Tulio Ortiz Uribe
Desvío de recursos por 3 millones 183 mil pesos, desabasto de medicamentos, insatisfacción en los usuarios por la mala calidad del servicio y niveles críticos en la atención de urgencias, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) operados en 2009 por la Secretaría de Salud estatal.
Al revisar los documentos de gastos de operación, la ASF encontró que hubo comprobaciones con facturas falsas. Se verificó que las facturas con los números 0228, 0231 y 0234 de enero, febrero y marzo de 2009, respectivamente, por 316 mil 800 pesos, y la factura número 8576 de mayo 2009 por 16 mil 700 pesos, son “presumiblemente apócrifas” de acuerdo con el reporte electrónico emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
El organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó también que la Secretaría de Salud aplicó recursos del FASS por 697 mil 100 pesos, para el pago de “arrendamiento de departamentos, apoyos al sindicato y gastos que corresponden al Seguro Popular, conceptos que no contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud ni beneficia a la población abierta”
Asimismo, al revisar los documentos que integran las comisiones sindicales, se constató que las autorizaciones de 40 servidores públicos fueron emitidas 3 y 12 quincenas después del inicio de las mismas, por las que se realizaron indebidamente 530 pagos por 3 millones 125 mil pesos.
Al evaluar los servicios médicos, se observó que los indicadores “satisfacción por el surtimiento de medicamentos” y “surtimiento completo de medicamentos” presentaron niveles críticos debido a la falta de planeación y organización para la adquisición de insumos médicos, situación que originó desabasto de medicamento e insatisfacción en los usuarios de los servicios de salud.
También se constató que el servicio de urgencias presentó niveles críticos, ya que en los hospitales del Instituto de Salud no se cumplió con el tiempo para atender a la población usuaria de los servicios médicos de segundo nivel.
Al cierre del ejercicio fiscal 2009, el Instituto de Salud registró 55 unidades acreditadas de un total de 68, lo que significa que el 19.1% de las unidades médicas no cuentan con el dictamen que avala la calidad de atención a los usuarios.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal y las autorizaciones de comisión a otras dependencias, se verificó que ocho servidores públicos fueron comisionados al Seguro Popular y a la Beneficencia Pública, centros de trabajo independientes del Instituto de Servicios de Salud, y a los que se les realizaron 254 pagos por 1 millón 819 mil100 pesos.
El estado de Baja California Sur, dice el documento, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 1 millón 889 mil 800 pesos, y quedó pendiente de iniciar “la investigación correspondiente”, para sancionar a los funcionarios responsables.
Con el análisis de los Formatos Únicos de Movimientos de Personal, nóminas ordinarias y extraordinarias, y estados de cuenta bancarios, se constató que a 2 servidores públicos se les realizaron pagos posteriores a su baja por 29 mil 400 pesos. El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por 30 mil 600 pesos, y quedó pendiente de iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable, con lo que se solventó parcialmente la observación.
Por otra parte, al visitar el almacén central estatal, se detectó medicamento caduco por 41 mil 200 pesos, y medicamento próximos a caducar con vigencia menor a seis meses por 281 mil 600 pesos, por lo que se concluyó que no se cuenta con mecanismos de control que permitan su oportuna detección y remisión a otros centros de salud y hospitales para su aprovechamiento.
Finalmente, en el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, se registraron 6 mil 42 nacidos vivos, de los cuales 3 mil 806 fueron partos y 2 mil 236 fueron cesáreas, lo que representa el 37.0% del total de nacimientos, porcentaje que excedió los estándares nacionales e internacionales.
jueves, 10 de marzo de 2011
miércoles, 9 de marzo de 2011
Las Vegas se extiende a Baja California Sur
Rodrigo Vera (Revista Proceso # 1667)
Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país...
LA PAZ, BCS.- Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz.
Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el palacio de gobierno en torno de una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico.
Era el pasado 23 de julio y los inversionistas -cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas- describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir 'varios cientos de millones de dólares':
Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud.
Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente:
'Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz.'
Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará 'mejores condiciones de vida para las familias'.
Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada.
Al gobernador lo acompañaron sus secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg.
El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que éste era el 'apoyo político' que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD.
Y advierte:
'Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues esos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento.'
-Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico?
-Existe ese riesgo, dados los antecedentes de esos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión 100% extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den ese tipo de actividades.
-¿El gobierno estatal sabrá quiénes son esos inversionistas?
-Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro.
Personajes turbios
En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación -realizada por él mismo- en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de 'capital 100% norteamericano' las que realizarán el desarrollo turístico de 'varios cientos de millones de dólares': Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V.
En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal.
No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc., y Mid America Investments Inc.
Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V., también tiene como accionistas -por partes iguales- a otras dos empresas: Atlas Investments Inc., y Aetna Investments Inc.
En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y representante legal, por lo que -asegura Tulio Ortiz- desde Las Vegas se armó todo un 'entramado financiero' que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero.
¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur?
En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues -junto con otros cuatro israelíes- se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: 'Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto', dijo el abogado a la prensa.
Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas.
Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos.
Uno de los miembros de ese bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como 'secretario' de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena.
El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011.
De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones.
Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales.
Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorquina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra...
Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos.
Mientras que Sigmund Rogish -el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez- es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha 'llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años'. Rogish fue 'consejero político' de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un topless bar.
En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como 'director general' a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey.
En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner's Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que 'Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas'.
El despojo
Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: '¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?'.
Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: 'Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada'.
Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes.
'A la mala, esos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos 11 kilómetros de playa', comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias.
Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros.
Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro... Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso.
Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia.
'Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla', comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol.
-¿Entonces esos inversionistas todavía no les compran?
-¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos.
-¿Sufren amenazas?
-Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo.
-¿Cuántas familias son las dueñas de estas 900 hectáreas?
-Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel.
Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo.
Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, 'trabajo sucio' que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee.
'El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos', comentan los pescadores.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán -de Cihuatán I a Cihuatán XII. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa.
María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala:
'En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas.'
-¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica?
-No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.
Un tahúr de Las Vegas decidió apostar ahora por Baja California Sur. Se trata de David Chesnoff, un abogado estadunidense que, en representación de un grupo de inversionistas de su país, se apresta a construir un emporio turístico al sur de La Paz. Nada impide por ahora la realización del proyecto: ni el despojo que se fragua contra los comuneros de la región, ni el hecho de que Chesnoff, quien es jugador profesional de póquer, se especializa en defender a personajes de la mafia en su país...
LA PAZ, BCS.- Junto con algunos de sus funcionarios, Narciso Agúndez Montaño, gobernador perredista de Baja California Sur, escuchaba atento a un grupo de inversionistas de Las Vegas, Nevada, que le exponían detalles sobre el exclusivo desarrollo turístico de Punta Arena que planean construir a unos 50 kilómetros al sur de La Paz.
Funcionarios y empresarios estaban reunidos en el palacio de gobierno en torno de una mesa sobre la que colocaron un mapa extendido. Ahí se señalaban las 900 hectáreas costeras que dan al Mar de Cortés y que los inversionistas intentan arrebatar fraudulentamente a los pescadores de la zona para levantar su emporio turístico.
Era el pasado 23 de julio y los inversionistas -cercanos a la mafia del juego, la prostitución y las drogas en Las Vegas- describían las características de su paraíso sudcaliforniano, en el que planean invertir 'varios cientos de millones de dólares':
Punta Arena contará con una marina para 400 embarcaciones, un espléndido campo de golf, una zona residencial, un hotel y una pista privada de aterrizaje de 2 mil 700 metros de longitud.
Los estadunidenses aguardaban el espaldarazo directo del gobernador, quien finalmente les dijo complaciente:
'Toda inversión es bienvenida en Baja California Sur, principalmente en La Paz.'
Hubo saludos y felicitaciones mutuas. Luego el gobierno del estado hizo circular un boletín y una fotografía que dieron cuenta de la reunión, así como de la derrama económica que supuestamente dejará la multimillonaria inversión, la cual generará 'mejores condiciones de vida para las familias'.
Los inversionistas extranjeros estuvieron representados por el abogado David Chesnoff, un jugador de póquer profesional especializado en defender a prominentes miembros de las mafias estadunidenses, y por el magnate Sigmund Rogish, quien tiene fuertes intereses políticos y empresariales en el estado de Nevada.
Al gobernador lo acompañaron sus secretarios de Turismo, Alberto Treviño; de Planeación Urbana, Guillermo Jáuregui; de Promoción y Desarrollo Económico, Jorge Vale; de Pesca y Acuacultura, Joel Ávila. También estuvo su director de Relaciones Internacionales, Marco Ehrenberg.
