Alianzas opositoras de México

 

José García Sánchez

Desde hace algunos años los medios de información convencionales en México renunciaron a la diversidad de temas y a la variedad de puntos de vista. La diferencia en esos medios no se percibe actualmente y la pluralidad de pensamiento menos aún.

Su filiación partidista se vuelve una costumbre poco a poco en el mundo de la información, donde México tiene un lugar destacado. En su proyección política la oposición encuentra en esos medios los espacios sin límite que se dedican a cuestionar la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Así, los medios convencionales, nacidos el siglo pasado en México, se convierten en un tentáculo informativo de la oposición y en parte de su estrategia política.

Uno de los factores que muestra la manipulación eminentemente política de los medios es la actual sobreexposición de la imagen de algunos políticos considerados, como posibles candidatos de Morena a la Presidencia de la República, principalmente la imagen de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

Esta estrategia fue un ejercicio cotidiano a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces el Presidente de la República era el director general de todos los diarios de circulación nacional, quien desgastó con la sobreexposición de su imagen a Porfirio Muñoz ledo, entonces un dinámico senador por el PRD, y acababa de competir por la gubernatura de Guanajuato.

En ese panorama su figura representaba un peligro para los intereses imperantes y por órdenes muy superiores aparecía en el cintillo de los diarios, su foto en primer aplana, ocupaba la nota de ocho columnas, sus declaraciones eran comentadas, sus participaciones en tribuna eran reproducidas con puntos y comas, etc.

La sobrexposición en los medios fue un arma política en el salinato que le arrojó importantes victorias. Ahora, la historia se repite, como si esa misma persona estuviera tras de esas sobreexposiciones, que manejaba el ex Presidente de la República con gran maestría. Todavía no había redes sociales.

La sobreexposición en los medios es tan dañina como la no exposición de su imagen, probablemente peor. El exceso de comunicación, sobre todo en política, corta la comunicación. La atrofia. Las campañas para las elecciones de 2024 ya empezaron en los medios, nadie los regula en este sentido. El escenario de la política cambia de escenario y secuestra las acciones de los políticos a la prisión de los medios que no son plurales ni imparciales.

En los meses pasados hubo una especie de adiestramiento en cuanto a la sobreexposición en los medios, el encierro cerró las ventanas de la realidad y la redujeron a los medios para conocer lo que sucede en el mundo. Se amplió el espectro y la sobrexposición comenzó a ser arte en la información. A pesar de ello, la sobreexposición en política sigue siendo una herramienta efectiva de desgaste.

Se trata de ver repetitiva la imagen pública, con las mismas palabras, de ser posible con la misma ropa, con los mismos temas, con los defectos resaltados, con expresiones grotescas. Hay expertos en el daño de la sobreexposición.

Así, la sobreexposición emocional, propia de los tiempos de campaña prelectoral, se expresa con mayor insistencia en los medios convencionales, que están al servicio de los intereses del pasado, tiempos en los que se convirtieron los medios en una especie de secretarías de Estado en México.

Así, la actual administración no se enfrenta a una oposición tradicional sino a toda una estructura de intereses que confluyen en trincheras muy fuertes con la intención de desestabilizar al gobierno para recuperar privilegios, volver al pasado, incluso utilizando herramientas ilegales para lograrlo.

No existe sólo una oposición política que enfrenta, como debe suceder en toda democracia, las disposiciones gobiernos y las critica con toda libertad, sino que está aliada con los propios destructores del país que reclaman su derecho sobre las leyes, las vidas y las haciendas como lo hacían hace 100 años. En una lucha desigual más cercana al golpismo que a la democracia.

 La sobreexposición es tratada en la política mexicana con el
único objetivo de desgastar imágenes, un arma que desde hace poco más de 20 años, –tal vez sea la misma mano que mueve la cuna– hace mucho daño en México a los políticos progresistas y daña la democracia severamente.

Los medios son parte de los partidos de oposición y se prestan a toda estrategia política sin importar el profesionalismo, la ética ni la verdad.

