Entrevista al investigador y periodista José Reveles

“No hicimos lo suficiente para detener la complicidad del narco con el gobierno”

Mario Casasús

Diario Clarín, Chile

En entrevista con Clarín.cl José Reveles (1944), escritor y periodista mexicano, analiza la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el recrudecimiento de la narcoviolencia y la negligencia del gobierno ante la crisis humanitaria de México: “Los familiares y las policías comunitarias encuentran cadáveres pero no corresponden con el ADN de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son los muertos de aquí y de allá. Es una doble tragedia, porque los familiares que buscan a sus hijos encuentran un montón de cadáveres y los cadáveres no encuentran dueño, estamos hablando de dos tipos de muertos, los desaparecidos y los que aparecen pero nadie reclama. En mi libro registré una fosa con 500 cadáveres en 2011, y otra fosa con 190 cuerpos, doy cifras: 1,800 cadáveres encontrados en 19 provincias de México, era el anuncio de lo que ahora está pasando en Iguala, como si hubiera profetizado el futuro, veíamos venir la tragedia, se avecinaba y la dejamos llegar, como sociedad y periodistas no hicimos lo suficiente para detener la complicidad del narco con el gobierno”. 

-MC.- Pepe, ¿cuántas páginas habías escrito para tu nuevo libro antes de la captura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán?

-JR.- Ni media letra, cuando anunciaron la captura del Chapo esperé un par de semanas para que alguien se lanzara al ruedo, pero no vi nada. Entonces dije: “voy a escribir un libro”, pensé que tal vez no valía la pena, así que lo consulté con los editores y les encantó la idea. Te juro que quise registrar el hecho, a veces uno escribe para sí mismo, para ordenar las ideas, un artículo periodístico puede darte al ángulo para escribir un libro. Normalmente cuando hago un libro no lo comienzo por el principio, sino que ya traigo el antecedente en la cabeza, en los archivos, en mi experiencia y en el estudio del tema; de tal manera que no había escrito nada, pero sí tengo la película del Chapo en la cabeza, he trabajado mucho, lo vengo siguiendo hace más de 20 años. 

-MC.- ¿Cuándo comenzó tu sospecha sobre la entrega pactada del Chapo con la DEA y el gobierno de Peña Nieto?

-JR.- Desde el mismo día, el sábado 22 de febrero, me llamaron muy temprano para ir al noticiero especial de Carmen Aristegui en MVS Radio, nos juntamos con la periodista Anabel Hernández, nos pasamos todo el tiempo de la transmisión con Carmen analizando los temas y nos dimos cuenta que mientras transmitíamos el programa de radio todavía no teníamos la versión oficial del gobierno de México, sin embargo ya teníamos toda la versión del gobierno de Estados Unidos, tanto los datos de la captura, como la foto del sometimiento del Chapo. Cuando tú ves eso piensas: qué pasó, no veo a los marinos mexicanos en el papel de facilitarle el material al gobierno de Estados Unidos, ni entre periodistas pasa eso, piensa mal y acertarás. 

Cuando los medios cubren este tipo de capturas de capos o ejecuciones de narcos me consultan porque suponen que soy experto, nunca he desmentido a los colegas (risas). El 22 de febrero, me llamaron por teléfono de la cadena Telemundo para solicitar una entrevista, la corresponsal me dijo: “aquí tenemos la nota oficial del gobierno de Obama, aseguran que le incautaron 1,300 millones de dólares”, la periodista de Telemundo me envió el documento, a partir de ahí soy el primer mexicano que tengo el documento completo de Estados Unidos, con los números correctos, en México se decía que le incautaron 1,300 millones de pesos, pero son dólares. Nadie le hizo caso a la cifra acreditada por Estados Unidos. Eso me convenció de escribir el libro, comienzo a descubrir cuál es la ruta del dinero, investigué la confesión de Jesús Vicente Zambada, El Vicentillo era el encargado de meter la droga desde México a California, y luego enviaba la mercancía hasta Chicago, donde estaba el centro de distribución. Después de la extradición, El Vicentillo confesó todo en Estados Unidos, se convirtió en testigo protegido, se comprometió a no mentir ante la DEA, a no ocultar información, a cambio de la protección de las autoridades de Estados Unidos, le aplicaron una sanción económica –de 1,373 millones de dólares- que es quitarle un pelo a un gato. Según la revista Forbes, El Chapo tenía una fortuna de 1,300 millones de dólares, y su socio El Vicentillo superaba esa cifra. 

-MC.- El Chapo parecía ser el narcotraficante preferido de Genaro García Luna, el jefe de la policía mexicana hasta 2012. ¿Dejó de ser funcional?, ¿en qué contexto se explica la mediática entrega del Chapo?

-JR.- Mario, lo dijiste correctamente, El Chapo dejó de ser funcional, pero no estamos hablando únicamente de México, estamos hablando de Estados Unidos, del dominio del negocio a nivel global, de la increíble capacidad financiera de los narcos, de su operación en 50 países, El Cártel de Sinaloa trafica desde Sudamérica hasta África para meter las drogas a Europa, y con la cocaína que sí se produce en México han perfeccionado los métodos de la calidad, ahora descubrí, con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, que México está produciendo la heroína de la mejor calidad, tan buena como la heroína de Afganistán y del triángulo asiático. 

