22 millones anuales gasta la SEP en mantener “comisionados” del SNTE
Tulio Ortiz Uribe
La Secretaría de Educación Pública del estado eroga 22 millones 432 mil 405 pesos anuales, por 60 comisionados en la Sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesar de que la normatividad establece que las licencias por comisión sindical son sin goce de sueldo.
Dicha cantidad podría ser mayor, ya que a partir del 15 de enero de este año se concedió licencia sindical a 317 docentes y personal administrativo. El costo por estas licencias fue de 2 millones 398 mil 873 pesos, tan solo en el primer trimestre, como se puede ver en la página http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Entidad_Licencias.aspx.
Se comenta en círculos políticos que estos trabajadores fueron utilizados como promotores del voto en el pasado proceso electoral, a través del Partido Nueva Alianza (Panal), en una operación autorizada por el gobernador Narciso Agúndez y el secretario de educación, Omar Castro Cota. Como se sabe, Nueva Alianza es propiedad de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Esos 22 millones de pesos, que se toman del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y que deberían servir para el desarrollo de la educación, es la misma cantidad que el gobierno del estado invierte en: becas para estudiantes (14 millones 641mil pesos); pensiones humanitarias (2 millones 400 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4 millones 152 mil); ecología y medio ambiente (143 mil 796); Centro de integración juvenil (21 mil 376) y unidad estatal de protección civil 1 millón 753 mil pesos).
De los 60 comisionados que laboran en la sección sindical (9 administrativos, 11 directivos y 40 docentes), 37 tienen nombramiento de “colegiado”; otros operan como personal de apoyo (secretarias, choferes y ayudantes), pero al resto no se le conoce ninguna actividad.
Tal es el caso del profesor Alfredo Reyes Cervantes, quien recientemente fue nombrado Secretario Técnico del Ayuntamiento de La Paz por la presidenta Esthela Ponce Beltrán. De acuerdo con el padrón de maestros publicado por la SEP en su sitio de Internet, Reyes Cervantes tiene asignadas 18 plazas como docente de educación secundaria, y devenga trimestralmente sin trabajar 152 mil 496 pesos. Fue secretario de Educación Pública en el sexenio de Guillermo Mercado Romero, delegado sindical en Nayarit y dirigente seccional en el Estado.
Otro caso representativo del poder que ejerce el SNTE sobre las autoridades de la SEP, es el del profesor Pedro Graciano Osuna López, a quien se le concedió una licencia para “asuntos particulares” del 15 de enero al 31 de diciembre de este año, pero cobra 106 mil 938 pesos trimestralmente con la plaza 1104070313CF0100500.0300003, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP, como se puede ver en
http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Personas_Nomina.aspx.
Simultáneamente, recibe honorarios como director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. En abril de 2010 fue denunciado por el empresario Marcos Ramírez Mares por corrupción, ya que supuestamente pedía una comisión del 10 por ciento para adjudicar contratos de obra. Osuna López fue presidente municipal de Mulegé en el trienio 2005-2008.
Guadalupe Agúndez Reséndiz, quien tiene 10 plazas e ingresos por 95 mil 330 pesos, cuenta con licencia hasta el 31 de diciembre de este año, pero no se le asignaron funciones en la sección sindical. Tiene cuatro plazas de profesor de secundaria con 57 horas semana/mes; cinco plazas de profesor de secundaria técnica que suman 84 horas semana/mes y una plaza de profesor normalista con 20 horas.
Christian Castañeda Gorosave cuenta con ocho plazas de profesor de secundaria que suman 31 horas, y tuvo ingresos por 55 mil 432 pesos de enero a marzo de este año. Tampoco aparece en el directorio de la sección sindical.
Pidió la ASF devuelver dinero gastado en comisionados sindicales
Se calcula que el SNTE, la agrupación magisterial más grande de América Latina, recibe anualmente mil 800 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, por lo que no tendría problema alguno para pagar los servicios de sus comisionados en todo el país. Sin embargo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, se destinan 457 millones 601 mil 300 pesos anuales para 4 mil 622 trabajadores que laboran para ese organismo sindical. La sección III en el estado, recibe más de 12 millones de pesos al año, por concepto de cuotas sindicales de sus agremiados.