El periodista Tulio Ortiz Uribe, director de la revista local La Tijereta, asegura que éste era el 'apoyo político' que desde hacía tiempo estaban esperando los poderosos empresarios de parte del gobierno del PRD.
Y advierte:
'Punta Arena podrá convertirse en un destino turístico alterno a Las Vegas, pues esos empresarios tienen su centro de operaciones en esa ciudad. De allá podrán enviar turismo a Baja California Sur. Creo que con esa intención planean levantar toda esa infraestructura. Y esa pista de aterrizaje de 2 mil 700 metros es para que puedan aterrizar jets privados, no sólo simples avionetas. Estamos hablando de un aeropuerto privado en forma, con sus radares, torre de control y demás equipamiento.'
-Y aquí, como en Las Vegas, ¿podría también ser campo propicio para las casas de juego, la prostitución o el narcotráfico?
-Existe ese riesgo, dados los antecedentes de esos empresarios y las facilidades que les está dando nuestra burocracia estatal. Con una inversión 100% extranjera, levantarán toda una infraestructura propicia para que se den ese tipo de actividades.
-¿El gobierno estatal sabrá quiénes son esos inversionistas?
-Si sabe quiénes son, ¡malo! Y si no lo sabe, ¡peor todavía! Lo cierto es que al apostarle al turismo, el gobernador Agúndez no discrimina ninguna inversión. Deja hacer y deja pasar con tal de jalar capitales en ese rubro.
Personajes turbios
En el número de agosto de su revista, Ortiz Uribe publicó una amplia investigación -realizada por él mismo- en la que revela nexos de los inversionistas citados con la mafia de Las Vegas, y menciona a las empresas que invertirán en el proyecto de Punta Arena.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, indica la revista, son dos compañías de 'capital 100% norteamericano' las que realizarán el desarrollo turístico de 'varios cientos de millones de dólares': Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V.
En ambas, el presidente es David Chesnoff, mientras que Eckley Keach figura como secretario; Dominic Rucci como tesorero, y James B. Cardwell como vocal.
No aparecen personas físicas entre los accionistas de Punta Arena de la Ventana S.A. de C.V., sino dos firmas que ostentan cada una la mitad de las acciones: Achilles Investments Inc., y Mid America Investments Inc.
Por su parte, Boca de la Salina S.A. de C.V., también tiene como accionistas -por partes iguales- a otras dos empresas: Atlas Investments Inc., y Aetna Investments Inc.
En estas cuatro compañías que se desprenden de las dos primeras, Chesnoff figura como presidente y representante legal, por lo que -asegura Tulio Ortiz- desde Las Vegas se armó todo un 'entramado financiero' que no permite conocer a los verdaderos dueños del dinero.
¿Quién es Chesnoff? ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre que consiguió el apoyo del gobierno de Baja California Sur?
En los círculos judiciales estadunidenses, el abogado Chesnoff es conocido porque asumió la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo mafioso israelí denominado Jerusalem Network. En 2004, Ben-Harosh fue arrestado en Canadá y extraditado a Estados Unidos, pues -junto con otros cuatro israelíes- se le acusa de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Pero, según Chesnoff, su cliente es inocente: 'Es un hombre de negocios y pienso que será absuelto', dijo el abogado a la prensa.
Un reporte del Departamento de Estado fechado en 2003 indica que los narcotraficantes israelíes controlan en Estados Unidos 75% del mercado del éxtasis, y se han asentado en particular en los centros nocturnos de desnudistas de Las Vegas.
Chesnoff es socio del despacho de abogados Goodman, Chesnoff & Keach, que se ha especializado en defender a presuntos criminales y mafiosos de Estados Unidos.
Uno de los miembros de ese bufete es precisamente Eckley Keach, quien figura como 'secretario' de las empresas que van a construir el desarrollo turístico de Punta Arena.
El otro es, ni más ni menos, el actual alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, quien temporalmente dejó el despacho para dedicarse de lleno a la política. Su mandato concluye en 2011.
De los tres miembros del bufete, Goodman es sin duda el más controvertido porque se le achacan mayores vínculos con el crimen organizado y por ser un abierto promotor de la prostitución en Estados Unidos. Por este motivo la Comisión de Ética del Estado de Nevada lo investigó ya en dos ocasiones.
Circula incluso un libro sobre este singular personaje. Se titula De ratas y hombres: la vida de Oscar Goodman, de vocero de la mafia a alcalde de Las Vegas. Su autor es el periodista John L. Smith, quien desmenuza los 35 años que lleva Goodman abogando por criminales.
Y sí, larga es la lista de mafiosos defendidos por el despacho Goodman, Chesnoff & Keach. Destacan, por ejemplo, Anthony Spilotro, representante en Las Vegas de la mafia de Chicago, y Stephen Caracappa, acusado de pertenecer a la mafia neoyorquina de la familia Luchese. Otros clientes del bufete fueron Salvatore Scafidi, Nicky Scarfo, Meyer Lansky, Phil Leonetti, Jimmy Chagra...
Chesnoff es también un jugador profesional de póquer, al grado de que ganó el primer lugar en un torneo realizado en el hotel Bellagio de Las Vegas, según notas periodísticas de Estados Unidos.
Mientras que Sigmund Rogish -el otro empresario que estuvo en la reunión con Agúndez- es dueño de Rogish Communications Group, una compañía que ha 'llevado al poder a los gobernadores de Nevada en los últimos 16 años'. Rogish fue 'consejero político' de George W. Bush, pero fue removido del equipo presidencial luego de que el Washington Post reveló que estuvo implicado en un escándalo por venta de alcohol en un topless bar.
En su investigación, el periodista Tulio Ortiz descubrió además que, hasta diciembre pasado, las empresas Punta Arena de la Ventana y Boca de la Salina tuvieron como 'director general' a Kerry Rogers Lee, quien en los ochenta estuvo preso por tentativa de fraude, de 22 millones de dólares, contra un banco de Nueva Jersey.
En 1998, Kerry Rogers fue demandado judicialmente por operar el Winner's Way, un centro ilegal de apuestas. La prensa de Estados Unidos supone que 'Rogers tiene conexiones con el crimen organizado de Las Vegas'.
El despojo
Los personajes descritos son quienes aparecen hasta el momento detrás del proyecto turístico de Punta Arena y fueron exhibidos por la revista La Tijereta, cuya portada de agosto cabeceó: '¿Llega dinero de la mafia de Las Vegas a La Paz?'.
Por lo pronto, ya están cercados los amplios terrenos costeros en los que se construirá Punta Arena. Guardias uniformados vigilan sus accesos, que se encuentran bloqueados con plumas metálicas. Aquí y allá hay letreros que prohíben el paso: 'Punta Arena de la Ventana S.A. de C. V. Vigilancia satelital y video. Propiedad privada'.
Es una árida zona de pescadores a los que poco a poco les han ido quitando sus playas en el Mar de Cortés, aledañas al polvoriento poblado de San Juan de Los Planes.
'A la mala, esos gringos de Punta Arena quieren quitarnos más de 900 hectáreas que nos pertenecen, y que abarcan unos 11 kilómetros de playa', comentan tres pescadores vestidos con short y sandalias.
Piden que no se mencionen sus nombres, pues ya bastantes pleitos tienen con los guardias contratados por los inversionistas extranjeros.
Comentan que, en 2005, se juntaron los lugareños y tumbaron las plumas metálicas que les impedían los accesos al mar. Incluso los acompañó el entonces presidente municipal de La Paz, Víctor Castro... Pero al poco tiempo volvieron a bloquearles el paso.
Por daño en sus propiedades, los pescadores han interpuesto demandas judiciales que no prosperan. Viven desesperados, en la impotencia.
'Desde que tenemos memoria, nuestras familias han sido las dueñas de estos terrenos, que son pequeña propiedad. Tenemos nuestras escrituras y pagos prediales, nuestros refrendos por el uso de la zona marítima terrestre. Todo en regla', comenta uno de ellos, sentado a la sombra de un árbol.
-¿Entonces esos inversionistas todavía no les compran?
-¡No, señor! De pronto llegan algunos de sus representantes y nos ofrecen 2.60 dólares por metro cuadrado. Nosotros nos negamos.
-¿Sufren amenazas?
-Sí. Felipe Marcos, gerente operativo de la empresa Punta Arena, nos amenaza diciendo que tiene todo el respaldo del gobernador Agúndez. Es cierto. ¡Caray! El gobernador ha venido aquí a visitarnos. Sabe muy bien que nosotros somos los dueños. Pero mírelo, acaba de reunirse con los gringos para darles su apoyo.
-¿Cuántas familias son las dueñas de estas 900 hectáreas?
