Rubén Muñoz cobró 52 mil pesos por "viáticos" sin exhibir comprobantes.

 

Tulio Ortiz Uribe

En abril de 2021 el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, viajó a la ciudad de Washington DC invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para participar en un foro privado con motivo de celebrarse el Día de la Tierra. Aunque la invitación incluyó boletos de avión, hospedaje y alimentos, tres meses después el funcionario pidió a la dirección de Egresos del Municipio le bonificaran "viáticos" por la cantidad de 52 mil 312 pesos. Esta es la historia.

El argentino Sebastián Navarro, en su calidad de Secretario General de Ciudades Capitales de las Américas frente al Cambio Climático (CC35), invitó al alcalde Rubén Muñoz Álvarez al foro COP-26 Ibero-América Earth Day Summit que se efectuaría en la ciudad de Washington. Muñoz Alvarez aceptó la invitación y la Co-presidencia de Alcaldes por el Clima, una asociación que dirige el edil de Santiago de Chile, Felipe Alessandri. (Como antecedente La Paz había sido incluida en el 2014 como parte de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. En septiembre de 2019 se efectuó en Sao Paulo Brasil la tercera reunión, a la que asistió Muñoz Álvarez también con gastos pagados).

El foro se realizó el 21 de abril y tuvo como sede el hotel Hay Adams, uno de los cinco más lujosos de Washington, con un precio mínimo de 400 dólares por noche (unos 8 mil 700 pesos). Desde su terraza se pueden ver los jardines de la Casa Blanca. Asistió una treintena de invitados, la mitad altos ejecutivos de empresas ligadas a energías renovables y el resto funcionarios de agencias y gobiernos especialistas en cambio climático.

La reunión empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Muñoz Álvarez fue ubicado en la mesa que analizaría el tema "Oportunidades sostenibles en la relación México-Estados Unidos", cuya síntesis rezaba: "La relación de intercambio entre México y Estados Unidos dependerá fundamentalmente de la flexibilidad que demuestre el gobierno de Biden en el cumplimiento de disposiciones comerciales, laborales y ambientales que han sido suscritas en el T-MEC".

Sin embargo el alcalde paceño no tocó el tema y en los cinco minutos asignados habló sobre supuestos logros de su administración en materia de energías renovables, protección de manglares, plantación de "35 mil árboles", generación de energía fotovoltaica "para 11 de 15 pozos" que surten de agua potable a la ciudad de La Paz; plantas de desalación de agua y paneles solares "para todas las familias de pescadores" de Puerto Chale. Dijo que La Paz "es el primer ayuntamiento en el país que genera energías alternativas", produciendo no solo el total de la electricidad que se ocupa con fuentes renovables, "sino que también creó una empresa municipal de servicios para venderle energía a la CFE".

Información entregada a este reportero por el municipio de La Paz a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 030077622000037, mediante oficio TM/DE/0020/2022, firmado por el Director de Egresos Jorge Antonio Guerrero Sicairos, se informa que el 7 de julio de 2021 se realizó una transferencia electrónica de fondos para depositar en la cuenta Banorte de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Núm. de referencia 150992), la cantidad de 52 mil 312 pesos, "por concepto de pago de viáticos por asistir al evento COP-26 Ibero-América Earth Day Summit". En el mismo documento, el funcionario de la tesorería municipal aclara que en los archivos "no se localizó documentación comprobatoria por concepto de viáticos (boletos de avión, restaurantes y hoteles). 

Muñoz Álvarez es ahora diputado federal plurinominal por Morena.

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El imperio americano se autodestruye

 

Por Michael Hudson

 

Pero nadie pensó que sucedería tan rápido.

 

Los imperios a menudo siguen el curso de una tragedia griega, provocando precisamente el destino que trataron de evitar. Ese es ciertamente el caso del Imperio estadounidense, ya que se desmantela a sí mismo en cámara no tan lenta.

El supuesto básico de la previsión económica y diplomática es que cada país actuará en su propio interés. Tal razonamiento no es de ninguna ayuda en el mundo de hoy. Los observadores de todo el espectro político están usando frases como «dispararse en su propio pie» para describir la confrontación diplomática de Estados Unidos con Rusia y sus aliados por igual.

Durante más de una generación, los diplomáticos estadounidenses más prominentes han advertido sobre lo que pensaban que representaría la última amenaza externa: una alianza de Rusia y China que dominan Eurasia. Las sanciones económicas y la confrontación militar de Estados Unidos los han impulsado juntos, y están llevando a otros países a su órbita euroasiática emergente.

