Tulio Ortiz Uribe
Se calcula que cada mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recibe por concepto de cuotas sindicales, 150 millones de pesos (mil 800 millones anuales). Esto sin contar con otras cantidades millonarias que se le entregan para el manejo de programas educativos o de beneficio a los trabajadores, y que Elba Esther Gordillo, la secretaria general vitalicia del SNTE, maneja a su antojo y sin entregar cuentas a nadie.
En ese contexto, resulta increíble que el gobierno del estado haya gastado 4 millones 270 mil pesos en diversas obras de beneficio para el SNTE, en Ciudad Insurgentes, Loreto y Los Cabos.
Con total impunidad y pasando por encima de leyes, normas y reglamentos, el entonces gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño decidió que con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (un programa federal para la realización de proyectos de infraestructura y equipamiento que deberían repercutir en una mejor calidad de vida de los habitantes), se construyeran oficinas del SNTE.
De esta forma la Secretaría de Planeación Urbana registró los proyectos números 61 y 66 para la construcción del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el municipio de Loreto, y construcción de edificio del SNTE en el municipio de Los Cabos, con importes de 730 mil y 1 millón 460 mil pesos, ejecutados en 2008 mediante los contratos de obras públicas RP-T1-05-2008/25 y RP-T1-04-2008/24, respectivamente. Sin embargo, dice la Auditoría Superior de la Federación, las obras no se destinaron a un servicio público o uso común, sino al servicio de un sindicato, el cual se considera como una persona moral con recursos y patrimonio propios.
Posteriormente, mediante el proyecto número 79 se construyó una oficina para la Delegación Sindical del SNTE en Ciudad Insurgentes, con un importe de 1 millón 350 mil pesos, ejecutado mediante el contrato de obras públicas número FIES-T1-01-2009/21.
Pero el gobierno anterior no sólo se solazaba en gastar el dinero público en obras que le redituaban políticamente, sino que también financiaba, con el dinero de los contribuyentes, a la Iglesia católica.
Se constató que el gobierno del estado registró los proyectos 76 y 86 con cargo al Fideicomiso, para la rehabilitación del techo de la iglesia ubicada en calle Zaragoza, en Ciudad Constitución, y construcción de la iglesia de la colonia Magisterial, en la localidad de San José del Cabo, con importes de 100 mil y 1 millón 545 mil pesos, ejecutados mediante los contratos de obras públicas FIES-UE-01-2009/20 y RP-OE-04-2009/07.
Dado que las construcciones no están destinadas a un servicio público o uso común, sino al servicio de templos religiosos, considerados como organismos autónomos administrados por un patronato privado con recursos y patrimonio propios, el gobierno del estado deberá reintegrar el dinero desviado en un plazo de 30 días hábiles.
sábado, 21 de mayo de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
La rapiña de Joel Villegas Ibarra
Tulio Ortiz Uribe
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
Sumada a los raquíticos recursos económicos y a la mala administración que han enfrentado los municipios del estado, ahora hay que agregar la rapiña que los propios presidentes municipales ejercen sobre fondos federales destinados a resolver necesidades básicas de la población.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Joel Villegas Ibarra del municipio de Comondú, cometió un presunto fraude a la hacienda pública federal por 3 millones 105 mil 173 pesos.
El 21 de octubre pasado, la Dirección General de Auditoría de los Recursos Federales para los Estados y Municipios de la ASF, envió a Villegas Ibarra un acta circunstanciada (002/Rehabilitación varios caminos rurales Comondú 2010), en donde se le informa que “no se cuenta con elementos documentales pertinentes ni suficientes que permitan la identificación puntual y detallada en campo, de los trabajos reportados como ejecutados por el ente (municipio), por lo que la cuantificación y verificación de los trabajos no se efectuó”
Luego de examinar físicamente los caminos rurales que el municipio dijo haber rehabilitado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el ingeniero Jorge Silva Trigueros, representante de la ASF, explica en el acta que no se observaron trabajos de compactación con equipó mecánico, y concluye que “a simple vista no se aprecian los trabajos reportados como ejecutados”
Joel Villegas respondió el comunicado oficial diciendo que “los caminos visitados son muy antiguos, anteriormente eran brechas a lo largo del estado de Baja California Sur, que comunicaban principalmente a las Misiones, construidas por los jesuitas en todo el Estado (entre los años 1683 a 1768), por lo que nuestro Municipio se ha dado a la tarea de desde hace ya varios años de revestir casi en su totalidad estos y otros caminos con material de banco tipo caliche que abunda en nuestra región…”
Como la respuesta no satisfizo a la autoridad, se dictaminó que “Se presume un daño la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,105,173.00 pesos (tres millones ciento cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 MN.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en 11 obras cuyos expedientes unitarios no cuentan con ningún tipo de documento que permita la identificación de los trabajos, por lo que no se pudo verificar su ejecución; asimismo, en ninguno de los casos se encontraron vestigios de los trabajos, por lo que se presume que no fueron ejecutados.”
Cuando los estados o municipios no cumplen con la normatividad en materia de aplicación de fondos federales, la ASF exige la devolución de los montos desviados, antes de interponer una demanda penal.
Comondú recibió durante el 2010, 14 millones 752 mil pesos como recursos del FISM, dinero etiquetado para la creación de infraestructura de agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales o infraestructura productiva rural, obras que permiten atender a grupos marginados o en pobreza extrema. Los recursos del fondo representaron el 36.6% del total de ingresos propios municipales, constituyendo un apoyo importante para las finanzas municipales.
Los auditores federales encontraron también que las autoridades municipales orientaron otras cantidades “a trabajos de mantenimiento, no así a creación de infraestructura que beneficie a población en pobreza extrema y rezago social, los cuales no fue posible verificar por falta de documentación comprobatoria y evidencia física” y exige también la devolución de 4 millones 729 mil 719, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber ejercido recursos del FISM en obras que no benefician a la población marginada”
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ASF encontró que el municipio exhibió siete facturas, “presumiblemente apócrifas”, que amparan pagos realizados con cargo a los recursos del Fondo, por un importe de 830 mil 240 pesos, e informa al Servicio de Administración Tributaria para que audite al contribuyente con registro federal de causante MUML6305129H6, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otra irregularidad más: el municipio transfirió recursos de la cuenta bancaria específica del Fondo a otras cuentas bancarias por un total de 14 millones 752 mil pesos, de los cuales sólo se reintegraron a dicha cuenta 14 millones 285 mil 400 pesos, pero sin los rendimientos financieros correspondientes que ascienden a 390 mil 600 pesos, “por lo que queda pendiente de reintegro la diferencia del principal por 466 mil 700 pesos más los mencionados rendimientos financieros, lo que da un total de 857 mil 300 pesos”
Dictamen negativo
El órgano auditor de la Cámara de Diputados precisa que del total ejercido por el municipio de Comondú de los recursos del Fondo, el 14.7% se aplicó en obras que no beneficiaron directamente a población en pobreza extrema y rezago social y el 21.3% se aplicó en obras que están fuera de la apertura programática respectiva. Agrega que respecto de la muestra auditada el municipio de Comondú, Baja California Sur, no cumplió con las disposiciones normativas como se precisa en los resultados que se presentan en el informe, ya que además no se promovió la participación ciudadana por medio de comités de obras.