-Doce. A cuatro de ellas ya de plano les bloquearon todos sus accesos al mar. ¡Imagínese! Uno aquí vive de la pesca del huachinango, el pargo, la cabrilla y el jurel.
Los pescadores dan los nombres de los 12 propietarios despojados: Andrés Hirales, José Lucero de la Peña, Joel Lucero González, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Lucero, José Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Lugarda Geraldo Lucero, Adolfo de la Peña, Josefina Geraldo de Burques y José Vidal Geraldo Geraldo.
Indican que, ahora, la estrategia de los inversionistas de Las Vegas es falsificar los títulos de propiedad de esos 12 terrenos, 'trabajo sucio' que, afirman, está haciendo el expresidiario Kerry Rogers Lee.
'El señor Kerry Rogers, a quien por acá conocemos muy bien, abrió una empresa que se llama Cihuatán. Ahora ellos dicen que es la verdadera dueña de nuestros terrenos', comentan los pescadores.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de La Paz, se encontró que, en realidad, Rogers constituyó 12 empresas mercantiles con el nombre de Cihuatán -de Cihuatán I a Cihuatán XII. Cada una se hace pasar como propietaria de su respectivo terreno de costa.
María Luisa Cabral Bowling, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y especialista en el boom inmobiliario que se observa en la actualidad en la península, señala:
'En el estado actualmente operan 80 empresas inmobiliarias que se están apoderando de nuestras costas. Casi la totalidad son estadunidenses. Hacen grandes negocios con la especulación de la tierra. Con Punta Arena, los especuladores dieron otro paso más, pues todo indica que quieren transformar ese destino turístico en un apéndice de Las Vegas.'
-¿Dejan, por lo menos, una buena derrama económica?
-No, porque ni siquiera son empresas productivas. Llegan, despojan de sus tierras y excluyen a los pobladores locales, quienes pasan a ser meseros, camareros o jardineros. Construyen sus desarrollos para vendérselos a los propios estadunidenses. Y nuestras autoridades de gobierno sólo les sirven de tapete.
jueves, 17 de febrero de 2011
Desvía el gobierno de Agúndez más de mil millones de recursos federales: ASF
Tulio Ortiz Uribe
Para quienes se desvelan pensando por qué los votantes echaron del gobierno a Narciso Agúndez y su camarilla (funcionarios, amigos y parientes), tal vez la respuesta la encuentren en los resultados catastróficos encontrados durante la revisión de la cuenta pública 2009, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales y dada a conocer el pasado 16 de febrero en la Cámara de Diputados.
Se sorprenderán al saber que el mal hábito de sustraer y desviar recursos del erario por estos falsos izquierdistas, se dio en el pastel más apetecible que es la Secretaría de Educación Pública, cuyos recursos en el 2009, enviados por la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), sumaron 2 mil 205 millones 976 mil pesos, de donde el gobierno agundista tuvo para dar y prestar.
De acuerdo con la auditoría practicada, se detectó un cúmulo de irregularidades que derivan en un “dictamen negativo”, ya que el gobierno de Baja California Sur “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, que se reflejan en un mal manejo de los recursos públicos donde se determinaron recuperaciones (faltantes) por mil 168 millones 466 mil pesos, como se detalla a continuación.
Al cierre del ejercicio 2009, quedó "un saldo por 322 millones 555 mil pesos”, dinero que al revisarse las cuentas bancarias abiertas ex profeso para manejar los recursos del FAEB, no apareció por ningún lado, por lo que la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por dicho monto, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo”
Por otra parte, se confirmó que recursos por 272 millones 673 mil pesos “de los cuales no se proporcionó evidencia que asegure su destino y aplicación”, deberán también ser reintegrados a la federación en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la notificación oficial.
También, se identificaron en las nóminas financiadas con el FAEB pagos de prestaciones por concepto de "compensaciones estatales", por 366 millones 889 mil pesos, los cuales debieron atenderse con otra fuente de financiamiento por tratarse de un compromiso del estado, dinero que deberá ser reintegrado a la federación, "más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegra a la cuenta del fondo"
Asímismo, se "gastaron" 33 millones 174 mil pesos "por el pago de personal adscrito a centros de trabajo clausurados o que no tienen vinculación con la educación básica o la formación de docentes".
Pero no sólo se desviaron o desaparecieron recursos, también la mala administración provocó la pérdida de dinero que debió ser aprovechado, por ejemplo, en la construcción y remozamiento de escuelas. La auditoría encontró que la secretaría de Finanzas pagó 53 millones 82 mil pesos por concepto de recargos al no pagar a tiempo el Impuesto Sobre la Renta y el SAR-FOVISSSTE del 2008, “así como el pago de cuotas con recursos del ejercicio 2009 que correspondieron a ejercicios anteriores”. En un país medianamente democrático, esta pérdida injustificable habría derivado en el despido de los funcionarios responsables. Pero aquí no pasa nada.
Todavía se escucha al gobernador decir, en todos los tonos, que el presupuesto para educación no le alcanzaba y que su gobierno tenía que poner de sus propios recursos. Pues bien, la ASF le enmienda la plana al decirle que “de los recursos aportados por el FAEB, 304 millones 305 mil pesos (13.8%) se destinaron para el pago de personal estatal y de programas estatales, lo que denota la suficiencia del fondo para el financiamiento de personal federal transferido de educación básica y formación de docentes en el estado, al subsidiar programas y personal estatal”
Otra grave irregularidad encontrada fue el desvío de 105 millones 25 mil 700 pesos por concepto de impuestos que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda, por lo que la ASF envío un oficio al Servicio de Administración Tributaria para que “instruya a quien corresponda para que audite a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio fiscal en calle Ignacio Allende, esquina con Isabel la Católica, Colonia Centro, Código Postal 23000, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se enteraron las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores pagados con los recursos del FAEB durante 2009”
Y hay otros pecadillos menores como el hecho de haberles pagado un total de 24 millones 500 mil pesos, a trabajadores que estuvieron con licencia ¡sin goce de sueldo!; o los 68 millones 586 mil pesos “por efectuar pagos en demasía a empleados que en las nóminas tenían un nivel de carrera magisterial superior al que les corresponde; o los 2 millones 602 mil pesos generados como réditos en las cuentas bancarias, “recursos que no se pudo constatar su aplicación a los fines y objetivos del fondo”; o los 378 mil 439 pesos, gastados en la compra de blusas y faldas para las secretarias de la SEP y computadoras laptop como premios a personal docente; o los 14 millones 256 mil pesos para pagar a 41 empleados comisionados en el sindicato, es decir que cobraron doble sueldo y, por si no fuera poco, al hacer una verificación física en los centros de trabajo se identificaron a 157 empleados en las nóminas, pero no se encontraron en su puesto, aviadores pues.
Un dato interesante es que la ASF "constastó la existencia de registros específicos en la comprobación de las erogaciones con cargo en los gastos de operación, los cuales se encuentran actualizados, identificados y controlados; sin embargo, la documentación no contiene la leyenda Operado FAEB".
Esto viene a confirmar, de alguna manera, que las ganancias generadas por las tiendas escolares las están "blanqueando" con dinero federal, como se expuso en este blog con el título: "Tiendas escolares: ganancias millonarias podrían estarse desviando a cuentas privadas" y que puede consultarse aqui en el archivo de octubre de 2010)
En resumen la Auditoría Superior de la Federación termina diciendo: “El estado de Baja California Sur destinó recursos del FAEB para el financiamiento de personal o conceptos que no están vinculados con la educación básica o que no comprobó el destino de los recursos ejercidos, como es el caso del pago de recargos por presentación extemporánea a terceros institucionales, centros de trabajo no financiables con el fondo o no localizados en el catálogo institucional, personal comisionado a las agrupaciones sindicales, y compensaciones por compromisos estatales, entre otros”
!Unidos vamos por más!
Para quienes se desvelan pensando por qué los votantes echaron del gobierno a Narciso Agúndez y su camarilla (funcionarios, amigos y parientes), tal vez la respuesta la encuentren en los resultados catastróficos encontrados durante la revisión de la cuenta pública 2009, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales y dada a conocer el pasado 16 de febrero en la Cámara de Diputados.
Se sorprenderán al saber que el mal hábito de sustraer y desviar recursos del erario por estos falsos izquierdistas, se dio en el pastel más apetecible que es la Secretaría de Educación Pública, cuyos recursos en el 2009, enviados por la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), sumaron 2 mil 205 millones 976 mil pesos, de donde el gobierno agundista tuvo para dar y prestar.
De acuerdo con la auditoría practicada, se detectó un cúmulo de irregularidades que derivan en un “dictamen negativo”, ya que el gobierno de Baja California Sur “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, que se reflejan en un mal manejo de los recursos públicos donde se determinaron recuperaciones (faltantes) por mil 168 millones 466 mil pesos, como se detalla a continuación.
