Tulio Ortiz Uribe
A finales de 2007, el gobernador Narciso Agúndez decidió, de motu proprio, operar un programa de becas para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Se requerían unos 8 millones de pesos para echarlo a andar, pero como no había recursos aprobados en la Ley de Egresos, alguien sugirió que se usaran los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), al fin que las becas “tienen un fin social”, según comentó un funcionario de la secretaría de Finanzas presente en la reunión donde se discutió el tema. El gobernador aprobó la propuesta.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales que se entregan a través del FISE, deben invertirse en obras “que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema…”, por lo que usar los recursos del fondo en becas, era contravenir la ley y seguir dejando en el olvido a cientos de familias marginadas.
Aunque el sistema educativo estatal requiere evitar la deserción y contar con suficientes y bien preparados profesionistas, el dinero para las becas lo pudo haber obtenido del derroche que hacen los funcionarios agundistas en teléfonos celulares, gasolina y boletos de avión.
A pesar de que estaba cometiendo una ilegalidad, Narciso Agúndez echó a andar el programa en 2008.Ese año se otorgaron 6 mil 847 becas a un costo de 7 millones 186 mil 500 pesos, que fue justamente el monto enviado por la secretaría de Hacienda para obras del FISE. Es decir, usaron el cien por ciento del dinero que debió haberse utilizado en rehabilitación de caminos rurales, drenaje, agua potable, energía eléctrica rural, instalaciones deportivas, mercados y rastros.
A través de boletines de prensa del gobierno del estado y en boca del director del Patronato, Francisco Moreno Murguía, se dijo que los fondos para el pago de las becas fueron producto de las “gestiones del gobernador ante el gobierno federal “, ya que “desde el inicio de la actual administración se ha desplegado un intenso trabajo de organización y de gestión por parte del gobernador Narciso Agúndez para ampliar la cobertura de los programas y para lograr la participación del Gobierno Federal en estas acciones…”
Ahora se sabe que las famosas “gestiones” del gobernador eran puros embustes.
Un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala lo siguiente: “el Gobierno del Estado de Baja California Sur destinó 7 millones 195 mil 834 pesos para el pago de becas de niveles medio, medio superior y superior, a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, las cuales no proveen al estado de infraestructura básica en beneficio directo a sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en contravención de los artículos 33, párrafo primero, inciso b, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal”
El organismo auditor de la Cámara de Diputados, en un escrito enviado al gobierno del estado, dice que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7, 195,834.83 pesos (siete millones ciento noventa y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos 83/100 MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo. La ASF dio treinta días al gobierno para solventar la recomendación, o devolver el dinero.
Así pues, al “gestor” de recursos ante el gobierno federal, no le quedó más remedio que devolver a la federación la cantidad desviada.
El 27 de mayo de 2010, mediante el oficio CGE/0972/2010, dirigido al ingeniero Juventino Pinedo Pinto, director general de Auditoría a los Recursos Federales de Estados y Municipios de la Auditoría Federal de la Federación, el contralor del Estado, Román Rangel Pinedo, informó de un depósito en la cuenta del FISE por 7 millones 186 mil 500 pesos, más 9 mil 400 pesos de rendimientos generados, para cubrir el desvío utilizado en las becas obtenido “por gestiones” del gobernador Agúndez.
lunes, 24 de enero de 2011
jueves, 20 de enero de 2011
Llegan al estado 500 “mapaches electorales” de Elba Esther Gordillo
Tulio Ortiz Uribe
Quinientos profesores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, actuando como activistas del Partido Nueva Alianza (Panal), han llegado al estado de Baja California Sur para promover a los candidatos de este partido, denunció Esteban Ojeda Ramírez, secretario del Comité Ejecutivo Seccional Democrático 3 del SNTE.
Ojeda Ramírez señaló que presumiblemente se están utilizando las cuotas sindicales para sufragar los gastos de esos activistas del SNTE-Panal, lo cual constituye una violación a las leyes.
Agregó que estos “mapaches electorales” se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado, desde las comunidades más pequeñas hasta la ciudad capital, operando a favor del Panal. Son profesores, dijo, que provienen de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila, quienes han diseñado operativos de carácter electoral para intervenir de manera directa en el proceso político
Informó que uno de esos operativos denominado “troyano”, consiste en detectar y cooptar a funcionarios de casilla, así como insertarse en las instancias electorales para comprar la complicidad de personal y funcionarios electorales, lo que les permite obtener información confidencial.
Mediante el operativo “relámpago”, buscan instalarse a toda costa en las casillas electorales, ya sea por medio de cooptación o renuncia de última hora de funcionarios de casillas, por lo que con horas de anticipación toman los primeros lugares en la fila de electores para sustituir a los funcionarios que no van a llegar a cumplir sus responsabilidades
Quinientos profesores comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, actuando como activistas del Partido Nueva Alianza (Panal), han llegado al estado de Baja California Sur para promover a los candidatos de este partido, denunció Esteban Ojeda Ramírez, secretario del Comité Ejecutivo Seccional Democrático 3 del SNTE.
Ojeda Ramírez señaló que presumiblemente se están utilizando las cuotas sindicales para sufragar los gastos de esos activistas del SNTE-Panal, lo cual constituye una violación a las leyes.
Agregó que estos “mapaches electorales” se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado, desde las comunidades más pequeñas hasta la ciudad capital, operando a favor del Panal. Son profesores, dijo, que provienen de Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Baja California y Coahuila, quienes han diseñado operativos de carácter electoral para intervenir de manera directa en el proceso político
Informó que uno de esos operativos denominado “troyano”, consiste en detectar y cooptar a funcionarios de casilla, así como insertarse en las instancias electorales para comprar la complicidad de personal y funcionarios electorales, lo que les permite obtener información confidencial.
Mediante el operativo “relámpago”, buscan instalarse a toda costa en las casillas electorales, ya sea por medio de cooptación o renuncia de última hora de funcionarios de casillas, por lo que con horas de anticipación toman los primeros lugares en la fila de electores para sustituir a los funcionarios que no van a llegar a cumplir sus responsabilidades
jueves, 16 de diciembre de 2010
Clientelismo político, burocracia y deuda pública, se comen el presupuesto
Tulio Ortiz Uribe
Con el proyecto de presupuesto del 2011, el gobierno del estado ha decidido sacrificar, como lo ha hecho durante el sexenio, el crecimiento económico y la creación de empleos, en favor del clientelismo político, contratos para familiares y amigos, subsidios al sector privado, deuda pública y el mantenimiento de una burocracia ineficiente, pero leal a la hora de votar.
El documento, aprobado por los diputados esta semana, revela que el gasto corriente (pago de la burocracia y compra de bienes y servicios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas), representará 83 por ciento del gasto programable, mientras apenas 17 por ciento se irá a gasto de capital. Se pretende ejercer un total de 8 mil 669 millones 540 mil pesos, 7.6 por ciento más que el aprobado para 2010.
El proyecto, que los diputados “analizaron" para luego proceder a su "discusión" y aprobación, pero que en los hechos no le movieron ni una coma, incluye de manera indebida como “gasto de capital” las participaciones y aportaciones del gobierno federal (5 mil 513 millones 351 mil pesos), para la operación del sector salud y educación, así como las transferencias a los municipios.
Por ejemplo los recursos etiquetados para salud, educación y seguridad, 3 mil 405 millones 239 mil pesos, se usan básicamente como gasto corriente para el pago del magisterio, burocracia, personal del sector salud, policía estatal y en la compra de bienes y servicios.
Al decir de analistas económicos consultados, “encuadrar las transferencias federales como gasto de capital viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ya que dicha cantidad es gasto corriente para el consumo, operación y transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características”
“Esa, dicen, es sólo una estrategia con la que se pretende confundir a los legisladores, ya que ese recurso se emplea básicamente como gasto corriente, con excepción de los porcentajes de participación para los municipios, que deben ser invertidos en obra pública” Agregan que el gasto de capital es aquel que se destina a fines productivos, bienes perdurables que permiten el crecimiento económico y ayudan a generar más empleos para la población en general.
De acuerdo con especialistas en políticas públicas, en las actuales condiciones de la economía es fundamental estimular con mayor fuerza la inversión pública para que haya más crecimiento económico y abatir el desempleo y la caída de las inversiones privadas.
Aunque el gobierno estatal, destina 28.17 de su gasto total a la educación, vía aportaciones del gobierno federal (2 mil 442 millones 300 mil pesos), la mayor parte de estos recursos (el 92.12%) se utiliza para sueldos y prestaciones del magisterio y la burocracia de la SEP, por lo que los gastos de operación e inversión, las innovaciones pedagógicas y de investigación se quedan prácticamente sin presupuesto.