Se esperaba que el poder económico y financiero estadounidense evitara este destino. Durante el medio siglo transcurrido desde que Estados Unidos dejó el oro en 1971, los bancos centrales del mundo han operado con el dollar standard, manteniendo sus reservas monetarias internacionales en forma de valores del Tesoro de los Estados Unidos, depósitos bancarios de los Estados Unidos y acciones y bonos de los Estados Unidos. El estándar resultante de letras del Tesoro ha permitido a Estados Unidos financiar su gasto militar extranjero y la adquisición de inversiones de otros países simplemente creando pagarés en dólares. Los déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos terminan en los bancos centrales de los países con superávit de pagos como sus reservas, mientras que los deudores del Sur Global necesitan dólares para pagar a sus tenedores de bonos y llevar a cabo su comercio exterior.

Este privilegio monetario -señorío en dólares- ha permitido a la diplomacia estadounidense imponer políticas neoliberales al resto del mundo, sin tener que usar mucha fuerza militar propia, excepto para apoderarse del petróleo del Cercano Oriente.

La reciente escalada de las sanciones de Estados Unidos que bloquean el comercio y la inversión con Rusia, Irán y China en Europa, Asia y otros países ha impuesto enormes costos de oportunidad -el costo de las oportunidades perdidas- a los aliados de Estados Unidos. Y la reciente confiscación de las reservas de oro y extranjeras de Venezuela, Afganistán y ahora Rusia, junto con el acaparamiento selectivo de cuentas bancarias de extranjeros ricos (con la esperanza de ganar sus corazones y mentes, junto con la recuperación de sus cuentas secuestradas), ha terminado con la idea de que las tenencias de dólares o las de sus satélites de la OTAN en libras esterlinas y euros son un refugio de inversión seguro cuando las condiciones económicas mundiales se vuelven inestables.

Así que estoy algo molesto al ver la velocidad a la que este sistema financiarizado centrado en Estados Unidos se ha desdolarizado en el lapso de solo uno o dos años. El tema básico de mi superimperialismo ha sido cómo, durante los últimos cincuenta años, el estándar de letras del Tesoro de los Estados Unidos ha canalizado los ahorros extranjeros a los mercados financieros y bancos de los Estados Unidos, dando a la Diplomacia del Dólar un viaje gratis. Pensé que la desdolarización sería liderada por China y Rusia moviéndose para tomar el control de sus economías para evitar el tipo de polarización financiera que está imponiendo austeridad a los Estados Unidos. Pero los funcionarios estadounidenses los están obligando a superar cualquier vacilación que tuvieran para desdolarizarse.

Esperaba que el fin de la economía imperial dolarizada se produjera por la ruptura de otros países. Pero eso no es lo que ha sucedido. Los diplomáticos estadounidenses han optado por poner fin a la dolarización internacional, al tiempo que ayudan a Rusia a construir sus propios medios de producción agrícola e industrial autosuficientes. Este proceso de fractura global en realidad ha estado ocurriendo desde hace algunos años, comenzando con las sanciones que bloquean a los aliados de la OTAN de Estados Unidos y otros satélites económicos del comercio con Rusia. Para Rusia, estas sanciones tuvieron el mismo efecto que los aranceles protectores habrían tenido.

Rusia había permanecido demasiado cautivada por la ideología del libre mercado como para tomar medidas para proteger su propia agricultura o industria. Los Estados Unidos proporcionaron la ayuda que se necesitaba al imponer la autosuficiencia interna a Rusia (a través de sanciones). Cuando los estados bálticos perdieron el mercado ruso de queso y otros productos agrícolas, Rusia creó rápidamente su propio sector de queso y lácteos, al tiempo que se convirtió en el principal exportador de granos del mundo.

Rusia está descubriendo (o está a punto de descubrir) que no necesita dólares estadounidenses como respaldo para el tipo de cambio del rublo. Su banco central puede crear los rublos necesarios para pagar los salarios nacionales y financiar la formación de capital. Por lo tanto, las confiscaciones de los Estados Unidos pueden finalmente llevar a Rusia a poner fin a la filosofía monetaria neoliberal, como Sergei Glaziev ha estado abogando durante mucho tiempo a favor de la TMM (Teoría Monetaria Moderna).

La misma dinámica que socava los objetivos ostensibles de Estados Unidos ha ocurrido con las sanciones de Estados Unidos contra los principales multimillonarios rusos. La terapia de choque neoliberal y las privatizaciones de la década de 1990 dejaron a los cleptócratas rusos con una sola forma de cobrar los activos que habían tomado del dominio público. Eso fue para incorporar sus ganancias y vender sus acciones en Londres y Nueva York. El ahorro interno había sido eliminado, y los asesores estadounidenses persuadieron al banco central de Rusia para que no creara su propio dinero en rublos.

El resultado fue que el patrimonio nacional de petróleo, gas y minerales de Rusia no se utilizó para financiar una racionalización de la industria y la vivienda rusas. En lugar de que los ingresos de la privatización se invirtieran para crear nuevos medios de protección rusos, se quemaron en adquisiciones de nuevos ricos de bienes raíces británicos de lujo, yates y otros activos globales de capital de fuga. Pero el efecto de convertir en rehenes las tenencias de dólares rusos, libras esterlinas y euros ha sido hacer de la City de Londres un lugar demasiado arriesgado en el que mantener sus activos. Al imponer sanciones a los rusos más ricos más cercanos a Putin, los funcionarios estadounidenses esperaban inducirlos a oponerse a su separación de Occidente y, por lo tanto, a servir efectivamente como agentes de influencia de la OTAN. Pero para los multimillonarios rusos, su propio país está empezando a parecer más seguro.