Al cierre del ejercicio 2009, quedó "un saldo por 322 millones 555 mil pesos”, dinero que al revisarse las cuentas bancarias abiertas ex profeso para manejar los recursos del FAEB, no apareció por ningún lado, por lo que la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por dicho monto, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo”
Por otra parte, se confirmó que recursos por 272 millones 673 mil pesos “de los cuales no se proporcionó evidencia que asegure su destino y aplicación”, deberán también ser reintegrados a la federación en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la notificación oficial.
También, se identificaron en las nóminas financiadas con el FAEB pagos de prestaciones por concepto de "compensaciones estatales", por 366 millones 889 mil pesos, los cuales debieron atenderse con otra fuente de financiamiento por tratarse de un compromiso del estado, dinero que deberá ser reintegrado a la federación, "más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegra a la cuenta del fondo"
Asímismo, se "gastaron" 33 millones 174 mil pesos "por el pago de personal adscrito a centros de trabajo clausurados o que no tienen vinculación con la educación básica o la formación de docentes".
Pero no sólo se desviaron o desaparecieron recursos, también la mala administración provocó la pérdida de dinero que debió ser aprovechado, por ejemplo, en la construcción y remozamiento de escuelas. La auditoría encontró que la secretaría de Finanzas pagó 53 millones 82 mil pesos por concepto de recargos al no pagar a tiempo el Impuesto Sobre la Renta y el SAR-FOVISSSTE del 2008, “así como el pago de cuotas con recursos del ejercicio 2009 que correspondieron a ejercicios anteriores”. En un país medianamente democrático, esta pérdida injustificable habría derivado en el despido de los funcionarios responsables. Pero aquí no pasa nada.
Todavía se escucha al gobernador decir, en todos los tonos, que el presupuesto para educación no le alcanzaba y que su gobierno tenía que poner de sus propios recursos. Pues bien, la ASF le enmienda la plana al decirle que “de los recursos aportados por el FAEB, 304 millones 305 mil pesos (13.8%) se destinaron para el pago de personal estatal y de programas estatales, lo que denota la suficiencia del fondo para el financiamiento de personal federal transferido de educación básica y formación de docentes en el estado, al subsidiar programas y personal estatal”
Otra grave irregularidad encontrada fue el desvío de 105 millones 25 mil 700 pesos por concepto de impuestos que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda, por lo que la ASF envío un oficio al Servicio de Administración Tributaria para que “instruya a quien corresponda para que audite a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio fiscal en calle Ignacio Allende, esquina con Isabel la Católica, Colonia Centro, Código Postal 23000, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se enteraron las retenciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores pagados con los recursos del FAEB durante 2009”
Y hay otros pecadillos menores como el hecho de haberles pagado un total de 24 millones 500 mil pesos, a trabajadores que estuvieron con licencia ¡sin goce de sueldo!; o los 68 millones 586 mil pesos “por efectuar pagos en demasía a empleados que en las nóminas tenían un nivel de carrera magisterial superior al que les corresponde; o los 2 millones 602 mil pesos generados como réditos en las cuentas bancarias, “recursos que no se pudo constatar su aplicación a los fines y objetivos del fondo”; o los 378 mil 439 pesos, gastados en la compra de blusas y faldas para las secretarias de la SEP y computadoras laptop como premios a personal docente; o los 14 millones 256 mil pesos para pagar a 41 empleados comisionados en el sindicato, es decir que cobraron doble sueldo y, por si no fuera poco, al hacer una verificación física en los centros de trabajo se identificaron a 157 empleados en las nóminas, pero no se encontraron en su puesto, aviadores pues.
Un dato interesante es que la ASF "constastó la existencia de registros específicos en la comprobación de las erogaciones con cargo en los gastos de operación, los cuales se encuentran actualizados, identificados y controlados; sin embargo, la documentación no contiene la leyenda Operado FAEB".
Esto viene a confirmar, de alguna manera, que las ganancias generadas por las tiendas escolares las están "blanqueando" con dinero federal, como se expuso en este blog con el título: "Tiendas escolares: ganancias millonarias podrían estarse desviando a cuentas privadas" y que puede consultarse aqui en el archivo de octubre de 2010)
En resumen la Auditoría Superior de la Federación termina diciendo: “El estado de Baja California Sur destinó recursos del FAEB para el financiamiento de personal o conceptos que no están vinculados con la educación básica o que no comprobó el destino de los recursos ejercidos, como es el caso del pago de recargos por presentación extemporánea a terceros institucionales, centros de trabajo no financiables con el fondo o no localizados en el catálogo institucional, personal comisionado a las agrupaciones sindicales, y compensaciones por compromisos estatales, entre otros”
!Unidos vamos por más!
lunes, 31 de enero de 2011
La estrategia jurídico-financiera del gobierno del estado para disponer discrecionalmente de mil millones de pesos
Tulio Ortiz Uribe
El 11 de marzo de 2008, tres días antes de que terminara su periodo constitucional, la XI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un decreto que permitiría al gobierno de Narciso Agúndez disponer y gastar de manera discrecional, mil millones de pesos, sin que dicha cantidad se asumiera como deuda pública y que escapa a diversos controles del poder legislativo.
Dicho capital, producto de un empréstito de Banorte, se “administra” a través de una entidad denominada “Fondo Estatal de Inversiones”. Para redimir su pago se constituyó un fideicomiso a 20 años en el banco HSBC, garantizado con los recursos obtenidos a través del impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha revelado en que se ha gastado dicha cantidad.
Aquel día, mediante el decreto 1724, se adicionaron, reformaron o derogaron 48 artículos de la Constitución Política, el Código Fiscal y siete leyes estatales entre otras las de Deuda Pública, de Hacienda, Orgánica de la Administración Pública y la del Presupuesto y Control del Gasto, con el fin crear un mecanismo jurídico-financiero “que supera los esquemas tradicionales (de financiamiento) al permitir la obtención de ingresos extraordinarios sin que se asuman como deuda pública directa”, al decir de la empresa Estrategia Financiera Profesional, SC, contratada por la secretaría de Finanzas para elaborar el proyecto y a la cual se le pagaron 10 millones 296 mil pesos por el servicio.
La reforma aprobada por los diputados a diversas leyes estatales, a pedido del gobernador Narciso Agúndez, consistió básicamente en modificar entre otros el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se asienta que “Los fideicomisos emisores de valores a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Deuda Pública para el Estado, así como los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de pago y/o garantía, o ambos de obligaciones contraídas por las Entidades Públicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para el Estado, no serán considerados fideicomisos públicos, ni formarán parte de la administración pública paraestatal…”
También se modificó el artículo 30 Bis de la Ley de Deuda Pública, por medio del cual el Congreso puede autorizar “a las Entidades Públicas, individual o conjuntamente, para afectar o ceder al patrimonio de los fideicomisos… sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, cuotas, cooperaciones, derechos, participaciones en ingresos federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales; o cualesquier otros ingresos locales… a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos…”
Sin embargo el 27 de agosto de 2009, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (luego de que diputados del estado de Sonora promovieran una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas aprobadas por el Congreso sonorense, y que son idénticas a las realizadas en Baja California Sur), declararon que viola la Constitución el hecho de que los fideicomisos emisores de valores y las deudas generadas por ellos, no se consideren públicos.
El ministro José de de Jesús Gudiño Pelayo, dijo durante la sesión que los fideicomisos a pesar de ser mecanismos de financiamiento a favor del Estado, y que serán saldados en el tiempo con los recursos públicos, la ley impugnada dice que no son deuda pública, y que dicha ley es tan ilimitada “que casi parece una patente de corso”
Agregó que “el fideicomiso de financiamiento está legislado de tal modo que la carga se deja a muchas generaciones futuras, sin herramientas significativas con qué enfrentarlas”. El dinero que maneja el Estado, agregó, no es de los gobernantes, es de los gobernados y para servir a los gobernados; es el dinero que proviene de las contribuciones que el Estado nos exige a todos. El Estado no es un negocio, es una estructura democrática, una estructura democrática que la Constitución tutela y que este Tribunal tiene por encomienda hacerla efectiva”.
