Reprueba la Auditoria Superior de la Federación al municipio de Mulegé

Tulio Ortiz Uribe

Una auditoría practicada a los gastos del 2012 realizados por el municipio de Mulegé en Baja California Sur, determinó que esa administración no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, ya que de un total de 8 millones 831 mil pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) sólo destinó 547 mil 522 pesos para mitigar carencias sociales.

Los lineamientos generales para la operación del FAIS establecen que los municipios deben utilizar esos recursos para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales y ayuden a disminuir la pobreza extrema.

Además, se encontró que al 31 de diciembre de 2012, el Municipio tuvo un subejercicio del 28.4% de los recursos asignados; se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias por 4 millones 292 mil pesos y se hicieron pagos en exceso por 342 mil 200 pesos, razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación dictaminó de manera negativa el informe, e instruyó a la Contraloría General Municipal de Mulegé, “para que inicie un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. C.M./FISM2012/03/2013”

La administración mulegina, dice el informe, contribuyó marginalmente al logro de los objetivos establecidos en la política pública, “en virtud de que destinó sólo el  6.2% de los recursos del FISM en infraestructura básica (agua potable y electrificación), lo que contrasta con la cobertura de servicios básicos en el municipio, ya que los déficits en esos rubros son los siguientes: 11.9% en agua potable, 18.5% en drenaje, 6.0% en electrificación y 5.2% en vivienda”

Además de que sólo el 74.0% del total de las viviendas del territorio disponen de agua,  drenaje y electricidad, el municipio destinó recursos del fondo en los rubros de agua potable el 1.9% y en  electrificación el 4.3%, por lo que no contribuyeron a abatir los déficits que presentó para el año 2010 en la materia, los cuales alcanzaron el 11.9% en agua potable, 18.5% en drenajes y letrinas, 6.0%, en electrificación y 5.2% en mejoramiento de vivienda (piso firme). El 89.7 por ciento de los recursos se usaron para caminos rurales.

Asimismo, se determinaron pagos en exceso en la obra denominada Rehabilitación y

Conservación de Caminos Rurales de la Sierra del Norte, por la cantidad de 342 mil 200 pesos, dinero que se exigió (con los intereses generados) fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación, y se inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos,  “y para tales efectos, se integró el expediente núm. C.M./FISM2012/13/2013”

Por tanto, dice la ASF, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 345mil 009 pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otro lado, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados hizo una severa crítica sobre las debilidades administrativas del Municipio de Mulegé, ya que entre otros carece de mecanismos de control para garantizar que los expedientes de obra contengan toda la información y documentación establecida en la normativa; faltan mecanismos de control para evitar transferencias de recursos entre cuentas; no hay evidencia de que se realice una supervisión a las actividades de los recursos del fondo; carece de mecanismos de control para conservar y resguardar la información y documentación generada por las operaciones realizadas con los recursos del fondo; son insuficientes los mecanismos de control para la adjudicación de las obras y carece de mecanismos de control para asegurarse de que las estimaciones contengan la información y documentación establecida.

Adicionalmente, mediante el oficio 12-D-03002-14-0735-03-001, la ASF solicitó al municipio de Mulegé “aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2013 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2012, por 500 mil pesos.

En el apartado de transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo, la Auditoría informa que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información  trimestral relacionada con el ejercicio del segundo y tercer trimestre en el formato único; pero no reportó el primer y cuarto trimestre, y del formato de avance de indicadores y a nivel fondo en ninguno de los cuatro trimestres. La Contraloría General Municipal de Mulegé, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número C.M./FISM2012/07/2013; asimismo, “el Municipio instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a las áreas responsables de la gestión del fondo, con el fin de que implementen  las acciones suficientes para evitar la recurrencia de la irregularidad señalada”

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación informa que el municipio adquirió, mediante el procedimiento de adjudicación directa, lámparas, balastros, brazos, difusores y cable para la obra denominada “Rehabilitación de Alumbrado Público de Cobertura Municipal, del Municipio de Mulegé”, sin proporcionar evidencia de haber asegurado al municipio las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

La Contraloría General Municipal de Mulegé, Baja California Sur, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. C.M./FISM2012/15/2013; asimismo, el Municipio instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a las áreas responsables de la gestión del fondo, con el fin de que implementen las acciones suficientes para evitar la recurrencia de la irregularidad señalada.