-MC.- Mejorar la calidad de la drogas es una prioridad de los cárteles, desde la década de 1970, con la “marihuana golden” en Acapulco…

-JR.- Si tú consideras que un cártel es una empresa multinacional, insisto: globalizada, donde tu garantía es tu producto, los narcos tienen que mejorar sus drogas. Los Arellano Félix estaban importando heroína para traficarla a los Estados Unidos –como intermediarios-, México producía heroína de mala calidad, muy dañina por el alquitrán, ahora se está produciendo en México y curiosamente en la zona del conflicto en Guerrero (Iguala) se está “cocinando” una heroína de gran pureza –como azúcar blanca o sal fina-, yo pregunté a una fuente: ¿se modificaron los procedimientos o los químicos para procesarla?, y me dijeron: “no, se trata de otro tubérculo, el famoso bulbo de la amapola cambió de color a blanco, es altamente productivo y fino”, cuando me pasaron el dato leí en un Informe de las Naciones Unidas: “México está produciendo entre 12,000 y 14,000 hectáreas amapola de la máxima calidad y de esos cultivos producen 250 y 300 toneladas de heroína”, antes México producía 6,000 hectáreas, así voy corroborando mis líneas de investigación con datos de Colombia, de Afganistán, de Informes de la ONU, me doy cuenta que el triángulo asiático ya dejó de producir tanta heroína –por una política para revertir sus cultivos-, todo combinado hace que México sea preponderante, entre estos factores encontraría una explicación para la inhabilitación del Chapo. 

-MC.- ¿Cuáles serían otros antecedentes de entregas pactadas por la DEA?

-JR.- Estados Unidos negoció –en Colombia- con Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar. Pienso que Estados Unidos incautó 2,100 millones de dólares al Cártel de Sinaloa para no perseguir a los 29 familiares del Chapo Guzmán, dejaron operar el tráfico del Cártel de Sinaloa pero moderado por Estados Unidos, administrado por ellos, Estados Unidos controla los precios del mercado de las drogas, suben y bajan las cantidades de incautación, así manejan los precios. Yo tengo comprobación de traficantes colombianos que trabajaron con la DEA, siguiendo el modelo del operativo de armas Rápido y furioso, la DEA pone los aviones y cargamentos, los mete a Estados Unidos y los cobra. De esa forma lo hizo la DEA con el narco colombiano Harold Mauricio Poveda, alías El Conejo, milagrosamente se escapó del operativo en El desierto de los leones en octubre de 2008, los mexicanos que asistieron a la fiesta sí fueron capturados en laOperación Limpieza. 

-MC.- ¿Qué papel jugó el banco HSBC en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa?

-JR.- Mediante depósitos de casas de cambio y de otros mecanismos financieros, el Cártel de Sinaloa lavó 358,000 millones de dólares, equivalente al tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de México, está comprobado que el Cártel de Sinaloa depositó esa cantidad en un plazo menor de 10 años, ¿dónde quedo el dinero? Estados Unidos multó de forma simbólica al banco HSBC con 190 millones de dólares. Pongo estos elementos en la mesa para que los lectores entiendan estas verdades a medias del gobierno, ellos mienten con la verdad, dan un elemento de verdad y el resto lo tergiversan, los lectores llegarán a sus propias conclusiones. 

-MC.- ¿Qué nueva tecnología utilizada por la DEA te sorprendió?

-JR.- Un viejo agente de la DEA me dijo: “tú sabes cómo son los microchips que ponen en el cuerpo para localizar a una persona”. 

-MC.- ¿El chip que tenía implantado el exsenador y excandidato presidencial Diego Fernández de Ceballos?  

-JR.- Exactamente, el chip es más pequeño que un granito de arroz. Es posible que las mellizas del Chapo Guzmán que nacieron en Los Ángeles - en agosto de 2011- hayan sido inoculadas con un chip en el hospital Antelope Valley en Lancaster (California). Investigué los pros y los contras, un experimentado agente de la DEA dice que todavía no han inventado la batería para el chip, si el geo-localizador están encendido 24 horas, los 7 días de la semana debería calentarse o quemar tu brazo; pero otros expertos dicen que ya es posible la tecnología del chip. Entonces recurro a la historia, está el antecedente del chip del político Diego Fernández y el chip que le implantaron en el brazo al fiscal Rafael Macedo de la Concha en 2004, junto a 180 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), les pusieron el chip en un acto público ante la prensa. Yo no voy a resolver las preguntas más difíciles, los lectores tendrán que pensar por sí mismos para acercarse a la verdad. 

-MC.- ¿Y qué es lo más increíble en el mundo del narco?

-JR.- México es el país donde los muertos siguen caminando, están los narcos que simulan sus muertes, o sus cadáveres desaparecen de la morgue por arte de magia: Humberto Lazcano -El Lazca-, Nazario Moreno, Amado Carrillo –El señor de los cielos-, y Nacho Coronel. La gente no cree en la historia oficial. 