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La Tijereta Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Dan 18 años de prisión a Teniente Naval que violó a una cadete en La Paz

Tulio Ortiz Uribe 

Un Tribunal Militar sentenció a 18 años de prisión al Teniente de Navío de Aeronáutica Naval, Víctor Manual Mecinas Rosas, por los delitos de violación y abuso sexual en agravio de la cadete de identidad reservada, que aquí llamaremos Mary. Los hechos sucedieron en agosto de 2018 en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval en La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso publicado esta semana, la agresión ocurrió en la oficina de su maestro Mecinas Rosas, y aunque la estudiante se resistió y pidió ayuda a gritos, ninguno de sus compañeros de generación acudió en su auxilio no obstante que escucharon claramente su demanda.

 Mary relata: "le supliqué que me dejara salir, pero, sin importarle mi miedo y desesperación, me atacó; me decía que me iba a ser lo que quisiera porque él era mi superior y yo sólo su gata" Luego de la agresión la cadete denunció el hecho ante sus superiores y aunque detalló las circunstancias, nadie le creyó e incluso la calificaron de "loca escandalosa y la expulsaron de la escuela naval a sólo dos meses de terminar su carrera". 

 Sin dinero y sin contar con la ayuda ni asesoría de la Secretaría de Marina, Mary obtuvo la ayuda de la abogada independiente María del Carmen Molina, quien luego de un largo proceso legal logró la sentencia el pasado 21 de mayo. 

 " A tres años de lo sucedido, relata el reportaje, la Marina mantiene relegada a Mary, quien se encuentra recluida en su domicilio en Guerrero con un "rebaje domiciliario", es decir, aunque no está dada de baja de la institución, actualmente no cuenta con ningún derecho"

 ¿Austeridad? Los ingresos millonarios de magistrados y consejeros en BCS

 

Tulio Ortiz Uribe

Siguiendo la línea marcada por el presidente de la República de aplicar un plan de austeridad y cero corrupción, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, anunció ayer el recorte a los sueldos de altos funcionarios, así como cancelar bonos, sobresueldos, ayudas, gastos de gasolina y teléfono celular; pero fue muy enfático al decir que "nadie ganará más que el gobernador"

Sin embargo eso no se cumple con los magistrados y consejeros de los entes autónomos en el estado, quienes tienen salarios que superan los 85 mil pesos mensuales que Castro Cosío se asignó, y que si le sumamos bonos, estímulos, prima vacacional, despensas, gratificaciones y otras ayudas como teléfono y gasolina, tenemos una casta privilegiada que sangra el erario con percepciones millonarias.

Veamos por qué: en el Instituto Estatal Electoral (IEE) el consejero presidente (Rebeca Barrera Amador terminó su periodo) tiene un salario mensual de 130 mil 324 pesos, y los consejeros Cesar Taylor Maldonado, Chikara Yanome Toda, Alma Alicia Ávila Flores, Marisol Gutiérrez Canizales, Leticia Ocampo Jiménez y Miguel Santoyo Cantabrana, devengan 103 mil 907 pesos; el secretario ejecutivo gana 95 mil 932 pesos. Al  ser sujeto obligado, el IEE por ley debe transparentar en su página oficial, además de los salarios, las gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, pero no lo hace. Se sabe que reciben esas prestaciones lo que aumenta considerablemente los ingresos.

En el Tribunal Estatal Electoral la magistrada presidenta Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, la magistrada Sara Flores de la Peña y el magistrado Augusto Raúl Jiménez Beltrán, tienen un salario mensual 104 mil 962 pesos más prestaciones (no divulgadas en su página oficial)

El hecho de ser organismos autónomos, resulta propicio para privilegiar los ingresos de magistrados, consejeros y comisionados, y otorgarse bonos que en los hechos aumentan los salarios. En el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información la comisionada presidenta Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez y los comisionados Conrado Mendoza Márquez y Carlos Oswaldo Zambrano Sarabia tienen una remuneración mensual de 75 mil 135 pesos, pero reciben jugosos bonos: dos al año por 37 mil 567; dos primas vacacionales ( julio y diciembre) también por 37 mil 567; un estímulo de fin de año por 37 mil 567 pesos, un "ajuste al calendario", por aquello de que hay meses con 31 días: 12 mil 522 pesos y un aguinaldo de 100 mil 180 pesos. Todo ello suma 300 mil 527 pesos y agregados al salario dan 1 millón 202 mil 147 pesos anuales, ó 100 mil 178 pesos mensuales.

