Tulio Ortiz Uribe
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
______________________________________
1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
lunes, 25 de julio de 2011
sábado, 23 de julio de 2011
Las redes de corrupción en el gobierno de Agúndez
Tulio Ortiz Uribe
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
viernes, 8 de julio de 2011
Opacidad e indolencia, en el ITAI estatal
Tulio Ortiz Uribe
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
sábado, 25 de junio de 2011
Sigue el saqueo de recursos estratégicos en el estado
Tulio Ortiz Uribe
Santa Rosalía, BCS.-La historia se repite. Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo en donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las empresas trasnacionales. El trabajo y las materias primas se enganchan a la cadena mundial de acumulación de capital: invertirán mil 300 millones de dólares, pero se llevarán beneficios por 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma.
Baja Mining Corp. promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida. Pero en el gobierno federal no se ponen de acuerdo o alguien está mintiendo. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari, los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Y agrega que “los empleos de calidad, como los que producirá la minera “El Boleo”, son el mejor camino para elevar la calidad de vida de los mexicanos”. Sin embargo estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), muestran que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre los 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista. Bajo esta perspectiva, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad de lo que recibe un empleado de comercio.
Así es hoy y así fue ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. En cambio, todas las concesiones para ellos: exención de todos los impuestos federales y locales por veinte años; cero impuestos durante cincuenta años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos.
Así fue ayer y así es hoy. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc.
Todo sin costo para los inversionistas que, “gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida”, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde el 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; el 6 por ciento es analfabeta; el 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; el 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; el 20 por ciento no cuenta con agua potable; el 22 por ciento sin drenaje; el 42 por ciento no tienen lavadora y el 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición.
Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto ejecutivo del consorcio canadiense-coreano-japonés: “Excelente apoyo federal, estatal y local” (Excellent federal, state and local support); y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar.
No podía ser de otra forma, con el “excelente apoyo” que reciben de las autoridades. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos dice: “Los Titulares de Concesiones y Asignaciones Mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las cuotas siguientes: durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 08 centavos por hectárea… del décimo año en adelante 111 pesos. La concesión abarca 20 mil hectáreas, así que los nuevos “inversionistas” pagarán por derechos de uso minero 200 mil pesos anuales en los dos primeros años; del décimo año en adelante 4 millones 440 mil pesos anuales. Una ganga si pensamos que 50 mil toneladas de cobre, a un precio actual de 9 mil dólares la tonelada en el mercado internacional, representa, tan sólo por este mineral, 450 millones de dólares por año.
Pero siguen las buenas noticias. Para los inversionistas, claro. Dice un cable de prensa: “A pesar de una expectativa de menores importaciones de China, por un menor ritmo de crecimiento económico en 2011, el precio del cobre podría crecer 48.7% anual, lo que lo llevaría a 11 mil 250 dólares por tonelada, estima Bank of America Merrill Lynch”. Sí, ellos saben cuándo y dónde invertir.
A principio del siglo pasado, la mina El Boleo llegó a aportar el 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Tan sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa.
Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Hoy en día el consumo mundial de minerales es alto. La demanda crece más allá de la oferta y los precios suben. El capital no puede estar ocioso, debe multiplicarse. Aún hay mucho para llevarse. Con las nuevas tecnologías, en 20 años extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil toneladas de cobalto y 500 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo con un valor de 10 mil 500 millones de dólares a precios actuales. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? ¿Por qué el gobierno mexicano no alienta la inversión nacional y el desarrollo de tecnologías que permitan la industrialización de regiones mineras, y que se le añada valor a las materias primas?
Para Mónica Bruckmann, investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, “este proceso no puede ser entendido, en su dinámica más compleja, fuera de las estructuras de poder económico y político a nivel mundial… El desarrollo tecnológico está condicionado y manipulado por estas estructuras de poder, que politizan la naturaleza en función de sus objetivos. La enorme acumulación histórica de conocimiento se convierte en un instrumento de dominación extremamente poderoso”
Y agrega: “El sistema mundial basado en la división internacional del trabajo entre las zonas industriales y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hegemónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas o dependientes… Así, la elaboración industrial de las materias primas que exportaban los países periféricos tendió a ser la menor posible, consolidando y ampliando la dependencia económica, pero también la dependencia científica y tecnológica de estas regiones”
Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra.