La fracción 8 del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que los patrones estarán obligados a conceder licencias a los trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad para el desempeño de comisiones sindicales y que éstas se otorgarán atendiendo al reglamento de las condiciones de trabajo.
El reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP, en su artículo 51 señala que las licencias para realizar tareas sindicales serán “sin goce de sueldo”. Asimismo, el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de esa dependencia federal, reitera en el numeral 25.3 que las licencias para comisión sindical serán sin goce de salario. La normatividad sólo permite las licencias con goce de salario en los casos de gravidez, beca, invalidez y por trámite de pensión o jubilación.
Ya desde 2008 la Auditoria Superior de la Federación había llamado la atención de la SEP estatal por haber pagado a los trabajadores comisionados en la sección sindical. La ASF emitió el pliego de observación 08-A-03000-02-0093-06-017, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, “para la realización de 4,025 pagos, a 78 trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo al sindicato, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, vigente en el ejercicio fiscal 2008”
Se sirven con la cuchara grande
Mientras cientos de profesores esperan la asignación de una plaza definitiva vía dictamen de la comisión paritaria SEP-SNTE, el grupo de 60 comisionados sindicales tienen en propiedad un total de 260 plazas.
El profesor con licencia, Guillermo Aguilar Villavicencio, Secretario General de la Sección III, aparece en nómina ordinaria con un ingreso de 300 mil 321 pesos de ingresos brutos anuales. Ocupa las plazas 11007031200.0 E0281030137, de maestro de grupo de primaria foráneo, la 11007480303.0 E1065030001 como profesor de enseñanzas artísticas elementales y la plaza 11007480304.0 E0463030031 como profesor de enseñanza secundaria técnica. Además se sabe que él y los colegiados de Administración y Finanzas y el de Organización, reciben 50, 40 y 30 mil pesos mensuales respectivamente, que les envía el Comité Ejecutivo Nacional.
Juan Manuel Manríquez Olivas, Colegiado de Administración y Finanzas, cobra mensualmente 36 mil 786 pesos por cinco plazas docentes, cuatro de secundaria y una de primaria. Javier Carballo Aguilar, Colegiado de Organización IV, tiene 12 plazas docentes y por nómina ordinaria cobró en el primer trimestre de este año, 106 mil 108 pesos. Luz Berain Aguirre, colegiada de organización de la región IX (Cabo San Lucas), cobra también como profesora de la Secundaria Técnica 16, con un ingreso trimestral de 106 mil 405 pesos.
Blanca Esthela Meza Torres, colegiada de Administración y Finanzas en el equipo sindical de Aguilar Villavicencio, y quien fue registrada por el Panal como candidata al gobierno del estado en la pasada contienda, tiene licencia sindical en seis plazas docentes de secundaria (40 horas). Sus ingresos son de 95 mil 980 pesos.
Hay casos extraordinarios e inexplicables como el de la profesora María Dolores León Almanza, colegiada de Telesecundaria, quien cuenta con ocho plazas cuyo número de horas semana/mes están fuera de toda normatividad: profesora de educación secundaria (4 plazas) con 40 horas; profesora de telesecundaria con 39 horas; profesora de secundaria técnica con 40 horas, profesora investigadora de enseñanza superior titular “C” y profesora de educación primaria.
Pero también hay una larga lista de trabajadores de la SEP que cuentan con licencia sindical pagada y que al mismo tiempo desempeñan una función en el gobierno del estado, municipios u otros organismos. El profesor Noé de la Rosa Escalante, a quien se le dio una prórroga de licencia sindical a partir del 15 de enero de este año para contender como candidato del PRD a diputado por el Distrito 5, cobra por sus plazas docentes en nómina ordinaria 22 mil 313 pesos y 44 mil 895 por nómina extraordinaria. También devenga un salario como Director Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental en Los Cabos, premio de consolación que se le dio por haber perdido las elecciones.
El profesor Marco Antonio Hirales, quien fungió seis años como director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte en el sexenio de Narciso Agúndez, y cuatro con Leonel Cota, cobró también con licencia sindical 64 mil 779 pesos con tres plazas de profesor de educación secundaria (11047483 E07634030005, 074803 E0463030030345 y 074803 E0463030030345) .