En el tribunal de Justicia Administrativa los magistrados Angelica Arenal Ceseña, Claudia Méndez Vargas y Ramiro Ulises Contreras tienen salarios de 96 mil 338 pesos más bonos por 50 mil y aguinaldo de 84 mil 713 pesos.  

Tribunal Superior de Justicia. El magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez tiene un salario nominal de 124 mil 914 pesos; los magistrados Martha Ramírez Ramírez y José González Sánchez 119 mil 950 y el magistrado consejero Héctor Homero Bautista Osuna, 94 mil 996 pesos, no informan de las prestaciones.

Como dice el dicho, o todos coludos o todos rabones.

 

Revocación de mandato, otro golpe al neoporfirismo

 

Marco I. Dávila C

En palabras del Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta popular de revocación de mandato que se va a realizar en marzo de 2022 en México, “es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

En otras palabras, lo que el INE quiso decir es que, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hoy se ha logrado algo bastante importante para la vida democrática de México. El que los mexicanos, si así lo exigen, ahora ya pueden remover a un presidente antes de que concluya su sexenio. 

Así quedó la pregunta que las y los mexicanos veremos en las papeletas el día de la consulta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

La recientemente aprobada Ley Federal de Revocación de Mandato le permite a los mexicanos el que futuros malos presidentes no se salgan con la suya, ya sea porque robaron o que hayan sido corruptos, o que hayan traicionado a la patria o que, por alguna razón, el pueblo ya no confíe en ellos.

A veces en la oposición tienen la desfachatez de asegurar que son “mayoría” a nivel nacional. Si ese es el caso, qué estarán esperando entonces para llamar a su “mayoría” para, por medio de la consulta, sacar al “dictador” que tanto aborrecen. Dicho de otro modo, la Ley de Revocación de Mandato le está dando la oportunidad al conservadurismo de cumplir su sueño y, de manera legal, sacar a AMLO de la presidencia. 

¿Usarán esa oportunidad? O, como ya se saben perdidos, ¿optarán por boicotear la consulta? Yo creo que como sea, intenten lo que intenten andan perdidos. Porque lo que es seguro es que AMLO va a concluir su mandato de seis años. Y para que no se nos espanten, para seguir repitiéndolo hasta que quede clarísimo, aquí les dejo la explicación del mismísimo presidente de la república, plasmada en su libro más reciente A la mitad del camino, sobre de que no está en sus planes el reelegirse: 

“En lo personal, deseo concluir mi mandato a finales de septiembre de 2024 para retirarme en definitiva del ejercicio de la política y vivir en Palenque el resto de mi vida con salud y alegría, quedándome con el recuerdo y con la sublime satisfacción de haber servido al extraordinario pueblo de México y a nuestra gran Nación”.

Vamos todos por la ratificación de mandato o, como se le llama oficialmente: “Revocación de Mandato”. Aunque les duela y les dé miedo la democracia participativa a la minoría que se sentían los “todopoderosos”, hoy, el pueblo pone y el pueblo quita. Sin duda alguna, este ejercicio de democracia participativa es otro golpe al neoporfirismo. 

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 MAR DE FONDO

 

Magistrados electorales incompetentes...y un nombramiento ilegal

 

Tulio Ortiz Uribe

En un solo párrafo, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF no sólo resolvió declarar fundado el agravio (anular por presunta falsificación de firmas los registros y revocar las constancias de validez) propinado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de BCS a los candidatos a diputado de la coalición Unidos Contigo en los distritos V y XV, que ganaron por mayoría de votos el pasado 6 de junio, sino que los puso en evidencia por no conocer bien la Ley Electoral, ni estar al tanto de la jurisprudencia sobre la materia.

En la ponencia, los magistrados de la Sala Regional expusieron que asiste la razón a los candidatos agraviados, "porque la autoridad responsable no advirtió", como lo señala la Ley Electoral de BCS, "que se impugnaba el registro de candidatura correspondiente a una etapa que culminó cuando se inició la jornada electoral y que conforme se ha sostenido en diversos precedentes y tesis de este Tribunal, una vez finalizada la etapa electiva", ya no es posible regresar al punto en que se registraron los candidatos.

Como se recordará, el pasado 15 de agosto, el Tribunal integrado por los magistrados Sara Flores, Dulcinea Apodaca Ruiz y Raúl Jiménez, ordenó entregar nuevas constancias de mayoría en un plazo de 48 horas, a las candidatas de la coalición Morena-PT, Fernanda Villarreal González y Karina Olivas Parra, quienes habían obtenido el segundo lugar en los distritos V y XV.