-MC.- Pepe, no entendí la implicación de la heroína en Iguala y el caso de los 43 estudiantes desaparecidos…

-JR.- El dato de Iguala no está en el libro, la línea de investigación nació por una entrevista que me hizo Carmen Aristegui, me preguntó sobre la importancia de la captura de Héctor Beltrán Leyva -El H - en octubre de 2014, yo creo que no era relevante, El H ya venía de caída, no tenía dominio entre su propia gente, estaban muy dispersos, balcanizados y pulverizados por los grupos rivales. Le dije a Carmen Aristegui que los Guerreros Unidos dominaban Iguala, ellos sacaron a Los Rojos –que dominaban la región hasta hace algunos meses-, en el contexto de la lucha intestina está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fui el primero que lo dijo. Iguala es una zona que controlan los herederos de Beltrán Leyva, por la ruta de todo tipo de trasiego de drogas, en especial de la heroína blanca mejorada. Los hermanos de María de los Ángeles Pineda –esposa de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala- pertenecen al Cártel de losGuerreros Unidos. Valdría la pena, en la reedición de mi libro, extender la investigación sobre la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala, la policía local, los Guerreros Unidos y el alcalde de Iguala, el gobierno local y los militares están implicados en el tráfico de drogas y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

-MC.- Finalmente, nos vimos en Ciudad Juárez durante la caravana de Javier Sicilia, publicaste el libro: “Levantones, narcofosas y falsos positivos” (2011), siguen apareciendo fosas clandestina en México, a pesar de la narrativa oficial de que todo había cambiado con el regreso del PRI…

-JR.- Qué bien que recuerdas mi libro, lo escribí hace tres años, denuncié el horror de las fosas, cubrí el hallazgo de las fosas de San Fernando con 190 cadáveres y en Durango con 500 cadáveres, pero el ADN no corresponde con los 26,100 desaparecidos en México entre 2006 y 2012. Es lo mismo que está pasando en Iguala Guerrero, los familiares y las policías comunitarias encuentran cadáveres pero no corresponden con el ADN de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son los muertos de aquí y de allá. Es una doble tragedia, porque los familiares que buscan a sus hijos encuentran un montón de cadáveres y los cadáveres no encuentran dueño, estamos hablando de dos tipos de muertos, los desaparecidos y los que aparecen pero nadie reclama. En mi libro registré una fosa con 500 cadáveres en 2011, y otra fosa con 190 cuerpos, doy cifras: 1,800 cadáveres encontrados en 19 provincias de México, era el anuncio de lo que ahora está pasando en Iguala, como si hubiera profetizado el futuro, veíamos venir la tragedia, se avecinaba y la dejamos llegar, como sociedad y periodistas no hicimos lo suficiente para detener la complicidad del narco con el gobierno. En 2011, algunos periodistas irresponsables dijeron: “son 72 cadáveres de indocumentados centroamericanos en la fosa de San Fernando Tamaulipas, pero no eran mexicanos, así que no importan demasiado”, las atrocidades, el horror y la tragedia de la guerra “contra las drogas” ya estaban ahí.

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Fuente: http://www.elclarin.cl/web/entrevistas/14438-jose-reveles-no-hicimos-lo-suficiente-para-detener-la-complicidad-del-narco-con-el-gobierno.html

Entrevista con Federico Mastrogiovanni, periodista italiano, autor del libro sobre la desaparición forzada “Ni vivos, ni muertos”

“La desaparición forzada en México es política de Estado”

Girogio Trucci

Las protestas en México para exigir la reaparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, no paran. Miles de personas, enardecidas, salen a las calles, llenan plazas, corean consignas y señalan al Estado como responsable directo de lo que ha ocurrido. Acompañan la lucha tenaz de los padres de los jóvenes, cuyos rastros se perdieron el 26 de septiembre pasado.

Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México, es autor del libro sobre la desaparición forzada “Ni vivos, ni muertos”. Con Luis Ramírez Guzmán ha realizado un largometraje documental sobre el mismo dramático tema.

Ambos son el resultado de casi 3 años de una lúcida y profunda investigación que lo ha llevado a recorrer México de norte a sur, pasando por una docena de Estados.

Durante una larga entrevista con La Rel, Mastrogiovanni explica que la captura y desaparición forzada de los 43 normalistas no es más que la punta de un gigantesco iceberg, cuya dimensión real nadie conoce.

19 mil personas desaparecidas solo en 2013. 51 por día y más de dos desapariciones por hora

Las organizaciones de derechos humanos aseguran que las víctimas de este oprobioso crimen serían no menos de 30 mil en los últimos 8 años. Sin embargo, la cantidad real podría ser hasta 10 veces mayor. Solamente en 2013 serían casi 19 mil las personas desaparecidas, es decir 51 desapariciones por día, más de dos desapariciones por hora.

“Parecen eventos individuales, hasta casuales, con muy pocos elementos comunes, pero no es así, y la responsabilidad del Estado por actos u omisiones está más que evidente”, dijo el periodista.

-Las calles y plazas mexicanas siguen abarrotadas de personas que exigen al Estado la reaparición de los 43 estudiantes. ¿Podemos decir que en México la desaparición forzada es una política de Estado?

-De eso no hay ninguna duda. A partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, el aumento de las desapariciones se dispara como nunca antes había ocurrido.

De manera particular hay un repunte de las desapariciones forzadas, es decir cuando hay un involucramiento directo de funcionarios u órganos del Estado, ya sea por acción u omisión.

Lo que ha pasado en Iguala es un caso evidente de desaparición forzada

-¿Cuáles son los elementos que llevan a esta conclusión?

-Durante una entrevista que realicé en los días pasados, el general retirado José Francisco Gallardo, preso político encarcelado por casi 10 años, declaró que la desaparición de los 43 normalistas es el resultado de una estrategia militar.