Por su parte el ministro Salvador Aguirre Anguiano expresó que “los fundamentos que excluyen al fideicomiso” como un ente público, violentan la Constitución. No puede ser que la aplicación de estos recursos escapen de las taxativas de la deuda pública, de los controles sobre la deuda pública, sobre las rendiciones de cuenta anuales que deben de existir”
En su turno, el ministro Juan Silva Meza argumentó que “el primer y fundamental problema es que se diga, por definición, que no es un fideicomiso público ni pertenece a la administración pública y que está excluido dicho régimen a pesar de que el fideicomitente sea un órgano de gobierno y que el patrimonio fideicomitido se constituya con bienes y recursos públicos. Esto es de suma importancia, pues el hecho de que no se considere al fideicomiso como público, implica que no le sean aplicables los controles que el Estado ha diseñado para que dicha figura pueda, válidamente, manejar recursos públicos”
Y agregó: “Los fideicomisos públicos ineludiblemente deben acatar normas de carácter administrativo, relativas a su constitución, operación interna, fiscalización y transparencia, esto implica que al estar sujeta la figura a las reglas de la administración pública y al estar integrado su patrimonio con recursos públicos el manejo de los mismos también está sujeto a todas aquellas previsiones referentes a vigilancia y fiscalización de los recursos de dicha naturaleza”
“En consecuencia el hecho de que la ley no reconozca que los fideicomisos de financiamiento son públicos, implica que dichos contratos son ajenos a cualquier control administrativo”
Por otra parte, dijo, los recursos públicos provenientes de lo recaudado, no pueden técnicamente desincorporarse del régimen público, puesto que la desincorporación es una figura que únicamente aplica a bienes muebles e inmuebles sujetos al régimen de dominio público. En este sentido, los recursos públicos pueden ser clasificados por su origen y por los fines a los cuales se destinen, mas no por su pertenencia a un régimen de propiedad específico; fines, que por disposición constitucional, sólo pueden estar relacionados con el gasto público.
Todo lo cual, dijo, me permite concluir que el hecho de que la ley no reconozca que los fideicomisos de financiamiento son públicos, es contrario a lo dispuesto por los artículos 27, 31, fracción IV, 74, fracción VI, 79, 117 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los ministros criticaron también el hecho de que “en ese contexto sobresale la figura de la desincorporación del patrimonio del ente público respectivo durante el tiempo que dure el fideicomiso, porque implica que esos bienes dejan de existir para el erario público y, por tanto, dejan de sujetarse en automático a todas las reglas y principios que rigen el control y utilización del gasto público y bienes del Estado”, tal y como sucede en Baja California Sur.
Así pues, para efectos prácticos,todas las reformas que hicieron los diputados del estado de Baja California Sur sobre deuda pública, contenidas en el decreto 1724, son inconstitucionales. (Publicado en el número 129 de la versión impresa de La Tijereta, mayo de 2010)
El 11 de marzo de 2008, tres días antes de que terminara su periodo constitucional, la XI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un decreto que permitiría al gobierno de Narciso Agúndez disponer y gastar de manera discrecional, mil millones de pesos, sin que dicha cantidad se asumiera como deuda pública y que escapa a diversos controles del poder legislativo.
Dicho capital, producto de un empréstito de Banorte, se “administra” a través de una entidad denominada “Fondo Estatal de Inversiones”. Para redimir su pago se constituyó un fideicomiso a 20 años en el banco HSBC, garantizado con los recursos obtenidos a través del impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha revelado en que se ha gastado dicha cantidad.
Aquel día, mediante el decreto 1724, se adicionaron, reformaron o derogaron 48 artículos de la Constitución Política, el Código Fiscal y siete leyes estatales entre otras las de Deuda Pública, de Hacienda, Orgánica de la Administración Pública y la del Presupuesto y Control del Gasto, con el fin crear un mecanismo jurídico-financiero “que supera los esquemas tradicionales (de financiamiento) al permitir la obtención de ingresos extraordinarios sin que se asuman como deuda pública directa”, al decir de la empresa Estrategia Financiera Profesional, SC, contratada por la secretaría de Finanzas para elaborar el proyecto y a la cual se le pagaron 10 millones 296 mil pesos por el servicio.
La reforma aprobada por los diputados a diversas leyes estatales, a pedido del gobernador Narciso Agúndez, consistió básicamente en modificar entre otros el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se asienta que “Los fideicomisos emisores de valores a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Deuda Pública para el Estado, así como los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de pago y/o garantía, o ambos de obligaciones contraídas por las Entidades Públicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para el Estado, no serán considerados fideicomisos públicos, ni formarán parte de la administración pública paraestatal…”
También se modificó el artículo 30 Bis de la Ley de Deuda Pública, por medio del cual el Congreso puede autorizar “a las Entidades Públicas, individual o conjuntamente, para afectar o ceder al patrimonio de los fideicomisos… sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, cuotas, cooperaciones, derechos, participaciones en ingresos federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales; o cualesquier otros ingresos locales… a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos…”
Sin embargo el 27 de agosto de 2009, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (luego de que diputados del estado de Sonora promovieran una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas reformas aprobadas por el Congreso sonorense, y que son idénticas a las realizadas en Baja California Sur), declararon que viola la Constitución el hecho de que los fideicomisos emisores de valores y las deudas generadas por ellos, no se consideren públicos.
El ministro José de de Jesús Gudiño Pelayo, dijo durante la sesión que los fideicomisos a pesar de ser mecanismos de financiamiento a favor del Estado, y que serán saldados en el tiempo con los recursos públicos, la ley impugnada dice que no son deuda pública, y que dicha ley es tan ilimitada “que casi parece una patente de corso”
Agregó que “el fideicomiso de financiamiento está legislado de tal modo que la carga se deja a muchas generaciones futuras, sin herramientas significativas con qué enfrentarlas”. El dinero que maneja el Estado, agregó, no es de los gobernantes, es de los gobernados y para servir a los gobernados; es el dinero que proviene de las contribuciones que el Estado nos exige a todos. El Estado no es un negocio, es una estructura democrática, una estructura democrática que la Constitución tutela y que este Tribunal tiene por encomienda hacerla efectiva”.
Por su parte el ministro Salvador Aguirre Anguiano expresó que “los fundamentos que excluyen al fideicomiso” como un ente público, violentan la Constitución. No puede ser que la aplicación de estos recursos escapen de las taxativas de la deuda pública, de los controles sobre la deuda pública, sobre las rendiciones de cuenta anuales que deben de existir”
En su turno, el ministro Juan Silva Meza argumentó que “el primer y fundamental problema es que se diga, por definición, que no es un fideicomiso público ni pertenece a la administración pública y que está excluido dicho régimen a pesar de que el fideicomitente sea un órgano de gobierno y que el patrimonio fideicomitido se constituya con bienes y recursos públicos. Esto es de suma importancia, pues el hecho de que no se considere al fideicomiso como público, implica que no le sean aplicables los controles que el Estado ha diseñado para que dicha figura pueda, válidamente, manejar recursos públicos”
Y agregó: “Los fideicomisos públicos ineludiblemente deben acatar normas de carácter administrativo, relativas a su constitución, operación interna, fiscalización y transparencia, esto implica que al estar sujeta la figura a las reglas de la administración pública y al estar integrado su patrimonio con recursos públicos el manejo de los mismos también está sujeto a todas aquellas previsiones referentes a vigilancia y fiscalización de los recursos de dicha naturaleza”
“En consecuencia el hecho de que la ley no reconozca que los fideicomisos de financiamiento son públicos, implica que dichos contratos son ajenos a cualquier control administrativo”
Por otra parte, dijo, los recursos públicos provenientes de lo recaudado, no pueden técnicamente desincorporarse del régimen público, puesto que la desincorporación es una figura que únicamente aplica a bienes muebles e inmuebles sujetos al régimen de dominio público. En este sentido, los recursos públicos pueden ser clasificados por su origen y por los fines a los cuales se destinen, mas no por su pertenencia a un régimen de propiedad específico; fines, que por disposición constitucional, sólo pueden estar relacionados con el gasto público.
Todo lo cual, dijo, me permite concluir que el hecho de que la ley no reconozca que los fideicomisos de financiamiento son públicos, es contrario a lo dispuesto por los artículos 27, 31, fracción IV, 74, fracción VI, 79, 117 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los ministros criticaron también el hecho de que “en ese contexto sobresale la figura de la desincorporación del patrimonio del ente público respectivo durante el tiempo que dure el fideicomiso, porque implica que esos bienes dejan de existir para el erario público y, por tanto, dejan de sujetarse en automático a todas las reglas y principios que rigen el control y utilización del gasto público y bienes del Estado”, tal y como sucede en Baja California Sur.