Durante muchas décadas, la Reserva Federal y el Tesoro han luchado contra el oro recuperando su papel en las reservas internacionales. Pero, ¿cómo verán India y Arabia Saudita sus tenencias de dólares mientras Biden y Blinken intentan fortalecerlos para que sigan el «orden basado en reglas» de Estados Unidos en lugar de su propio interés nacional? Los recientes dictados de Estados Unidos no han dejado otra alternativa que comenzar a proteger su propia autonomía política convirtiendo las tenencias de dólares y euros en oro como un activo libre de responsabilidad política de ser rehenes de las demandas cada vez más costosas y disruptivas de Estados Unidos.

La diplomacia estadounidense ha frotado la nariz de Europa en su abyecta sumisión al decirle a sus gobiernos que hagan que sus empresas abandonen los activos rusos por centavos de dólar después de que las reservas extranjeras de Rusia fueron bloqueadas y el tipo de cambio del rublo se desplomó. Blackstone, Goldman Sachs y otros inversores estadounidenses se movieron rápidamente para comprar lo que Shell Oil y otras compañías extranjeras estaban descargando.

Nadie pensó que el orden mundial de la posguerra 1945-2020 cedería tan rápido. Está surgiendo un orden económico internacional verdaderamente nuevo, aunque aún no está claro qué forma tomará. Pero «empujar al oso» con la confrontación de Estados Unidos y la OTAN con Rusia ha pasado el nivel de masa crítica. Ya no se trata solo de Ucrania. Eso es simplemente el detonante, un catalizador para alejar a gran parte del mundo de la órbita de Estados Unidos y la OTAN.

El próximo enfrentamiento puede venir dentro de la propia Europa. Los políticos nacionalistas podrían tratar de liderar una ruptura con la toma de poder de Estados Unidos sobre sus aliados europeos y otros, tratando en vano de mantenerlos dependientes del comercio y la inversión con sede en Estados Unidos. El precio de su continua obediencia es imponer la inflación de costos en su industria mientras renuncian a su política electoral democrática en subordinación a los procónsules de la OTAN de Estados Unidos.

Estas consecuencias no pueden considerarse realmente «involuntarias». Demasiados observadores han señalado exactamente lo que sucedería, encabezados por el presidente Putin y el secretario de Relaciones Exteriores Lavrov explicando cuál sería su respuesta si la OTAN insistiera en arrinconarlos mientras ataca a los ruso-parlantes del este de Ucrania y traslada armamento pesado a la frontera occidental de Rusia. Las consecuencias estaban previstas. A los neoconservadores [encabezados por judíos]* que controlaban la política exterior de Estados Unidos simplemente no les importaba. Reconocer sus preocupaciones se consideró que uno se convertía en un Putinversteher [Putin-Versteher es un neologismo político alemán y una palabra de moda Putin + verstehen, que literalmente se traduce «Putin entendedor», es decir, «uno que entiende a Putin]*.

Los funcionarios europeos no se sintieron incómodos al contarle al mundo sobre sus preocupaciones de que Donald Trump estaba loco y alterando el carro de la manzana de la diplomacia internacional. Pero parecen haber sido sorprendidos por el resurgimiento de la Administración Biden del odio visceral a Rusia por parte de la Secretaria de Estado Blinken y Victoria Nuland-Kagan [los tres judíos]*. El modo de expresión y los gestos de Trump pueden haber sido groseros, pero la pandilla neoconservadora de Estados Unidos tiene obsesiones de confrontación mucho más amenazantes a nivel mundial. Para ellos, era una cuestión de qué realidad saldría victoriosa: la «realidad» que creían que podían hacer, o la realidad económica fuera del control de Estados Unidos.

Lo que los países extranjeros no han hecho por sí mismos, reemplazando al FMI, el Banco Mundial y otras ramas de la diplomacia estadounidense, los políticos estadounidenses los están obligando a hacer. En lugar de que los países europeos, del Cercano Oriente y del Sur Global se separen de su propio cálculo de sus intereses económicos a largo plazo, Estados Unidos los está alejando, como lo ha hecho con Rusia y China. Más políticos están buscando el apoyo de los votantes al preguntarse si estarían mejor servidos por nuevos arreglos monetarios para reemplazar el comercio dolarizado, la inversión e incluso el servicio de la deuda externa.

La contracción de los precios de la energía y los alimentos está afectando especialmente a los países del Sur Global, coincidiendo con sus propios problemas de Covid-19 y el inminente servicio de la deuda dolarizada que está venciendo. Algo debe dar. ¿Hasta cuándo estos países impondrán austeridad para pagar a los tenedores de bonos extranjeros?

