Tulio Ortiz Uribe
A finales de 2007, el gobernador Narciso Agúndez decidió, de motu proprio, operar un programa de becas para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Se requerían unos 8 millones de pesos para echarlo a andar, pero como no había recursos aprobados en la Ley de Egresos, alguien sugirió que se usaran los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), al fin que las becas “tienen un fin social”, según comentó un funcionario de la secretaría de Finanzas presente en la reunión donde se discutió el tema. El gobernador aprobó la propuesta.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que se entregan a través del FISE, deben invertirse en obras “que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema…”, por lo que usar los recursos del fondo en becas, era contravenir la ley y seguir dejando en el olvido a cientos de familias marginadas.
Aunque el sistema educativo estatal requiere evitar la deserción y contar con suficientes y bien preparados profesionistas, el dinero para las becas lo pudo haber obtenido del derroche que hacen los funcionarios agundistas en teléfonos celulares, gasolina y boletos de avión.
A pesar de que estaba cometiendo una ilegalidad, Narciso Agúndez echó a andar el programa en 2008.Ese año se otorgaron 6 mil 847 becas a un costo de 7 millones 186 mil 500 pesos, que fue justamente el monto enviado por la secretaría de Hacienda para obras del FISE. Es decir, usaron el cien por ciento del dinero que debió haberse utilizado en rehabilitación de caminos rurales, drenaje, agua potable, energía eléctrica rural, instalaciones deportivas, mercados y rastros.
A través de boletines de prensa del gobierno del estado y en boca del director del Patronato, Francisco Moreno Murguía, se dijo que los fondos para el pago de las becas fueron producto de las “gestiones del gobernador ante el gobierno federal “, ya que “desde el inicio de la actual administración se ha desplegado un intenso trabajo de organización y de gestión por parte del gobernador Narciso Agúndez para ampliar la cobertura de los programas y para lograr la participación del Gobierno Federal en estas acciones…”
Ahora se sabe que las famosas “gestiones” del gobernador eran puros embustes.
Un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala lo siguiente: “el Gobierno del Estado de Baja California Sur destinó 7 millones 195 mil 834 pesos para el pago de becas de niveles medio, medio superior y superior, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, las cuales no proveen al estado de infraestructura básica en beneficio directo a sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en contravención de los artículos 33, párrafo primero, inciso b, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal”
El organismo auditor de la Cámara de Diputados, en un escrito enviado al gobierno del estado, dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7, 195,834.83 pesos (siete millones ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 83/100 MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo. La ASF dio treinta días al gobierno para solventar la recomendación, o devolver el dinero.
Así pues, al “gestor” de recursos ante el gobierno federal, no le quedó más remedio que devolver a la federación la cantidad desviada.
El 27 de mayo de 2010, mediante el oficio CGE/0972/2010, dirigido al ingeniero Juventino Pinedo Pinto, director general de Auditoría a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la Auditoría Federal de la Federación, el contralor del Estado, Román Rangel Pinedo, informó de un depósito en la cuenta del FISE por 7 millones 186 mil 500 pesos, más 9 mil 400 pesos de rendimientos generados, para cubrir el desvío utilizado en las becas obtenido “por gestiones” del gobernador Agúndez.