Florentino Aguilar Aguilar es un profesor que cobra mensualmente en la escuela secundaria José Pilar Cota Carrillo. Pero nunca asiste a clases. El 15 de enero se le prorrogó su licencia sindical hasta el último día del año. Sus cheques llevan las claves presupuestales 1104074713E036301.0030048 y 1104074713 E03635030093. En la lista de personal adscrito al centro de trabajo, no aparece su nombre.
Pero también trabaja en el Instituto Estatal Electoral. Fue designado por el Congreso del Estado como consejero electoral propietario el 8 de febrero de 2006, en sustitución del también profesor Luis Alamillo Vargas.
José María Avilés Castro, fue presidente municipal suplente de La Paz, en la administración de Rosa Delia Cota Montaño, 2008-2011, mediante una licencia sindical con cargo al presupuesto de la SEP.
Al profesor Jorge Miguel Cota Katzenstein se le dio una prórroga de licencia por comisión sindical, hasta el 31 de diciembre de este año. Cuenta con dos plazas de maestro de primaria. No se reportan ingresos, pero tampoco tiene asignada comisión sindical.
Conceden amparo a grupo disidente
El pasado mes de julio el profesor Esteban Ojeda Ramírez, del llamado Comité Seccional Democrático de la Sección III del SNTE, una organización paralela a la sección sindical de Aguilar Villavicencio, informó a la prensa que el Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, les otorgó el amparo 281/2011, que deja sin efectos el laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de Guillermo Aguilar y su comité seccional, por lo que éstos, al decir de Ojeda Ramírez, “quedan en la ilegalidad y consecuentemente se debe revocar la toma de nota que indebidamente les fue otorgada”.
Como se sabe, en marzo de 2008 debió realizarse el VII Congreso Seccional Extraordinario para el cambio de la dirigencia del SNTE en el estado, pero ante la posibilidad de perder las elecciones con la disidencia, el grupo de Elba Esther Gordillo realizó un falso Congreso en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron al profesor Guillermo Aguilar Villavicencio como Secretario General.
Ante esto, los delegados democráticos organizados tomaron las instalaciones sindicales, y demandaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la reposición del Congreso.
jueves, 1 de septiembre de 2011
sábado, 20 de agosto de 2011
Las nuevas guerras de Estados Unidos
Marcelo Colussi (Rebelión.org)
En cualquier lugar del mundo, toda época histórica ha tenido su imperio dominante. El siglo XX no fue la excepción, siendo los Estados Unidos quienes jugaron ese papel. La entrada del nuevo siglo, sin embargo, plantea el interrogante respecto a si ese país seguirá haciendo las veces de potencia hegemónica, cómo y de qué manera.
Una primera aproximación a su reciente rendimiento económico indica que el gigante no está en expansión, no está en crecimiento sostenido como lo estuvo durante déca-das desde mediados del siglo XIX. Ello no significa que esté en franca caída, pero sí muestra una tendencia: muy probablemente ha pasado su apogeo. El mismo coincide con la cúspide de su producción petrolera, para mediados de la década de los 70 del pasado siglo.
Ahora bien: en las oficinas de planificación estratégica tanto de sus grandes corporaciones (el gobierno de hecho) como gubernamentales (el de derecho), esto ya se sabe. La aparición de nuevos actores cargados de bríos -la Unión Europea, China- son los factores que amenazan con destronar a Washington de su sitial de locomotora de la humanidad. Las respuestas, por cierto, no se han hecho esperar.
Apenas terminada la Guerra Fría, los sectores más conservadores de la clase dirigente estadounidense se dieron a la tarea de aprovechar esa coyuntura: habiendo salido ganadores de aquella contienda con el rival socialista, el paso inmediato fue aprovechar ese nuevo escenario para consolidar el liderazgo amenazado. Nace así el proyecto de dominación militar del mundo, a la que el partido republicano le es perfectamente funcional.
Con dos administraciones republicanas del presidente Bush seguidas -la segunda avalada por el voto popular incluso y no producto del fraude como en las anteriores elecciones del 2000- ese proyecto se consolidó, no encontrando de momento rival alguno en el campo bélico, siendo además muy difícil que en términos concretos lo pueda encontrar.
Hoy por hoy, la fuerza de los Estados Unidos se basa en las guerras. En todo senti-do: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra, y su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas e imposición de reglas de juego económicas y políticas a escala global) también depende de ellas. Hoy día Washington ne-cesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. Es más: sin las guerras no podría siquiera mantenerse.