Pero los pobladores no pierden su capacidad de soñar. Ya vendrán tiempos mejores, dirán. Empleos al costo que sea. La historia se repite.
Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”
Y los nuevos conquistadores continúan con el festín. Saque usted las cuentas: al 15 de junio el precio de una libra de cobre se cotizaban en 9 mil dólares; producirán 50 mil toneladas anuales: 450 millones de dólares. La tonelada de cobalto, 33 mil 500 dólares, producirán mil 700 toneladas anuales: 57 millones de dólares. El precio del sulfato de cinc 500 dólares la tonelada: producción anual 25 mil toneladas: 12 millones 500 mil dólares. Estos tres productos redituarán anualmente 520 millones de dólares
Mientras continuemos con un modelo de exportaciones de materia prima de bajo valor agregado, el ciclo de auge y declive de las poblaciones mineras del estado continuará hasta el agotamiento total de las vetas. Se requiere una estrategia de industrialización de los recursos naturales basada en el desarrollo tecnológico para exportar productos terminados y no materias primas.
Pero para esto se necesitan gobiernos independientes que defiendan los intereses nacionales. Es un asunto de soberanía que requiere la integración de los pueblos y de los movimientos populares, con un creciente poder de presión social y participación en la elaboración de políticas públicas. La socióloga Bruckmann lo dice de esta forma: “En este contexto, un principio que adquiere cada vez mayor centralidad es el de la soberanía, como la capacidad de autodeterminación de los Estados, las naciones, los pueblos y las comunidades. Esta soberanía significa también la apropiación de la gestión económica y científica de los recursos naturales, que permita elaborar estrategias de desarrollo a partir de un inventario regional de los minerales…”
Finalmente, una cita de Galeano: “Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron porque nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”
Santa Rosalía, BCS.-La historia se repite. Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo en donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las empresas trasnacionales. El trabajo y las materias primas se enganchan a la cadena mundial de acumulación de capital: invertirán mil 300 millones de dólares, pero se llevarán beneficios por 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma.
Baja Mining Corp. promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida. Pero en el gobierno federal no se ponen de acuerdo o alguien está mintiendo. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari, los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Y agrega que “los empleos de calidad, como los que producirá la minera “El Boleo”, son el mejor camino para elevar la calidad de vida de los mexicanos”. Sin embargo estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), muestran que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre los 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista. Bajo esta perspectiva, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad de lo que recibe un empleado de comercio.
Así es hoy y así fue ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. En cambio, todas las concesiones para ellos: exención de todos los impuestos federales y locales por veinte años; cero impuestos durante cincuenta años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos.
Así fue ayer y así es hoy. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc.
Todo sin costo para los inversionistas que, “gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida”, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde el 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; el 6 por ciento es analfabeta; el 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; el 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; el 20 por ciento no cuenta con agua potable; el 22 por ciento sin drenaje; el 42 por ciento no tienen lavadora y el 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición.
Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto ejecutivo del consorcio canadiense-coreano-japonés: “Excelente apoyo federal, estatal y local” (Excellent federal, state and local support); y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar.
No podía ser de otra forma, con el “excelente apoyo” que reciben de las autoridades. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos dice: “Los Titulares de Concesiones y Asignaciones Mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las cuotas siguientes: durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 08 centavos por hectárea… del décimo año en adelante 111 pesos. La concesión abarca 20 mil hectáreas, así que los nuevos “inversionistas” pagarán por derechos de uso minero 200 mil pesos anuales en los dos primeros años; del décimo año en adelante 4 millones 440 mil pesos anuales. Una ganga si pensamos que 50 mil toneladas de cobre, a un precio actual de 9 mil dólares la tonelada en el mercado internacional, representa, tan sólo por este mineral, 450 millones de dólares por año.