martes, 10 de mayo de 2011
El piloto de Nabor García no estaba capacitado para volar por instrumentos: SCT
Tulio Ortiz Uribe
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
Jaime Real Cossío, piloto del avión accidentado el 17 de octubre de 2008 en el estado de Nuevo León, en el que perdió la vida el secretario de Finanzas Nabor García Aguirre, no estaba certificado para volar por instrumentos, dice un reporte elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El informe, con número de control 056/09, especifica que al momento del despegue había una visibilidad de 12 millas y las condiciones meteorológicas del área del accidente eran malas, con montañas de hasta 7 mil pies de altura y geografía irregular. Agrega que “aunque la aeronave estaba equipada para volar por instrumentos”, el piloto no tenía un certificado para vuelos IFR (Instruments Flight Rules, por sus siglas en inglés)”.
El documento no aclara por qué se permitió que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional del Norte con un plan de vuelo visual, a pesar de que “las condiciones meteorológicas no eran propicias para realizar el vuelo de acuerdo a estas reglas”, como se lee en la página 14 del informe. Lo anterior implicaría responsabilidad de los controladores aéreos, de acuerdo con expertos consultados.
El reporte, obtenido a través del IFAI mediante la solicitud de información número 0000900009911, agrega que originalmente “la aeronave contaba con un plan de vuelo visual con salida a las 14:00 horas, tiempo local, y (pero que) por necesidades del pasajero (el secretario de Finanzas) se adelantó su vuelo a las 13.00 horas, con destino programado a La Paz, Baja California Sur”.
García Aguirre asistió en Monterrey al simposio "Alternativas de Financiamiento Público-Privado para el Desarrollo Estratégico de Infraestructura”, junto con los diputados Armando Cota Núñez, Ariel Castro, Juan Hernández Paularena, Arturo de la Rosa Escalante, Guillermo Santillán Meza y Andrés Córdova Urrutia. Luego del evento, estos abordaron un vuelo comercial para regresar a la capital del estado, mientras que el secretario adelantaba su salida en la aeronave del gobierno, pues tenía “un compromiso social” en esta ciudad. Se cree que esta circunstancia salvó la vida de los legisladores.
Como se recordará, el accidente sucedió el 17 de octubre de 2008, cuando el avión marca Cessna modelo C-402, con matrícula XC-HAQ, se estrelló en el cerro del Fraile, donde perecieron los dos tripulantes, Jaime Real Cossío, piloto, y Armando Avila Ochoa, copiloto, así como el entonces secretario de Finanzas Nabor García Aguirre.
El reporte oficial relata que “La Aeronave despegó del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) en Monterrey, Nuevo León, con destino al Aeropuerto de La Paz (LAP) Baja California Sur, a las 13:00 horas, adelantó su plan de vuelo visual por necesidades del pasajero a la hora que tenía programada. La aeronave establece comunicación con torre de control para que autorice el despegue por lo que torre le indica las calles de rodaje por las que debe salir y la pista a la que se tiene que perfilar para su despegue e indicándole las condiciones meteorológicas y el reglaje altimétrico; posterior torre le autoriza despegar por la pista 02, despegando del Aeropuerto sin novedad. Aproximadamente a los 8 minutos, la comunicación se interrumpió de forma violenta, por lo que torre de control del aeropuerto activa el Plan de Emergencia, junto con las comandancias aledañas verifica si la aeronave había tenido contacto con los servicios de tránsito Aéreo en los tiempos estimados de ruta, al no recibir tales respuestas, la comandancia del aeropuerto activó los servicios de Búsqueda y Salvamento para localizar a la Aeronave”
De acuerdo con el reporte, a 3 mil pies de altura se encontraba un nublado en la zona del accidente. La última comunicación que tuvo la tripulación con la torre de control fue a 12 millas del aeropuerto y a 5 mil pies de altura (mil 524 metros). El impacto se produjo a 5 mil 500 pies, por lo que se deduce que el piloto no tuvo contacto visual con la pared de roca del cerro del Fraile donde se impactó.
Jaime Real Cosío contaba con mucha experiencia como piloto fumigador, con más de 18 mil horas de vuelo rasante. Por la información disponible de tránsito aéreo y de las radio comunicaciones, explica el informe, la tripulación no reporto ninguna falla y el progreso del vuelo fue normal hasta el punto de choque.
La aeronave se estrelló a 13.5 millas náuticas del Aeropuerto del Norte y debido a la destrucción de la aeronave por el impacto y posterior incendio, no pudo determinarse si cualquier falla anterior o cualquier mal funcionamiento de los sistemas habrían contribuido a este accidente, concluye.
sábado, 30 de abril de 2011
Nuevo hospital del IMSS en San José del Cabo, por debajo de las condiciones de seguridad requeridas.
Tulio Ortiz Uribe
Este dos de mayo entra en operación el nuevo hospital de Subzona del IMSS en San José del Cabo, con capacidad para 40 camas en los servicios de hospitalización y consulta externa de especialidades.
Joaquín Arroyo Rivera, jefe de servicios administrativos de la Delegación en el estado, dijo que el edificio está construido con técnicas y materiales que le permiten resistir cualquier evento sísmico o los embates de un huracán (Tribuna de Los Cabos 30-04-2011, pág. 9).
Sin embargo, luego de que fue auditada la bítacora de construcción por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, se encontró que "Los estudios de mecánica de suelos, memorias de cálculo que constituyen el proyecto estructural para la construcción del Hospital General de Subzona y el proyecto ejecutivo presentan inconsistencias de carácter técnico y omisiones a la normativa estatal y municipal en su elaboración; asimismo, los parámetros estatales de diseño no se consideraron, por lo que los análisis y cálculos realizados se encuentran por debajo de las condiciones de seguridad requeridas".