La militarización va ganando paulatinamente todos los ámbitos; el económico, el primero. Y de ello se siguen otras esferas: la política, la social, la cultural. La imagen del guerrero americano -por cierto, siempre victorioso, varón y bien peinado- ha pasado a ser ícono de la sociedad estadounidense. La necesidad de las guerras se ha tornado imperiosa en el nuevo diseño geoestratégico de la gran potencia, tal como ha pasado sistemáticamente con todos los grandes imperios de la historia, preámbulo, por otro lado, de sus próximas decadencias.
Estados Unidos no está derrotado, en absoluto. Pero ha iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos que muestran insostenibilidad en el largo plazo: su déficit fiscal es impagable, su nivel de consumo es irreal (se gasta más de lo que se produce), su grandeza depende de la guerra.
Y esto último es un elemento definitorio: no hay economía sana que esté en dependencia de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae.
La estrategia en curso con el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca -y por tanto el mundo- consiste en desplegar fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fueras armadas estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma de todo el resto del mundo) y guerras preventivas como parte definitoria de la iniciativa. A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto) Washington se asegura cuatro cosas: 1) recursos vitales (energéticos, agua, materiales innovadores), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe, 3) movimiento en su economía interna con una formidable industria bélica que no se detiene, y 4) negocios.
La guerra es negocio, así de simple. Negocio para las grandes corporaciones fabricantes de armamentos, desde ya. Negocio también para las empresas que dependen de los recursos saqueables (petroleras, las que manejan los recursos hídricos -futuro gran negocio del siglo XXI-, las de comunicaciones de avanzada, las que rapiñan biodiversidad, etc.), y negocio para toda la lógica que ha ido construyendo el imperialismo en esta última década consistente en destruir militarmente para luego reconstruir.
Irak es el ejemplo más ilustrativo, y seguramente el punto de partida del modelo de nuevas guerras por venir. Petróleo, agua, bases estratégicas, y muchos, muchísimos negocios. Destruido un país hay que volver a ponerlo en pie, y ahí están los multimillonarios contratos que ofrece la administración republicana a sus empresas (y en muy menor medida a sus socios) para hacer (rehacer) de todo: servicios públicos, infraestructura básica, seguridad. Incluso alimentación: los invadidos -eufemísticamente llamados "liberados"- iraquíes son forzados a consumir alimentos transgénicos producidos por compañías de Estados Uni-dos sin permitírseles a los agricultores locales ni siquiera acopiar semilla. En otros térmi-nos: estamos ahora ante guerras que ya no son sólo de conquista de territorio para el saqueo sino que transforman el país invadido en un rehén absoluto para ir a hacer negocio permitiéndosele a la población derrotada, cuanto más, ser mano de obra barata.
En base a ese modelo (destruir para reconstruir), y en base a las ganancias que para algunos grupos hegemónicos resulta la producción interminable de material bélico, la clase dominante norteamericana intenta forjar hoy su escenario de dominación mundial. Es desesperanzador, sin dudas; sabiamente dijeron los latinos que "si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra". Lo que para los pueblos del mundo se ve en el corto y mediano plazo no es muy prometedor precisamente; puede asustar incluso. La guerra no va a dejar de ser una constante, guerras preventivas, localizadas, con armamentos cada vez más sofis-ticados (biológicos, químicos) no descartándose incluso la aplicación del arma atómica reducida. El nuevo fantasma del "terrorismo" ya preparó el camino, más que la amenaza co-munista, más que el narcotráfico, y no hay rincón del planeta que no sea invadible.
Pero David pudo vencer a Goliat, no olvidemos.
En cualquier lugar del mundo, toda época histórica ha tenido su imperio dominante. El siglo XX no fue la excepción, siendo los Estados Unidos quienes jugaron ese papel. La entrada del nuevo siglo, sin embargo, plantea el interrogante respecto a si ese país seguirá haciendo las veces de potencia hegemónica, cómo y de qué manera.
Una primera aproximación a su reciente rendimiento económico indica que el gigante no está en expansión, no está en crecimiento sostenido como lo estuvo durante déca-das desde mediados del siglo XIX. Ello no significa que esté en franca caída, pero sí muestra una tendencia: muy probablemente ha pasado su apogeo. El mismo coincide con la cúspide de su producción petrolera, para mediados de la década de los 70 del pasado siglo.