En México, la Policía está militarizada y las Fuerzas Armadas, independientemente de que se declare o no un “estado de excepción”, se involucran constantemente en tareas de seguridad ciudadana.

En este sentido, cualquier violación cometida por estos aparatos represivos es responsabilidad directa del Secretario de Gobernación, del Secretario de Defensa y del Presidente de la República.

Asimismo, el ataque contra los estudiantes ocurrió justo en frente del 27° Batallón de Infantería, y los militares fueron parte de la represión. Tampoco podemos creer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, para nadie es un secreto que María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca -ambos capturados por haber fomentado y dirigido la represión-, es la hermana de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, nadie impidió que su marido se presentase como candidato a alcalde.

Por lo tanto, no hay duda alguna de que el Estado está directamente vinculado con la tragedia de Ayotzinapa.

Desaparición forzosa en México. Nadie se salva

-¿De qué cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a la desaparición forzada?

-Las organizaciones de derechos humanos hablan de no menos de 30 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2014.

En realidad, solo una persona de cada diez denuncia una desaparición. De esta manera, esta tragedia podría involucrar a más de 300 mil personas.

-Son cifras espantosas…

-Muchas veces nos referimos a la “guerra sucia” que se desató en México contra los movimientos de protesta, los dirigentes populares, los movimientos guerrilleros durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90.

Se calcula que hubo unos 1.500 desaparecidos en casi tres décadas. Ahora estamos hablando de 30 mil personas desaparecidas en tal solo 8 años. Y todo esto sin incluir a los migrantes centroamericanos.

-¿Qué datos se manejan en el caso de los migrantes?

-El problema es justamente eso: no hay datos ciertos. El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Migrantes en el Camino”, habla de decenas de miles de migrantes desaparecidos en los últimos años.

Aunque las estadísticas son aproximativas, no me sorprendería si estas cifras se acercaran mucho a la realidad.

Durante mi viaje por México asistí a la persecución y captura de migrantes por parte de la Policía. Se llevaban a grupos de 50 y hasta 100 personas y era muy difícil saber lo que pasaba después.

A todo esto hay que agregar la presencia de bandas criminales que secuestran a las personas migrantes, para pedir un fuertes rescate a sus familiares o para reclutarlos. En ambos casos son asesinados y enterrados en fosas comunes.

El fenómeno creciente de la desaparición y el fenómeno creciente de la piratería

-¿Por qué tantas desapariciones y quién gana en esta situación?

-En mi libro planteo una hipótesis de la cual estoy convencido, es decir que existe una relación directa entre las desapariciones, el terror que se genera en la población y la explotación de los recursos naturales.

El Estado de Guerrero, por ejemplo, es entre los mayores productores de amapola (papaver) y marihuana. Además, tiene enormes yacimiento de oro y plata. De acuerdo con un artículo publicado recientemente por El Economista, la empresa canadiense Torex invertirá 725 millones de dólares en la construcción de una mina de oro.

La misma empresa afirmó que ésta figurará entre las minas de oro más grandes y de más bajo costo en el mundo, y proyecta producir un promedio anual -de 2017 a 2024- de 358.000 onzas de oro. Estamos hablando de una ganancia que ronda los 3 mil millones de dólares.

Hay otras zonas, como por ejemplo la Cuenca de Burgos, entre los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se han descubierto grandes yacimientos de hidrocarburos. Aquí se encuentra la cuarta reserva mundial de gas shale. A partir de 2006, en estas zonas han comenzado a desaparecer personas y actualmente es donde hay más desaparecidos.

Lo que se está haciendo, con el apoyo de policías y militares, es generar terror y “limpiar” zonas y territorios que deben ser controlados y concesionados a favor de empresas nacionales y transnacionales.

El objetivo es que puedan desarrollar, sin mayor oposición, sus megaproyectos, que muchas veces son el resultado de acuerdos comerciales nefastos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA).

De igual manera, el terror generalizado sirve para ocultar la represión selectiva hacia líderes comunitarios, activistas, miembros de la oposición social y popular. Para nadie es un secreto que la Escuela Normal de Ayotzinapa es muy crítica contra el gobierno, y sus estudiantes tienen una formación política de izquierda.

El miedo que paraliza. Un Estado cómplice y paralizado

-¿Por qué la gente no denuncia las desapariciones?

-Son varios los factores. Por un lado hay miedo y por el otro, los familiares chocan contra un sistema institucional que genera omisión e impunidad. Cuando una persona quiere interponer una denuncia ante el ministerio público, lo menos que le puede ocurrir es que el fiscal le diga que se retire y que regrese a su casa.

Muchas veces hasta sufre amedrentamiento o amenazas. Por esto hablamos de desaparición forzada.

-¿Cuáles son los impactos en familiares de las personas desaparecidas?

-Si multiplicamos la cantidad de desaparecidos por el número de familiares y amigos que sufren los impactos de una pérdida, es evidente que hablamos de una cantidad muy considerable de personas que viven la desaparición como algo inconcluso, irresuelto, que no permite elaborar el duelo, donde el círculo nunca se cierra.

Hablando con los hijos de Rosendo Radilla, un destacado líder social del municipio de Atoyac que desapareció hace 40 años, me di cuenta que para ellos ha sido imposible elaborar el duelo.