Agrega el documento que el IMSS autorizó a la empresa ConstruAcero del Centro, SA de CV para realizar los reportes de inspección ultrasónica, "sin que dicha empresa se encuentre certificada por la Entidad Mexicana de Acreditación y los reportes que emitió, no se encuentran debidamente requisitados". Adicionalmente, el proyecto se relizó sin contar con una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La obra, ejecutada por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, tuvo un retraso de 395 días, pues debió haberla entregado el 3 de abril de 2010, por lo que se hizo acreedora a sanciones por 9 millones 830 mil 400 pesos, los cuales no habían sido aplicados a la constructora al momento de la auditoría.
El proyecto original tenía un costo de 156 millones de pesos, pero se elevó a 190 millones.
Este dos de mayo entra en operación el nuevo hospital de Subzona del IMSS en San José del Cabo, con capacidad para 40 camas en los servicios de hospitalización y consulta externa de especialidades.
Joaquín Arroyo Rivera, jefe de servicios administrativos de la Delegación en el estado, dijo que el edificio está construido con técnicas y materiales que le permiten resistir cualquier evento sísmico o los embates de un huracán (Tribuna de Los Cabos 30-04-2011, pág. 9).
Sin embargo, luego de que fue auditada la bítacora de construcción por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, se encontró que "Los estudios de mecánica de suelos, memorias de cálculo que constituyen el proyecto estructural para la construcción del Hospital General de Subzona y el proyecto ejecutivo presentan inconsistencias de carácter técnico y omisiones a la normativa estatal y municipal en su elaboración; asimismo, los parámetros estatales de diseño no se consideraron, por lo que los análisis y cálculos realizados se encuentran por debajo de las condiciones de seguridad requeridas".
Agrega el documento que el IMSS autorizó a la empresa ConstruAcero del Centro, SA de CV para realizar los reportes de inspección ultrasónica, "sin que dicha empresa se encuentre certificada por la Entidad Mexicana de Acreditación y los reportes que emitió, no se encuentran debidamente requisitados". Adicionalmente, el proyecto se relizó sin contar con una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La obra, ejecutada por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, tuvo un retraso de 395 días, pues debió haberla entregado el 3 de abril de 2010, por lo que se hizo acreedora a sanciones por 9 millones 830 mil 400 pesos, los cuales no habían sido aplicados a la constructora al momento de la auditoría.
El proyecto original tenía un costo de 156 millones de pesos, pero se elevó a 190 millones.
jueves, 28 de abril de 2011
“La militarización no es el camino para encarar la crisis política de México”
Entrevista de Mike Whitney con la socióloga Laura Carlsen
Mike Whitney: ¿Puede explicar lo que es el Plan México y cómo se relaciona con el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)?
Laura Carlsen: El Plan México, también llamado Iniciativa Mérida, es un plan trienal de cooperación en la seguridad regional elaborado por el gobierno de Bush y presentado en octubre de 2007. El plan surgió de la extensión del TLCAN a áreas de seguridad, conocida como ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
Originalmente el Plan México debía ser anunciado en el contexto de la cumbre trinacional de ASPAN pero fue retrasado. Se presenta como una petición del presidente mexicano Felipe Calderón de ayuda estadounidense a la guerra contra la droga, pero en realidad fue preparado en Washington como una manera de “extender las fronteras” del perímetro de seguridad de EE.UU., es decir que México se ocupara de prioridades de seguridad de EE.UU., incluyendo el control policial de su frontera sur y que permitiera que compañías y agentes de EE.UU. participaran en operaciones de inteligencia y seguridad de México.
El Plan México propuso 1.400 millones de dólares sobre todo en financiamiento militar extranjero. Se describe como una propuesta de “Contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad de la frontera.”
MW: Después de su elección como presidente, Felipe Calderón comenzó a utilizar a los militares en la llamada Guerra contra la Droga. Desde entonces ha habido un aumento permanente de los despliegues de tropas y una escalada de la violencia. ¿Cuál es el papel de Washington en esta continua operación de contrainsurgencia?
LC: El gobierno de Obama ha apoyado el plan e incluso ha solicitado, y recibido del Congreso, fondos adicionales más allá de lo solicitado por el gobierno de Bush. En los tres años desde que Calderón lanzó la guerra contra la droga en México con el apoyo del gobierno de EE.UU. la violencia relacionada con la droga ha aumentado a más de 15.000 ejecuciones y los informes formales sobre violaciones de derechos humanos se han multiplicado por seis. Más de 45.000 soldados han sido desplegados en calles y comunidades por todo México. Washington reconoce serios problemas con el modelo de la guerra a la droga y sin embargo sigue afirmando, de modo absurdo, que el aumento de la violencia en México es una buena señal – significa que los cárteles están sintiendo la presión, dice el argumento. El plan en sí no contiene ningún parámetro real de lo que los ciudadanos deben esperar como señales de progreso para que pueda seguir financiándose a pesar de su fracaso.
Se solicitó al Departamento de Estado que presentara un informe de derechos humanos para adjudicar un 15% de algunas partes de las asignaciones y finalmente lo hizo el verano pasado. Pero el informe señaló que incluso ante una falta de progreso en los derechos humanos (incluyendo informes sobre uso impune de tortura, falta de justicia civil para las fuerzas militares, asesinatos de civiles y corrupción) el simple hecho de presentar el informe constituía un cumplimiento y adjudicó los fondos.
Hasta ahora el esfuerzo no se describe como contrainsurgencia, porque México no tiene un movimiento formal de insurgencia generalizada. Sin embargo, los ataques contra dirigentes opositores de base en los últimos años han generado temores de que los disidentes son y serán un objetivo de la sociedad crecientemente militarizada.
MW: En su artículo usted dice que la Iniciativa Mérida es la consecuencia directa del marco de seguridad nacional impuesto en las relaciones bilaterales. ¿Significa que el gobierno de Bush estaba utilizando la Guerra contra la Droga y la Guerra contra el Terrorismo para ocultar sus verdaderos objetivos políticos? Si es así, ¿cuáles son esos objetivos?
LC: El gobierno de Bush utilizó el paradigma del contraterrorismo para extender la presencia de EE.UU. en áreas estratégicas. En México, la idea era abrir lucrativos contratos de defensa e inteligencia mientras se ayudaba al gobierno derechista, que todavía enfrentaba serios problemas de legitimidad debido a acusaciones no esclarecidas de fraude en las elecciones de 2006.
MW: ¿Hay agentes de inteligencia, fuerzas especiales o mercenarios de EE.UU. que realizan operaciones de contrainsurgencia en México? ¿Se pide a México que permita que los militares de EE.UU. operen en México debido a acuerdos de seguridad y/o comercio?