Ahora bien: en las oficinas de planificación estratégica tanto de sus grandes corporaciones (el gobierno de hecho) como gubernamentales (el de derecho), esto ya se sabe. La aparición de nuevos actores cargados de bríos -la Unión Europea, China- son los factores que amenazan con destronar a Washington de su sitial de locomotora de la humanidad. Las respuestas, por cierto, no se han hecho esperar.
Apenas terminada la Guerra Fría, los sectores más conservadores de la clase dirigente estadounidense se dieron a la tarea de aprovechar esa coyuntura: habiendo salido ganadores de aquella contienda con el rival socialista, el paso inmediato fue aprovechar ese nuevo escenario para consolidar el liderazgo amenazado. Nace así el proyecto de dominación militar del mundo, a la que el partido republicano le es perfectamente funcional.
Con dos administraciones republicanas del presidente Bush seguidas -la segunda avalada por el voto popular incluso y no producto del fraude como en las anteriores elecciones del 2000- ese proyecto se consolidó, no encontrando de momento rival alguno en el campo bélico, siendo además muy difícil que en términos concretos lo pueda encontrar.
Hoy por hoy, la fuerza de los Estados Unidos se basa en las guerras. En todo senti-do: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra, y su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas e imposición de reglas de juego económicas y políticas a escala global) también depende de ellas. Hoy día Washington ne-cesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. Es más: sin las guerras no podría siquiera mantenerse.
La militarización va ganando paulatinamente todos los ámbitos; el económico, el primero. Y de ello se siguen otras esferas: la política, la social, la cultural. La imagen del guerrero americano -por cierto, siempre victorioso, varón y bien peinado- ha pasado a ser ícono de la sociedad estadounidense. La necesidad de las guerras se ha tornado imperiosa en el nuevo diseño geoestratégico de la gran potencia, tal como ha pasado sistemáticamente con todos los grandes imperios de la historia, preámbulo, por otro lado, de sus próximas decadencias.
Estados Unidos no está derrotado, en absoluto. Pero ha iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos que muestran insostenibilidad en el largo plazo: su déficit fiscal es impagable, su nivel de consumo es irreal (se gasta más de lo que se produce), su grandeza depende de la guerra.
Y esto último es un elemento definitorio: no hay economía sana que esté en dependencia de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae.
La estrategia en curso con el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca -y por tanto el mundo- consiste en desplegar fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fueras armadas estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma de todo el resto del mundo) y guerras preventivas como parte definitoria de la iniciativa. A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto) Washington se asegura cuatro cosas: 1) recursos vitales (energéticos, agua, materiales innovadores), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe, 3) movimiento en su economía interna con una formidable industria bélica que no se detiene, y 4) negocios.
La guerra es negocio, así de simple. Negocio para las grandes corporaciones fabricantes de armamentos, desde ya. Negocio también para las empresas que dependen de los recursos saqueables (petroleras, las que manejan los recursos hídricos -futuro gran negocio del siglo XXI-, las de comunicaciones de avanzada, las que rapiñan biodiversidad, etc.), y negocio para toda la lógica que ha ido construyendo el imperialismo en esta última década consistente en destruir militarmente para luego reconstruir.
Irak es el ejemplo más ilustrativo, y seguramente el punto de partida del modelo de nuevas guerras por venir. Petróleo, agua, bases estratégicas, y muchos, muchísimos negocios. Destruido un país hay que volver a ponerlo en pie, y ahí están los multimillonarios contratos que ofrece la administración republicana a sus empresas (y en muy menor medida a sus socios) para hacer (rehacer) de todo: servicios públicos, infraestructura básica, seguridad. Incluso alimentación: los invadidos -eufemísticamente llamados "liberados"- iraquíes son forzados a consumir alimentos transgénicos producidos por compañías de Estados Uni-dos sin permitírseles a los agricultores locales ni siquiera acopiar semilla. En otros térmi-nos: estamos ahora ante guerras que ya no son sólo de conquista de territorio para el saqueo sino que transforman el país invadido en un rehén absoluto para ir a hacer negocio permitiéndosele a la población derrotada, cuanto más, ser mano de obra barata.