¿Cómo se enfrentarán las economías de Estados Unidos y Europa a sus sanciones contra las importaciones de gas y petróleo rusos, cobalto, aluminio, paladio y otros materiales básicos? Los diplomáticos estadounidenses han hecho una lista de materias primas que su economía necesita desesperadamente y que, por lo tanto, están exentas de las sanciones comerciales que se imponen. Esto proporciona a Putin una lista práctica de puntos de presión para usar en la remodelación de la diplomacia mundial, en el proceso de ayudar a Europa y otros países a romper con la Cortina de Hierro que Estados Unidos ha impuesto para bloquear sus satélites en dependencia de los suministros estadounidenses de alto precio.

Pero la ruptura final del aventurerismo de la OTAN debe venir de dentro de los propios Estados Unidos. A medida que se acercan las elecciones de mitad de período de este año, los políticos encontrarán un terreno fértil para mostrar a los votantes estadounidenses que la inflación de precios liderada por la gasolina y la energía es un subproducto político de la administración Biden que bloquea las exportaciones rusas de petróleo y gas. El gas es necesario no solo para la calefacción y la producción de energía, sino también para fabricar fertilizantes, de los cuales ya existe una escasez mundial. Esto se ve exacerbado por el bloqueo de las exportaciones de granos rusos y ucranianos, lo que hace que los precios de los alimentos estadounidenses y europeos se disparen.

Tratar de obligar a Rusia a responder militarmente y, por lo tanto, verse mal para el resto del mundo está resultando ser un truco dirigido simplemente a demostrar la necesidad de Europa de contribuir más a la OTAN, comprar más hardware militar estadounidense y encerrarse más profundamente en el comercio y la dependencia monetaria de los Estados Unidos. La inestabilidad que esto ha causado está resultando tener el efecto de hacer que estados Unidos parezca tan amenazante como Rusia.

*Michael Hudson es presidente del Instituto para el Estudio de las Tendencias Económicas a Largo Plazo (ISLET), analista financiero de Wall Street, distinguido profesor de investigación de economía en la Universidad de Missouri, Kansas City y autor de … y perdónenles sus deudas (2018), J is for Junk Economics (2017), Killing the Host (2015), The Bubble and Beyond (2012), Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (1968 & 2003 & 3rd Edition 2021), Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of Polarization v. Convergence in the World Economy (1992 y 2009) y de El mito de la ayuda (1971), entre muchos otros. Puede ser contactado a través de su sitio web Michael Hudson, mh@michael-hudson.com. Publicado originalmente el 6 de marzo de 2022.

Texto original: https://dandelionsalad.wordpress.com/2022/03/08/the-american-empire-self-destructs-by-michael-hudson/

Fuente: https://lastermitasdelcielo.wordpress.com/2022/03/09/el-imperio-americano-se-autodestruye/

 

Desvíos por 110 millones de fondos federales en la administración de Rubén Muñoz Álvarez, reporta la ASF

 

Tulio Ortiz Uribe

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y desvíos por 110 millones 245 mil 700 pesos en el municipio de La Paz, luego de revisar los recursos proporcionados por la federación a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, para el ejercicio 2020.

Al verificar la aplicación de los fondos asignados, que ascendieron a 223 millones 397 mil pesos, el organismo auditor de la Cámara de Diputados encontró que la administración municipal a cargo de Rubén Muñoz Alvarez, realizó gastos "que no se encuentran respaldados con la documentación original que justifique y compruebe" el gasto ejercido; además, se usó dinero del fondo para pagar sentencias laborales que ascendieron a 7 millones 372 mil pesos, acción que no corresponde "a las prioridades establecidas en la normativa".

Asimismo, no se administraron los recursos entregados en una cuenta bancaria específica, por lo que hubo incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión de los dineros, tal como no informar ni reintegrar a la Tesorería de la Federación intereses generados de enero a marzo de 2021 y no proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos, ni fueron publicados en su órgano local.

El informe de la auditoría, entregado este domingo a la Cámara de Diputados, destaca que lo anterior generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 110 millones 245 mil 700 pesos, el 46.0% del gasto, del que no se dispone de la documentación original que justifique y compruebe el ejercicio de los recursos.

La Auditoría Superior de la Federación consideró que el municipio "no ha generado ni puesto en operación las estrategias y mecanismos de control suficientes ni razonables para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos asignados, por lo que no se garantiza la eficacia en el logro de los objetivos institucionales, la confiabilidad de su información y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y la normativa aplicable"

En conclusión, dicen los auditores, el municipio de La Paz, Baja California Sur, "no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos".