LC: México no permite soldados de EE.UU. en su territorio. Sin embargo, hay una presencia creciente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y otros tipos de agentes de EE.UU. en el país, así como de compañías privadas de seguridad. No tenemos un buen sistema para rastrear la presencia y actividades de firmas privadas contratadas para propósitos de seguridad y entrenamiento. Es un problema importante.
MW: ¿Qué efecto ha tenido la militarización sobre la expresión política? ¿Cómo ha afectado a las organizaciones de base, sindicatos, y grupos indígenas? ¿Ha habido un aumento de la violencia relacionada con los militares, como violaciones, golpizas, torturas y homicidios?
LC: Ha habido un aumento de las violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas. En algunas regiones, dirigentes disidentes han sido atacados por los militares. Mujeres, gente indígena, migrantes, disidentes y jóvenes son particularmente vulnerables.
Más de 50 organizaciones de derechos humanos mexicanas han presentado una petición al Congreso para que retire su apoyo a la Iniciativa Mérida. Su carta dice:
“Respetuosamente solicitamos que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado, no asigne fondos o programas directos a las fuerzas armadas tanto en la Iniciativa Mérida como en otros programas para apoyar la seguridad pública en México…
“Instamos a EE.UU. a considerar modos de apoyar una respuesta integral a los problemas de seguridad; basada en el afrontamiento de las causas a la raíz de la violencia y en el pleno respeto de los derechos humanos; no en la lógica del combate.”
MW: ¿Ha visto alguna mejora o cambio en la política desde la elección de Barack Obama?
LC: No. El gobierno ha dado su pleno apoyo a la fracasada guerra a la droga. Sin embargo hay signos de reforma de la política hacia la droga en la política interior que podrían llegar a afectar la manera como se ven los esfuerzos extranjeros contra los narcóticos. La retórica de “co-responsabilidad” no es realmente nada nuevo y los esfuerzos por reducir el tráfico y la demanda de armas no han sido seguidos por nuevas políticas. El enfoque sigue siendo primordialmente militar y violento, sin que haya dinero alguno incluido en la iniciativa Mérida para aspectos sanitarios como el tratamiento o la prevención de la adicción.
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© Copyright Mike Whitney, Global Research, 2009. Traducido del inglés por Germán Leyens.
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*Laura Carlsen, directora del Americas Policy Program en Ciudad de México es licenciada en Pensamiento e Instituciones Sociales en la Universidad Stanford, y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, también de Stanford. En 1986 recibió una Beca Fulbright para estudiar el impacto de la crisis económica mexicana en las mujeres y ha vivido en Ciudad de México desde entonces. Ha publicado numerosos artículos y capítulos sobre aspectos sociales, económicos y políticos de México y participó en la edición de “Confronting Globalization: Economic integration and popular resistance in México,” y fue co-autora de “El café en México, Centroamérica y el Caribe: Una salida sustentable a la crisis.” Antes de integrarse al Americas Policy Program, donde se encuentran sus análisis más recientes en www.americaspolicy.org, Carlsen fue corresponsal de la revista Latin Trade, editora de Business México, escritora e investigadora independiente. El Americas Policy Program es un programa del Center for International Policy en Washington DC, en www.ciponline.org.
(Esta entrevista se publica en la revista La Tijereta con
el permiso del director del Centre for Research on
Globalization (CRG), Michel Chossudovsky)
Mike Whitney: ¿Puede explicar lo que es el Plan México y cómo se relaciona con el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)?
Laura Carlsen: El Plan México, también llamado Iniciativa Mérida, es un plan trienal de cooperación en la seguridad regional elaborado por el gobierno de Bush y presentado en octubre de 2007. El plan surgió de la extensión del TLCAN a áreas de seguridad, conocida como ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.
Originalmente el Plan México debía ser anunciado en el contexto de la cumbre trinacional de ASPAN pero fue retrasado. Se presenta como una petición del presidente mexicano Felipe Calderón de ayuda estadounidense a la guerra contra la droga, pero en realidad fue preparado en Washington como una manera de “extender las fronteras” del perímetro de seguridad de EE.UU., es decir que México se ocupara de prioridades de seguridad de EE.UU., incluyendo el control policial de su frontera sur y que permitiera que compañías y agentes de EE.UU. participaran en operaciones de inteligencia y seguridad de México.
El Plan México propuso 1.400 millones de dólares sobre todo en financiamiento militar extranjero. Se describe como una propuesta de “Contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad de la frontera.”
MW: Después de su elección como presidente, Felipe Calderón comenzó a utilizar a los militares en la llamada Guerra contra la Droga. Desde entonces ha habido un aumento permanente de los despliegues de tropas y una escalada de la violencia. ¿Cuál es el papel de Washington en esta continua operación de contrainsurgencia?
LC: El gobierno de Obama ha apoyado el plan e incluso ha solicitado, y recibido del Congreso, fondos adicionales más allá de lo solicitado por el gobierno de Bush. En los tres años desde que Calderón lanzó la guerra contra la droga en México con el apoyo del gobierno de EE.UU. la violencia relacionada con la droga ha aumentado a más de 15.000 ejecuciones y los informes formales sobre violaciones de derechos humanos se han multiplicado por seis. Más de 45.000 soldados han sido desplegados en calles y comunidades por todo México. Washington reconoce serios problemas con el modelo de la guerra a la droga y sin embargo sigue afirmando, de modo absurdo, que el aumento de la violencia en México es una buena señal – significa que los cárteles están sintiendo la presión, dice el argumento. El plan en sí no contiene ningún parámetro real de lo que los ciudadanos deben esperar como señales de progreso para que pueda seguir financiándose a pesar de su fracaso.
Se solicitó al Departamento de Estado que presentara un informe de derechos humanos para adjudicar un 15% de algunas partes de las asignaciones y finalmente lo hizo el verano pasado. Pero el informe señaló que incluso ante una falta de progreso en los derechos humanos (incluyendo informes sobre uso impune de tortura, falta de justicia civil para las fuerzas militares, asesinatos de civiles y corrupción) el simple hecho de presentar el informe constituía un cumplimiento y adjudicó los fondos.
Hasta ahora el esfuerzo no se describe como contrainsurgencia, porque México no tiene un movimiento formal de insurgencia generalizada. Sin embargo, los ataques contra dirigentes opositores de base en los últimos años han generado temores de que los disidentes son y serán un objetivo de la sociedad crecientemente militarizada.