Así pues, para efectos prácticos,todas las reformas que hicieron los diputados del estado de Baja California Sur sobre deuda pública, contenidas en el decreto 1724, son inconstitucionales. (Publicado en el número 129 de la versión impresa de La Tijereta, mayo de 2010)
lunes, 24 de enero de 2011
Gastan en becas, dinero para pobres
Tulio Ortiz Uribe
A finales de 2007, el gobernador Narciso Agúndez decidió, de motu proprio, operar un programa de becas para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Se requerían unos 8 millones de pesos para echarlo a andar, pero como no había recursos aprobados en la Ley de Egresos, alguien sugirió que se usaran los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), al fin que las becas “tienen un fin social”, según comentó un funcionario de la secretaría de Finanzas presente en la reunión donde se discutió el tema. El gobernador aprobó la propuesta.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que se entregan a través del FISE, deben invertirse en obras “que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema…”, por lo que usar los recursos del fondo en becas, era contravenir la ley y seguir dejando en el olvido a cientos de familias marginadas.
Aunque el sistema educativo estatal requiere evitar la deserción y contar con suficientes y bien preparados profesionistas, el dinero para las becas lo pudo haber obtenido del derroche que hacen los funcionarios agundistas en teléfonos celulares, gasolina y boletos de avión.
A pesar de que estaba cometiendo una ilegalidad, Narciso Agúndez echó a andar el programa en 2008.Ese año se otorgaron 6 mil 847 becas a un costo de 7 millones 186 mil 500 pesos, que fue justamente el monto enviado por la secretaría de Hacienda para obras del FISE. Es decir, usaron el cien por ciento del dinero que debió haberse utilizado en rehabilitación de caminos rurales, drenaje, agua potable, energía eléctrica rural, instalaciones deportivas, mercados y rastros.
A través de boletines de prensa del gobierno del estado y en boca del director del Patronato, Francisco Moreno Murguía, se dijo que los fondos para el pago de las becas fueron producto de las “gestiones del gobernador ante el gobierno federal “, ya que “desde el inicio de la actual administración se ha desplegado un intenso trabajo de organización y de gestión por parte del gobernador Narciso Agúndez para ampliar la cobertura de los programas y para lograr la participación del Gobierno Federal en estas acciones…”
Ahora se sabe que las famosas “gestiones” del gobernador eran puros embustes.
Un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala lo siguiente: “el Gobierno del Estado de Baja California Sur destinó 7 millones 195 mil 834 pesos para el pago de becas de niveles medio, medio superior y superior, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, las cuales no proveen al estado de infraestructura básica en beneficio directo a sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en contravención de los artículos 33, párrafo primero, inciso b, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal”
El organismo auditor de la Cámara de Diputados, en un escrito enviado al gobierno del estado, dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7, 195,834.83 pesos (siete millones ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 83/100 MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo. La ASF dio treinta días al gobierno para solventar la recomendación, o devolver el dinero.
Así pues, al “gestor” de recursos ante el gobierno federal, no le quedó más remedio que devolver a la federación la cantidad desviada.
El 27 de mayo de 2010, mediante el oficio CGE/0972/2010, dirigido al ingeniero Juventino Pinedo Pinto, director general de Auditoría a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la Auditoría Federal de la Federación, el contralor del Estado, Román Rangel Pinedo, informó de un depósito en la cuenta del FISE por 7 millones 186 mil 500 pesos, más 9 mil 400 pesos de rendimientos generados, para cubrir el desvío utilizado en las becas obtenido “por gestiones” del gobernador Agúndez.
A finales de 2007, el gobernador Narciso Agúndez decidió, de motu proprio, operar un programa de becas para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Se requerían unos 8 millones de pesos para echarlo a andar, pero como no había recursos aprobados en la Ley de Egresos, alguien sugirió que se usaran los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), al fin que las becas “tienen un fin social”, según comentó un funcionario de la secretaría de Finanzas presente en la reunión donde se discutió el tema. El gobernador aprobó la propuesta.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que se entregan a través del FISE, deben invertirse en obras “que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema…”, por lo que usar los recursos del fondo en becas, era contravenir la ley y seguir dejando en el olvido a cientos de familias marginadas.
Aunque el sistema educativo estatal requiere evitar la deserción y contar con suficientes y bien preparados profesionistas, el dinero para las becas lo pudo haber obtenido del derroche que hacen los funcionarios agundistas en teléfonos celulares, gasolina y boletos de avión.
A pesar de que estaba cometiendo una ilegalidad, Narciso Agúndez echó a andar el programa en 2008.Ese año se otorgaron 6 mil 847 becas a un costo de 7 millones 186 mil 500 pesos, que fue justamente el monto enviado por la secretaría de Hacienda para obras del FISE. Es decir, usaron el cien por ciento del dinero que debió haberse utilizado en rehabilitación de caminos rurales, drenaje, agua potable, energía eléctrica rural, instalaciones deportivas, mercados y rastros.
A través de boletines de prensa del gobierno del estado y en boca del director del Patronato, Francisco Moreno Murguía, se dijo que los fondos para el pago de las becas fueron producto de las “gestiones del gobernador ante el gobierno federal “, ya que “desde el inicio de la actual administración se ha desplegado un intenso trabajo de organización y de gestión por parte del gobernador Narciso Agúndez para ampliar la cobertura de los programas y para lograr la participación del Gobierno Federal en estas acciones…”
Ahora se sabe que las famosas “gestiones” del gobernador eran puros embustes.
Un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala lo siguiente: “el Gobierno del Estado de Baja California Sur destinó 7 millones 195 mil 834 pesos para el pago de becas de niveles medio, medio superior y superior, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, las cuales no proveen al estado de infraestructura básica en beneficio directo a sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en contravención de los artículos 33, párrafo primero, inciso b, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal”
El organismo auditor de la Cámara de Diputados, en un escrito enviado al gobierno del estado, dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7, 195,834.83 pesos (siete millones ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 83/100 MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo. La ASF dio treinta días al gobierno para solventar la recomendación, o devolver el dinero.
Así pues, al “gestor” de recursos ante el gobierno federal, no le quedó más remedio que devolver a la federación la cantidad desviada.
El 27 de mayo de 2010, mediante el oficio CGE/0972/2010, dirigido al ingeniero Juventino Pinedo Pinto, director general de Auditoría a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la Auditoría Federal de la Federación, el contralor del Estado, Román Rangel Pinedo, informó de un depósito en la cuenta del FISE por 7 millones 186 mil 500 pesos, más 9 mil 400 pesos de rendimientos generados, para cubrir el desvío utilizado en las becas obtenido “por gestiones” del gobernador Agúndez.
jueves, 20 de enero de 2011
Llegan al estado 500 “mapaches electorales” de Elba Esther Gordillo
Tulio Ortiz Uribe
Quinientos profesores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, actuando como activistas del Partido Nueva Alianza (Panal), han llegado al estado de Baja California Sur para promover a los candidatos de este partido, denunció Esteban Ojeda Ramírez, secretario del Comité Ejecutivo Seccional Democrático 3 del SNTE.
Ojeda Ramírez señaló que presumiblemente se están utilizando las cuotas sindicales para sufragar los gastos de esos activistas del SNTE-Panal, lo cual constituye una violación a las leyes.
Agregó que estos “mapaches electorales” se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado, desde las comunidades más pequeñas hasta la ciudad capital, operando a favor del Panal. Son profesores, dijo, que provienen de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila, quienes han diseñado operativos de carácter electoral para intervenir de manera directa en el proceso político
Informó que uno de esos operativos denominado “troyano”, consiste en detectar y cooptar a funcionarios de casilla, así como insertarse en las instancias electorales para comprar la complicidad de personal y funcionarios electorales, lo que les permite obtener información confidencial.
Mediante el operativo “relámpago”, buscan instalarse a toda costa en las casillas electorales, ya sea por medio de cooptación o renuncia de última hora de funcionarios de casillas, por lo que con horas de anticipación toman los primeros lugares en la fila de electores para sustituir a los funcionarios que no van a llegar a cumplir sus responsabilidades
Quinientos profesores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, actuando como activistas del Partido Nueva Alianza (Panal), han llegado al estado de Baja California Sur para promover a los candidatos de este partido, denunció Esteban Ojeda Ramírez, secretario del Comité Ejecutivo Seccional Democrático 3 del SNTE.
Ojeda Ramírez señaló que presumiblemente se están utilizando las cuotas sindicales para sufragar los gastos de esos activistas del SNTE-Panal, lo cual constituye una violación a las leyes.
Agregó que estos “mapaches electorales” se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado, desde las comunidades más pequeñas hasta la ciudad capital, operando a favor del Panal. Son profesores, dijo, que provienen de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila, quienes han diseñado operativos de carácter electoral para intervenir de manera directa en el proceso político
Informó que uno de esos operativos denominado “troyano”, consiste en detectar y cooptar a funcionarios de casilla, así como insertarse en las instancias electorales para comprar la complicidad de personal y funcionarios electorales, lo que les permite obtener información confidencial.