En base a ese modelo (destruir para reconstruir), y en base a las ganancias que para algunos grupos hegemónicos resulta la producción interminable de material bélico, la clase dominante norteamericana intenta forjar hoy su escenario de dominación mundial. Es desesperanzador, sin dudas; sabiamente dijeron los latinos que "si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra". Lo que para los pueblos del mundo se ve en el corto y mediano plazo no es muy prometedor precisamente; puede asustar incluso. La guerra no va a dejar de ser una constante, guerras preventivas, localizadas, con armamentos cada vez más sofis-ticados (biológicos, químicos) no descartándose incluso la aplicación del arma atómica reducida. El nuevo fantasma del "terrorismo" ya preparó el camino, más que la amenaza co-munista, más que el narcotráfico, y no hay rincón del planeta que no sea invadible.
Pero David pudo vencer a Goliat, no olvidemos.
lunes, 25 de julio de 2011
Turismo: políticas públicas, beneficios privados
Tulio Ortiz Uribe
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
______________________________________
1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
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1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
sábado, 23 de julio de 2011
Las redes de corrupción en el gobierno de Agúndez
Tulio Ortiz Uribe
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
viernes, 8 de julio de 2011
Opacidad e indolencia, en el ITAI estatal
Tulio Ortiz Uribe
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
sábado, 25 de junio de 2011
Sigue el saqueo de recursos estratégicos en el estado
Tulio Ortiz Uribe
Santa Rosalía, BCS.-La historia se repite. Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo en donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las empresas trasnacionales. El trabajo y las materias primas se enganchan a la cadena mundial de acumulación de capital: invertirán mil 300 millones de dólares, pero se llevarán beneficios por 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma.
Baja Mining Corp. promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida. Pero en el gobierno federal no se ponen de acuerdo o alguien está mintiendo. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari, los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Y agrega que “los empleos de calidad, como los que producirá la minera “El Boleo”, son el mejor camino para elevar la calidad de vida de los mexicanos”. Sin embargo estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), muestran que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre los 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista. Bajo esta perspectiva, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad de lo que recibe un empleado de comercio.
Así es hoy y así fue ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. En cambio, todas las concesiones para ellos: exención de todos los impuestos federales y locales por veinte años; cero impuestos durante cincuenta años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos.
Así fue ayer y así es hoy. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc.
Todo sin costo para los inversionistas que, “gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida”, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde el 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; el 6 por ciento es analfabeta; el 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; el 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; el 20 por ciento no cuenta con agua potable; el 22 por ciento sin drenaje; el 42 por ciento no tienen lavadora y el 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición.
Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto ejecutivo del consorcio canadiense-coreano-japonés: “Excelente apoyo federal, estatal y local” (Excellent federal, state and local support); y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar.
No podía ser de otra forma, con el “excelente apoyo” que reciben de las autoridades. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos dice: “Los Titulares de Concesiones y Asignaciones Mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las cuotas siguientes: durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 08 centavos por hectárea… del décimo año en adelante 111 pesos. La concesión abarca 20 mil hectáreas, así que los nuevos “inversionistas” pagarán por derechos de uso minero 200 mil pesos anuales en los dos primeros años; del décimo año en adelante 4 millones 440 mil pesos anuales. Una ganga si pensamos que 50 mil toneladas de cobre, a un precio actual de 9 mil dólares la tonelada en el mercado internacional, representa, tan sólo por este mineral, 450 millones de dólares por año.
Pero siguen las buenas noticias. Para los inversionistas, claro. Dice un cable de prensa: “A pesar de una expectativa de menores importaciones de China, por un menor ritmo de crecimiento económico en 2011, el precio del cobre podría crecer 48.7% anual, lo que lo llevaría a 11 mil 250 dólares por tonelada, estima Bank of America Merrill Lynch”. Sí, ellos saben cuándo y dónde invertir.
A principio del siglo pasado, la mina El Boleo llegó a aportar el 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Tan sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa.
Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Hoy en día el consumo mundial de minerales es alto. La demanda crece más allá de la oferta y los precios suben. El capital no puede estar ocioso, debe multiplicarse. Aún hay mucho para llevarse. Con las nuevas tecnologías, en 20 años extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil toneladas de cobalto y 500 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo con un valor de 10 mil 500 millones de dólares a precios actuales. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? ¿Por qué el gobierno mexicano no alienta la inversión nacional y el desarrollo de tecnologías que permitan la industrialización de regiones mineras, y que se le añada valor a las materias primas?
Para Mónica Bruckmann, investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, “este proceso no puede ser entendido, en su dinámica más compleja, fuera de las estructuras de poder económico y político a nivel mundial… El desarrollo tecnológico está condicionado y manipulado por estas estructuras de poder, que politizan la naturaleza en función de sus objetivos. La enorme acumulación histórica de conocimiento se convierte en un instrumento de dominación extremamente poderoso”
Y agrega: “El sistema mundial basado en la división internacional del trabajo entre las zonas industriales y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hegemónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas o dependientes… Así, la elaboración industrial de las materias primas que exportaban los países periféricos tendió a ser la menor posible, consolidando y ampliando la dependencia económica, pero también la dependencia científica y tecnológica de estas regiones”
Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra.
Pero los pobladores no pierden su capacidad de soñar. Ya vendrán tiempos mejores, dirán. Empleos al costo que sea. La historia se repite.
Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”
Y los nuevos conquistadores continúan con el festín. Saque usted las cuentas: al 15 de junio el precio de una libra de cobre se cotizaban en 9 mil dólares; producirán 50 mil toneladas anuales: 450 millones de dólares. La tonelada de cobalto, 33 mil 500 dólares, producirán mil 700 toneladas anuales: 57 millones de dólares. El precio del sulfato de cinc 500 dólares la tonelada: producción anual 25 mil toneladas: 12 millones 500 mil dólares. Estos tres productos redituarán anualmente 520 millones de dólares
Mientras continuemos con un modelo de exportaciones de materia prima de bajo valor agregado, el ciclo de auge y declive de las poblaciones mineras del estado continuará hasta el agotamiento total de las vetas. Se requiere una estrategia de industrialización de los recursos naturales basada en el desarrollo tecnológico para exportar productos terminados y no materias primas.
Pero para esto se necesitan gobiernos independientes que defiendan los intereses nacionales. Es un asunto de soberanía que requiere la integración de los pueblos y de los movimientos populares, con un creciente poder de presión social y participación en la elaboración de políticas públicas. La socióloga Bruckmann lo dice de esta forma: “En este contexto, un principio que adquiere cada vez mayor centralidad es el de la soberanía, como la capacidad de autodeterminación de los Estados, las naciones, los pueblos y las comunidades. Esta soberanía significa también la apropiación de la gestión económica y científica de los recursos naturales, que permita elaborar estrategias de desarrollo a partir de un inventario regional de los minerales…”
Finalmente, una cita de Galeano: “Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron porque nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”
Santa Rosalía, BCS.-La historia se repite. Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo en donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las empresas trasnacionales. El trabajo y las materias primas se enganchan a la cadena mundial de acumulación de capital: invertirán mil 300 millones de dólares, pero se llevarán beneficios por 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma.
Baja Mining Corp. promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida. Pero en el gobierno federal no se ponen de acuerdo o alguien está mintiendo. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari, los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Y agrega que “los empleos de calidad, como los que producirá la minera “El Boleo”, son el mejor camino para elevar la calidad de vida de los mexicanos”. Sin embargo estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), muestran que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre los 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista. Bajo esta perspectiva, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad de lo que recibe un empleado de comercio.
Así es hoy y así fue ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. En cambio, todas las concesiones para ellos: exención de todos los impuestos federales y locales por veinte años; cero impuestos durante cincuenta años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos.
Así fue ayer y así es hoy. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc.
Todo sin costo para los inversionistas que, “gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida”, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde el 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; el 6 por ciento es analfabeta; el 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; el 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; el 20 por ciento no cuenta con agua potable; el 22 por ciento sin drenaje; el 42 por ciento no tienen lavadora y el 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición.
Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto ejecutivo del consorcio canadiense-coreano-japonés: “Excelente apoyo federal, estatal y local” (Excellent federal, state and local support); y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar.