A pesar que hoy Rosendo tendría 100 años y que, con mucha probabilidad, ya falleció, sus hijos continúan esperando y no tienen un lugar donde llorarlo.

Para los familiares de las personas desaparecidas es devastador, y puede generar un sentimiento profundo de inseguridad y desesperanza o motivar a emprender una búsqueda infinita del ser querido.

Cuando esta situación involucra a muchas personas, podemos ver a comunidades enteras que viven en el terror, que no confían en nada, ni en nadie, y que viven un duelo incumplido como comunidad.

Gobierno, mafia y narcotráfico. En el mismo lodo, desde la misma acera

-¿Por qué es hasta ahora, con la situación de Ayotzinapa, que la gente está reaccionando?

-El gobierno mexicano siempre ha sabido vender muy bien su imagen pseudo-democrática. Durante la “guerra sucia”, por ejemplo, con una mano desaparecía a sus opositores y, con la otra, acogía a los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas.

Además, trata de vender la idea de que es el resultado de una guerra desigual contra los grandes cárteles de la droga. Pero la realidad es otra, porque gobierno, mafia y narcotráfico son la misma cosa.

No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales.

En este sentido, creo que la reacción de la población tiene mucho que ver con los estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron y como la gente relaciona esta tragedia con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, un duelo colectivo no elaborado por la sociedad mexicana.

No es un caso que la manifestación de los estudiantes era para recolectar fondos, que servían para viajar el 2 de octubre a la capital y conmemorar el aniversario de la masacre.

Se trata de 43 jóvenes de las zonas rurales y de escasos recursos, con edades comprendidas entre 17 y 21 años, que estudian en una escuela que es percibida a nivel colectivo como su única opción de formación. La gente se ha identificado con ellos y con sus padres y se ha indignado.

-¿Qué pasará ahora?

-Las instituciones y los grandes medios corporativos harán de todo para apagar y destruir al movimiento espontáneo que se ha generado. Tengo la esperanza que pueda ser el inicio de algo muy importante, aunque no va a ser fácil.

-En este sentido, “Ni vivos, ni muertos” está contribuyendo a levantar el velo del silencio…

-Por el momento es el único documento de investigación que pone preguntas, que busca un significado a lo que está ocurriendo y que trata de explicar el porqué de esta tragedia.

Grupos de ciudadanos, organizaciones , movimientos me invitan para conocer mi opinión, y esto ayuda a romper el silencio y la cortina de humo que envuelve la desaparición forzada.

Fuente: Rel-UITA 

Podrían exigir pago bancario al municipio de La Paz, si no hay “prudencia financiera” 

Tulio Ortiz Uribe
El pasado jueves, la calificadora Fitch Ratings México informó que mantiene en observación negativa un crédito por 166 millones de pesos otorgado por Banco Mercantil del Norte (Banorte) al Municipio de La Paz, Baja California Sur, y que dicha calificación podría bajar más en el corto o mediano plazo, si las autoridades municipales no tienen “prudencia financiera”

El empréstito, dice la empresa, fue otorgado el 21 de enero 2013 y tiene un saldo de 164.3 millones al 31 de julio de este año. Agrega que la calificación se mantiene en observación negativa desde hace 9 meses, “debido al incumplimiento de ciertas obligaciones… estipuladas en el contrato de crédito, las cuales están relacionadas con razones de prudencia financiera”

Fitch Rating advierte que “la observación indica una posible baja de calificación en el corto o mediano plazo debido a que, al incumplir dichos límites, existe el riesgo de vencimiento anticipado en el plazo para el pago del importe del crédito”, y que esa decisión la tomaría el banco acreedor.

Aunque la calificadora dice que el municipio de La Paz ha cubierto en tiempo y forma el servicio de la deuda (interés y capital), advierte que esta se deteriora significativamente en relación con el ahorro interno y los ingresos fiscales ordinarios.

La estructura del financiamiento otorgado por Banorte, dice finalmente Fitch, contempla para el pago de su servicio 18% de las participaciones federales que en ingresos le corresponden al municipio. Su pago se realiza mediante un fideicomiso de administración y fuente de pago donde el fiduciario es Deutsche Bank. Estos recursos ingresan al fideicomiso por medio de un depósito directo de la Tesorería del Estado vía instrucción irrevocable girada por La Paz.

Minera México amenaza la agricultura del Valle de Vizcaíno

Tulio Ortiz Uribe

Todo parece indicar que Gabriel Larrea Mota-Velasco, el dueño de Minera México y tercer empresario más rico del país, ya olvidó su amenaza de irse a invertir “a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen fiscal estable”. En realidad sólo quiso asustar con el petate del muerto, cuando en octubre pasado el gobierno anunció que aplicaría un raquítico 7.5 por ciento a las ganancias de las empresas mineras.

Pero eso sí, aclaró que antes de mudar sus negocios (un truco muy bien ensayado y que ya pocos creen), concluiría las inversiones “programadas en México”, una de ellas por mil 500 millones de dólares para echar a andar, a través de su nueva empresa Mexicana del Arco SA. de CV,  la mina de cobre El Arco, en la parte sur de Baja California y que seguramente le hará subir unos escalones entre los más ricos de Forbes.