Un nombramiento ilegal

El 7 de diciembre de 2017, el pleno del senado nombró a funcionarios electorales de nueve estados, entre ellos a Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, como magistrada del Tribunal Electoral de Baja California Sur.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por comunicación social del Senado, en esa fecha, el senador Manuel Bartlett, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, dijo que "los ciudadanos no tendrán confianza en los institutos electorales mientras no haya honestidad y una selección real de los funcionarios de todos los niveles estatales y federales. Refirió que la Junta de Coordinación Política (presidida por el panista Ernesto Cordero) nunca se reunió para aprobar el nombramiento; “y aquí tienen la votación asegurada, igualmente mafiosa que el resto de los nombramientos de este Senado”, comentó ante el Pleno.

Por su parte el senador petista Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que en el acuerdo para el nombramiento no se documentó la sesión en la cual fue firmada, y se trata de un acuerdo político que no tomó en cuenta el interés nacional, ya que “el dictamen que vemos es nada más una lista de nombres, en la cual no se considera ninguna descripción de porqué se decidió sobre tal o cual candidata o candidato”, dijo.

Y tenía razón, entre otros requisitos necesarios para ser magistrado electoral, atendiendo al artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está el "Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello", algo con lo cual no cumplía la ahora magistrada Betsabé Apodaca Ruiz.

De acuerdo con la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, esta funcionaria obtuvo su título y cédula profesional de la Universidad Autónoma de Chihuahua en 2018. Es decir que cuando fue designada magistrada electoral por el Senado, ni estaba titulada ni, desde luego, contaba con una antigüedad de 10 años.

 

 

Abstencionismo y gobernabilidad

 

Tulio Ortiz Uribe

Finalmente la alianza Unidos Contigo aceptó su derrota en las pasadas elecciones. Llegará al gobierno del Estado, el próximo septiembre, un luchador social identificado con la izquierda: Víctor Castro Cosío.

Sin embargo los números que arroja la elección debería preocupar a los partidos, candidatos e instituciones electorales. En democracia es fundamental el consenso y este se logra con un fuerte apoyo electoral.

Como se observa, no hubo un voto masivo como pedía la propaganda política, pero sí una abstención mayoritaria del 51.0%. Un no-voto de rechazo, un desafío para nuestro sistema democrático que puede convertirse en una amenaza para la estabilidad política y la gobernabilidad.

El abstencionismo afecta no solo la legitimidad de un gobierno, sino que exhibe el nivel de madurez democrática de la sociedad. En esta elección faltaron cifras contundentes. En los últimos cuatro gobiernos, sólo Leonel Cota Montaño tuvo un indiscutible 54.0% y una alta participación del 67%. Ahora, de los 22 puestos de elección popular en el estado, tan sólo 2 diputados tuvieron un porcentaje arriba de 50%.

De acuerdo con datos oficiales, no acudieron a votar 289 mil 695 electores, de una lista nominal de 561 mil 799 ciudadanos inscritos. ¿Quiénes son los abstencionistas? Analistas están de acuerdo en que este grupo lo conforman ciudadanos desencantados con los gobernantes, los partidos políticos y el sistema político en su conjunto. Es una expresión y un medio por el que se exhibe el malestar con la política y los políticos.

Sin restarle valor al concepto de que gana "el que tiene el mayor número de votos", es necesario revisar las cifras de la elección a su condición real. Del total de electores inscritos en la lista nominal, únicamente votaron 272 mil104; es decir el 49.81%, De éstos Víctor Castro recibió 123 mil 683 votos, el 20.15% y Francisco Pelayo 106 mil 077 votos, el 18.88% en relación con la lista nominal. Aquí hay que resaltar que la ley no exige un porcentaje mínimo de participación para que unos comicios sean válidos.

Por otra parte, el porcentaje que recibieron los dos principales contendientes al gobierno del estado, refleja una sociedad dividida en partes casi iguales. Dos proyectos ideológicos: el centro izquierda y la derecha conservadora.

Por el bien del estado y sus habitantes, las nuevas autoridades deberán buscar un consenso con los ciudadanos que piensan diferente. Se debe gobernar para todos.