El costo de la burocracia
Durante 2011 el gobierno de Narciso Agúndez proyecta gastar 768 millones 660 mil pesos (32 millones a la quincena), en el pago de sueldos y prestaciones de la burocracia estatal, que suma 3 mil 979 empleados. Esto sin contar al personal que labora en las secretarías de educación y salud, ya que estos son pagados con recursos transferidos por el gobierno federal.
Para entender la dimensión de este gasto, durante 2010 el gobierno estatal obtuvo por ingresos propios (impuestos, derechos y productos), 707 millones 631 mil pesos. Es decir, ni con lo que recauda puede pagar la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico y que es una pesada carga para el erario. De acuerdo a normas internacionales, debe haber un empleado por cada 250 habitantes; en el estado hay un empleado para 124 habitantes.
Esto se debe a lo que se llama “clientelismo burocrático”. Como se sabe, contrario a lo que sucede en otros estados y que es parte de la transparencia gubernamental, aquí no hay políticas de reclutamiento y promoción de personal, nunca se hacen públicos los cargos vacantes ya que estos son llenados por recomendados, compromisos políticos, amiguismo, por herencia de padres a hijos y hasta por el pago de favores sexuales.
De los 3 mil 979 empleados, 2 mil 206, el 56%, es personal de confianza que ingresó en lo que va del sexenio, sin mediar exámenes ni evaluaciones, y que la mayoría serán remplazados cuando entre el nuevo gobierno. Esto pone de manifiesto la nula existencia de una política de profesionalización de la función pública.
Presupuesto “honesto y eficiente”
El proyecto de presupuesto dice en su exposición de motivos que “la suma de las necesidades siempre será mayor a los recursos disponibles, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que establezcan estrictos criterios para maximizar el bienestar que se pueda brindar a la sociedad a través del uso responsable, honesto, eficiente y transparente de esos recursos”
Sin embargo al analizar el documento saltan las contradicciones del discurso oficial, en un presupuesto que estaría más orientado a beneficiar al sector privado que al grueso de la población. Por ejemplo, para “fomento y promoción turística” se destinan 117 millones 243 mil pesos, lo cual en los hechos no es más que un subsidio a las empresas trasnacionales asentadas en Los Cabos, quienes controlan el 90 por ciento de la industria, y que se ahorran esa cantidad en la promoción de sus negocios, aumentando sus ganancias sin beneficiar a la clase trabajadora que sigue en las mismas condiciones de pobreza.
Esos recursos representan lo mismo que se le asigna a: capacitación policiaca (1 millón 118 mil pesos); defensoría de derechos humanos (5 millones 880 mil); impartición de justicia en materia electoral (4 millones 680 mil); fomento a la industria (8 millones 216 mil); procuración de justicia (34 millones 519 mil); Patronato del Estudiante (24 millones 272 mil); Teatro de la Ciudad (7 millones 172 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4millones 52 mil); bienestar del trabajador (5 millones 20 mil); conciliación y arbitraje (10 millones 774 mil); Centro de Rehabilitación y Educación Especial (7 millones 680 mil pesos) y para el programa Rutas de las Misiones, 1 millón 220 mil pesos. Esto demuestra que no hay uso “responsable y eficiente” de los recursos.
Pero hay más. Para “comunicación social”, el gobernador pide un presupuesto de 17 millones de pesos, que generalmente se usa en promover su imagen personal. Todas las notas pagadas en medios electrónicos e impresos sólo hablan de “obras de gran impacto”, “se están mejorando las condiciones de vida de las familias de escasos recursos”, “el estado va por la vía del progreso”, “el nuestro es un reto que pocos gobiernos pueden cumplir”, “ningún gobierno ha hecho un hospital como este”, y así por el estilo.
Sin embargo el gasto de “comunicación social” es mayor que el aplicado a: promoción y desarrollo pecuario, 1 millón 230 mil; ecología y medio ambiente, 143 mil 796 pesos; atención a la mujer y al menor, 4 millones 448 mil; albergues rurales, 1 millón 741 mil; desarrollo deportivo, 1 millón 926 mil; pensiones humanitarias, 2 millones 400 mil; cultura del agua, 238 mil; Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2 millones 457 mil; Patronato para la Reincorporación Social, 648 mil; la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en el DF, 2 millones 221 mil pesos y para el Centro de Integración Juvenil, 21 mil 376 pesos.
Los costos de la deuda pública
Para 2011, el gobierno tiene contemplado el pago de 289 millones 710 mil pesos para amortización de la deuda. De esta cantidad 55 millones son intereses, una cantidad similar (53 millones) se pagó en el 2010; es decir en dos años se habrán pagado más de 100 millones de pesos sólo de intereses de una deuda desproporcionada con los ingresos que tiene el estado. De 2005 a 2010 se han pagado 317 millones de intereses.
Aunque el gobierno ha dicho en todos los tonos que la deuda estatal asciende a sólo 640 millones de pesos, la página oficial de la Secretaría de Hacienda (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_documentos/deuda/eo_m125.xls) la ubica en mil 633 millones al 30 de septiembre de este año. A esto hay que agregar, de acuerdo a documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del estado (balance general al 31 de agosto de 2010), 783 millones 319 mil pesos por concepto de documentos por pagar, proveedores y acreedores diversos, es decir pasivos no bancarios. Al respecto la calificadora Fitch Rating (http://www.fitchmexico.com) dice: “en 2009 la entidad registró pasivos no bancarios (acreedores y proveedores principalmente) por $833 mdp. Fitch considera que este nivel es ya elevado, en función del tamaño del presupuesto del Estado, por lo que se dará seguimiento a su evolución”
También hay que considerar como deuda a largo plazo los 350 millones aprobados por el Congreso del Estado para el sostenimiento del CRIT-Televisa, y 45 millones que se adeudan al ISSSTE. En total 2 mil 811 millones de pesos que, dado el nivel de ingresos propios, son impagables.
Con el proyecto de presupuesto del 2011, el gobierno del estado ha decidido sacrificar, como lo ha hecho durante el sexenio, el crecimiento económico y la creación de empleos, en favor del clientelismo político, contratos para familiares y amigos, subsidios al sector privado, deuda pública y el mantenimiento de una burocracia ineficiente, pero leal a la hora de votar.
El documento, aprobado por los diputados esta semana, revela que el gasto corriente (pago de la burocracia y compra de bienes y servicios para que el gobierno desarrolle sus funciones administrativas), representará 83 por ciento del gasto programable, mientras apenas 17 por ciento se irá a gasto de capital. Se pretende ejercer un total de 8 mil 669 millones 540 mil pesos, 7.6 por ciento más que el aprobado para 2010.
El proyecto, que los diputados “analizaron" para luego proceder a su "discusión" y aprobación, pero que en los hechos no le movieron ni una coma, incluye de manera indebida como “gasto de capital” las participaciones y aportaciones del gobierno federal (5 mil 513 millones 351 mil pesos), para la operación del sector salud y educación, así como las transferencias a los municipios.
Por ejemplo los recursos etiquetados para salud, educación y seguridad, 3 mil 405 millones 239 mil pesos, se usan básicamente como gasto corriente para el pago del magisterio, burocracia, personal del sector salud, policía estatal y en la compra de bienes y servicios.
Al decir de analistas económicos consultados, “encuadrar las transferencias federales como gasto de capital viola la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ya que dicha cantidad es gasto corriente para el consumo, operación y transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características”
“Esa, dicen, es sólo una estrategia con la que se pretende confundir a los legisladores, ya que ese recurso se emplea básicamente como gasto corriente, con excepción de los porcentajes de participación para los municipios, que deben ser invertidos en obra pública” Agregan que el gasto de capital es aquel que se destina a fines productivos, bienes perdurables que permiten el crecimiento económico y ayudan a generar más empleos para la población en general.
De acuerdo con especialistas en políticas públicas, en las actuales condiciones de la economía es fundamental estimular con mayor fuerza la inversión pública para que haya más crecimiento económico y abatir el desempleo y la caída de las inversiones privadas.
Aunque el gobierno estatal, destina 28.17 de su gasto total a la educación, vía aportaciones del gobierno federal (2 mil 442 millones 300 mil pesos), la mayor parte de estos recursos (el 92.12%) se utiliza para sueldos y prestaciones del magisterio y la burocracia de la SEP, por lo que los gastos de operación e inversión, las innovaciones pedagógicas y de investigación se quedan prácticamente sin presupuesto.
El costo de la burocracia
Durante 2011 el gobierno de Narciso Agúndez proyecta gastar 768 millones 660 mil pesos (32 millones a la quincena), en el pago de sueldos y prestaciones de la burocracia estatal, que suma 3 mil 979 empleados. Esto sin contar al personal que labora en las secretarías de educación y salud, ya que estos son pagados con recursos transferidos por el gobierno federal.