Resulta que la tal mina, ubicada en el municipio de Ensenada, muy cerca del paralelo 28 limítrofe con el estado de Baja California Sur, tiene un potencial de mil millones de toneladas de cobre, que la ubicaría como la quinta más grande del mundo, sólo por atrás de las chilenas Escondida, Chuquicamata y El Teniente, y de Cananea en Sonora, del propio Larrea. Así de gordo es el negocito que trae entre manos.

Pero para que una mina produzca necesita agua, y El Arco está en pleno desierto bajacaliforniano. Bueno, al menos eso parecía porque el empresario de marras es tan influyente, que las autoridades federales le crearon un acuífero a modo en el 2009, todo con el riesgo de dejar sin agua, mediante la ley del popote, a los agricultores, las cooperativas pesqueras y los pobladores del Valle de Vizcaíno en Baja California Sur.

El acuífero de Vizcaíno es un estrato interestatal, ya que se extiende más al norte del paralelo 28, que divide a los dos estados peninsulares. Pero en un hecho insólito, el diligente panista José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua durante el calderonato, lo dividió en dos mediante “acuerdo” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009. A la porción de manto que queda bajo las tierras que adquirió Larrea para su mina El Arco, la denominó “Llanos del Berrendo”.

Ah, pero había que darle “certeza jurídica” al concesionario, a fin de que “los títulos y otros actos de autoridad que se emitan”, los expedirá la Conagua “conforme a la denominación y disponibilidad de dichos acuíferos…”.  Así, el empleado de Calderón emitió un nuevo “acuerdo”, este del 14 de diciembre de 2011, donde “se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 142 acuíferos”.

Y, ¡oh sorpresa!, Llanos del Berrendo aparece con una disponibilidad de agua de 9.66 millones de metros cúbicos anuales, casualmente muy similar a la cantidad que el señor Larrea solicitó oficialmente en concesión: 9.46 millones de metros cúbicos, mediante la perforación de 12 pozos.

La reacción llegó pronto. El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Vizcaíno, un organismo de los productores agropecuarios y de la sociedad civil, declaró que el acuífero Llanos del Berrendo “no existe para el Comité ni para los pobladores y productores de la región: es un invento espurio y corrupto hecho por la Conagua a la medida de la compañía minera, con absoluta parcialidad para que esa empresa lleve a cabo su megaproyecto minero…”

Y sigue: “De un plumazo de escritorio, la Conagua convirtió un acuífero interestatal en dos (en donde) por arte de magia, del paralelo 28 hacia el sur, ya no hay disponibilidad de agua, y del paralelo 28 hacia el norte, hay tal cantidad que la empresa minera puede explotar anualmente 9.66 millones de metros cúbicos, como si los acuíferos fueran divisibles por líneas imaginarias”

¿Cuál fue el siguiente paso que dio la Conagua para terminar de construir las condiciones jurídicas y técnicas a modo para otorgar la concesión a la empresa de Gabriel Larrea? Contrató con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (un ente con nula experiencia en estudios hidrogeológicos), “la elaboración de un modelo matemático” que, entre otros escenarios “simulará la extracción de acuerdo a una solicitud de colocar una batería de pozos en el arroyo San Luis, en el acuífero de Llanos del Berrendo, para explotar… un volumen global de 9.6 millones de m³… sin que se generen afectaciones a terceros.” (Convenio SGT-OCPBC-BC-13-GAS-002)

En un documento dado a la opinión pública, el Comité Vizcaíno dice que ese análisis es irrelevante, pues “la respuesta no requiere de un estudio, porque es obvia: si los acuíferos Llanos del Berrendo y Vizcaíno son una misma unidad hidrogeológica, interconectada en el subsuelo, por supuesto que la explotación de 9.66 millones de metros cúbicos de agua del acuífero Llanos del Berrendo nos afectará negativamente” y, agregamos, pondrá en riesgo la producción agropecuaria más importante de Baja California Sur.

Y termina: “La mina de Grupo México durará 20, tal vez 50 años, pero a nosotros y a nuestra generaciones futuras nos desgraciará la vida mucho, pero mucho más tiempo. Los pobladores del Valle de Vizcaíno no dejaremos que esto suceda, vamos a luchar muy duro por nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra supervivencia y nuestras familias”

Así pues, como sastre, la Conagua se ha esforzado en  confeccionarle un traje a la medida a Gabriel Larrea, un empresario que mueve los hilos del poder con su enorme fortuna, dinero que ha amasado con privilegios fiscales, salarios de hambre y explotando irracionalmente los bienes de la nación.

Vulneran derechos de pacientes en Hospital Psiquiátrico de La Paz: CNDH

Tulio Ortiz Uribe

Deficiencias, omisiones y abusos contra los pacientes  del Hospital Psiquiátrico de La Paz, fueron detectados  por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, encontró violación de derechos relacionados al trato digno, legalidad y seguridad jurídica, por lo que el organismo dijo que se incumple el mandato constitucional de garantizar el acceso a la salud de las personas, en particular de quienes tienen padecimientos o discapacidad mental.

Agregó, en su Informe Especial 2013, que luego de visitar el hospital de La Paz, “comprobó el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación nacional y los instrumentos internacionales en la materia”

En el documento, la CNDH observa que “las violaciones a los derechos humanos se deben a las condiciones inadecuadas de las instalaciones, inexistencia de criterios de clasificación de los pacientes, a la falta de abastecimiento de vestido y calzado y restricciones de comunicación con el exterior”. Además, dice, se presenta omisión de notificación al Ministerio Público sobre los ingresos involuntarios y falta de capacitación en materia de derechos humanos.