MW: En su artículo usted dice que la Iniciativa Mérida es la consecuencia directa del marco de seguridad nacional impuesto en las relaciones bilaterales. ¿Significa que el gobierno de Bush estaba utilizando la Guerra contra la Droga y la Guerra contra el Terrorismo para ocultar sus verdaderos objetivos políticos? Si es así, ¿cuáles son esos objetivos?
LC: El gobierno de Bush utilizó el paradigma del contraterrorismo para extender la presencia de EE.UU. en áreas estratégicas. En México, la idea era abrir lucrativos contratos de defensa e inteligencia mientras se ayudaba al gobierno derechista, que todavía enfrentaba serios problemas de legitimidad debido a acusaciones no esclarecidas de fraude en las elecciones de 2006.
MW: ¿Hay agentes de inteligencia, fuerzas especiales o mercenarios de EE.UU. que realizan operaciones de contrainsurgencia en México? ¿Se pide a México que permita que los militares de EE.UU. operen en México debido a acuerdos de seguridad y/o comercio?
LC: México no permite soldados de EE.UU. en su territorio. Sin embargo, hay una presencia creciente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y otros tipos de agentes de EE.UU. en el país, así como de compañías privadas de seguridad. No tenemos un buen sistema para rastrear la presencia y actividades de firmas privadas contratadas para propósitos de seguridad y entrenamiento. Es un problema importante.
MW: ¿Qué efecto ha tenido la militarización sobre la expresión política? ¿Cómo ha afectado a las organizaciones de base, sindicatos, y grupos indígenas? ¿Ha habido un aumento de la violencia relacionada con los militares, como violaciones, golpizas, torturas y homicidios?
LC: Ha habido un aumento de las violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas. En algunas regiones, dirigentes disidentes han sido atacados por los militares. Mujeres, gente indígena, migrantes, disidentes y jóvenes son particularmente vulnerables.
Más de 50 organizaciones de derechos humanos mexicanas han presentado una petición al Congreso para que retire su apoyo a la Iniciativa Mérida. Su carta dice:
“Respetuosamente solicitamos que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado, no asigne fondos o programas directos a las fuerzas armadas tanto en la Iniciativa Mérida como en otros programas para apoyar la seguridad pública en México…
“Instamos a EE.UU. a considerar modos de apoyar una respuesta integral a los problemas de seguridad; basada en el afrontamiento de las causas a la raíz de la violencia y en el pleno respeto de los derechos humanos; no en la lógica del combate.”
MW: ¿Ha visto alguna mejora o cambio en la política desde la elección de Barack Obama?
LC: No. El gobierno ha dado su pleno apoyo a la fracasada guerra a la droga. Sin embargo hay signos de reforma de la política hacia la droga en la política interior que podrían llegar a afectar la manera como se ven los esfuerzos extranjeros contra los narcóticos. La retórica de “co-responsabilidad” no es realmente nada nuevo y los esfuerzos por reducir el tráfico y la demanda de armas no han sido seguidos por nuevas políticas. El enfoque sigue siendo primordialmente militar y violento, sin que haya dinero alguno incluido en la iniciativa Mérida para aspectos sanitarios como el tratamiento o la prevención de la adicción.
__________________________________________
© Copyright Mike Whitney, Global Research, 2009. Traducido del inglés por Germán Leyens.
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*Laura Carlsen, directora del Americas Policy Program en Ciudad de México es licenciada en Pensamiento e Instituciones Sociales en la Universidad Stanford, y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, también de Stanford. En 1986 recibió una Beca Fulbright para estudiar el impacto de la crisis económica mexicana en las mujeres y ha vivido en Ciudad de México desde entonces. Ha publicado numerosos artículos y capítulos sobre aspectos sociales, económicos y políticos de México y participó en la edición de “Confronting Globalization: Economic integration and popular resistance in México,” y fue co-autora de “El café en México, Centroamérica y el Caribe: Una salida sustentable a la crisis.” Antes de integrarse al Americas Policy Program, donde se encuentran sus análisis más recientes en www.americaspolicy.org, Carlsen fue corresponsal de la revista Latin Trade, editora de Business México, escritora e investigadora independiente. El Americas Policy Program es un programa del Center for International Policy en Washington DC, en www.ciponline.org.
viernes, 8 de abril de 2011
La herencia negra de Narciso Agúndez: 3 mil 500 millones de deuda pública
Tulio Ortiz Uribe
El gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor podría enfrentar serios problemas financieros, como resultado de las malas políticas públicas que en materia de presupuesto, inversión y deuda pública, fueron ejecutadas en el último tramo del sexenio de Narciso Agúndez, paradójicamente, por el mismo personaje que seguirá en la secretaría de Finanzas: José Antonio Ramírez Gómez.
Nombrado secretario a fines de 2008 por recomendación de su padrino el Cardenal Norberto Rivera Carrera (según confió el propio Agúndez al presidente del PRD estatal), Ramírez Gómez permitió un abultado crecimiento de la deuda pública valorada hoy en día en 3 mil 500 millones de pesos, que trajo como consecuencia comprometer por veinte años la recaudación del impuesto sobre nóminas y tenencia de automóviles; que el 77% de las participaciones federales (ramo 28) se canalice para el pago de deuda directa bancaria; que no haya suficiente liquidez para cubrir la demanda de servicios básicos y que se tenga que usar continuamente líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión,
El 14 de mayo pasado, la calificadora internacional Standard & Poor's ubicó al estado de Baja California Sur con riesgo crediticio mxBBB+ a escala nacional, debido a su poca liquidez, derivada de sus compromisos por “servicio de deuda, limitada flexibilidad financiera y alta vulnerabilidad presupuestal”. Aunque considera que por el momento la situación es estable, “condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales podrían conllevar a un debilitamiento de la capacidad de pago”.
Agrega la empresa que “un servicio de deuda por arriba de 10% de sus ingresos discrecionales (dinero disponible luego de pagar compromisos), que presione aún más su posición de liquidez o una tendencia negativa en su desempeño presupuestal”, podrían llevar la calificación a un umbral donde prevalecería el riesgo respecto de su capacidad de pago tanto de intereses como del principal.
Informa que en el 2009 el servicio de la deuda del estado absorbió un alto 13.8% de los ingresos discrecionales, lo cual confirma la tendencia negativa. En el periodo 2008-2010 el servicio de la deuda costó 940 millones 742 mil 82 pesos, una cantidad considerable para un estado en donde los ingresos propios representan el 8.5 por ciento promedio de su prepuesto total, y que apenas le sirve para pagar la nómina de su burocracia, situación que empieza ya a ser insostenible.