 

Documentan auditores de la federación, daños al patrimonio de Exportadora de Sal

Tulio Ortiz Uribe

 

Probables daños al patrimonio de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) por 97 millones 600 mil pesos, documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) luego de fiscalizar la cuenta pública 2019 a esa empresa de participación estatal mayoritaria.

El informe del organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados, dado a conocer este sábado 20, encontró pagos en exceso, contratos con personas físicas que tienen parentesco con el director de la empresa, pérdidas por incumplir con procedimientos administrativos, sanciones de Profepa por deterioro grave de los ecosistemas, y por no existir un control actualizado de los pasivos contingentes con motivo de los juicios mercantiles, civiles y laborales que enfrenta. Lo anterior derivó en 6 recomendaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones.

La auditoría destaca que ESSA hizo un pago por 80 millones 476 mil pesos en 2019 a los Astilleros Marecsa, con motivo de la construcción de un barco remolcador  "sin verificar el avance real en la construcción" ya que de acuerdo a una auditoría practicada por SEMAR en 2020, se encontró que dicho avance era del 39.78% y no del 81.15% informado por el astillero. A esta fecha se le habían pagado 183 millones 143 mil pesos, que no corresponden al avance pactado. La empresa tendrá que realizar un proceso de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, ESSA realizó contratos sin tomar en cuenta evidentes conflictos de interés. El contrato 101010002-LPN-05-19 por 3 millones 725 mil 832 pesos (adjudicado a Jesús Manuel Rocha Núñez, primo hermano del director de la empresa Antonio Avilés Rocha) "no contó con la evidencia de requerimiento de los trabajos de obra licitados" (reparación y mantenimiento general de oficinas, talleres y edificios en la paraestatal).

Otro conflicto de interés se observa en la firma del contrato ESSA-GAA-065-2019 suscrito con la empresa San Diego Materiales y Equipos, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Antonio Rocha Núñez, otro primo de Avilés Rocha. Refiere la ASF que "el expediente del procedimiento de licitación no incluyó la documentación comprobatoria que acredite el resultado de la investigación de mercado, ni las cotizaciones realizadas ni el análisis de los precios aceptables que sirvieron de referencia para la evaluación económica de las propuestas presentadas".

Asimismo, la entidad fiscalizadora detectó un perjuicio por 16 millones 600 mil pesos "por rebasar el presupuesto autorizado de un contrato de servicios con terceros"; además, un daño a las finanzas de ESSA por un millón de pesos al no justificar la subcontratación de un coordinador ejecutivo de procesos presupuestarios y contables, así como de un auditor de procesos operativos, ya que la estructura orgánica de ESSA incluye áreas relacionadas con dichas funciones y procesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una valuación practicada por un despacho contable determinó que en noviembre de 2019 la empresa tenía almacenadas 7 mil 360 toneladas métricas de "sal de mesa procesada fuera de especificación en el patio de la bodega" con un valor original de 15 millones 767 mil 400 pesos. "Sin embargo, por su deterioro, su valor disminuyó a 2 millones 742 mil 600 pesos, el 82.6% según el despacho, en incumplimiento de los procedimientos. P-PCO-003-01 Manejo y Almacenamiento de Producto Terminado Sal de Mesa y P-PCO-004 Manejo de productos que han perdido su valor (sal de mesa). El despacho informó que los bienes seguían almacenados a la intemperie, "por lo que mientras más transcurra el tiempo, mayor será su depreciación y será difícil realizar maniobra"

A pesar de que desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones para que la empresa salinera modificara la estrategia de comercialización y estableciera nuevas condiciones equitativas que no limiten su actuación para acceder a nuevos mercados a fin de maximizar la generación de valor para México, así como evaluar otras alternativas para la venta del producto, ESSA sigue sin modificar el contrato de comisiones y ventas de sal con Mitsubishi Corporation. "Para determinar los precios de venta de sal industrial para 2019, ESSA no aplicó la fórmula autorizada mediante el acuerdo núm. 30 ESSA 03/2015 de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración"

Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA) es una empresa de participación estatal mayoritaria. El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es propietario del 51.0% de las acciones, y Mitsubishi Corporation, empresa de capital extranjero, del 49.0% restante. La empresa se localiza en Guerrero Negro, Baja California Sur, y su objeto es la producción y exportación de sal marina obtenida mediante la evaporación solar del agua de mar.