Pero siguen las buenas noticias. Para los inversionistas, claro. Dice un cable de prensa: “A pesar de una expectativa de menores importaciones de China, por un menor ritmo de crecimiento económico en 2011, el precio del cobre podría crecer 48.7% anual, lo que lo llevaría a 11 mil 250 dólares por tonelada, estima Bank of America Merrill Lynch”. Sí, ellos saben cuándo y dónde invertir.
A principio del siglo pasado, la mina El Boleo llegó a aportar el 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Tan sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa.
Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Hoy en día el consumo mundial de minerales es alto. La demanda crece más allá de la oferta y los precios suben. El capital no puede estar ocioso, debe multiplicarse. Aún hay mucho para llevarse. Con las nuevas tecnologías, en 20 años extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil toneladas de cobalto y 500 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo con un valor de 10 mil 500 millones de dólares a precios actuales. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? ¿Por qué el gobierno mexicano no alienta la inversión nacional y el desarrollo de tecnologías que permitan la industrialización de regiones mineras, y que se le añada valor a las materias primas?
Para Mónica Bruckmann, investigadora de la Cátedra y Red Unesco/Universidad de las Naciones Unidas sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable, “este proceso no puede ser entendido, en su dinámica más compleja, fuera de las estructuras de poder económico y político a nivel mundial… El desarrollo tecnológico está condicionado y manipulado por estas estructuras de poder, que politizan la naturaleza en función de sus objetivos. La enorme acumulación histórica de conocimiento se convierte en un instrumento de dominación extremamente poderoso”
Y agrega: “El sistema mundial basado en la división internacional del trabajo entre las zonas industriales y manufactureras y los países productores de materias primas, minerales estratégicos y productos agrícolas, consolidó el poder hegemónico de los países centrales y su dominio en relación a las zonas periféricas o dependientes… Así, la elaboración industrial de las materias primas que exportaban los países periféricos tendió a ser la menor posible, consolidando y ampliando la dependencia económica, pero también la dependencia científica y tecnológica de estas regiones”
Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra.
Pero los pobladores no pierden su capacidad de soñar. Ya vendrán tiempos mejores, dirán. Empleos al costo que sea. La historia se repite.
Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”
Y los nuevos conquistadores continúan con el festín. Saque usted las cuentas: al 15 de junio el precio de una libra de cobre se cotizaban en 9 mil dólares; producirán 50 mil toneladas anuales: 450 millones de dólares. La tonelada de cobalto, 33 mil 500 dólares, producirán mil 700 toneladas anuales: 57 millones de dólares. El precio del sulfato de cinc 500 dólares la tonelada: producción anual 25 mil toneladas: 12 millones 500 mil dólares. Estos tres productos redituarán anualmente 520 millones de dólares
Mientras continuemos con un modelo de exportaciones de materia prima de bajo valor agregado, el ciclo de auge y declive de las poblaciones mineras del estado continuará hasta el agotamiento total de las vetas. Se requiere una estrategia de industrialización de los recursos naturales basada en el desarrollo tecnológico para exportar productos terminados y no materias primas.
Pero para esto se necesitan gobiernos independientes que defiendan los intereses nacionales. Es un asunto de soberanía que requiere la integración de los pueblos y de los movimientos populares, con un creciente poder de presión social y participación en la elaboración de políticas públicas. La socióloga Bruckmann lo dice de esta forma: “En este contexto, un principio que adquiere cada vez mayor centralidad es el de la soberanía, como la capacidad de autodeterminación de los Estados, las naciones, los pueblos y las comunidades. Esta soberanía significa también la apropiación de la gestión económica y científica de los recursos naturales, que permita elaborar estrategias de desarrollo a partir de un inventario regional de los minerales…”
Finalmente, una cita de Galeano: “Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron porque nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”
sábado, 21 de mayo de 2011
El gobierno de NAM, financió al millonario sindicato de Elba Esther Gordillo
Tulio Ortiz Uribe
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
martes, 17 de mayo de 2011
La rapiña de Joel Villegas Ibarra
Tulio Ortiz Uribe
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
martes, 10 de mayo de 2011
El piloto de Nabor García no estaba capacitado para volar por instrumentos: SCT
Tulio Ortiz Uribe
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
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