En ese sentido, la CNDH propuso al gobernador del estado “sensibilizar al personal de los límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión”; también lo llamó a "implementar políticas de apoyo para promover el desarrollo de programas en la comunidad que faciliten a las personas con padecimientos crónicos en situación de abandono su reincorporación a la vida en sociedad, productiva y laboral".

Los visitadores de la Comisión encontraron que en el hospital psiquiátrico los casos de ingreso involuntario, es decir, aquellos que no cuentan con el consentimiento del paciente, no se notifican al Ministerio Público como lo ordena la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

Es importante señalar, dice el informe, que “los pacientes que ingresan de esta forma son especialmente vulnerables a toda clase de abusos, debido a que no tienen conciencia de sus actos o no pueden manifestar voluntariamente su aceptación. Es por ello que la NOM establece que el ingreso en forma involuntaria se presenta únicamente en casos de pacientes con trastornos mentales severos, que requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismos o para los demás; que para ello se requiere la indicación de un médico psiquiatra y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por escrito, y que sólo en caso de extrema urgencia, un paciente puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del servicio de admisión de la unidad  hospitalaria”

Con el propósito de prevenir irregularidades o abusos en el ingreso involuntario de los pacientes, advierte la CNDH, el artículo antes citado ordena expresamente que se notifique al Ministerio Público del domicilio del paciente y a las autoridades judiciales, de todo internamiento involuntario y su evolución. Lo anterior, a efecto de que la representación social verifique que la hospitalización se lleve a cabo cumpliendo con los requisitos que establece el referido artículo.

Asimismo, el numeral 11 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, señala que “no se someterá a ningún paciente a restricciones físicas o a internamiento involuntario, salvo con arreglo a los procedimientos oficialmente aprobados de la institución psiquiátrica, y sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros, especificándose que esas prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente necesario para alcanzar ese propósito”

Por otra parte, el personal de la Comisión que visitó el hospital psiquiátrico de La Paz fue informado de que el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos o prevención de la tortura durante el último año,

Por esto la CNDH recomendó al gobierno del Estado que el personal médico, paramédico, de trabajo social y en general aquel personal que esté en contacto directo con los pacientes y que labora en los hospitales psiquiátricos, debe recibir periódicamente cursos de capacitación sobre derechos humanos, así como de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, los visitadores encontraron que se restringe a los pacientes el acceso de material de lectura, particularmente periódicos y revistas, por lo que recomienda “garantizar el acceso de los usuarios a los medios de comunicación disponibles, como el servicio telefónico, publicaciones escritas, radio y televisión, salvo cuando esto sea contrario a los objetivos del tratamiento médico de rehabilitación psicosocial”

De acuerdo con la información proporcionada por los responsables del hospital psiquiátrico, el personal adscrito es insuficiente y requieren de los servicios de psiquiatras, paidopsiquiatras, internistas, neurólogos, geriatras, odontólogos, anestesiólogos, médicos generales, psicólogos, terapistas, trabajadores sociales y personal de enfermería, entre otros, por lo que “es conveniente que periódicamente se evalúen las necesidades de cada hospital para que, en su caso, se gestione la asignación de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los pacientes hospitalizados”

Al revisar la papelería utilizada en el hospital, se encontró que el formato que se utiliza para el consentimiento informado no contiene datos sobre el diagnóstico, el tratamiento propuesto, la duración, los riesgos y secuelas que ocasionará el mismo. La CNDH recomendó al gobierno del Estado que, “para garantizar el derecho de los pacientes a decidir libremente si se somete a un tratamiento médico, es necesario que exista previamente un consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcional al paciente, o a quien sea responsable de él, la información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que pueda comprender, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto”

En el hospital de Baja California Sur, continúa el documento, no existen criterios de clasificación para designar el área de estancia de los pacientes en los pabellones; es decir, no se toman en cuenta las características o el estado de evolución del padecimiento para evitar riesgo de abusos o maltrato hacia ellos o en contra de otros pacientes.

Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que en el hospital se restringe la comunicación con familiares y amistades. Al respecto, el organismo recomienda que “la comunicación de los pacientes hospitalizados con familiares o amistades, les permite mantener lazos afectivos con personas del exterior, lo que facilita su reincorporación al propio seno familiar o a la comunidad. Particularmente, la comunicación telefónica de estas personas, constituye una de las garantías básicas para la prevención eficaz de la tortura y el maltrato; además, es importante tomar en cuenta la posibilidad de que en ocasiones los familiares o amistades de los pacientes radiquen en lugares distantes y no puedan visitarlos regularmente. Asimismo, el contacto con el mundo exterior a través de las visitas de familiares y amigos es muy recomendable.”

Por lo tanto, el ejercicio de tales prerrogativas no debe ser restringido a los  pacientes con padecimientos mentales, como sucede en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Baja California Sur. 