Para entender la dimensión de este gasto, durante 2010 el gobierno estatal obtuvo por ingresos propios (impuestos, derechos y productos), 707 millones 631 mil pesos. Es decir, ni con lo que recauda puede pagar la manutención de un aparato burocrático que no genera crecimiento económico y que es una pesada carga para el erario. De acuerdo a normas internacionales, debe haber un empleado por cada 250 habitantes; en el estado hay un empleado para 124 habitantes.
Esto se debe a lo que se llama “clientelismo burocrático”. Como se sabe, contrario a lo que sucede en otros estados y que es parte de la transparencia gubernamental, aquí no hay políticas de reclutamiento y promoción de personal, nunca se hacen públicos los cargos vacantes ya que estos son llenados por recomendados, compromisos políticos, amiguismo, por herencia de padres a hijos y hasta por el pago de favores sexuales.
De los 3 mil 979 empleados, 2 mil 206, el 56%, es personal de confianza que ingresó en lo que va del sexenio, sin mediar exámenes ni evaluaciones, y que la mayoría serán remplazados cuando entre el nuevo gobierno. Esto pone de manifiesto la nula existencia de una política de profesionalización de la función pública.
Presupuesto “honesto y eficiente”
El proyecto de presupuesto dice en su exposición de motivos que “la suma de las necesidades siempre será mayor a los recursos disponibles, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que establezcan estrictos criterios para maximizar el bienestar que se pueda brindar a la sociedad a través del uso responsable, honesto, eficiente y transparente de esos recursos”
Sin embargo al analizar el documento saltan las contradicciones del discurso oficial, en un presupuesto que estaría más orientado a beneficiar al sector privado que al grueso de la población. Por ejemplo, para “fomento y promoción turística” se destinan 117 millones 243 mil pesos, lo cual en los hechos no es más que un subsidio a las empresas trasnacionales asentadas en Los Cabos, quienes controlan el 90 por ciento de la industria, y que se ahorran esa cantidad en la promoción de sus negocios, aumentando sus ganancias sin beneficiar a la clase trabajadora que sigue en las mismas condiciones de pobreza.
Esos recursos representan lo mismo que se le asigna a: capacitación policiaca (1 millón 118 mil pesos); defensoría de derechos humanos (5 millones 880 mil); impartición de justicia en materia electoral (4 millones 680 mil); fomento a la industria (8 millones 216 mil); procuración de justicia (34 millones 519 mil); Patronato del Estudiante (24 millones 272 mil); Teatro de la Ciudad (7 millones 172 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4millones 52 mil); bienestar del trabajador (5 millones 20 mil); conciliación y arbitraje (10 millones 774 mil); Centro de Rehabilitación y Educación Especial (7 millones 680 mil pesos) y para el programa Rutas de las Misiones, 1 millón 220 mil pesos. Esto demuestra que no hay uso “responsable y eficiente” de los recursos.
Pero hay más. Para “comunicación social”, el gobernador pide un presupuesto de 17 millones de pesos, que generalmente se usa en promover su imagen personal. Todas las notas pagadas en medios electrónicos e impresos sólo hablan de “obras de gran impacto”, “se están mejorando las condiciones de vida de las familias de escasos recursos”, “el estado va por la vía del progreso”, “el nuestro es un reto que pocos gobiernos pueden cumplir”, “ningún gobierno ha hecho un hospital como este”, y así por el estilo.
Sin embargo el gasto de “comunicación social” es mayor que el aplicado a: promoción y desarrollo pecuario, 1 millón 230 mil; ecología y medio ambiente, 143 mil 796 pesos; atención a la mujer y al menor, 4 millones 448 mil; albergues rurales, 1 millón 741 mil; desarrollo deportivo, 1 millón 926 mil; pensiones humanitarias, 2 millones 400 mil; cultura del agua, 238 mil; Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, 2 millones 457 mil; Patronato para la Reincorporación Social, 648 mil; la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en el DF, 2 millones 221 mil pesos y para el Centro de Integración Juvenil, 21 mil 376 pesos.
Los costos de la deuda pública
Para 2011, el gobierno tiene contemplado el pago de 289 millones 710 mil pesos para amortización de la deuda. De esta cantidad 55 millones son intereses, una cantidad similar (53 millones) se pagó en el 2010; es decir en dos años se habrán pagado más de 100 millones de pesos sólo de intereses de una deuda desproporcionada con los ingresos que tiene el estado. De 2005 a 2010 se han pagado 317 millones de intereses.
Aunque el gobierno ha dicho en todos los tonos que la deuda estatal asciende a sólo 640 millones de pesos, la página oficial de la Secretaría de Hacienda (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_documentos/deuda/eo_m125.xls) la ubica en mil 633 millones al 30 de septiembre de este año. A esto hay que agregar, de acuerdo a documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas del estado (balance general al 31 de agosto de 2010), 783 millones 319 mil pesos por concepto de documentos por pagar, proveedores y acreedores diversos, es decir pasivos no bancarios. Al respecto la calificadora Fitch Rating (http://www.fitchmexico.com) dice: “en 2009 la entidad registró pasivos no bancarios (acreedores y proveedores principalmente) por $833 mdp. Fitch considera que este nivel es ya elevado, en función del tamaño del presupuesto del Estado, por lo que se dará seguimiento a su evolución”
También hay que considerar como deuda a largo plazo los 350 millones aprobados por el Congreso del Estado para el sostenimiento del CRIT-Televisa, y 45 millones que se adeudan al ISSSTE. En total 2 mil 811 millones de pesos que, dado el nivel de ingresos propios, son impagables.
sábado, 27 de noviembre de 2010
Gastó Carlos Mendoza Davis, 600 mil pesos en “viáticos” durante su gestión
Tulio Ortiz Uribe
Hace seis meses, Hortensia Aguilar Mendoza tuvo que acompañar a su suegro al Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora. El paciente (“no diga su nombre porque sigue aquí en tratamiento”), fue enviado por el Hospital General de Zona de La Paz, a fin de que le practicaran allá una angioplastia, un procedimiento que consiste en dilatar una arteria coronaria obstruida por placas de colesterol, y así restaurar el flujo sanguíneo.
La falta de servicios de tercer nivel en los hospitales del IMSS en el estado, para atender a pacientes de gravedad y padecimientos delicados, es la causa por la cual deben ser trasladados a unidades de especialidades en Ciudad Obregón, Sonora, Tijuana, Baja California o Guadalajara, Jalisco.
“Mi suegro, dice Hortensia, ya tenía un año malo. Se le subía mucho la presión. Le daban fuertes dolores de cabeza, mareos y vómitos. En el IMSS nos traían a vuelta y vuelta hasta que al fin decidieron mandarlo.
“Nosotros somos gente pobre, vinimos del estado de Veracruz para ver si aquí podíamos levantarnos, pero ha sido muy difícil. Mi marido trabaja en la construcción y se las ve muy duras, ahorita ya tiene un mes sin trabajo, todo está bien caro y tenemos cuatro hijos que mantener.
“Pero no había de otra, relata, solo yo podía acompañar a mi suegro a Obregón ya que mi esposo estaba echando unos pisos allá por el Centenario. Dos días antes de la fecha de salida, me presente en la oficina de traslados para recoger el dinero que dan para el viaje, para comidas y hotel. Y cuál no sería mi sorpresa de que me dieron 229 pesos para pagar mis gastos por cuatro días en una ciudad que ni conozco. Madre mía dije, ¿qué voy a hacer con esto?”
El reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 101 establece “como monto de ayuda para viáticos por persona y por día, el importe de un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el traslado implique la necesidad de alojamiento y de los tres alimentos”
Aunque les dieron para el pasaje en avioneta (“ni modo que lo hubiera llevado en lancha”), Hortensia supuso que aquello no le iba a alcanzar para gran cosa y consiguió con sus vecinas de Loma Linda, la colonia donde vive, otros 200 pesos. “Hay se los pago aunque sea de a poquito, les dije, y todavía es hora de que no acabo de liquidarles”
“Pues para no hacérsela larga, sigue diciendo Hortensia sentada sobre una jardinera a la entrada del Hospital General de La Paz, en cuanto llegamos a Obregón ya me había gastado 180 pesos que nos cobró el taxi del aeropuerto al hospital. Pos bueno, haber cómo me las arreglo con los 250 pesos que me quedan, pensé desconsolada.
“Ese día que era martes, comenta, llegamos al hospital a las cinco de la tarde y ahí nos dijeron que nos presentáramos al día siguiente a las siete de la mañana para internarlo. Así que buscamos un lugarcito en un pasillo para dormir. No pude pegar el ojo en toda la noche y mi suegro tampoco. Le dolía la cabeza y tenía escalofríos. Me acerqué por ahí con una enfermera y me dio unas pastillas que algo le calmaron la dolencia. Afuera, en la calle, un señor vendía café caliente y champurrado en su carrito. Más allá una señora vendía burritos. Compre un café, un champurrado para mi suegro y dos burritos para cada uno. En total me gasté 57 pesos.