No podía ser de otra forma, con el “excelente apoyo” que reciben de las autoridades. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos dice: “Los Titulares de Concesiones y Asignaciones Mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las cuotas siguientes: durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 08 centavos por hectárea… del décimo año en adelante 111 pesos. La concesión abarca 20 mil hectáreas, así que los nuevos “inversionistas” pagarán por derechos de uso minero 200 mil pesos anuales en los dos primeros años; del décimo año en adelante 4 millones 440 mil pesos anuales. Una ganga si pensamos que 50 mil toneladas de cobre, a un precio actual de 9 mil dólares la tonelada en el mercado internacional, representa, tan sólo por este mineral, 450 millones de dólares por año.
Pero siguen las buenas noticias. Para los inversionistas, claro. Dice un cable de prensa: “A pesar de una expectativa de menores importaciones de China, por un menor ritmo de crecimiento económico en 2011, el precio del cobre podría crecer 48.7% anual, lo que lo llevaría a 11 mil 250 dólares por tonelada, estima Bank of America Merrill Lynch”. Sí, ellos saben cuándo y dónde invertir.
A principio del siglo pasado, la mina El Boleo llegó a aportar el 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Tan sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa.
Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Hoy en día el consumo mundial de minerales es alto. La demanda crece más allá de la oferta y los precios suben. El capital no puede estar ocioso, debe multiplicarse. Aún hay mucho para llevarse. Con las nuevas tecnologías, en 20 años extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil toneladas de cobalto y 500 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo con un valor de 10 mil 500 millones de dólares a precios actuales. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? ¿Por qué el gobierno mexicano no alienta la inversión nacional y el desarrollo de tecnologías que permitan la industrialización de regiones mineras, y que se le añada valor a las materias primas?
Para Mónica Bruckmann, investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, “este proceso no puede ser entendido, en su dinámica más compleja, fuera de las estructuras de poder económico y político a nivel mundial… El desarrollo tecnológico está condicionado y manipulado por estas estructuras de poder, que politizan la naturaleza en función de sus objetivos. La enorme acumulación histórica de conocimiento se convierte en un instrumento de dominación extremamente poderoso”
Y agrega: “El sistema mundial basado en la división internacional del trabajo entre las zonas industriales y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hegemónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas o dependientes… Así, la elaboración industrial de las materias primas que exportaban los países periféricos tendió a ser la menor posible, consolidando y ampliando la dependencia económica, pero también la dependencia científica y tecnológica de estas regiones”
Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra.
Pero los pobladores no pierden su capacidad de soñar. Ya vendrán tiempos mejores, dirán. Empleos al costo que sea. La historia se repite.
Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”
Y los nuevos conquistadores continúan con el festín. Saque usted las cuentas: al 15 de junio el precio de una libra de cobre se cotizaban en 9 mil dólares; producirán 50 mil toneladas anuales: 450 millones de dólares. La tonelada de cobalto, 33 mil 500 dólares, producirán mil 700 toneladas anuales: 57 millones de dólares. El precio del sulfato de cinc 500 dólares la tonelada: producción anual 25 mil toneladas: 12 millones 500 mil dólares. Estos tres productos redituarán anualmente 520 millones de dólares
Mientras continuemos con un modelo de exportaciones de materia prima de bajo valor agregado, el ciclo de auge y declive de las poblaciones mineras del estado continuará hasta el agotamiento total de las vetas. Se requiere una estrategia de industrialización de los recursos naturales basada en el desarrollo tecnológico para exportar productos terminados y no materias primas.
Pero para esto se necesitan gobiernos independientes que defiendan los intereses nacionales. Es un asunto de soberanía que requiere la integración de los pueblos y de los movimientos populares, con un creciente poder de presión social y participación en la elaboración de políticas públicas. La socióloga Bruckmann lo dice de esta forma: “En este contexto, un principio que adquiere cada vez mayor centralidad es el de la soberanía, como la capacidad de autodeterminación de los Estados, las naciones, los pueblos y las comunidades. Esta soberanía significa también la apropiación de la gestión económica y científica de los recursos naturales, que permita elaborar estrategias de desarrollo a partir de un inventario regional de los minerales…”
Finalmente, una cita de Galeano: “Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron porque nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”
sábado, 21 de mayo de 2011
El gobierno de NAM, financió al millonario sindicato de Elba Esther Gordillo
Tulio Ortiz Uribe
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
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