblo quita. Sin duda alguna, este ejercicio de democracia participativa es otro golpe al neoporfirismo. 

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