El 42% de los estadounidenses rechaza la teoría de la evolución de los seres humanos

Jonathan Turley

Gallup ha publicado un nuevo sondeo que muestra que una gran cantidad de estadounidenses sigue rechazando el concepto de la evolución de los seres humanos. Por cierto hay el doble de estadounidenses que cree que los seres humanos fueron creados por Dios que los que creen en la evolución natural. De hecho, ese 42% cree que Dios creó al hombre en los últimos 10.000 años. Es una diferencia considerable incluso si se enfoca solamente en los seres humanos anatómicamente modernos que aparecieron en el Paleolítico Medio hace unos 200.000 años. Para los que creen en la ciencia de la evolución la noticia no es tan mala. El 19% cree en la evolución sin participación divina mientras otro 31% cree que hubo evolución de “formas menos avanzadas de vida” pero que Dios dirigió ese proceso. Eso es el 50%. Por cierto, parece que deja un 8% que todavía… bueno… se desarrolla.

El creacionismo se mantiene claramente estable en nuestra sociedad a pesar de los continuos descubrimientos de antiguos huesos y sitios arqueológicos. En 1982, la primera encuesta de ese tipo mostró que un 44% creía esa teoría.

Por el contrario la cantidad de personas que cree en la evolución aumenta, pero en un porcentaje que solo sería apreciado por Darwin. Los que aceptan la evolución han aumentado solo diez el 10% desde finales de 1999. Si se considera a los estadounidenses que van a la iglesia, la cantidad que cree en la evolución darwiniana disminuye únicamente a uno de cada 100 religiosos practicantes.

Sin embargo la encuesta sigue mostrando que “el porcentaje de estadounidenses que suscribe un punto de vista estrictamente laico -que los seres humanos han evolucionado a lo largo del tiempo y que Dios no ha participado en este proceso– se ha duplicado desde 1999”.

Lo impresionante de esta situación es el caso de la gente con una formación menor que la secundaria, el 57% cree en una versión creacionista del origen humano mientras solo un 10% cree en una evolución sin ninguna intervención divina. El mayor cambio aparece en el sector de la educación superior. A nivel universitario, solo un 27% cree que Dios creó a los seres humanos en su actual imagen, mientras el 41% acepta la teoría de Darwin de la evolución de los seres humanos.

Mientras nos acercamos a otra campaña presidencial, será interesante ver si esto de nuevo se convierte en parte del debate como sucedió cuando tres de diez candidatos republicanos proclamaron su fe en el creacionismo. Parece que la evolución sigue provocando una clara división en nuestra sociedad.

Como académico considero que la rigidez de la fe en el creacionismo es notable considerando los continuos encuentros de huesos humanos como los actuales de hace más de un millón de años. Sin embargo lo más fascinante es el impacto de la educación superior. No es sorprendente, considerando los puntos de vista de sus padres, que los universitarios se sigan manteniendo firmes respecto al creacionismo. Lo que parece producir el mayor cambio es el contacto con la universidad. Sin embargo, esa cifra podría ser sesgada en un tipo de autoselección (contrariamente a la selección natural) ya que el porcentaje de estudiantes que van a la universidad que creen en la evolución podría ser superior. Según el Gobierno: “En octubre de 2013 el 65,9 % de los egresados de escuelas secundarias se matricularon en institutos y universidades”. Eso deja aproximadamente a un 33% que no fue incluido en la muestra del sondeo del conjunto de las escuelas secundarias. Por lo tanto no está claro qué porcentaje de estudiantes cambia efectivamente de criterios creacionistas a laicos de la evolución humana.

Traducido del inglés por Germán Leyens 

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article38707.htm  

La Tijereta ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La Paz, en riesgo de que Banorte anticipe el vencimiento de un crédito 

Tulio Ortiz Uribe

El municipio de La Paz, BCS, se encuentra en riesgo de que el Banco Mercantil del Norte (Banorte) anticipe el vencimiento del plazo para el pago del importe de un crédito por 166 millones de pesos, debido al incumplimiento de ciertas obligaciones estipuladas en el contrato, informó hoy la calificadora Fitch Ratings.

El crédito, otorgado en enero del 2013 y que vence en febrero de 2033, se mantiene en “observación negativa” debido al incumplimiento de “ciertas obligaciones de hacer, las cuales están relacionadas con razones de prudencia financiera”, dice la empresa calificadora con base en Monterrey, Nuevo León.

Agrega que dicha observación “indica una posible baja de calificación en el corto o mediano plazo, “a menos de que el banco acreedor releve al municipio de La Paz del cumplimiento de dichas obligaciones, en donde se desactive por completo el riesgo de vencimiento anticipado del pago de principal, y se retiraría la “observación negativa” del financiamiento.

Fitch Ratings informa que al 30 de abril 2014, el municipio ha cubierto en tiempo y forma el servicio de la deuda (interés y capital) y el financiamiento presenta un saldo de 164.4 millones de pesos. Para redimir el crédito se usa el 18% de las participaciones federales que en ingresos le corresponden al Municipio, mediante un fideicomiso de administración y fuente de pago cuyo fiduciario es Deutsche Bank. Estos recursos ingresan al fideicomiso por medio de un depósito directo de la tesorería del Estado.

La calificadora dice en su comunicado que el municipio de La Paz, al cierre de 2013, tiene una deuda de largo plazo por 218 millones 600 mil pesos y observa que “si bien el indicador de endeudamiento es manejable en términos de los ingresos fiscales ordinarios, este se deteriora significativamente en relación al ahorro interno (flujo libre para servir deuda y/o realizar inversión)”