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Nota: La ASF informó que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el XVII H Ayuntamiento de La Paz, "de cuya veracidad es responsable", y se puede consultar en esta liga: https://informe.asf.gob.mx/

Foto: Diario Humano

 Apuntes sobre el saqueo del patrimonio histórico y arqueológico de BCS

Tulio Ortiz Uribe

El saqueo, destrucción, robo, especulación y mercado negro del patrimonio histórico, artístico, paleontológico y arqueológico de Baja California Sur, es una constante que debería prender los focos rojos de las autoridades, y donde la sociedad civil debe ya tomar conciencia: petroglifos, fósiles marinos, profanación y saqueo de tumbas del periodo colonial y precolombinas, locomotoras, meteoritos, objetos y muebles de valor histórico y hasta una pintura rupestre, han salido del estado hacia colecciones privadas.

No pasa un día sin que la herencia cultural del estado sufra una baja. Las denuncias llegan y se archivan en las agencias del Ministerio Público, en las cabeceras municipales, en las delegaciones.

Hace unos años se documentó un hecho insólito: el escritor Carlos Montemayor, en un artículo titulado “Baja California Sur o la cultura del despojo”, denunció públicamente la desaparición  de una pintura rupestre, “seccionado bloque por bloque”, en un sitio denominado arroyo El Pollo.

En su momento, entrevistado por este reportero el entonces delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Amao Manríquez,  reconoció que la pintura rupestre había sido robada:

-¿Cuándo sucedió esto?

- No lo sabemos, en el Instituto no tenemos el personal suficiente para vigilar los miles de sitios arqueológicos que hay en el estado.

-¿No cree que ese robo es inaudito, fuera de lo común?

- Nosotros nunca hemos negado los saqueos, los lamentamos muchísimo. Le repito, tenemos en BCS una zona arqueológica de gran magnitud. La protección del patrimonio no le corresponde a un solo hombre ni a una solo institución: toda la sociedad debe estar involucrada.

-¿ No procedía una denuncia?

- No podemos hacer una denuncia penal porque no tenemos a un responsable. Dígame ¿a quién vamos a demandar?

Carlos Montemayor denunció en el referido artículo, “el más grande proyecto de deterioro, saqueo, pérdida y negligencia sobre el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y paleontológico de una entidad federativa”, al detallar el robo en Santa Rosalía de instrumentos musicales, balanzas de precisión, locomotoras, herramientas, archivos y muebles antiguos; venta ilegal de edificios del siglo XIX; así como la sustracción en diversas parte del estado de petroglifos y fósiles marinos (un diente de tiburón megalodón tiene un precio promedio de 15 mil pesos)

Mulegé, el municipio más saqueado

De acuerdo con denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en foros estatales de procuración de justicia y en medios de comunicación, el despojo de los bienes históricos y arquitectónicos de la extinta compañía francesa El Boleo, asentada en Santa Rosalía en 1885 para la extracción de cobre, se aceleraron a partir de 1987, cuyos ayuntamientos realizaron “donaciones y ventas ilegales”, según denuncia  que hizo el cronista de esa ciudad, Miguel Angel Gómez, el 4 de octubre de 1987 ante la PGR (averiguación  previa 276-93). Ahí se asienta  que “el patrimonio ha resentido la pérdida de archivos, muebles, instrumentos musicales, cavas de vinos importados, teléfonos, herramienta, maquinaria, carros, vías de ferrocarril, edificios y  balanzas de precisión para pesar el oro y la plata, todo ello reliquias del Siglo XIX”.

Tres meses antes, Amao Manríquez había pedido a la PGR, mediante oficio dirigido al Ministerio Público Federal, que “los bienes inmuebles y muebles de la Mesa Francia, sean resguardados y custodiados... a fin de evitar que continúen los actos cotidianos de saqueo”. el funcionario solicitó, “desde vigilancia las 24 horas del día, hasta el sellamiento de puertas y ventanas de los edificios de La Dirección, la Casa Club y la Casa de Visitas”, de la extintas compañía minera.

Asimismo pidió se iniciara una investigación (averiguación previa 36/987) para proceder judicialmente “en contra de aquellos que resulten responsables del saqueo de bienes culturales muebles, que se ha venido realizando en las instalaciones de la compañía”. Dos  meses después, Amao Manríquez amplió su denuncia, y señaló como responsable “de la pérdida de bienes históricos que existen (sic) en el edificio de la Dirección, al Ing. Fernando Perales Aguilar". Este fue el último gerente de esa empresa, sucesora de El Boleo, antes de ser liquidada por la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal (SEMIP).

No obstante las pruebas que se aportaron, el agente del Ministerio Público Federal, Ricardo Esparza Cortina, concluyó que no había elementos para ejercitar la acción penal, ni se tomaron las medidas precautorias para evitar nuevos desmanes.

Vendieron 4 de las 5 locomotoras que rodaron en el Estado

Las denuncias de Amao Manríquez no prosperaron porque, según dijo, la orden de venta de muchas piezas de “incalculable valor”, provinieron de la ciudad de México, “del director de la Comisión de Fomento Minero, Luis de Pablos, cuando Alfredo del Mazo era el secretario de la SEMIP”.