Mediante el operativo “relámpago”, buscan instalarse a toda costa en las casillas electorales, ya sea por medio de cooptación o renuncia de última hora de funcionarios de casillas, por lo que con horas de anticipación toman los primeros lugares en la fila de electores para sustituir a los funcionarios que no van a llegar a cumplir sus responsabilidades
jueves, 16 de diciembre de 2010
Clientelismo político, burocracia y deuda pública, se comen el presupuesto
Tulio Ortiz Uribe
Con el proyecto de presupuesto del 2011, el gobierno del estado ha decidido sacrificar, como lo ha hecho durante el sexenio, el crecimiento económico y la creación de empleos, en favor del clientelismo político, contratos para familiares y amigos, subsidios al sector privado, deuda pública y el mantenimiento de una burocracia ineficiente, pero leal a la hora de votar.
El documento, aprobado por los diputados esta semana, revela que el gasto corriente (pago de la burocracia y compra de bienes y servicios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas), representará 83 por ciento del gasto programable, mientras apenas 17 por ciento se irá a gasto de capital. Se pretende ejercer un total de 8 mil 669 millones 540 mil pesos, 7.6 por ciento más que el aprobado para 2010.
El proyecto, que los diputados “analizaron" para luego proceder a su "discusión" y aprobación, pero que en los hechos no le movieron ni una coma, incluye de manera indebida como “gasto de capital” las participaciones y aportaciones del gobierno federal (5 mil 513 millones 351 mil pesos), para la operación del sector salud y educación, así como las transferencias a los municipios.
Por ejemplo los recursos etiquetados para salud, educación y seguridad, 3 mil 405 millones 239 mil pesos, se usan básicamente como gasto corriente para el pago del magisterio, burocracia, personal del sector salud, policía estatal y en la compra de bienes y servicios.
Al decir de analistas económicos consultados, “encuadrar las transferencias federales como gasto de capital viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ya que dicha cantidad es gasto corriente para el consumo, operación y transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características”
“Esa, dicen, es sólo una estrategia con la que se pretende confundir a los legisladores, ya que ese recurso se emplea básicamente como gasto corriente, con excepción de los porcentajes de participación para los municipios, que deben ser invertidos en obra pública” Agregan que el gasto de capital es aquel que se destina a fines productivos, bienes perdurables que permiten el crecimiento económico y ayudan a generar más empleos para la población en general.
De acuerdo con especialistas en políticas públicas, en las actuales condiciones de la economía es fundamental estimular con mayor fuerza la inversión pública para que haya más crecimiento económico y abatir el desempleo y la caída de las inversiones privadas.
Aunque el gobierno estatal, destina 28.17 de su gasto total a la educación, vía aportaciones del gobierno federal (2 mil 442 millones 300 mil pesos), la mayor parte de estos recursos (el 92.12%) se utiliza para sueldos y prestaciones del magisterio y la burocracia de la SEP, por lo que los gastos de operación e inversión, las innovaciones pedagógicas y de investigación se quedan prácticamente sin presupuesto.
El costo de la burocracia
Durante 2011 el gobierno de Narciso Agúndez proyecta gastar 768 millones 660 mil pesos (32 millones a la quincena), en el pago de sueldos y prestaciones de la burocracia estatal, que suma 3 mil 979 empleados. Esto sin contar al personal que labora en las secretarías de educación y salud, ya que estos son pagados con recursos transferidos por el gobierno federal.
Para entender la dimensión de este gasto, durante 2010 el gobierno estatal obtuvo por ingresos propios (impuestos, derechos y productos), 707 millones 631 mil pesos. Es decir, ni con lo que recauda puede pagar la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico y que es una pesada carga para el erario. De acuerdo a normas internacionales, debe haber un empleado por cada 250 habitantes; en el estado hay un empleado para 124 habitantes.
Esto se debe a lo que se llama “clientelismo burocrático”. Como se sabe, contrario a lo que sucede en otros estados y que es parte de la transparencia gubernamental, aquí no hay políticas de reclutamiento y promoción de personal, nunca se hacen públicos los cargos vacantes ya que estos son llenados por recomendados, compromisos políticos, amiguismo, por herencia de padres a hijos y hasta por el pago de favores sexuales.
De los 3 mil 979 empleados, 2 mil 206, el 56%, es personal de confianza que ingresó en lo que va del sexenio, sin mediar exámenes ni evaluaciones, y que la mayoría serán remplazados cuando entre el nuevo gobierno. Esto pone de manifiesto la nula existencia de una política de profesionalización de la función pública.
Presupuesto “honesto y eficiente”
El proyecto de presupuesto dice en su exposición de motivos que “la suma de las necesidades siempre será mayor a los recursos disponibles, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que establezcan estrictos criterios para maximizar el bienestar que se pueda brindar a la sociedad a través del uso responsable, honesto, eficiente y transparente de esos recursos”
Sin embargo al analizar el documento saltan las contradicciones del discurso oficial, en un presupuesto que estaría más orientado a beneficiar al sector privado que al grueso de la población. Por ejemplo, para “fomento y promoción turística” se destinan 117 millones 243 mil pesos, lo cual en los hechos no es más que un subsidio a las empresas trasnacionales asentadas en Los Cabos, quienes controlan el 90 por ciento de la industria, y que se ahorran esa cantidad en la promoción de sus negocios, aumentando sus ganancias sin beneficiar a la clase trabajadora que sigue en las mismas condiciones de pobreza.
Esos recursos representan lo mismo que se le asigna a: capacitación policiaca (1 millón 118 mil pesos); defensoría de derechos humanos (5 millones 880 mil); impartición de justicia en materia electoral (4 millones 680 mil); fomento a la industria (8 millones 216 mil); procuración de justicia (34 millones 519 mil); Patronato del Estudiante (24 millones 272 mil); Teatro de la Ciudad (7 millones 172 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4millones 52 mil); bienestar del trabajador (5 millones 20 mil); conciliación y arbitraje (10 millones 774 mil); Centro de Rehabilitación y Educación Especial (7 millones 680 mil pesos) y para el programa Rutas de las Misiones, 1 millón 220 mil pesos. Esto demuestra que no hay uso “responsable y eficiente” de los recursos.
Pero hay más. Para “comunicación social”, el gobernador pide un presupuesto de 17 millones de pesos, que generalmente se usa en promover su imagen personal. Todas las notas pagadas en medios electrónicos e impresos sólo hablan de “obras de gran impacto”, “se están mejorando las condiciones de vida de las familias de escasos recursos”, “el estado va por la vía del progreso”, “el nuestro es un reto que pocos gobiernos pueden cumplir”, “ningún gobierno ha hecho un hospital como este”, y así por el estilo.
Sin embargo el gasto de “comunicación social” es mayor que el aplicado a: promoción y desarrollo pecuario, 1 millón 230 mil; ecología y medio ambiente, 143 mil 796 pesos; atención a la mujer y al menor, 4 millones 448 mil; albergues rurales, 1 millón 741 mil; desarrollo deportivo, 1 millón 926 mil; pensiones humanitarias, 2 millones 400 mil; cultura del agua, 238 mil; Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2 millones 457 mil; Patronato para la Reincorporación Social, 648 mil; la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en el DF, 2 millones 221 mil pesos y para el Centro de Integración Juvenil, 21 mil 376 pesos.
Los costos de la deuda pública
Para 2011, el gobierno tiene contemplado el pago de 289 millones 710 mil pesos para amortización de la deuda. De esta cantidad 55 millones son intereses, una cantidad similar (53 millones) se pagó en el 2010; es decir en dos años se habrán pagado más de 100 millones de pesos sólo de intereses de una deuda desproporcionada con los ingresos que tiene el estado. De 2005 a 2010 se han pagado 317 millones de intereses.
Aunque el gobierno ha dicho en todos los tonos que la deuda estatal asciende a sólo 640 millones de pesos, la página oficial de la Secretaría de Hacienda (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_documentos/deuda/eo_m125.xls) la ubica en mil 633 millones al 30 de septiembre de este año. A esto hay que agregar, de acuerdo a documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del estado (balance general al 31 de agosto de 2010), 783 millones 319 mil pesos por concepto de documentos por pagar, proveedores y acreedores diversos, es decir pasivos no bancarios. Al respecto la calificadora Fitch Rating (http://www.fitchmexico.com) dice: “en 2009 la entidad registró pasivos no bancarios (acreedores y proveedores principalmente) por $833 mdp. Fitch considera que este nivel es ya elevado, en función del tamaño del presupuesto del Estado, por lo que se dará seguimiento a su evolución”
También hay que considerar como deuda a largo plazo los 350 millones aprobados por el Congreso del Estado para el sostenimiento del CRIT-Televisa, y 45 millones que se adeudan al ISSSTE. En total 2 mil 811 millones de pesos que, dado el nivel de ingresos propios, son impagables.
