Tulio Ortiz Uribe
Con el proyecto de presupuesto del 2011, el gobierno del estado ha decidido sacrificar, como lo ha hecho durante el sexenio, el crecimiento económico y la creación de empleos, en favor del clientelismo político, contratos para familiares y amigos, subsidios al sector privado, deuda pública y el mantenimiento de una burocracia ineficiente, pero leal a la hora de votar.
El documento, aprobado por los diputados esta semana, revela que el gasto corriente (pago de la burocracia y compra de bienes y servicios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas), representará 83 por ciento del gasto programable, mientras apenas 17 por ciento se irá a gasto de capital. Se pretende ejercer un total de 8 mil 669 millones 540 mil pesos, 7.6 por ciento más que el aprobado para 2010.
El proyecto, que los diputados “analizaron" para luego proceder a su "discusión" y aprobación, pero que en los hechos no le movieron ni una coma, incluye de manera indebida como “gasto de capital” las participaciones y aportaciones del gobierno federal (5 mil 513 millones 351 mil pesos), para la operación del sector salud y educación, así como las transferencias a los municipios.
Por ejemplo los recursos etiquetados para salud, educación y seguridad, 3 mil 405 millones 239 mil pesos, se usan básicamente como gasto corriente para el pago del magisterio, burocracia, personal del sector salud, policía estatal y en la compra de bienes y servicios.
Al decir de analistas económicos consultados, “encuadrar las transferencias federales como gasto de capital viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ya que dicha cantidad es gasto corriente para el consumo, operación y transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características”
“Esa, dicen, es sólo una estrategia con la que se pretende confundir a los legisladores, ya que ese recurso se emplea básicamente como gasto corriente, con excepción de los porcentajes de participación para los municipios, que deben ser invertidos en obra pública” Agregan que el gasto de capital es aquel que se destina a fines productivos, bienes perdurables que permiten el crecimiento económico y ayudan a generar más empleos para la población en general.
De acuerdo con especialistas en políticas públicas, en las actuales condiciones de la economía es fundamental estimular con mayor fuerza la inversión pública para que haya más crecimiento económico y abatir el desempleo y la caída de las inversiones privadas.
Aunque el gobierno estatal, destina 28.17 de su gasto total a la educación, vía aportaciones del gobierno federal (2 mil 442 millones 300 mil pesos), la mayor parte de estos recursos (el 92.12%) se utiliza para sueldos y prestaciones del magisterio y la burocracia de la SEP, por lo que los gastos de operación e inversión, las innovaciones pedagógicas y de investigación se quedan prácticamente sin presupuesto.
El costo de la burocracia
Durante 2011 el gobierno de Narciso Agúndez proyecta gastar 768 millones 660 mil pesos (32 millones a la quincena), en el pago de sueldos y prestaciones de la burocracia estatal, que suma 3 mil 979 empleados. Esto sin contar al personal que labora en las secretarías de educación y salud, ya que estos son pagados con recursos transferidos por el gobierno federal.
Para entender la dimensión de este gasto, durante 2010 el gobierno estatal obtuvo por ingresos propios (impuestos, derechos y productos), 707 millones 631 mil pesos. Es decir, ni con lo que recauda puede pagar la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico y que es una pesada carga para el erario. De acuerdo a normas internacionales, debe haber un empleado por cada 250 habitantes; en el estado hay un empleado para 124 habitantes.
Esto se debe a lo que se llama “clientelismo burocrático”. Como se sabe, contrario a lo que sucede en otros estados y que es parte de la transparencia gubernamental, aquí no hay políticas de reclutamiento y promoción de personal, nunca se hacen públicos los cargos vacantes ya que estos son llenados por recomendados, compromisos políticos, amiguismo, por herencia de padres a hijos y hasta por el pago de favores sexuales.
De los 3 mil 979 empleados, 2 mil 206, el 56%, es personal de confianza que ingresó en lo que va del sexenio, sin mediar exámenes ni evaluaciones, y que la mayoría serán remplazados cuando entre el nuevo gobierno. Esto pone de manifiesto la nula existencia de una política de profesionalización de la función pública.