En esos años desaparecieron varias locomotoras de vapor de vía angosta, marca Baldwin, compradas en Bélgica en 1886, que fueron las únicas que rodaron en el estado. Miguel Angel Gómez afirmó en su denuncia que dichas locomotoras fueron vendidas a coleccionistas franceses y norteamericanos y hoy se cotizan en varios millones de dólares.

No obstante que el INAH propuso y se decretó una declaratoria de zona de monumentos históricos en Santa Rosalía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1986, es a partir de esa fecha cuando se incrementan los pillajes.

En abril de 1987 tomó las riendas del gobierno municipal de Mulegé Raúl Rouzaud y fue durante su administración cuando “se realiza y permite el éxodo masivo del escaso patrimonio histórico que quedaba en Santa Rosalía”, como es entre otros, la venta a particulares del Hotel Francia, vieja construcción del siglo pasado, que no obstante estar protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, fue puesto en venta en 1989 por acuerdo del Cabildo mulegino sin mediar dictamen del INAH, o el desmantelamiento, clasificación pieza por pieza y traslado a un lugar desconocido, del edificio de madera de la aduana marítima.

En sus considerandos, el Decreto de 1896 estipula que "las características formales de las edificaciones de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, son testimonio de gran valor para la historia social, económica y política del país". Por esto, hace una relación de 31 construcciones y edificios con valor histórico, construidos en el siglo XIX, entre otros el Templo de Santa Bárbara, el Hotel Francia, el Club Rotarios, la Casa Club Manuel Santiesteban, la Sociedad Mutualista, la Casa de Visitas y las oficinas de la Compañía El Boleo. Varios de estos edificios se encuentran en el abandono, han sido reformados sin permiso o de plano destruidos.

 Aún hay más

Pero no sólo el patrimonio histórico de ese y otros municipios del estado han sufrido deterioro. El 18 de abril de 1996 se presentó  una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal  en Cabo San Lucas, en contra de las estadounidenses Tanya Shelton y Linda Winkler, y contra el mexicano Manuel Fiol, por su presunta participación en los delitos de robo, tráfico y venta ilegal de bienes históricos de la nación.

La investigación se inició luego de que una denuncia anónima, informó que en la tienda “El Rancho”, ubicada en Cabo San Lucas y propiedad de Shelton y Winkler, se estaban comercializando cruces de hierro forjado, pertenecientes a tumbas del siglo XIX del panteón municipal de El Triunfo. Este panteón está incorporado en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con el número de clave 03004220.

Dicho panteón data del siglo XVIII, pero fue en los años del siglo XIX cuando se desarrolló la arquitectura funeraria que tenía por característica un remate de cruz en hierro forjado, todas ellas consideradas parte del patrimonio histórico del estado.

En la tienda de las norteamericanas se decomisaron cuatro cruces y un molcajete precolombino. Linda Winkler, durante su declaración ante el ministerio público, entregó voluntariamente dos cruces más, una pistola con cachas de plata, una caja de madera y un metate. Se sabe que en los panteones Inglés, Francés y El Rosario, también considerados monumentos históricos, se han dado actos de vandalismo, saqueo y robo de puertas de ataúdes, urnas funerarias y cruces.

Baja California Sur es un estado con una gran riqueza arqueológica. La abundancia de vestigios prehispánicos es tal que los campesinos, las compañías constructoras, los contrabandistas y todo el que araña o excava el suelo, saca nuevas piezas. No hay sierra, planicie o región costera que no tenga entierros precolombinos, muchos de ellos en buen estado de conservación, dadas las condiciones climatológicas imperantes, de donde los saqueadores obtienen collares y pendientes, puntas de flecha, navajas, y utensilios domésticos como molcajetes, metates, percutores y petroglifos (inscripciones y grabados en piedras de mediano tamaño). No hay datos exactos pero se sabe que hay un mercado negro de estas piezas arqueológicas y paleontológicas, que constantemente toman el rumbo de la frontera norte.

El meteorito Loreto

Un aerolito de 95 kilos, ahora conocido como Meteorito Loreto, fue encontrado en 1896 por habitantes de esa población. No se conocen las circunstancias en las que el estadounidense Harvey Harlow Nininger se apropió de la pieza, lo cierto es que lo sacó del Estado de manera clandestina y lo entregó al Museo Nacional de los Estados Unidos. Actualmente se exhibe en la colección del Instituto Smithsoniano de la ciudad de Washington DC.

 

Revocación: la gran discordia

 

Eduardo Nava Hernandez

De manera aparentemente absurda e inexplicable, el recién establecido derecho a la revocación de mandato se ha convertido en un nuevo punto de discordia entre el gobierno y sus aparatos, incluyendo al partido denominado Morena, y el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello.