Con el proyecto de presupuesto del 2011, el gobierno del estado ha decidido sacrificar, como lo ha hecho durante el sexenio, el crecimiento económico y la creación de empleos, en favor del clientelismo político, contratos para familiares y amigos, subsidios al sector privado, deuda pública y el mantenimiento de una burocracia ineficiente, pero leal a la hora de votar.
El documento, aprobado por los diputados esta semana, revela que el gasto corriente (pago de la burocracia y compra de bienes y servicios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas), representará 83 por ciento del gasto programable, mientras apenas 17 por ciento se irá a gasto de capital. Se pretende ejercer un total de 8 mil 669 millones 540 mil pesos, 7.6 por ciento más que el aprobado para 2010.
El proyecto, que los diputados “analizaron" para luego proceder a su "discusión" y aprobación, pero que en los hechos no le movieron ni una coma, incluye de manera indebida como “gasto de capital” las participaciones y aportaciones del gobierno federal (5 mil 513 millones 351 mil pesos), para la operación del sector salud y educación, así como las transferencias a los municipios.
Por ejemplo los recursos etiquetados para salud, educación y seguridad, 3 mil 405 millones 239 mil pesos, se usan básicamente como gasto corriente para el pago del magisterio, burocracia, personal del sector salud, policía estatal y en la compra de bienes y servicios.
Al decir de analistas económicos consultados, “encuadrar las transferencias federales como gasto de capital viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ya que dicha cantidad es gasto corriente para el consumo, operación y transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características”
“Esa, dicen, es sólo una estrategia con la que se pretende confundir a los legisladores, ya que ese recurso se emplea básicamente como gasto corriente, con excepción de los porcentajes de participación para los municipios, que deben ser invertidos en obra pública” Agregan que el gasto de capital es aquel que se destina a fines productivos, bienes perdurables que permiten el crecimiento económico y ayudan a generar más empleos para la población en general.
De acuerdo con especialistas en políticas públicas, en las actuales condiciones de la economía es fundamental estimular con mayor fuerza la inversión pública para que haya más crecimiento económico y abatir el desempleo y la caída de las inversiones privadas.
Aunque el gobierno estatal, destina 28.17 de su gasto total a la educación, vía aportaciones del gobierno federal (2 mil 442 millones 300 mil pesos), la mayor parte de estos recursos (el 92.12%) se utiliza para sueldos y prestaciones del magisterio y la burocracia de la SEP, por lo que los gastos de operación e inversión, las innovaciones pedagógicas y de investigación se quedan prácticamente sin presupuesto.
El costo de la burocracia
Durante 2011 el gobierno de Narciso Agúndez proyecta gastar 768 millones 660 mil pesos (32 millones a la quincena), en el pago de sueldos y prestaciones de la burocracia estatal, que suma 3 mil 979 empleados. Esto sin contar al personal que labora en las secretarías de educación y salud, ya que estos son pagados con recursos transferidos por el gobierno federal.
Para entender la dimensión de este gasto, durante 2010 el gobierno estatal obtuvo por ingresos propios (impuestos, derechos y productos), 707 millones 631 mil pesos. Es decir, ni con lo que recauda puede pagar la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico y que es una pesada carga para el erario. De acuerdo a normas internacionales, debe haber un empleado por cada 250 habitantes; en el estado hay un empleado para 124 habitantes.
Esto se debe a lo que se llama “clientelismo burocrático”. Como se sabe, contrario a lo que sucede en otros estados y que es parte de la transparencia gubernamental, aquí no hay políticas de reclutamiento y promoción de personal, nunca se hacen públicos los cargos vacantes ya que estos son llenados por recomendados, compromisos políticos, amiguismo, por herencia de padres a hijos y hasta por el pago de favores sexuales.
De los 3 mil 979 empleados, 2 mil 206, el 56%, es personal de confianza que ingresó en lo que va del sexenio, sin mediar exámenes ni evaluaciones, y que la mayoría serán remplazados cuando entre el nuevo gobierno. Esto pone de manifiesto la nula existencia de una política de profesionalización de la función pública.
Presupuesto “honesto y eficiente”
El proyecto de presupuesto dice en su exposición de motivos que “la suma de las necesidades siempre será mayor a los recursos disponibles, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que establezcan estrictos criterios para maximizar el bienestar que se pueda brindar a la sociedad a través del uso responsable, honesto, eficiente y transparente de esos recursos”
Sin embargo al analizar el documento saltan las contradicciones del discurso oficial, en un presupuesto que estaría más orientado a beneficiar al sector privado que al grueso de la población. Por ejemplo, para “fomento y promoción turística” se destinan 117 millones 243 mil pesos, lo cual en los hechos no es más que un subsidio a las empresas trasnacionales asentadas en Los Cabos, quienes controlan el 90 por ciento de la industria, y que se ahorran esa cantidad en la promoción de sus negocios, aumentando sus ganancias sin beneficiar a la clase trabajadora que sigue en las mismas condiciones de pobreza.
Esos recursos representan lo mismo que se le asigna a: capacitación policiaca (1 millón 118 mil pesos); defensoría de derechos humanos (5 millones 880 mil); impartición de justicia en materia electoral (4 millones 680 mil); fomento a la industria (8 millones 216 mil); procuración de justicia (34 millones 519 mil); Patronato del Estudiante (24 millones 272 mil); Teatro de la Ciudad (7 millones 172 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4millones 52 mil); bienestar del trabajador (5 millones 20 mil); conciliación y arbitraje (10 millones 774 mil); Centro de Rehabilitación y Educación Especial (7 millones 680 mil pesos) y para el programa Rutas de las Misiones, 1 millón 220 mil pesos. Esto demuestra que no hay uso “responsable y eficiente” de los recursos.
Pero hay más. Para “comunicación social”, el gobernador pide un presupuesto de 17 millones de pesos, que generalmente se usa en promover su imagen personal. Todas las notas pagadas en medios electrónicos e impresos sólo hablan de “obras de gran impacto”, “se están mejorando las condiciones de vida de las familias de escasos recursos”, “el estado va por la vía del progreso”, “el nuestro es un reto que pocos gobiernos pueden cumplir”, “ningún gobierno ha hecho un hospital como este”, y así por el estilo.
Sin embargo el gasto de “comunicación social” es mayor que el aplicado a: promoción y desarrollo pecuario, 1 millón 230 mil; ecología y medio ambiente, 143 mil 796 pesos; atención a la mujer y al menor, 4 millones 448 mil; albergues rurales, 1 millón 741 mil; desarrollo deportivo, 1 millón 926 mil; pensiones humanitarias, 2 millones 400 mil; cultura del agua, 238 mil; Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2 millones 457 mil; Patronato para la Reincorporación Social, 648 mil; la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en el DF, 2 millones 221 mil pesos y para el Centro de Integración Juvenil, 21 mil 376 pesos.
Los costos de la deuda pública
Para 2011, el gobierno tiene contemplado el pago de 289 millones 710 mil pesos para amortización de la deuda. De esta cantidad 55 millones son intereses, una cantidad similar (53 millones) se pagó en el 2010; es decir en dos años se habrán pagado más de 100 millones de pesos sólo de intereses de una deuda desproporcionada con los ingresos que tiene el estado. De 2005 a 2010 se han pagado 317 millones de intereses.
Aunque el gobierno ha dicho en todos los tonos que la deuda estatal asciende a sólo 640 millones de pesos, la página oficial de la Secretaría de Hacienda (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_documentos/deuda/eo_m125.xls) la ubica en mil 633 millones al 30 de septiembre de este año. A esto hay que agregar, de acuerdo a documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del estado (balance general al 31 de agosto de 2010), 783 millones 319 mil pesos por concepto de documentos por pagar, proveedores y acreedores diversos, es decir pasivos no bancarios. Al respecto la calificadora Fitch Rating (http://www.fitchmexico.com) dice: “en 2009 la entidad registró pasivos no bancarios (acreedores y proveedores principalmente) por $833 mdp. Fitch considera que este nivel es ya elevado, en función del tamaño del presupuesto del Estado, por lo que se dará seguimiento a su evolución”
También hay que considerar como deuda a largo plazo los 350 millones aprobados por el Congreso del Estado para el sostenimiento del CRIT-Televisa, y 45 millones que se adeudan al ISSSTE. En total 2 mil 811 millones de pesos que, dado el nivel de ingresos propios, son impagables.
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