Presupuesto “honesto y eficiente”
El proyecto de presupuesto dice en su exposición de motivos que “la suma de las necesidades siempre será mayor a los recursos disponibles, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que establezcan estrictos criterios para maximizar el bienestar que se pueda brindar a la sociedad a través del uso responsable, honesto, eficiente y transparente de esos recursos”
Sin embargo al analizar el documento saltan las contradicciones del discurso oficial, en un presupuesto que estaría más orientado a beneficiar al sector privado que al grueso de la población. Por ejemplo, para “fomento y promoción turística” se destinan 117 millones 243 mil pesos, lo cual en los hechos no es más que un subsidio a las empresas trasnacionales asentadas en Los Cabos, quienes controlan el 90 por ciento de la industria, y que se ahorran esa cantidad en la promoción de sus negocios, aumentando sus ganancias sin beneficiar a la clase trabajadora que sigue en las mismas condiciones de pobreza.
Esos recursos representan lo mismo que se le asigna a: capacitación policiaca (1 millón 118 mil pesos); defensoría de derechos humanos (5 millones 880 mil); impartición de justicia en materia electoral (4 millones 680 mil); fomento a la industria (8 millones 216 mil); procuración de justicia (34 millones 519 mil); Patronato del Estudiante (24 millones 272 mil); Teatro de la Ciudad (7 millones 172 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4millones 52 mil); bienestar del trabajador (5 millones 20 mil); conciliación y arbitraje (10 millones 774 mil); Centro de Rehabilitación y Educación Especial (7 millones 680 mil pesos) y para el programa Rutas de las Misiones, 1 millón 220 mil pesos. Esto demuestra que no hay uso “responsable y eficiente” de los recursos.
Pero hay más. Para “comunicación social”, el gobernador pide un presupuesto de 17 millones de pesos, que generalmente se usa en promover su imagen personal. Todas las notas pagadas en medios electrónicos e impresos sólo hablan de “obras de gran impacto”, “se están mejorando las condiciones de vida de las familias de escasos recursos”, “el estado va por la vía del progreso”, “el nuestro es un reto que pocos gobiernos pueden cumplir”, “ningún gobierno ha hecho un hospital como este”, y así por el estilo.
Sin embargo el gasto de “comunicación social” es mayor que el aplicado a: promoción y desarrollo pecuario, 1 millón 230 mil; ecología y medio ambiente, 143 mil 796 pesos; atención a la mujer y al menor, 4 millones 448 mil; albergues rurales, 1 millón 741 mil; desarrollo deportivo, 1 millón 926 mil; pensiones humanitarias, 2 millones 400 mil; cultura del agua, 238 mil; Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2 millones 457 mil; Patronato para la Reincorporación Social, 648 mil; la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en el DF, 2 millones 221 mil pesos y para el Centro de Integración Juvenil, 21 mil 376 pesos.
Los costos de la deuda pública
Para 2011, el gobierno tiene contemplado el pago de 289 millones 710 mil pesos para amortización de la deuda. De esta cantidad 55 millones son intereses, una cantidad similar (53 millones) se pagó en el 2010; es decir en dos años se habrán pagado más de 100 millones de pesos sólo de intereses de una deuda desproporcionada con los ingresos que tiene el estado. De 2005 a 2010 se han pagado 317 millones de intereses.
Aunque el gobierno ha dicho en todos los tonos que la deuda estatal asciende a sólo 640 millones de pesos, la página oficial de la Secretaría de Hacienda (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_documentos/deuda/eo_m125.xls) la ubica en mil 633 millones al 30 de septiembre de este año. A esto hay que agregar, de acuerdo a documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del estado (balance general al 31 de agosto de 2010), 783 millones 319 mil pesos por concepto de documentos por pagar, proveedores y acreedores diversos, es decir pasivos no bancarios. Al respecto la calificadora Fitch Rating (http://www.fitchmexico.com) dice: “en 2009 la entidad registró pasivos no bancarios (acreedores y proveedores principalmente) por $833 mdp. Fitch considera que este nivel es ya elevado, en función del tamaño del presupuesto del Estado, por lo que se dará seguimiento a su evolución”
También hay que considerar como deuda a largo plazo los 350 millones aprobados por el Congreso del Estado para el sostenimiento del CRIT-Televisa, y 45 millones que se adeudan al ISSSTE. En total 2 mil 811 millones de pesos que, dado el nivel de ingresos propios, son impagables.