“El miércoles por la tarde le hicieron a mi suegro el catetismo (cateterismo) y lo dieron de alta el jueves. Este día ya no pudimos viajar a La Paz porque no había lugar en la avioneta, así que nos pasamos otra noche en los pasillos del hospital. Ya se imaginará, con mi paciente recién intervenido, ahí lo veía en el suelo, esperando que amaneciera. El viernes nos fuimos al aeropuerto en pesera y llegamos bien. Aunque nomás viera lo mal pasada que venía, en tres días sólo comí unos burritos y café. Y no se diga las malas noches en el suelo duro porque no llevamos cobija. Ni modo, a los más pobres se nos cargan más las pulgas”, termina diciendo Hortensia al tiempo que corre para alcanzar la pesera.
Para simples ciudadanos, el trato con el IMSS puede resultar de pesadilla, pero para otros, los privilegiados, ahí está el presupuesto, abundante.
El 27 de julio pasado, el chofer de Carlos Mendoza Davis, delegado del IMSS en el estado, pasó a recogerlo las seis de la mañana a su casa para llevarlo al aeropuerto, ya que debía abordar el vuelo 2069 de Aeroméxico, con destino a la ciudad de México. De acuerdo con el pliego de comisión número 756 –documento donde se detalla el motivo del viaje, el destino y la duración-, estaría en esa ciudad cuatro días, para tener reuniones con funcionarios de las áreas de planeación y personal. Para dicho viaje se le entregaron boletos de avión por un total de 10 mil 208 pesos y 12 mil 338 para alimentación y hospedaje. 22 mil 546 pesos en total.
De acuerdo a un documento oficial entregado a esta revista por el IMSS mediante la solicitud de información número 0064101645410 gestionada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Mendoza Davis gastó del primero de mayo de 2007 al 30 de septiembre de este año, 571 mil 351 pesos en viáticos. En total realizó 96 viajes dentro y fuera del estado.
Con esa cantidad se hubiera podido pagar el sueldo de un médico y una enfermera, durante cuatro años, en alguna de las localidades del norte del estado donde los derechohabientes tienen que recorrer grandes distancias para recibir atención médica. Esto sin contar con que, por ejemplo, durante 2009 hubo mil 217 viajes de funcionarios de la delegación.
Durante su informe de gobierno 2009, Carlos Mendoza dijo que gracias a los esquemas “de ahorro y eficiencia administrativa”, han permitido al Instituto “gozar de los márgenes necesarios para continuar proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros de su operación”
Sin embargo la realidad es otra: derroche de recursos, ineficiencia, corrupción y pésima atención a los derechoabientes, tienen al Instituto al borde del colapso financiero y de servicios.
Con un salario neto de 82 mil 276 pesos mensuales, el delegado viajó el pasado 25 de junio a Ciudad Constitución “en visita de supervisión y apoyo a la gestión de las unidades médicas y a la Expoagro 2010”, según se lee en el pliego de comisión número 651, para lo cual se le dieron 4 mil 589 pesos, no obstante que sólo estuvo 12 horas y viajó en un transporte del Instituto con chofer.
Del 5 al 9 de noviembre del año pasado -pliego de comisión número 971-, estuvo cinco días en Cabo San Lucas, con motivo de “recorrido y evaluación de las unidades y subdelegación”. Se le dieron 12 mil 980 pesos para alimentación y hospedaje, con todo y que el funcionario tiene un departamento en ese destino.
De acuerdo al pliego de comisión 349, el delegado viajó del 26 al 29 de abril pasado a Tijuana, Baja California. El motivo: asistir a la XI Reunión Regional del Noroeste. El costo fue de 10 mil 985 pesos.
Cada viaje que realizó a Los Cabos, y lo hizo en 40 ocasiones, se le entregaron sólo para alimentos 848 pesos diarios.
Carlos Mendoza Davis, hijo de Ángel César Mendoza Arámburo, de amplia trayectoria priista que gobernó el estado de 1975 a 1981, renunció a la delegación del IMSS el pasado 30 de octubre, para integrarse a la campaña política del ahora panista Marcos Covarrubias Villaseñor.
En 2007 gastó en 23 viajes 120 mil 993 pesos; en 2008 realizó 28 viajes a un costo de 180 mil 832 pesos; 27 traslados en 2009 costaron al erario 146 mil 558 pesos y en este año se gastó 122 mil 966 pesos en 18 viajes. Cada día que estuvo de comisión se le dieron 25.8 salarios mínimos para alimentación y hospedaje. Y, desde luego, los vuelos son en clase premier.
Otra historia
A pesar de que el IMSS se compromete a cubrir pagos de pasajes de ida y regreso de los enfermos y de un acompañante, así como los viáticos de éstos durante la estancia en el nosocomio, se sabe que apenas alcanzan para cubrir una raquítica alimentación, pues con 57 pesos diarios por persona que son ofrecidos no se puede pensar en dormir en hotel y cubrir pagos de taxis o camiones.
Para los familiares de las personas en situaciones riesgosas de salud, los traslados a otros hospitales representan duros golpes al bolsillo. Es usual que los acompañantes no tengan un lugar donde pasar la noche, por lo que algunos prefieren dormir en los hospitales, aún con el temor de ser corridos por los guardias.
“Vengo de Santa Rosalía, dice una derechohabiente que decide ocultar su nombre, porque la especialidad que necesito no la tienen allá. No pueden prestar ayuda psiquiátrica. No me pude venir en camión porque tengo la columna lastimada y son muchas horas de camino, entre 8 y 9 horas. Mi hermano me hizo el favor de manejar hasta acá y traerme en su carro, tuvo que pedir permiso en su trabajo. Gastamos 2 mil pesos de gasolina de ida y de vuelta.
“En cuanto a viáticos allá te dicen: -¡muévete como tú quieras! Nos iban a dar 57 pesos de viáticos por día, pero me dijo el Director: “lo siento mucho señora, pero no la puedo ayudar, porque no hay dinero”. En Cachania me dijeron que si hay presupuesto el próximo año, me dan la mitad de lo que gastamos en gasolina.
“Aquí dormitamos en el carro, para la cita de hoy. Comimos los burritos y el agua que traíamos de lonche. Me atendieron, y ya nos vamos a regresar, a ver cómo nos va de regreso.”
El futuro
El desperdicio de recursos, la mala orientación operativa y los procesos viciados de adquisiciones, son algunas de las causales que han generado la crisis que actualmente enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, revela un análisis de las finanzas de dicha institución realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, “México Evalúa”, que dirige Edna Jaime Treviño.
El problema no es nuevo, se ha informado en diversos reportes desde mediados de los 90s, a inicio del año 2000, en 2005 y ahora en 2010. Lo más impactante es que en cada una de estas ocasiones de “autocrítica” ha estado ausente una metodología y diseño de indicadores que evalúen el impacto, los procesos, la eficiencia, eficacia, pertinencia y costo beneficio en el uso de los recursos del Instituto. Lo cual oculta responsabilidades e ignora el futuro. (Con información de Diana Cuevas)
Hace seis meses, Hortensia Aguilar Mendoza tuvo que acompañar a su suegro al Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora. El paciente (“no diga su nombre porque sigue aquí en tratamiento”), fue enviado por el Hospital General de Zona de La Paz, a fin de que le practicaran allá una angioplastia, un procedimiento que consiste en dilatar una arteria coronaria obstruida por placas de colesterol, y así restaurar el flujo sanguíneo.
La falta de servicios de tercer nivel en los hospitales del IMSS en el estado, para atender a pacientes de gravedad y padecimientos delicados, es la causa por la cual deben ser trasladados a unidades de especialidades en Ciudad Obregón, Sonora, Tijuana, Baja California o Guadalajara, Jalisco.
“Mi suegro, dice Hortensia, ya tenía un año malo. Se le subía mucho la presión. Le daban fuertes dolores de cabeza, mareos y vómitos. En el IMSS nos traían a vuelta y vuelta hasta que al fin decidieron mandarlo.
“Nosotros somos gente pobre, vinimos del estado de Veracruz para ver si aquí podíamos levantarnos, pero ha sido muy difícil. Mi marido trabaja en la construcción y se las ve muy duras, ahorita ya tiene un mes sin trabajo, todo está bien caro y tenemos cuatro hijos que mantener.
“Pero no había de otra, relata, solo yo podía acompañar a mi suegro a Obregón ya que mi esposo estaba echando unos pisos allá por el Centenario. Dos días antes de la fecha de salida, me presente en la oficina de traslados para recoger el dinero que dan para el viaje, para comidas y hotel. Y cuál no sería mi sorpresa de que me dieron 229 pesos para pagar mis gastos por cuatro días en una ciudad que ni conozco. Madre mía dije, ¿qué voy a hacer con esto?”
El reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 101 establece “como monto de ayuda para viáticos por persona y por día, el importe de un salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el traslado implique la necesidad de alojamiento y de los tres alimentos”
Aunque les dieron para el pasaje en avioneta (“ni modo que lo hubiera llevado en lancha”), Hortensia supuso que aquello no le iba a alcanzar para gran cosa y consiguió con sus vecinas de Loma Linda, la colonia donde vive, otros 200 pesos. “Hay se los pago aunque sea de a poquito, les dije, y todavía es hora de que no acabo de liquidarles”
“Pues para no hacérsela larga, sigue diciendo Hortensia sentada sobre una jardinera a la entrada del Hospital General de La Paz, en cuanto llegamos a Obregón ya me había gastado 180 pesos que nos cobró el taxi del aeropuerto al hospital. Pos bueno, haber cómo me las arreglo con los 250 pesos que me quedan, pensé desconsolada.
“Ese día que era martes, comenta, llegamos al hospital a las cinco de la tarde y ahí nos dijeron que nos presentáramos al día siguiente a las siete de la mañana para internarlo. Así que buscamos un lugarcito en un pasillo para dormir. No pude pegar el ojo en toda la noche y mi suegro tampoco. Le dolía la cabeza y tenía escalofríos. Me acerqué por ahí con una enfermera y me dio unas pastillas que algo le calmaron la dolencia. Afuera, en la calle, un señor vendía café caliente y champurrado en su carrito. Más allá una señora vendía burritos. Compre un café, un champurrado para mi suegro y dos burritos para cada uno. En total me gasté 57 pesos.
“El miércoles por la tarde le hicieron a mi suegro el catetismo (cateterismo) y lo dieron de alta el jueves. Este día ya no pudimos viajar a La Paz porque no había lugar en la avioneta, así que nos pasamos otra noche en los pasillos del hospital. Ya se imaginará, con mi paciente recién intervenido, ahí lo veía en el suelo, esperando que amaneciera. El viernes nos fuimos al aeropuerto en pesera y llegamos bien. Aunque nomás viera lo mal pasada que venía, en tres días sólo comí unos burritos y café. Y no se diga las malas noches en el suelo duro porque no llevamos cobija. Ni modo, a los más pobres se nos cargan más las pulgas”, termina diciendo Hortensia al tiempo que corre para alcanzar la pesera.
Para simples ciudadanos, el trato con el IMSS puede resultar de pesadilla, pero para otros, los privilegiados, ahí está el presupuesto, abundante.
El 27 de julio pasado, el chofer de Carlos Mendoza Davis, delegado del IMSS en el estado, pasó a recogerlo las seis de la mañana a su casa para llevarlo al aeropuerto, ya que debía abordar el vuelo 2069 de Aeroméxico, con destino a la ciudad de México. De acuerdo con el pliego de comisión número 756 –documento donde se detalla el motivo del viaje, el destino y la duración-, estaría en esa ciudad cuatro días, para tener reuniones con funcionarios de las áreas de planeación y personal. Para dicho viaje se le entregaron boletos de avión por un total de 10 mil 208 pesos y 12 mil 338 para alimentación y hospedaje. 22 mil 546 pesos en total.
De acuerdo a un documento oficial entregado a esta revista por el IMSS mediante la solicitud de información número 0064101645410 gestionada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Mendoza Davis gastó del primero de mayo de 2007 al 30 de septiembre de este año, 571 mil 351 pesos en viáticos. En total realizó 96 viajes dentro y fuera del estado.
Con esa cantidad se hubiera podido pagar el sueldo de un médico y una enfermera, durante cuatro años, en alguna de las localidades del norte del estado donde los derechohabientes tienen que recorrer grandes distancias para recibir atención médica. Esto sin contar con que, por ejemplo, durante 2009 hubo mil 217 viajes de funcionarios de la delegación.
Durante su informe de gobierno 2009, Carlos Mendoza dijo que gracias a los esquemas “de ahorro y eficiencia administrativa”, han permitido al Instituto “gozar de los márgenes necesarios para continuar proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros de su operación”
Sin embargo la realidad es otra: derroche de recursos, ineficiencia, corrupción y pésima atención a los derechoabientes, tienen al Instituto al borde del colapso financiero y de servicios.
Con un salario neto de 82 mil 276 pesos mensuales, el delegado viajó el pasado 25 de junio a Ciudad Constitución “en visita de supervisión y apoyo a la gestión de las unidades médicas y a la Expoagro 2010”, según se lee en el pliego de comisión número 651, para lo cual se le dieron 4 mil 589 pesos, no obstante que sólo estuvo 12 horas y viajó en un transporte del Instituto con chofer.
Del 5 al 9 de noviembre del año pasado -pliego de comisión número 971-, estuvo cinco días en Cabo San Lucas, con motivo de “recorrido y evaluación de las unidades y subdelegación”. Se le dieron 12 mil 980 pesos para alimentación y hospedaje, con todo y que el funcionario tiene un departamento en ese destino.
De acuerdo al pliego de comisión 349, el delegado viajó del 26 al 29 de abril pasado a Tijuana, Baja California. El motivo: asistir a la XI Reunión Regional del Noroeste. El costo fue de 10 mil 985 pesos.
Cada viaje que realizó a Los Cabos, y lo hizo en 40 ocasiones, se le entregaron sólo para alimentos 848 pesos diarios.
Carlos Mendoza Davis, hijo de Ángel César Mendoza Arámburo, de amplia trayectoria priista que gobernó el estado de 1975 a 1981, renunció a la delegación del IMSS el pasado 30 de octubre, para integrarse a la campaña política del ahora panista Marcos Covarrubias Villaseñor.
En 2007 gastó en 23 viajes 120 mil 993 pesos; en 2008 realizó 28 viajes a un costo de 180 mil 832 pesos; 27 traslados en 2009 costaron al erario 146 mil 558 pesos y en este año se gastó 122 mil 966 pesos en 18 viajes. Cada día que estuvo de comisión se le dieron 25.8 salarios mínimos para alimentación y hospedaje. Y, desde luego, los vuelos son en clase premier.
Otra historia
A pesar de que el IMSS se compromete a cubrir pagos de pasajes de ida y regreso de los enfermos y de un acompañante, así como los viáticos de éstos durante la estancia en el nosocomio, se sabe que apenas alcanzan para cubrir una raquítica alimentación, pues con 57 pesos diarios por persona que son ofrecidos no se puede pensar en dormir en hotel y cubrir pagos de taxis o camiones.
Para los familiares de las personas en situaciones riesgosas de salud, los traslados a otros hospitales representan duros golpes al bolsillo. Es usual que los acompañantes no tengan un lugar donde pasar la noche, por lo que algunos prefieren dormir en los hospitales, aún con el temor de ser corridos por los guardias.
“Vengo de Santa Rosalía, dice una derechohabiente que decide ocultar su nombre, porque la especialidad que necesito no la tienen allá. No pueden prestar ayuda psiquiátrica. No me pude venir en camión porque tengo la columna lastimada y son muchas horas de camino, entre 8 y 9 horas. Mi hermano me hizo el favor de manejar hasta acá y traerme en su carro, tuvo que pedir permiso en su trabajo. Gastamos 2 mil pesos de gasolina de ida y de vuelta.
“En cuanto a viáticos allá te dicen: -¡muévete como tú quieras! Nos iban a dar 57 pesos de viáticos por día, pero me dijo el Director: “lo siento mucho señora, pero no la puedo ayudar, porque no hay dinero”. En Cachania me dijeron que si hay presupuesto el próximo año, me dan la mitad de lo que gastamos en gasolina.
“Aquí dormitamos en el carro, para la cita de hoy. Comimos los burritos y el agua que traíamos de lonche. Me atendieron, y ya nos vamos a regresar, a ver cómo nos va de regreso.”
El futuro
El desperdicio de recursos, la mala orientación operativa y los procesos viciados de adquisiciones, son algunas de las causales que han generado la crisis que actualmente enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, revela un análisis de las finanzas de dicha institución realizado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, “México Evalúa”, que dirige Edna Jaime Treviño.
El problema no es nuevo, se ha informado en diversos reportes desde mediados de los 90s, a inicio del año 2000, en 2005 y ahora en 2010. Lo más impactante es que en cada una de estas ocasiones de “autocrítica” ha estado ausente una metodología y diseño de indicadores que evalúen el impacto, los procesos, la eficiencia, eficacia, pertinencia y costo beneficio en el uso de los recursos del Instituto. Lo cual oculta responsabilidades e ignora el futuro. (Con información de Diana Cuevas)
sábado, 30 de octubre de 2010
Tiendas escolares: utilidades millonarias, podrían estarse desviando a cuentas privadas
Tulio Ortiz Uribe/Diana Cuevas
Veinticinco millones de pesos anuales, producto de las ganancias por la comercialización de alimentos y bebidas en las tiendas escolares concesionadas del sistema educativo estatal, podrían estarse desviando a cuentas privadas.