Un boletín de prensa del gobierno del Estado dado a conocer el martes 12 confirma lo anterior. Dice en su parte medular que “se estudia la posibilidad de aplicar un programa de retiro a trabajadores de confianza y eventualmente a los de base, con el fin de reducir la nómina hasta en un 30 por ciento”.
Este programa de austeridad y control del gasto corriente que pondrá en marcha el gobierno del Estado, permitirá el ahorro de recursos que habrán de ser destinados al fortalecimiento de los programas de obra pública y de infraestructura social, explicó el secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez. Aunque no citó cifras, se estima que el total trabajan en el gobierno estatal unos 4 mil 500 entre sindicalizados y de confianza.
Cómo está estructurada la deuda
En la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ultimo reporte indica que la deuda del estado es de 2 mil 301 millones 700 mil pesos; a esto habría que sumar 350 millones para el CRIT-Televisa aprobados por el Congreso y 786 millones 787 mil pesos por pasivos no bancarios (proveedores y cuentas por pagar a corto plazo), como se ve en el Balance General al 31 de diciembre de 2010. Total: 3 mil 438 millones 487 mil 949 pesos, una pesada carga para el Estado que tiene que usar continuamente líneas de crédito para financiar gastos contingentes, con lo cual se entra en un círculo vicioso. Por ejemplo el año pasado el servicio de la deuda tuvo un costo de 383 millones 428 mil pesos entre capital e intereses. Para no perder liquidez se tuvo que contratar un nuevo crédito por 222 millones.
Verónica Yáñez, analista de Standard & Poor´s, dice que “el uso continuo de líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión, presionaría el servicio de deuda así como su posición de liquidez, y la calificación crediticia del estado podría verse afectada”. Esto haría que los bancos nieguen más préstamos, o que den créditos con tasas de interés más altas.
Como mecanismo para el pago de los financiamientos bancarios, se está utilizando un fideicomiso irrevocable de administración y pago (F/2001163-1) con el que se afecta el 77 por ciento de los derechos sobre las participaciones federales que le corresponden al Estado. Los créditos de Scotiabank y Banorte vencen en 2015 y otro de Bancomer en 2017.
Para conocer la forma en que esto afecta la inversión en infraestructura social, baste señalar que en el 2009, de los 129 millones 780 mil pesos que envió la federación como recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, sólo se invirtieron 4 millones 657 mil pesos en la construcción del centro de salud de La Rivera. La mayor parte del presupuesto, 72 millones 763 mil pesos, se usó para amortización de deuda, lo que volatilizó el 56% del fondo. El resto se utilizó en terminar el puente del arroyo San José y en el programa de modernización del sistema estatal de recaudación.
Otro hoyo negro son los mil 136 millones de pesos producto de un crédito estructurado con Banorte en abril de 2009, que se paga a través de dos fideicomisos con HSBC a plazo de veinte años (el cual tendrá un costo financiero de mil 113 millones 500 mil pesos tan sólo de intereses): uno está garantizado con el 62.4% del impuesto sobre nóminas (ISN) y otro con el 80% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV).
Por decisión del Congreso federal, la ley que establece el ISTUV quedará abrogada a partir del 31 de diciembre de este año, por lo que se deberá crear un nuevo impuesto local de las mismas características; o bien, como se establece en el convenio del fideicomiso, el Estado “realizará los trámites correspondientes para afectar a la brevedad” la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como ingreso sustituto que, como vimos arriba, este fondo en particular ya soporta un 56 por ciento para el pago de deuda.
Al respecto, Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comentó durante la reciente 74 Convención Bancaria que se efectuó en Acapulco, que las entidades o municipios que tengan un mayor porcentaje de sus participaciones en garantía, son susceptibles de enfrentar problemas de pago.
Mintió el secretario
No obstante la crítica situación de las cuentas estatales, en noviembre pasado el secretario de Finanzas José Antonio Ramírez dijo a la prensa que “al cierre de la administración de Narciso Agúndez, la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado mostrará una disminución de 378.4 millones de pesos, la cual se ubicará en 644 millones de pesos. Los números son muy claros y corresponden a un manejo financiero responsable y transparente”, recalcó. Hoy se sabe que mintió sobre esto, pues entre septiembre y diciembre la deuda aumentó 668 millones 700 mil pesos.
Este funcionario, de quien se dice fue ratificado en el puesto por una segunda recomendación del Cardenal Rivera Carrera, acusado de proteger a curas pederastas, asegura que el crédito estructurado con Banorte por mil 136 millones “no es deuda pública”. Durante una reunión con diputados de la pasada legislatura, aseguró que “deuda pública y empréstito son conceptos diferentes”, ya que el crédito es “una obligación financiera a largo plazo y no está garantizado ni avalado por las participaciones federales”.
El secretario se refería a la reforma que los diputados locales hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública el 11 de marzo de 2008, cuyo artículo 4 dice que los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de pago y/o garantía “no serán considerados fideicomisos públicos, ni formarán parte de la administración pública paraestatal”
Sin embargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 agosto de 2009, declararon que viola la Constitución el hecho de que los fideicomisos emisores de valores y las deudas generadas por ellos, no se consideren públicos.
El ministro José de de Jesús Gudiño Pelayo, dijo durante la sesión de ese día que “el fideicomiso de financiamiento está legislado de tal modo que la carga se deja a muchas generaciones futuras, sin herramientas significativas con qué enfrentarlas”. El dinero que maneja el Estado, agregó, no es de los gobernantes, es de los gobernados y para servir a los gobernados; es el dinero que proviene de las contribuciones que el Estado nos exige a todos. El Estado no es un negocio, es una estructura democrática, una estructura democrática que la Constitución tutela y que este Tribunal tiene por encomienda hacerla efectiva”.
El gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor podría enfrentar serios problemas financieros, como resultado de las malas políticas públicas que en materia de presupuesto, inversión y deuda pública, fueron ejecutadas en el último tramo del sexenio de Narciso Agúndez, paradójicamente, por el mismo personaje que seguirá en la secretaría de Finanzas: José Antonio Ramírez Gómez.
