El erario como botín
Consejeros del IEEBCS se auto asignan salarios: 102 mil pesos netos para la presidenta.
Tulio Ortiz Uribe
Calificada como una "acción inmoral", "una
perversión" y una "falta de
respeto a la población", ya que representa "un retroceso de cualquier
pretendido avance democrático", el
pasado 22 de marzo los consejeros del Instituto Estatal Electoral de BCS (IEEBCS)
se asignaron nuevos salarios que casi duplican a los que habían aprobado apenas
cuatro meses atrás, y en cuyo tabulador destaca el salario de la Consejera
Presidenta, Rebeca Barrera Amador, que asciende a 102 mil pesos netos mensuales,
con lo que se ubica como el segundo mejor salario de un funcionario en el
estado, solo por abajo del gobernador, quien percibe, de acuerdo a la página oficial, 113 mil 718 pesos.
Barrera Amador también tiene uno de los sueldos más altos
entre los organismos autónomos, si se considera que la consejera presidenta del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California
Sur, Claudia Elena Meza de la Toba tiene un salario neto mensual de 56 mil
pesos; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de
la Toba Camacho, percibe 48 mil 418 pesos netos y el director de la Comisión
Estatal del Agua, Miguel Angel Calderón Bernal, devenga 56 mil 689 pesos.
Adicional
a su salario, los seis consejeros y la presidenta del IEEBCS aprobaron el 21 de noviembre pasado el Manual de Administración (Acuerdo CG0030), en el cual se asignan las siguientes prestaciones: un bono trimestral equivalente a 45 días de salario bruto durante
el proceso electoral (180 días); gratificación equivalente a 15 días de salario en el mes
de diciembre; 40 días de salario base por aguinaldo; prima vacacional
equivalente a 30 días de salario base; préstamo personal por hasta tres meses
de salario bruto; un seguro de vida y un seguro de separación individualizado
"que los proteja en caso de pérdida de su empleo"
Entrevistado por esta publicación, Víctor Martínez de
Escobar, presidente de la Asociación Legalidad
y Transparencia Sudcaliforniana, dice:
"A mí se me hace perverso esto que están haciendo
funcionarios como los del Instituto Estatal Electoral, sabiendo que el estado
está muy endeudado, que va a quedar muy endeudado y no me explico de dónde van
a sacar dinero para estarse auto asignando a cada rato salarios mayores. Yo
creo que esto debió haber pasado por el Congreso, no es posible que de una manera
personal cada uno de los consejeros y la presidenta decidan aumentarse el
salario en esa forma"
-¿Qué se debe hacer desde tu punto de vista?
-Primero habría que revisar la Ley. Ver si tienen la
facultad para hacerse estas auto asignaciones extraordinarias y absurdas y ya
después veremos qué se puede hacer legalmente; luego habría que revisar el
presupuesto, de donde están tomando esos recursos extraordinarios, porque
también ya vemos que en el poder judicial se asignan presupuestos muy por
encima de sus necesidades y al fin de año esos excedentes se los reparten entre
ellos.
Alejandra Fernández Millán, ex Consejera Suplente del
Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral, da su opinión sobre el
tema:
-Creo que es una inmoralidad, una falta de ética y una falta
de respeto a la población. Tenemos en México a los funcionarios mejor pagados
del mundo y los más ineficientes, lo que indica claramente que es una trama de
corrupción que va desde los más altos niveles hasta estos servidores, pero no precisamente
públicos sino servidores a intereses de cúpula, a intereses fácticos, a
intereses que nada tienen que ver con las necesidades de nuestro pueblo.
-Qué se puede hacer para acotar este tipo de disposiciones.
-Creo que el estado de Derecho está en seria descomposición,
presumiblemente ya no hay estado de Derecho porque no hay respeto; creo que
solo la organización del pueblo podría detener este saqueo.
-El Congreso podría poner un alto a este tipo de hechos.
-Claro, si fuera un Congreso que realmente respondiese a la
representatividad y la democracia, desgraciadamente vemos que no es así porque
estamos viviendo un dramático proceso de descomposición y si como población no
tomamos acciones de hacer valer las leyes, no veo quien más.
Concepción Sánchez, ex candidata de Morena a diputada
Federal por el Distrito 01, coincide en el tema:
- Creo que estas disposiciones de asignarse un salario
desproporcionado a sus funciones son absolutamente inaceptables. Como candidata
puedo decirte que no lo merecen. Que no nos vengan con esto de una manera poco
transparente; que yo sepa no se hizo público en su momento. Entonces creo que
no es de ninguna manera oportuno, correcto, adecuado y mucho menos merecido.
-Crees tú que aquí quepa responsabilidad del Congreso para
acotar este tipo de disposiciones?
- Definitivamente es responsabilidad de todas las
instituciones y particularmente del Congreso. Pero creo que aquí hay
responsabilidad ciudadana porque estamos demasiado callados. Hay demasiadas
irregularidades y la gente se calla y parece que estamos abrumados, una tras
otra nos golpean y seguimos callados, entonces pareciera que la gente se
acostumbra a estas irregularidades, a hechos como este que comentamos, no es
posible esto. Hago un llamado a la gente. Yo decía en alguna entrevista que,
bueno, si la gente eligió a quienes eligió, no termina su responsabilidad a la
hora de votar, la responsabilidad ciudadana es vigilar que se cumpla, que
cumplan con el pueblo, que se preocupen por actuar en favor del pueblo y no en
beneficio propio y hechos como este nos demuestran que son puestos muy jugosos,
muchas veces son premios y muchas veces son retrocesos en cualquier pretendido
avance democrático. Aunque es una responsabilidad del Congreso revisar este
tipo de acciones, no tengo muchas esperanzas al respecto.
Violan la Ley
Abogados consultados coinciden en que el acuerdo del Consejo General del IEEBCS es una abierta
violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley
de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de
Baja California Sur, ya que dichos emolumentos deben ser aprobados y
determinados anual y equitativamente en los
presupuestos de egresos correspondientes, por las legislaturas de los Estados, como lo determina el artículo 127 de la Constitución, y los artículos 25, 26 y 27 de la citada Ley
de Remuneraciones. Sin embargo el nuevo tabulador de salarios
entró en vigor el 20 de marzo pasado, como lo estipula el apartado quinto del
Acuerdo: "Las modificaciones aprobadas en el presente acuerdo surtirán
efectos a partir del día de su aprobación y permanecerán vigentes hasta en
tanto no se aprueben nuevas disposiciones al respecto"
Por otro lado, el artículo 29 de esta ley establece que los salarios
deben homologarse por niveles, de forma que los "titulares de
organismos públicos autónomos" no pueden ganar más que los secretarios del
despacho. Por ejemplo el secretario general de Gobierno percibe 73 mil 521
pesos, es decir 28 mil 479 pesos menos que Rebeca Barrera.
El señalado
artículo 127 constitucional dice que los estados "expedirán las leyes para
hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones
constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las
conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo
establecido en este artículo".