Cada año se realizan ventas por un monto aproximado de 250 millones de pesos en las tiendas de los 502 planteles de educación primaria y secundaria del estado. De esa cantidad, 25 millones aproximadamente son entregados por los concesionarios como utilidad para las escuelas, cifra que podría ser mayor si se toman en cuenta “los apoyos económicos y en especie otorgados por compañías refresqueras” a la Secretaría de Educación Pública, por la firma de contratos de exclusividad.
Aunque oficialmente este dinero se invierte “para resolver los problemas y las necesidades presupuestales de abasto y mantenimiento en los planteles escolares”, la Secretaría de Educación Pública obliga a los directores a justificar el gasto mediante facturas a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Los comprobantes fiscales entran al sistema contable de esta dependencia, de forma que aparecen como si fueran gastos pagados con recursos federales o estatales. Incluso una parte de esas facturas, previa autorización del director de Administración y Finanzas de la SEP, Francisco Yee Rodríguez, pueden entrar en el “capítulo 5000” del presupuesto anual de egresos, que de acuerdo con el clasificador del gasto corresponde a “bienes muebles e inmuebles”, como puede verse en la “Guía rápida para la elaboración y control de los informes”, que ese funcionario envió a directores y contralores de escuelas secundarias, mediante el oficio 1446/2008.
En la mayoría de los estados de la república las tiendas son manejadas por las sociedades de padres de familia y en ninguna otra entidad se exige, como aquí, que los gastos se facturen a nombre de una dependencia del gobierno estatal.
Estos movimientos contables atípicos se pusieron al descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al revisar las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), recurso que envía la Secretaría de Hacienda al estado para el sostenimiento de las actividades educativas.
El organismo encontró que al comparar los 2 mil 286 millones 791 mil 500 pesos del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública, con los 2 mil 096 millones 3 mil 400 pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al FAEB, más los 2 millones 446 mil 900 pesos correspondientes a los réditos generados durante el ejercicio 2008, “existe una diferencia de más por 188 millones 341 mil 200 pesos” ¿De dónde salió este dinero “de más”?, se preguntaron los auditores federales.
Luego que la ASF pidió una explicación a la Secretaría de Finanzas, esta contestó que esa diferencia “corresponde a conceptos distintos del FAEB que se encuentran debidamente identificados”. Sin embargo la respuesta no convenció a la autoridad, ya que, dijo, “la documentación presentada no aclara la situación observada”.
Aunque la SF tiene la obligación de que los registros contables se realicen sobre bases acumulativas detalladas, por tipo y procedencia de los recursos y capítulos del gasto, intencionalmente se mezclan las partidas para oscurecer la contabilidad y así encuadrar los 25 millones producto de las ganancias en las tiendas escolares como parte del presupuesto estatal, por lo que al final del ejercicio “sobraría” esa cantidad, que podría ser transferida a otras cuentas. Así, dice el organismo auditor, “se constató que en la contabilidad de la entidad fiscalizada se mezclan los recursos federales con las aportaciones que hace el gobierno del Estado de Baja California Sur, situación que no permite identificar ni fiscalizar con transparencia los recursos del FAEB”
Al evaluar las prácticas contables de la SF, el órgano auditor dice en un documento que esa dependencia del estado “no cuenta con controles para identificar con qué recursos se solventan los gastos de operación” de la SEP, lo cual, dice, contraviene la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público, que obliga a esa secretaría a llevar la contabilidad del estado, con mecanismos “para registrar los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del presupuesto”.
Además dice, “no cuentan con procedimientos de control internos, y los existentes son débiles e insuficiente respecto de la revisión… y autorización de pagos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en incumplimiento del artículo 9, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y 82, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”
Cabe hacer mención que esta misma situación se observó en la auditoría que se efectuó al ejercicio 2007. “Con la revisión de los registros contables, dice un documento de la ASF, se constató que la contabilidad no se encuentra segregada adecuadamente, por lo cual no se realizó la conciliación de los recursos asignados al FAEB contra los registros contables y de esta forma determinar la aplicación de los recursos por capítulo de gasto, por lo que al realizar la comparación de recursos federales contra los registros contables existe una diferencia de más por 183 millones 032 mil 400 pesos”. Cantidad similar a la encontrada en el 2008.
“Sin embargo, continúa, la Secretaría de Finanzas no ha tomado acciones que permitan separar tanto los ingresos y egresos correspondientes a los recursos federales transferidos por la federación, en incumplimiento de los artículos 38 y 39 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y de los Lineamientos para el ejercicio del Gasto Público, publicado en Boletín Oficial del gobierno del Estado de con fecha 20 de septiembre de 2006, vigente en 2008”
La concesión de tiendas escolares
Según el Reglamento de las Tiendas Escolares en los planteles oficiales de educación básica de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial de gobierno en febrero de 2007 y firmado por el actual gobernador Narciso Agúndez Montaño, las tiendas escolares funcionan a través de la concesión de los derechos a particulares para proporcionar servicios de alimentación a la comunidad escolar. Quedando bajo jurisdicción del plantel escolar y de la SEP, el otorgamiento de las concesiones, la administración y la aplicación de los ingresos obtenidos por ésta.
Las concesiones de tiendas escolares a particulares son otorgadas a través de una convocatoria que es publicada por la SEP cada ciclo escolar. En ella los participantes deben hacer una propuesta de la utilidad que se le otorgará por día al plantel, la cual debe ser calculada teniendo en cuenta el total de alumnos y la cuota de base mínima de concesión por día laborado que determine el Consejo Técnico Escolar, que como menciona el reglamento antes citado, debe partir de un peso. La concesión es otorgada a la mejor propuesta, según determine el Comité de Selección, que está integrado por un representante de la SEP, el presidente de la sociedad de padres de familia, un representante de los alumnos, el consejo técnico escolar y un miembro del consejo escolar de participación social.
Otros requisitos contemplados incluyen el no tener parentesco con el supervisor de la zona escolar, con personal de la escuela, ni con concesionarios de otros planteles. Además de no tener antecedentes penales.
El concesionario realizará los pagos de forma diaria, teniendo en cuenta los días laborales del calendario oficial escolar que son aproximadamente 200 días al año. En días festivos o suspensión de clases no se reportan ganancias.
La aportación de la tienda escolar se deposita mensualmente en una cuenta bancaria, cuya “orientación” es proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP. Con estos ingresos, y de acuerdo a un clasificador otorgado por la Secretaría de Finanzas, se adquiere material para las mejoras físicas de los planteles. Se incluyen diversos rubros como material de oficina, material de limpieza, servicio telefónico, mobiliario, gastos de ceremonias, combustible y refacciones.
Según lo señalado en el apartado de administración del ingreso por concesión, el gasto en materiales debe ser comprobado con documentación fiscal “expedida a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur”, con Registro Federal de Contribuyentes SFG-931220-5S3 en el rubro de “Educación” y con la dirección Allende e Isabel La Católica, La Paz, Baja California Sur. Toda documentación es firmada por el Director y el Tesorero del plantel en los niveles de preescolar y primaria, así como por el Director y el Contralor en el nivel secundaria. La revisión en la aplicación de los recursos es realizada por el Órgano de Control Interno de la SEP.
Si bien la cuota mínima por concesión es de un peso por alumno en los planteles escolares, ésta puede variar dependiendo de la zona en la que se encuentra ubicada la institución. Los planteles con una populosa cantidad de alumnos y con mayor poder económico de sus padres, tienen mayores ganancias. En al año escolar 2010-2011, hubo una matricula de aproximadamente 100 mil alumnos de primaria y secundaria.
“A nosotros se nos ofrece más de un peso porque estamos en un medio que no es vulnerable, las condiciones económicas son mejores. El promedio de dinero que gasta un alumno en la tienda escolar es entre 15 y 20 pesos. Nos toca entre 1.50 y 1.70 pesos por alumno. Tenemos 750 alumnos. Los chicos traen un poco más para gastar porque trabajan sus papás”, señala un director de secundaria en una zona céntrica de La Paz.
Sin embargo, en los barrios de escasos recursos, el Consejo Técnico Escolar ha tomado la decisión de tener una cuota menor, debido a la mala condición económica del alumnado.
“Tenemos 510 alumnos. Oficialmente la cuota tendría que ser de 510 pesos diarios, pero no la otorgamos porque hay días muy malos, en los que los concesionarios solicitan que bajemos la cuota. Por ello decidió el Consejo Técnico aplicar una cuota de 350 pesos diarios, misma que no subirá ni bajará en todo el año”, nos comenta una directora de educación secundaria al sur de la ciudad, quien agrega que “esto se debe a la condición económica de los alumnos. No traen dinero. Los lunes y los martes, nada más”.
jueves, 21 de octubre de 2010
¿Quién es Jesús Ortega Martínez?
Miguel Ángel Ferrer
Hagamos un poco de historia. Por allá de los primeros años ochenta del siglo pasado, existía en México un partido político que se denominaba Partido Socialista de los Trabajadores (PST). No era, en realidad, un partido político, sino un simple membrete, un grupúsculo de oportunistas que vivían –y no vivían tan mal– de las dádivas oficiales, de una especie de subsidio gubernamental para aparentar que en México había una oposición “socialista” al partido del Estado.
Aparentar que había una oposición socialista era una cosa buena para el régimen imperante, ese que Mario Vargas Llosa llamó alguna vez la “dictadura perfecta”. Una apariencia de oposición de izquierda que materializaba la célebre y maquiavélica expresión política del mayor ideólogo del PRI, ya fallecido, Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste, apoya”. O, mejor dicho, lo que aparenta que resiste, por supuesto que apoya.
El PST, desde luego, no era el único membrete simulador de oposición al régimen priista. Había otros. Y a todos ellos se les llamaba, en expresión insuperable, partidos paraestatales. Y también, en el lenguaje popular de México, partidos paleros (comparsas). O, igualmente, oposición o izquierda domesticada.
Cuando vino la insurrección electoral de 1987-1988, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, el PST, en un acto de oportunismo, se cambió el nombre y pasó a llamarse Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). Y de ambos membretes, el líder, jefe y dueño era un personaje, hoy en el ostracismo, llamado Rafael Aguilar Talamantes, un ejemplo ya clásico de venalidad política.
Y aquí viene lo más interesante. Aguilar Talamantes tenía dos lugartenientes. Uno era el desde entonces muy desprestigiado político Graco Ramírez. El otro era Jesús Ortega Martínez, actual presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo que durante casi 20 años representó a la izquierda mexicana.
Conociendo estos antecedentes, no puede sorprender que bajo la conducción de Jesús Ortega el PRD se haya convertido en un partido paraestatal, en una oposición domesticada, en un instituto comparsa del régimen, hoy, con el Partido Acción Nacional (PAN) en el poder, desembozadamente de extrema derecha.
Por todo esto no puede hablarse de una genuina alianza entre PRD y PAN. El comparsa no es aliado; es comparsa. Su papel es simular, actuar, engañar. Servir a los propósitos del contratante, del dueño del espectáculo, del que paga.
En esa supuesta alianza, como todo en la vida, el que paga manda. Y el PRD está cumpliendo un papel de subordinación al partido y al gobierno de la extrema derecha.
Ortega y sus secuaces, llamados los Chuchos, pueden ofrecer mil explicaciones y justificaciones de esa supuesta alianza entre un partido que se asume como más o menos de izquierda y la organización política de la extrema derecha. Pero los antecedentes y la biografía de Jesús Ortega dicen más que mil palabras para explicar esa inconcebible y falaz alianza.
El PAN, desde luego, tiene como propósito no soltar el poder en 2012. O, dicho de otro modo, impedir que el PRI o la izquierda representada por el movimiento popular de López Obrador conquisten el poder que da la Presidencia de la República. Pero si la tal alianza de veras lo fuera, cuál sería el propósito del PRD. ¿Ayudar a la extrema derecha a permanecer en el poder? ¿Trabajar para la extrema derecha a fin de que la derecha no tan extrema, es decir, el PRI, no vuelva al poder presidencial?
Al mando del PRD, Jesús Ortega ha retornado a sus dorados años de joven oportunista, centavero y simulador. En materia de oportunismo y venalidad política y personal, el alumno Ortega Martínez superó al maestro Aguilar Talamantes.
Hagamos un poco de historia. Por allá de los primeros años ochenta del siglo pasado, existía en México un partido político que se denominaba Partido Socialista de los Trabajadores (PST). No era, en realidad, un partido político, sino un simple membrete, un grupúsculo de oportunistas que vivían –y no vivían tan mal– de las dádivas oficiales, de una especie de subsidio gubernamental para aparentar que en México había una oposición “socialista” al partido del Estado.
Aparentar que había una oposición socialista era una cosa buena para el régimen imperante, ese que Mario Vargas Llosa llamó alguna vez la “dictadura perfecta”. Una apariencia de oposición de izquierda que materializaba la célebre y maquiavélica expresión política del mayor ideólogo del PRI, ya fallecido, Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste, apoya”. O, mejor dicho, lo que aparenta que resiste, por supuesto que apoya.
El PST, desde luego, no era el único membrete simulador de oposición al régimen priista. Había otros. Y a todos ellos se les llamaba, en expresión insuperable, partidos paraestatales. Y también, en el lenguaje popular de México, partidos paleros (comparsas). O, igualmente, oposición o izquierda domesticada.
Cuando vino la insurrección electoral de 1987-1988, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, el PST, en un acto de oportunismo, se cambió el nombre y pasó a llamarse Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN). Y de ambos membretes, el líder, jefe y dueño era un personaje, hoy en el ostracismo, llamado Rafael Aguilar Talamantes, un ejemplo ya clásico de venalidad política.
Y aquí viene lo más interesante. Aguilar Talamantes tenía dos lugartenientes. Uno era el desde entonces muy desprestigiado político Graco Ramírez. El otro era Jesús Ortega Martínez, actual presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organismo que durante casi 20 años representó a la izquierda mexicana.
Conociendo estos antecedentes, no puede sorprender que bajo la conducción de Jesús Ortega el PRD se haya convertido en un partido paraestatal, en una oposición domesticada, en un instituto comparsa del régimen, hoy, con el Partido Acción Nacional (PAN) en el poder, desembozadamente de extrema derecha.
Por todo esto no puede hablarse de una genuina alianza entre PRD y PAN. El comparsa no es aliado; es comparsa. Su papel es simular, actuar, engañar. Servir a los propósitos del contratante, del dueño del espectáculo, del que paga.
En esa supuesta alianza, como todo en la vida, el que paga manda. Y el PRD está cumpliendo un papel de subordinación al partido y al gobierno de la extrema derecha.
Ortega y sus secuaces, llamados los Chuchos, pueden ofrecer mil explicaciones y justificaciones de esa supuesta alianza entre un partido que se asume como más o menos de izquierda y la organización política de la extrema derecha. Pero los antecedentes y la biografía de Jesús Ortega dicen más que mil palabras para explicar esa inconcebible y falaz alianza.
El PAN, desde luego, tiene como propósito no soltar el poder en 2012. O, dicho de otro modo, impedir que el PRI o la izquierda representada por el movimiento popular de López Obrador conquisten el poder que da la Presidencia de la República. Pero si la tal alianza de veras lo fuera, cuál sería el propósito del PRD. ¿Ayudar a la extrema derecha a permanecer en el poder? ¿Trabajar para la extrema derecha a fin de que la derecha no tan extrema, es decir, el PRI, no vuelva al poder presidencial?
Al mando del PRD, Jesús Ortega ha retornado a sus dorados años de joven oportunista, centavero y simulador. En materia de oportunismo y venalidad política y personal, el alumno Ortega Martínez superó al maestro Aguilar Talamantes.
viernes, 24 de septiembre de 2010
Es preocupante la nula rendición de cuentas del gobierno de Baja California Sur: CIDE
Tulio Ortiz Uribe
El 5 de abril de 2005, al leer su discurso de toma de posesión, el gobernador Narciso Agúndez Montaño dijo: “nuestras acciones se sujetarán estrictamente a las normas de la transparencia, que por convicción, pero que (sic) ahora también por ley, estamos obligados a observar”
Luego de cinco años y seis meses de ejercicio del poder, el gobernador no tuvo ni la convicción ni el respeto a las leyes para ofrecer a los ciudadanos una verdadera rendición de cuentas, por lo que la administración agundista sigue ocupando los últimos lugares en transparencia y acceso a la información pública, como lo muestra el estudio La Métrica de la Transparencia 2010, dado a conocer por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado 9 de septiembre.
Ya desde 2007, el gobierno sudcaliforniano había sido reprobado por el mismo organismo, que al evaluar los diversos sujetos obligados encontró que el ejecutivo ocupaba el penúltimo lugar nacional con los siguientes porcentajes: 49.29% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en la calidad de las respuestas. “En Baja California Sur y Tlaxcala -dice el documento-, fue imposible presentar una solicitud de información en las oficinas del poder ejecutivo”. El legislativo, a su vez, obtuvo el último lugar con las siguientes cifras: 12.0% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en calidad de las respuestas.
En el estudio, el CIDE criticó la opacidad y el bajo nivel en que se encontraban los procesos para que toda persona pudiera conocer los documentos en los que consta la actividad de los gobiernos estatal y municipal. Al describir la ruta que siguió para probar los mecanismos de acceso a la información pública y tiempos de respuesta, fue contundente al afirmar que: “El caso de Baja California Sur es aún más preocupante, dado que no fue posible (siquiera) entregar las solicitudes de información”.
