lunes, 7 de julio de 2014

Minera México amenaza la agricultura del Valle de Vizcaíno


Tulio Ortiz Uribe
Todo parece indicar que Gabriel Larrea Mota-Velasco, el dueño de Minera México y tercer empresario más rico del país, ya olvidó su amenaza de irse a invertir “a países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen fiscal estable”. En realidad sólo quiso asustar con el petate del muerto, cuando en octubre pasado el gobierno anunció que aplicaría un raquítico 7.5 por ciento a las ganancias de las empresas mineras.

Pero eso sí, aclaró que antes de mudar sus negocios (un truco muy bien ensayado y que ya pocos creen), concluiría las inversiones “programadas en México”, una de ellas por mil 500 millones de dólares para echar a andar, a través de su nueva empresa Mexicana del Arco SA. de CV,  la mina de cobre El Arco, en la parte sur de Baja California y que seguramente le hará subir unos escalones entre los más ricos de Forbes.

Resulta que la tal mina, ubicada en el municipio de Ensenada, muy cerca del paralelo 28 limítrofe con el estado de Baja California Sur, tiene un potencial de mil millones de toneladas de cobre, que la ubicaría como la quinta más grande del mundo, sólo por atrás de las chilenas Escondida, Chuquicamata y El Teniente, y de Cananea en Sonora, del propio Larrea. Así de gordo es el negocito que trae entre manos.

Pero para que una mina produzca necesita agua, y El Arco está en pleno desierto bajacaliforniano. Bueno, al menos eso parecía porque el empresario de marras es tan influyente, que las autoridades federales le crearon un acuífero a modo en el 2009, todo con el riesgo de dejar sin agua, mediante la ley del popote, a los agricultores, las cooperativas pesqueras y los pobladores del Valle de Vizcaíno en Baja California Sur.

El acuífero de Vizcaíno es un estrato interestatal, ya que se extiende más al norte del paralelo 28, que divide a los dos estados peninsulares. Pero en un hecho insólito, el diligente panista José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua durante el calderonato, lo dividió en dos mediante “acuerdo” publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto de 2009. A la porción de manto que queda bajo las tierras que adquirió Larrea para su mina El Arco, la denominó “Llanos del Berrendo”.

Ah, pero había que darle “certeza jurídica” al concesionario, a fin de que “los títulos y otros actos de autoridad que se emitan”, los expedirá la Conagua “conforme a la denominación y disponibilidad de dichos acuíferos…”.  Así, el empleado de Calderón emitió un nuevo “acuerdo”, este del 14 de diciembre de 2011, donde “se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 142 acuíferos”.

Y, ¡oh sorpresa!, Llanos del Berrendo aparece con una disponibilidad de agua de 9.66 millones de metros cúbicos anuales, casualmente muy similar a la cantidad que el señor Larrea solicitó oficialmente en concesión: 9.46 millones de metros cúbicos, mediante la perforación de 12 pozos.

La reacción llegó pronto. El Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Vizcaíno, un organismo de los productores agropecuarios y de la sociedad civil, declaró que el acuífero Llanos del Berrendo “no existe para el Comité ni para los pobladores y productores de la región: es un invento espurio y corrupto hecho por la Conagua a la medida de la compañía minera, con absoluta parcialidad para que esa empresa lleve a cabo su megaproyecto minero…”

Y sigue: “De un plumazo de escritorio, la Conagua convirtió un acuífero interestatal en dos (en donde) por arte de magia, del paralelo 28 hacia el sur, ya no hay disponibilidad de agua, y del paralelo 28 hacia el norte, hay tal cantidad que la empresa minera puede explotar anualmente 9.66 millones de metros cúbicos, como si los acuíferos fueran divisibles por líneas imaginarias”

¿Cuál fue el siguiente paso que dio la Conagua para terminar de construir las condiciones jurídicas y técnicas a modo para otorgar la concesión a la empresa de Gabriel Larrea? Contrató con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (un ente con nula experiencia en estudios hidrogeológicos), “la elaboración de un modelo matemático” que, entre otros escenarios “simulará la extracción de acuerdo a una solicitud de colocar una batería de pozos en el arroyo San Luis, en el acuífero de Llanos del Berrendo, para explotar… un volumen global de 9.6 millones de m3… sin que se generen afectaciones a terceros.” (Convenio SGT-OCPBC-BC-13-GAS-002)

En un documento dado a la opinión pública, el Comité Vizcaíno dice que ese análisis es irrelevante, pues “la respuesta no requiere de un estudio, porque es obvia: si los acuíferos Llanos del Berrendo y Vizcaíno son una misma unidad hidrogeológica, interconectada en el subsuelo, por supuesto que la explotación de 9.66 millones de metros cúbicos de agua del acuífero Llanos del Berrendo nos afectará negativamente” y, agregamos, pondrá en riesgo la producción agropecuaria más importante de Baja California Sur.

Y termina: “La mina de Grupo México durará 20, tal vez 50 años, pero a nosotros y a nuestra generaciones futuras nos desgraciará la vida mucho, pero mucho más tiempo. Los pobladores del Valle de Vizcaíno no dejaremos que esto suceda, vamos a luchar muy duro por nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra supervivencia y nuestras familias”

Así pues, como sastre, la Conagua se ha esforzado en  confeccionarle un traje a la medida a Gabriel Larrea, un empresario que mueve los hilos del poder con su enorme fortuna, dinero que ha amasado con privilegios fiscales, salarios de hambre y explotando irracionalmente los bienes de la nación.