Seguramente, para alguien que observe desde el extranjero este peculiar conflicto, o para quien no tenga los elementos de contexto, resultaría un asunto totalmente excéntrico, incluso surrealista, kafkiano. En la situación actual de la política mexicana, gratuito podrá ser, pero con una lógica clara.

La revocación, según Rodrigo Borja, se ubica como una de las formas de la participación popular en los asuntos del Estado, dentro de un régimen democrático, y consiste en la “opción que se da a los electores para que puedan, en nueva votación, revocar el mandato político otorgado electoralmente a un magistrado de naturaleza representativa, antes de que cumpla el periodo para el que fue elegido, cuando consideren que ha incurrido en falta de capacidad o de probidad en el ejercicio de sus funciones. Donde existe la institución [de la revocación] el cuerpo electoral tiene el derecho de elegir pero conserva también el de destituir en las urnas al magistrado elegido. […] implica el retiro de la confianza depositada en él. Es un mecanismo constitucional para asegurar la responsabilidad de los gobernantes” (Enciclopedia de la política. Tomo II, p. 1665).

Como debiera resultar claro, se trata de un derecho colectivo que implica la existencia de un gran descontento de los gobernados con sus gobernantes una vez que éstos se encuentran en el desempeño del cargo, y no de una formulación abstracta de derecho constitucional aplicable en cualquier momento. Y es un derecho, en lo particular, del sector de ciudadanos insatisfechos con el actuar del gobernante o representante.

Pero no; en México resulta que no son los opositores y descontentos con el gobierno lopezobradorista quienes promueven la revocación, sino el presidente mismo, sus operadores y sus seguidores incondicionales. ¿Así o más absurdo, como lo expresan los jóvenes? Si el presidente mismo se siente incapaz, ¿por qué no simplemente renuncia o solicita una licencia por tiempo indeterminado? ¿Sí la gente está satisfecha, por qué ha de recurrir a un procedimiento extremo —extremo, subrayo—, como es el de la remoción constitucional o revocación?

Está claro, a estas alturas, que el procedimiento ya iniciado tiene para sus impulsores tres aspectos bien claros. Primero, dar una muestra de respaldo aún más contundente al presidente que el que los diversos sondeos de opinión muestran, y que en todos los casos lo ubican por arriba de un 60 por ciento de aprobación, y usar el instrumento revocatorio para infligir a la muy disminuida oposición realmente existente una nueva derrota política, más allá de las que electoralmente ya ha recibido; segundo, un nuevo gran movimiento de distracción de la atención pública como otras tantas bolas de humo que desde el gobierno mismo se ha aprendido en tres años a lanzar para evitar el debate en profundidad de los problemas de la nación; y tercero, cobrar agravios no al gobernante mismo sino al órgano facultado para realizar la consulta, el Consejo General del INE, como una instancia que demostradamente el presidente no ha logrado incorporar a su esfera de control. En los tres casos, se trata de un uso no sólo abusivo sino distorsionado del procedimiento, muy alejado de los propósitos democráticos para los que fue concebido.

Por eso, y no porque la disputa real se ubique entre los impugnadores y los defensores del presidente López Obrador, es que se ha elevado el tono del discurso hasta niveles de encono contra quienes cuestionan ese empleo provocador del instrumento de democracia directa y, peor, contra el organismo operativo de la consulta misma. Estamos ante una de las formas supremas del autoritarismo presidencial: el uso de una postura pseudodemocrática para expropiar a los ciudadanos de la sociedad civil un instrumento que a éstos les pertenece por derecho propio, para ponerlo al servicio de los fines del presidente mismo y su aparato de poder.

¿Cómo explicar si no que, ante el acuerdo del INE de prorrogar algunas de las fases del proceso revocatorio, sea el mismo presidente el que, molesto, anuncia recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia para asegurar que la consulta que, en teoría, puede removerlo del cargo, se realice?

Pero a esa perversión demagógica (“el pueblo pone, el pueblo quita”) de un instrumento de efectiva democracia directa, se agrega el segundo de los usos que AMLO ha decidido darle. Resulta que cuando en tres años no hay resultados visibles en seguridad pública; cuando la economía se mantiene insuficientemente reanimada y la inflación retoma niveles que no había tenido en más de dos décadas; cuando la pandemia no ha sido vencida y el país se sigue ubicando entre los de mayor mortalidad en el mundo por Covid-19; cuando en el sur del país se enfrenta una verdadera crisis migratoria por los flujos de refugiados centroamericanos cuyos derechos humanos se violentan constantemente por la Guardia Nacional y los agentes del Instituto Nacional de Migración; cuando está muy cerca de naufragar en el Congreso el estratégico proyecto de reforma al sector eléctrico, y lo está por la estrategia de confrontación elegida por el propio presidente; cuando el escaso producto interno, lejos de redistribuirse entre el conjunto de la población, sigue su imparable proceso de concentración en manos de la muy pequeña oligarquía dueña del país, pese a que “primero los pobres” se siga proclamando en el discurso; cuando la pobreza se ha extendido en vez de verse reducida, pese a los programas asistenciales que con intereses electorales maneja el gobierno de la República; cuando la también vigorosa entrega de las funciones de la vida civil a las fuerzas armadas —mediante declaratorias de prioridades de seguridad nacional y ahora la adjudicación de la administración de bienes nacionales— prosigue también con total enjundia; cuando el número de desaparecidos en el país alcanza la escalofriante cifra de 100 mil, reconocidos por el propio gobierno pero con desdén hacia las víctimas; cuando, en fin, una gama de problemas sigue afectando a la población, aparece, desde la tribuna misma presidencial el tema de la aparentada revocación de mandato como si fuera ésta legítimamente promovida por quienes han perdido la confianza en el presidente.