En ese año el Congreso de la Unión reformó el artículo sexto constitucional, con el fin garantizar el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno y para remover inercias indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. La esencia de esta reforma se base en que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública…”
El CIDE, un centro de investigación reconocido internacionalmente por la calidad de sus trabajos, y en donde su planta de profesores investigadores de tiempo completo cuenta con doctorado en las mejores universidades del mundo, presentó en días pasados el avance de resultados de La Métrica de la Transparencia 2010 (las cifras definitivas se entregarán en octubre), realizado con el apoyo de la UNAM y el Instituto Nacional de Administración Pública, y aplicado entre noviembre de 2009 y julio de este año. Ahí reporta que Baja California Sur obtuvo un índice de 0.52, donde el máximo es 1.00, que lo ubica en el penúltimo lugar nacional. Aquí se midieron 12 categorías entre otras: sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, archivos, procedimiento de acceso, recurso de revisión, responsabilidades y sanciones, y en todas ellas el estado se clasifica en los últimos o penúltimos lugares.
Funcionarios de la Dirección de Vinculación con Estados y Municipios del IFAI, en la ciudad de México, consultados por teléfono y quienes prefirieron permanecer en el anonimato, comentaron a esta revista que al gobierno estatal le ha faltado voluntad política para cumplir con el decreto de marzo de 2007, que reforma el artículo sexto constitucional, y que en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”.
Explicaron que para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial. El convenio fue firmado por el gobernador Agúndez, el secretario de Gobierno Luis Armando Díaz, el comisionado Presidente del IFAI, Alonso Lujambio y la entonces consejera Presidenta del ITAI, Silvia Cueva Tabardillo.
El 13 de agosto del año pasado, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”, Un año después, el sistema sigue sin operar, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta irregularidad.
Al ser entrevistado por este reportero, Héctor Pérez Márquez, secretario Técnico del ITAIBCS, dijo que él no tenía facultades para contestar a la pregunta de por qué aún no se pone en funcionamiento es Sistema Infomex, y pidió que se hablara con el Consejero Presidente, el ingeniero Rodolfo López Gómez.
Pero, al solicitar una entrevista con este funcionario, quien en ese momento no atendía a ninguna persona, su secretaria explicó que López Gómez se encontraba “muy ocupado”, pero que “con gusto” nos recibiría en ocho días.
De acuerdo con su página de Internet www.itai.org.mx, la planta administrativa y de funcionarios devenga anualmente en salarios 2 millones 500 mil pesos. En el acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2010, la consejera Adela Cueva Tabardillo propuso que el presupuesto del organismo para el 2011, “mínimamente debe ser de cinco millones seiscientos mil pesos”. El consejero presidente ingeniero Rodolfo López Gómez agregó que dicho presupuesto debe elaborarse sobre la base de que sea suficiente y que “permita al Instituto operar eficaz y eficientemente sus tareas sustantivas; es decir fortalecer el apartado de gastos de operación” Sin embargo, en los tres años que viene operando el ITAI, sólo ha recibido 90 solicitudes de información, de las cuales muy pocas han sido contestadas satisfactoriamente.
Algo más que se ha criticado de este organismo es el bajo perfil de los consejeros para ocupar esos puestos. El artículo 31 de la Ley de Transparencia, dice en su inciso III que para ser consejero del ITAIBCS, se debe “contar como mínimo, con grado académico de licenciatura en áreas de las ciencias sociales y humanísticas…”. López Gómez es ingeniero agrónomo y Adela Cueva Tabardillo no tiene título profesional.
El 5 de abril de 2005, al leer su discurso de toma de posesión, el gobernador Narciso Agúndez Montaño dijo: “nuestras acciones se sujetarán estrictamente a las normas de la transparencia, que por convicción, pero que (sic) ahora también por ley, estamos obligados a observar”
Luego de cinco años y seis meses de ejercicio del poder, el gobernador no tuvo ni la convicción ni el respeto a las leyes para ofrecer a los ciudadanos una verdadera rendición de cuentas, por lo que la administración agundista sigue ocupando los últimos lugares en transparencia y acceso a la información pública, como lo muestra el estudio La Métrica de la Transparencia 2010, dado a conocer por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado 9 de septiembre.
Ya desde 2007, el gobierno sudcaliforniano había sido reprobado por el mismo organismo, que al evaluar los diversos sujetos obligados encontró que el ejecutivo ocupaba el penúltimo lugar nacional con los siguientes porcentajes: 49.29% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en la calidad de las respuestas. “En Baja California Sur y Tlaxcala -dice el documento-, fue imposible presentar una solicitud de información en las oficinas del poder ejecutivo”. El legislativo, a su vez, obtuvo el último lugar con las siguientes cifras: 12.0% en información por Internet; 0% en atención al usuario y 0% en calidad de las respuestas.
En el estudio, el CIDE criticó la opacidad y el bajo nivel en que se encontraban los procesos para que toda persona pudiera conocer los documentos en los que consta la actividad de los gobiernos estatal y municipal. Al describir la ruta que siguió para probar los mecanismos de acceso a la información pública y tiempos de respuesta, fue contundente al afirmar que: “El caso de Baja California Sur es aún más preocupante, dado que no fue posible (siquiera) entregar las solicitudes de información”.
En ese año el Congreso de la Unión reformó el artículo sexto constitucional, con el fin garantizar el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del gobierno y para remover inercias indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. La esencia de esta reforma se base en que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública…”
El CIDE, un centro de investigación reconocido internacionalmente por la calidad de sus trabajos, y en donde su planta de profesores investigadores de tiempo completo cuenta con doctorado en las mejores universidades del mundo, presentó en días pasados el avance de resultados de La Métrica de la Transparencia 2010 (las cifras definitivas se entregarán en octubre), realizado con el apoyo de la UNAM y el Instituto Nacional de Administración Pública, y aplicado entre noviembre de 2009 y julio de este año. Ahí reporta que Baja California Sur obtuvo un índice de 0.52, donde el máximo es 1.00, que lo ubica en el penúltimo lugar nacional. Aquí se midieron 12 categorías entre otras: sujetos obligados, información pública de oficio, información reservada, información confidencial, datos personales, archivos, procedimiento de acceso, recurso de revisión, responsabilidades y sanciones, y en todas ellas el estado se clasifica en los últimos o penúltimos lugares.
Funcionarios de la Dirección de Vinculación con Estados y Municipios del IFAI, en la ciudad de México, consultados por teléfono y quienes prefirieron permanecer en el anonimato, comentaron a esta revista que al gobierno estatal le ha faltado voluntad política para cumplir con el decreto de marzo de 2007, que reforma el artículo sexto constitucional, y que en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”.
Explicaron que para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial. El convenio fue firmado por el gobernador Agúndez, el secretario de Gobierno Luis Armando Díaz, el comisionado Presidente del IFAI, Alonso Lujambio y la entonces consejera Presidenta del ITAI, Silvia Cueva Tabardillo.
El 13 de agosto del año pasado, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”, Un año después, el sistema sigue sin operar, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta irregularidad.
Al ser entrevistado por este reportero, Héctor Pérez Márquez, secretario Técnico del ITAIBCS, dijo que él no tenía facultades para contestar a la pregunta de por qué aún no se pone en funcionamiento es Sistema Infomex, y pidió que se hablara con el Consejero Presidente, el ingeniero Rodolfo López Gómez.
Pero, al solicitar una entrevista con este funcionario, quien en ese momento no atendía a ninguna persona, su secretaria explicó que López Gómez se encontraba “muy ocupado”, pero que “con gusto” nos recibiría en ocho días.
De acuerdo con su página de Internet www.itai.org.mx, la planta administrativa y de funcionarios devenga anualmente en salarios 2 millones 500 mil pesos. En el acta de sesión pública ordinaria del 11 de agosto de 2010, la consejera Adela Cueva Tabardillo propuso que el presupuesto del organismo para el 2011, “mínimamente debe ser de cinco millones seiscientos mil pesos”. El consejero presidente ingeniero Rodolfo López Gómez agregó que dicho presupuesto debe elaborarse sobre la base de que sea suficiente y que “permita al Instituto operar eficaz y eficientemente sus tareas sustantivas; es decir fortalecer el apartado de gastos de operación” Sin embargo, en los tres años que viene operando el ITAI, sólo ha recibido 90 solicitudes de información, de las cuales muy pocas han sido contestadas satisfactoriamente.
Algo más que se ha criticado de este organismo es el bajo perfil de los consejeros para ocupar esos puestos. El artículo 31 de la Ley de Transparencia, dice en su inciso III que para ser consejero del ITAIBCS, se debe “contar como mínimo, con grado académico de licenciatura en áreas de las ciencias sociales y humanísticas…”. López Gómez es ingeniero agrónomo y Adela Cueva Tabardillo no tiene título profesional.
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