Nombrado secretario a fines de 2008 por recomendación de su padrino el Cardenal Norberto Rivera Carrera (según confió el propio Agúndez al presidente del PRD estatal), Ramírez Gómez permitió un abultado crecimiento de la deuda pública valorada hoy en día en 3 mil 500 millones de pesos, que trajo como consecuencia comprometer por veinte años la recaudación del impuesto sobre nóminas y tenencia de automóviles; que el 77% de las participaciones federales (ramo 28) se canalice para el pago de deuda directa bancaria; que no haya suficiente liquidez para cubrir la demanda de servicios básicos y que se tenga que usar continuamente líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión,
El 14 de mayo pasado, la calificadora internacional Standard & Poor's ubicó al estado de Baja California Sur con riesgo crediticio mxBBB+ a escala nacional, debido a su poca liquidez, derivada de sus compromisos por “servicio de deuda, limitada flexibilidad financiera y alta vulnerabilidad presupuestal”. Aunque considera que por el momento la situación es estable, “condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales podrían conllevar a un debilitamiento de la capacidad de pago”.
Agrega la empresa que “un servicio de deuda por arriba de 10% de sus ingresos discrecionales (dinero disponible luego de pagar compromisos), que presione aún más su posición de liquidez o una tendencia negativa en su desempeño presupuestal”, podrían llevar la calificación a un umbral donde prevalecería el riesgo respecto de su capacidad de pago tanto de intereses como del principal.
Informa que en el 2009 el servicio de la deuda del estado absorbió un alto 13.8% de los ingresos discrecionales, lo cual confirma la tendencia negativa. En el periodo 2008-2010 el servicio de la deuda costó 940 millones 742 mil 82 pesos, una cantidad considerable para un estado en donde los ingresos propios representan el 8.5 por ciento promedio de su prepuesto total, y que apenas le sirve para pagar la nómina de su burocracia, situación que empieza ya a ser insostenible.
Un boletín de prensa del gobierno del Estado dado a conocer el martes 12 confirma lo anterior. Dice en su parte medular que “se estudia la posibilidad de aplicar un programa de retiro a trabajadores de confianza y eventualmente a los de base, con el fin de reducir la nómina hasta en un 30 por ciento”.
Este programa de austeridad y control del gasto corriente que pondrá en marcha el gobierno del Estado, permitirá el ahorro de recursos que habrán de ser destinados al fortalecimiento de los programas de obra pública y de infraestructura social, explicó el secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez. Aunque no citó cifras, se estima que el total trabajan en el gobierno estatal unos 4 mil 500 entre sindicalizados y de confianza.
Cómo está estructurada la deuda
En la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ultimo reporte indica que la deuda del estado es de 2 mil 301 millones 700 mil pesos; a esto habría que sumar 350 millones para el CRIT-Televisa aprobados por el Congreso y 786 millones 787 mil pesos por pasivos no bancarios (proveedores y cuentas por pagar a corto plazo), como se ve en el Balance General al 31 de diciembre de 2010. Total: 3 mil 438 millones 487 mil 949 pesos, una pesada carga para el Estado que tiene que usar continuamente líneas de crédito para financiar gastos contingentes, con lo cual se entra en un círculo vicioso. Por ejemplo el año pasado el servicio de la deuda tuvo un costo de 383 millones 428 mil pesos entre capital e intereses. Para no perder liquidez se tuvo que contratar un nuevo crédito por 222 millones.
Verónica Yáñez, analista de Standard & Poor´s, dice que “el uso continuo de líneas de crédito de corto plazo para financiar gasto de inversión, presionaría el servicio de deuda así como su posición de liquidez, y la calificación crediticia del estado podría verse afectada”. Esto haría que los bancos nieguen más préstamos, o que den créditos con tasas de interés más altas.
Como mecanismo para el pago de los financiamientos bancarios, se está utilizando un fideicomiso irrevocable de administración y pago (F/2001163-1) con el que se afecta el 77 por ciento de los derechos sobre las participaciones federales que le corresponden al Estado. Los créditos de Scotiabank y Banorte vencen en 2015 y otro de Bancomer en 2017.
Para conocer la forma en que esto afecta la inversión en infraestructura social, baste señalar que en el 2009, de los 129 millones 780 mil pesos que envió la federación como recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, sólo se invirtieron 4 millones 657 mil pesos en la construcción del centro de salud de La Rivera. La mayor parte del presupuesto, 72 millones 763 mil pesos, se usó para amortización de deuda, lo que volatilizó el 56% del fondo. El resto se utilizó en terminar el puente del arroyo San José y en el programa de modernización del sistema estatal de recaudación.
Otro hoyo negro son los mil 136 millones de pesos producto de un crédito estructurado con Banorte en abril de 2009, que se paga a través de dos fideicomisos con HSBC a plazo de veinte años (el cual tendrá un costo financiero de mil 113 millones 500 mil pesos tan sólo de intereses): uno está garantizado con el 62.4% del impuesto sobre nóminas (ISN) y otro con el 80% del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV).
Por decisión del Congreso federal, la ley que establece el ISTUV quedará abrogada a partir del 31 de diciembre de este año, por lo que se deberá crear un nuevo impuesto local de las mismas características; o bien, como se establece en el convenio del fideicomiso, el Estado “realizará los trámites correspondientes para afectar a la brevedad” la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como ingreso sustituto que, como vimos arriba, este fondo en particular ya soporta un 56 por ciento para el pago de deuda.
Al respecto, Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comentó durante la reciente 74 Convención Bancaria que se efectuó en Acapulco, que las entidades o municipios que tengan un mayor porcentaje de sus participaciones en garantía, son susceptibles de enfrentar problemas de pago.
Mintió el secretario
No obstante la crítica situación de las cuentas estatales, en noviembre pasado el secretario de Finanzas José Antonio Ramírez dijo a la prensa que “al cierre de la administración de Narciso Agúndez, la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado mostrará una disminución de 378.4 millones de pesos, la cual se ubicará en 644 millones de pesos. Los números son muy claros y corresponden a un manejo financiero responsable y transparente”, recalcó. Hoy se sabe que mintió sobre esto, pues entre septiembre y diciembre la deuda aumentó 668 millones 700 mil pesos.
Este funcionario, de quien se dice fue ratificado en el puesto por una segunda recomendación del Cardenal Rivera Carrera, acusado de proteger a curas pederastas, asegura que el crédito estructurado con Banorte por mil 136 millones “no es deuda pública”. Durante una reunión con diputados de la pasada legislatura, aseguró que “deuda pública y empréstito son conceptos diferentes”, ya que el crédito es “una obligación financiera a largo plazo y no está garantizado ni avalado por las participaciones federales”.
El secretario se refería a la reforma que los diputados locales hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública el 11 de marzo de 2008, cuyo artículo 4 dice que los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de pago y/o garantía “no serán considerados fideicomisos públicos, ni formarán parte de la administración pública paraestatal”
Sin embargo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 agosto de 2009, declararon que viola la Constitución el hecho de que los fideicomisos emisores de valores y las deudas generadas por ellos, no se consideren públicos.