Pero las reservas que la mayoría del Consejo General del INE ha manifestado para realizar una efectiva consulta con los recursos limitados de los que dispone ha abierto la ocasión para que el presidente, su partido y el presidente de la Cámara de Diputados lleguen a plantear la posibilidad, no remota, de removerlos de sus cargos e incluso reestructurar por completo al instituto, cobrándose así diversas ofensas, como la de haber anulado, en cumplimiento de la ley, las candidaturas de un gran número de postulados por Morena para las pasadas elecciones concurrentes de junio, entre ellos destacadamente la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón Orozco en Michoacán.

La estrategia presidencial, secundada y ejecutada particularmente por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, es muy clara: desde la asignación del presupuesto para 2022, se aplicó un recorte sustancial al INE por más de 2 550 millones, (de un 33 por ciento, aproximadamente) particularmente a la partida solicitada para realizar el proceso de revocación de mandato —que tiene un costo similar a la de una elección presidencial, unos 3 830 millones, según lo estima el Consejo General—; acto seguido se exige que se programe y realice la consulta como si se hubiera asignado el recurso necesario, y cuando el órgano constitucionalmente autónomo reclama el recorte y aduce que tiene que aplazar algunas acciones del proceso hasta contar con los recursos necesarios, se espetan amenazas contra los consejeros que llegan, incluso, a la de hacer denuncias penales contra los consejeros, como lo ha planteado el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna. No sería difícil que, de admitirse las denuncias, la Cámara proceda al desafuero de los consejeros para sustituirlos y cristalizar así el designio presidencial.

Se argumenta, entre varias otras cosas, que la suspensión del proceso o su aplazamiento afectaría incluso derechos humanos a los ciudadanos. En absoluto puede aducirse así. La revocación es un derecho político, sin duda, pero no aplicable en cualquier circunstancia ni incondicionado. El artículo 35 que lo establece condiciona su realización a que previamente se cubra un requisito: que sea un 3 % de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores quienes la soliciten ante el Instituto Nacional Electoral. Ese requisito no se ha cubierto aún, por lo que no hay certidumbre de que la consulta deba realizarse.

Por lo demás, no existiendo realmente impugnaciones de peso a la gestión del titular del Ejecutivo que fundamenten su remoción, no se requiere ninguna ratificación y su gestión terminará, tal como lo establece la sentencia judicial que le entregó la presidencia, el 30 de septiembre de 2024.

Pero para reunir las suscripciones ciudadanas, y conociéndose los altos niveles de popularidad del presidente López Obrador, Morena y algunas organizaciones supuestamente civiles creadas con ese propósito, solicitan el consentimiento de los ciudadanos para realizar no una revocación —único concepto admitido por la Constitución y la ley reglamentaria—, sino para la ratificación del presidente. Increíblemente absurdo que sean los partidarios del gobernante quienes promuevan su falsa revocación; pero así se maneja la política en nuestro país.

Que la Comisión de Receso de la SCJN haya admitido el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE del viernes 17 de diciembre no resuelve para nada el fondo del asunto: la constitucionalidad o no del recorte que se aplicó a las finanzas del INE, impugnado por éste, así como la de la pregunta, como ésta ha sido formulada para aparecer en la boleta, que no se refiere sólo a la revocación sino a la ratificación. De ello tendrá que ocuparse la Corte el próximo mes de enero para zanjar en definitiva el espinoso asunto en que se ha convertido la demagógica consulta. Y no sería extraño que el máximo tribunal del país ordene a la Cámara asignar al INE los recursos necesarios para que el proceso pueda realizarse el próximo mes de abril conforme a lo prescrito en la Constitución y las leyes secundarias.

Pero nunca más, en principio, debiera hacerse un uso político faccioso como el que el gobierno federal, su órgano partidario y algunos adláteres lo pretenden hacer de un recurso constitucional. La inscripción del derecho a la revocación —que pertenece a los ciudadanos— en nuestro andamiaje jurídico, es un logro sin duda histórico que debe reservarse precisamente para cuando la situación lo exija. Manipulado, como lo está hoy, por el régimen, no viene sino a ratificar una vieja sentencia de la vida democrática: “la política es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos”.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH