Apuntes sobre el saqueo del patrimonio histórico y arqueológico de BCS
Tulio Ortiz Uribe
El saqueo, destrucción, robo, especulación y mercado negro del patrimonio histórico, artístico, paleontológico y arqueológico de Baja California Sur, es una constante que debería prender los focos rojos de las autoridades, y donde la sociedad civil debe ya tomar conciencia: petroglifos, fósiles marinos, profanación y saqueo de tumbas del periodo colonial y precolombinas, locomotoras, meteoritos, objetos y muebles de valor histórico y hasta una pintura rupestre, han salido del estado hacia colecciones privadas.
No pasa un día sin que la herencia cultural del estado sufra una baja. Las denuncias llegan y se archivan en las agencias del Ministerio Público, en las cabeceras municipales, en las delegaciones.
Hace unos años se documentó un hecho insólito: el escritor Carlos Montemayor, en un artículo titulado “Baja California Sur o la cultura del despojo”, denunció públicamente la desaparición de una pintura rupestre, “seccionado bloque por bloque”, en un sitio denominado arroyo El Pollo.
En su momento, entrevistado por este reportero el entonces delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Amao Manríquez, reconoció que la pintura rupestre había sido robada:
-¿Cuándo sucedió esto?
- No lo sabemos, en el Instituto no tenemos el personal suficiente para vigilar los miles de sitios arqueológicos que hay en el estado.
-¿No cree que ese robo es inaudito, fuera de lo común?
- Nosotros nunca hemos negado los saqueos, los lamentamos muchísimo. Le repito, tenemos en BCS una zona arqueológica de gran magnitud. La protección del patrimonio no le corresponde a un solo hombre ni a una solo institución: toda la sociedad debe estar involucrada.
-¿ No procedía una denuncia?
- No podemos hacer una denuncia penal porque no tenemos a un responsable. Dígame ¿a quién vamos a demandar?
Carlos Montemayor denunció en el referido artículo, “el más grande proyecto de deterioro, saqueo, pérdida y negligencia sobre el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y paleontológico de una entidad federativa”, al detallar el robo en Santa Rosalía de instrumentos musicales, balanzas de precisión, locomotoras, herramientas, archivos y muebles antiguos; venta ilegal de edificios del siglo XIX; así como la sustracción en diversas parte del estado de petroglifos y fósiles marinos (un diente de tiburón megalodón tiene un precio promedio de 15 mil pesos)Mulegé, el municipio más
saqueado
De acuerdo con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en foros estatales de procuración de justicia y en medios de comunicación, el despojo de los bienes históricos y arquitectónicos de la extinta compañía francesa El Boleo, asentada en Santa Rosalía en 1885 para la extracción de cobre, se aceleraron a partir de 1987, cuyos ayuntamientos realizaron “donaciones y ventas ilegales”, según denuncia que hizo el cronista de esa ciudad, Miguel Angel Gómez, el 4 de octubre de 1987 ante la PGR (averiguación previa 276-93). Ahí se asienta que “el patrimonio ha resentido la pérdida de archivos, muebles, instrumentos musicales, cavas de vinos importados, teléfonos, herramienta, maquinaria, carros, vías de ferrocarril, edificios y balanzas de precisión para pesar el oro y la plata, todo ello reliquias del Siglo XIX”.
Tres meses antes, Amao Manríquez había pedido a la PGR, mediante oficio dirigido al Ministerio Público Federal, que “los bienes inmuebles y muebles de la Mesa Francia, sean resguardados y custodiados... a fin de evitar que continúen los actos cotidianos de saqueo”. el funcionario solicitó, “desde vigilancia las 24 horas del día, hasta el sellamiento de puertas y ventanas de los edificios de La Dirección, la Casa Club y la Casa de Visitas”, de la extintas compañía minera.
Asimismo pidió se iniciara una investigación (averiguación previa 36/987) para proceder judicialmente “en contra de aquellos que resulten responsables del saqueo de bienes culturales muebles, que se ha venido realizando en las instalaciones de la compañía”. Dos meses después, Amao Manríquez amplió su denuncia, y señaló como responsable “de la pérdida de bienes históricos que existen (sic) en el edificio de la Dirección, al Ing. Fernando Perales Aguilar". Este fue el último gerente de esa empresa, sucesora de El Boleo, antes de ser liquidada por la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal (SEMIP).
No obstante las pruebas que se aportaron, el agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Esparza Cortina, concluyó que no había elementos para ejercitar la acción penal, ni se tomaron las medidas precautorias para evitar nuevos desmanes.
Vendieron 4 de las 5 locomotoras que rodaron en el Estado
Las denuncias de Amao Manríquez no prosperaron porque, según dijo, la orden de venta de muchas piezas de “incalculable valor”, provinieron de la ciudad de México, “del director de la Comisión de Fomento Minero, Luis de Pablos, cuando Alfredo del Mazo era el secretario de la SEMIP”.
En esos años desaparecieron varias locomotoras de vapor de vía angosta, marca Baldwin, compradas en Bélgica en 1886, que fueron las únicas que rodaron en el estado. Miguel Angel Gómez afirmó en su denuncia que dichas locomotoras fueron vendidas a coleccionistas franceses y norteamericanos y hoy se cotizan en varios millones de dólares.
No obstante que el INAH propuso y se decretó una declaratoria de zona de monumentos históricos en Santa Rosalía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1986, es a partir de esa fecha cuando se incrementan los pillajes.
En abril de 1987 tomó las riendas del gobierno municipal de Mulegé Raúl Rouzaud y fue durante su administración cuando “se realiza y permite el éxodo masivo del escaso patrimonio histórico que quedaba en Santa Rosalía”, como es entre otros, la venta a particulares del Hotel Francia, vieja construcción del siglo pasado, que no obstante estar protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue puesto en venta en 1989 por acuerdo del Cabildo mulegino sin mediar dictamen del INAH, o el desmantelamiento, clasificación pieza por pieza y traslado a un lugar desconocido, del edificio de madera de la aduana marítima.
En sus considerandos, el Decreto de 1896 estipula que "las características formales de las edificaciones de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, son testimonio de gran valor para la historia social, económica y política del país". Por esto, hace una relación de 31 construcciones y edificios con valor histórico, construidos en el siglo XIX, entre otros el Templo de Santa Bárbara, el Hotel Francia, el Club Rotarios, la Casa Club Manuel Santiesteban, la Sociedad Mutualista, la Casa de Visitas y las oficinas de la Compañía El Boleo. Varios de estos edificios se encuentran en el abandono, han sido reformados sin permiso o de plano destruidos.
Pero no sólo el patrimonio histórico de ese y otros municipios del estado han sufrido deterioro. El 18 de abril de 1996 se presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal en Cabo San Lucas, en contra de las estadounidenses Tanya Shelton y Linda Winkler, y contra el mexicano Manuel Fiol, por su presunta participación en los delitos de robo, tráfico y venta ilegal de bienes históricos de la nación.
La investigación se inició luego de que una denuncia anónima, informó que en la tienda “El Rancho”, ubicada en Cabo San Lucas y propiedad de Shelton y Winkler, se estaban comercializando cruces de hierro forjado, pertenecientes a tumbas del siglo XIX del panteón municipal de El Triunfo. Este panteón está incorporado en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con el número de clave 03004220.
Dicho panteón data del siglo XVIII, pero fue en los años del siglo XIX cuando se desarrolló la arquitectura funeraria que tenía por característica un remate de cruz en hierro forjado, todas ellas consideradas parte del patrimonio histórico del estado.
En la tienda de las norteamericanas se decomisaron cuatro cruces y un molcajete precolombino. Linda Winkler, durante su declaración ante el ministerio público, entregó voluntariamente dos cruces más, una pistola con cachas de plata, una caja de madera y un metate. Se sabe que en los panteones Inglés, Francés y El Rosario, también considerados monumentos históricos, se han dado actos de vandalismo, saqueo y robo de puertas de ataúdes, urnas funerarias y cruces.
Baja California Sur es un estado con una gran riqueza arqueológica. La abundancia de vestigios prehispánicos es tal que los campesinos, las compañías constructoras, los contrabandistas y todo el que araña o excava el suelo, saca nuevas piezas. No hay sierra, planicie o región costera que no tenga entierros precolombinos, muchos de ellos en buen estado de conservación, dadas las condiciones climatológicas imperantes, de donde los saqueadores obtienen collares y pendientes, puntas de flecha, navajas, y utensilios domésticos como molcajetes, metates, percutores y petroglifos (inscripciones y grabados en piedras de mediano tamaño). No hay datos exactos pero se sabe que hay un mercado negro de estas piezas arqueológicas y paleontológicas, que constantemente toman el rumbo de la frontera norte.
El meteorito Loreto
Un
aerolito de 95 kilos, ahora conocido como Meteorito Loreto, fue encontrado en
1896 por habitantes de esa población. No se conocen las circunstancias en las
que el estadounidense Harvey Harlow Nininger se apropió de la pieza, lo cierto
es que lo sacó del Estado de manera clandestina y lo entregó al Museo Nacional
de los Estados Unidos. Actualmente se exhibe en la colección del Instituto
Smithsoniano de la ciudad de Washington DC.