El ministro José de de Jesús Gudiño Pelayo, dijo durante la sesión de ese día que “el fideicomiso de financiamiento está legislado de tal modo que la carga se deja a muchas generaciones futuras, sin herramientas significativas con qué enfrentarlas”. El dinero que maneja el Estado, agregó, no es de los gobernantes, es de los gobernados y para servir a los gobernados; es el dinero que proviene de las contribuciones que el Estado nos exige a todos. El Estado no es un negocio, es una estructura democrática, una estructura democrática que la Constitución tutela y que este Tribunal tiene por encomienda hacerla efectiva”.
martes, 5 de abril de 2011
Descubren cómo desviaron los cinco millones para la campaña de Luis Armando Díaz
Tulio Ortiz Uribe
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples entregados al gobierno del Estado en el 2009, encontró que los cinco millones pesos desviados a la (pre) campaña del perredista Luis Armando Díaz, fueron tomados de la cuenta asignada al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa.
El documento, con clave 09-A-03000-02-0897, dice que “en la documentación presentada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no se localizó una póliza de egresos de los recursos del fondo por 5 millones de pesos”
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples entregados al gobierno del Estado en el 2009, encontró que los cinco millones pesos desviados a la (pre) campaña del perredista Luis Armando Díaz, fueron tomados de la cuenta asignada al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa.
El documento, con clave 09-A-03000-02-0897, dice que “en la documentación presentada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no se localizó una póliza de egresos de los recursos del fondo por 5 millones de pesos”
Agrega que el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, al 31 de diciembre de 2009 había ejercido sólo el 57.9 por ciento del total asignado para ese año, por lo que en abril de 2010 aún tenía recursos por 34 millones 199 mil pesos. De ahí se habrían tomado los 5 millones de pesos para las actividades proselitistas del ex secretario de gobierno.
Como se recordará, el 26 de abril del año pasado, el gobernador del Estado Narciso Agúndez Montaño instruyó de manera ilegal a su secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, a fin de que “a la brevedad se gire orden de pago por la cantidad de cinco millones de pesos, a favor de la Libre Asociación Democrática, para realizar operaciones de campaña a favor del T.C.C. Luis Armando Díaz”.
El oficio, conocido el 10 de septiembre de 2010 luego de haber sido filtrado a la prensa, causó un escándalo político en el estado y llamó la atención de la opinión pública nacional.
En su momento, diversos actores desmintieron el hecho. El secretario de Gobierno Alfredo Porras aseguró que habría sido falsificada la firma del gobernador. “No creo que exista en el país un funcionario público que firme un memorándum en esas condiciones, yo creo que es algo extraordinariamente montado en la búsqueda de un ataque a las instituciones del Estado, en este caso al gobierno y al Secretario de Finanzas”, dijo el funcionario cuando fue cuestionado por los periodistas.
Agregó que todo fue una acción concertada, y que ignora de donde vino, “veo la intencionalidad de desprestigiar al gobierno del Estado, pero a la fecha no conozco, en ningún partido político, a un político o funcionario que firme un memorándum para desviar dinero a una campaña”, respondió.
Por su parte el secretario de Finanzas aseguró primero que el documento fue falsificado por parte de empleados de la propia secretaría, y luego se desdijo: “Todo es un invento. Yo no denuncié (el robo de papeles) nada, esto es un invento…”, atajó con desparpajo.
Mientras, el precandidato del PRD al gobierno del estado, Luis Armando Díaz no desmintió las graves acusaciones, incluso canceló un encuentro con los medios programado para el martes 14 de septiembre, y su equipo de prensa dijo que hablaría en “fecha próxima”.
Cinco meses después de esa fecha, el 16 de febrero de este año, la ASF reportó a la Cámara de Diputados que al revisar los recursos asignados al estado para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, a través del al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, faltaban 5 millones de pesos, que deberán reintegrarse a la federación.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral Ana Ruth García Grande, comentó en su momento que la responsable de investigar y perseguir a los presuntos culpables del desvío de recursos del erario, es la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo nadie movió un dedo para esclarecer el peculado ni la violación a la ley electoral.
Como se recordará, el 26 de abril del año pasado, el gobernador del Estado Narciso Agúndez Montaño instruyó de manera ilegal a su secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, a fin de que “a la brevedad se gire orden de pago por la cantidad de cinco millones de pesos, a favor de la Libre Asociación Democrática, para realizar operaciones de campaña a favor del T.C.C. Luis Armando Díaz”.
El oficio, conocido el 10 de septiembre de 2010 luego de haber sido filtrado a la prensa, causó un escándalo político en el estado y llamó la atención de la opinión pública nacional.
En su momento, diversos actores desmintieron el hecho. El secretario de Gobierno Alfredo Porras aseguró que habría sido falsificada la firma del gobernador. “No creo que exista en el país un funcionario público que firme un memorándum en esas condiciones, yo creo que es algo extraordinariamente montado en la búsqueda de un ataque a las instituciones del Estado, en este caso al gobierno y al Secretario de Finanzas”, dijo el funcionario cuando fue cuestionado por los periodistas.
Agregó que todo fue una acción concertada, y que ignora de donde vino, “veo la intencionalidad de desprestigiar al gobierno del Estado, pero a la fecha no conozco, en ningún partido político, a un político o funcionario que firme un memorándum para desviar dinero a una campaña”, respondió.
Por su parte el secretario de Finanzas aseguró primero que el documento fue falsificado por parte de empleados de la propia secretaría, y luego se desdijo: “Todo es un invento. Yo no denuncié (el robo de papeles) nada, esto es un invento…”, atajó con desparpajo.
Mientras, el precandidato del PRD al gobierno del estado, Luis Armando Díaz no desmintió las graves acusaciones, incluso canceló un encuentro con los medios programado para el martes 14 de septiembre, y su equipo de prensa dijo que hablaría en “fecha próxima”.
Cinco meses después de esa fecha, el 16 de febrero de este año, la ASF reportó a la Cámara de Diputados que al revisar los recursos asignados al estado para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, a través del al Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa, faltaban 5 millones de pesos, que deberán reintegrarse a la federación.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral Ana Ruth García Grande, comentó en su momento que la responsable de investigar y perseguir a los presuntos culpables del desvío de recursos del erario, es la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo nadie movió un dedo para esclarecer el peculado ni la violación a la ley electoral.
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