Soberanía estatal en riesgo, por venta de litorales

María Luisa Cabral Bowling

La iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional que fue aprobada sorpresivamente en el Cámara de diputados y que debe ser tramitada ahora en el Senado, es de tal trascendencia por las consecuencias que puede acarrear que debería analizarse y discutirse ampliamente. Casi fue aprobada a escondidas, no hubo una sola mención al respecto en los medios de comunicación los días anteriores, lo que es una muestra de un manejo irregular.

La reforma, en los términos aprobados por los diputados, permitirá que los extranjeros particulares puedan comprar directamente tierras en la franja prohibida de 50 kilómetros de la costa y de 100 kilómetros de la frontera.

La iniciativa contiene cuatro puntos:

1. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente.

2. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación.

3. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 constitucional.

4. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Su presentación casi a escondidas, sin que se evaluara y se debatiera antes y su aprobación sin ningún debate parlamentario, mostraron claramente cómo el PRI y el PAN (salvo muy honrosas y contadas excepciones) ya tenían la decisión tomada y, como lo señalaron los oradores de la oposición en la sesión, ni siquiera prestaban atención a los argumentos que se les presentaron. Se aprobó por 356 votos a favor, 119 votos en contra y 2 abstenciones.

Aunque ya se está dando un debate sobre el tema, en particular en nuestro estado, afortunadamente, es necesario que antes de que pase al Senado se propicie un mayor análisis. La sociedad mexicana debe conocer esta reforma tan trascendente y debe contar con suficientes elementos de juicio para analizar los múltiples  aspectos y las graves consecuencias que tendría su aprobación.

La prohibición constitucional tiene una historia, la más relevante es la pérdida de más de la mitad del territorio a manos de Estados Unidos. La razón de su existencia no es el chauvinismo, ni la xenofobia o el nacionalismo mal entendido, nada parecido. Simplemente es una protección ante el enorme desequilibrio económico y político de México y de los mexicanos frente a Estados Unidos y los estadounidenses. Se requiere tener una visión más integral y más profunda de la situación ¿cómo pedirle que entienda de geopolítica y de coyunturas internacionales si no sabe ni cuál es la capital de Veracruz?

La desigualdad entre los dos países no solo no la hemos superado, ahora se ha profundizado gravemente. A partir de los noventas aumentamos de manera todavía más desequilibrada nuestra dependencia de Estados Unidos, en materia económica y comercial con el TLC y a partir de la aprobación de ASPAN, por cierto firmado en Los Cabos, y desde el Plan Mérida incluso en materia de seguridad.

A esto podríamos agregar que la reforma laboral y la anunciada reforma energética obedecen más o los intereses estadounidenses y a la crisis económica que desataron desde el 2008 que a los intereses de la sociedad mexicana. Definitivamente no es aceptable el argumento de que ya no debemos temer a nuestros vecinos.

Durante la revolución mexicana que coincidió con la conversión de Estados Unidos en potencia hegemónica mundial hubo cuatro momentos, según Friedrich Katz en su libro “La guerra secreta en México”, estuvimos a punto de ser invadidos y que anexaran todavía más territorio, solo nos salvó la inminencia y el estallido de la primera guerra mundial. Ahora estamos justo en el proceso contrario, el repliegue de Estados Unidos frente al surgimiento de otras potencias y en América Latina la desaparición de su influencia determinante en Sudamérica y una profundización de su control en Centroamérica, el Caribe y México. Sobre todo México está siendo utilizado en todos sentidos como su colchón de amortiguamiento económico, en mano de obra barata y receptor de inversiones desreguladas, de afectación del medio ambiente, entre muchos otros aspectos.

En la conferencia de prensa que ofrecieron Peña Nieto y Obama, por su visita a nuestro país, ambos mandatarios hablaron sobre la integración económica de Norteamérica, por primera vez sin ningún rodeo. Pero además resulta que somos los principales socios y estamos profundizando el proceso de integración pero, según lo dijeron ambos mandatarios la migración de mexicanos a Estados Unidos es un problema interno de ese país, al igual que el comercio legal e ilegal de armas, temas en los que ni siquiera se atrevió a opinar nuestro presidente. Fue una muestra muy clara de nivel de dependencia que tenemos con Estados Unidos en este momento.

En este contexto, permitir la adquisición directa de tierras por los extranjeros va a agravar los conflictos de la tenencia de la tierra que ya existen y la península de Baja California es especialmente vulnerable al respecto, por razones geográficas e históricas. Ya en Baja California Sur vemos conflictos por propiedades costeras de las más valiosas entre estadounidenses, como es el caso de Punta Arena de la Ventana. En Baja California Sur ocupamos desde hace ya varios años uno de los primeros lugares entre las entidades con mayor tasa de denuncias por el delito de despojo, junto con el estado de Morelos en donde los conflictos campesinos se han agravado en los últimos años.

Es falso que se diga que se trata promover el turismo porque es un paso más en la distorsión del proyecto turístico. Quienes compran propiedades no son turistas, son residentes o por lo menos residentes temporales y no promueven ningún turismo, promueven el negocio inmobiliario y todos los negocios que derivan de él para los extranjeros. Desarrollo turístico sería que los mexicanos tuviéramos los grandes hoteles y los principales servicios turísticos para beneficiarnos de su visita. Eso no es lo que está ocurriendo ya no solamente en Los Cabos. De hecho el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD comentó en la sesión de discusión de la reforma el caso de San Miguel Allende, Guanajuato, “donde se han asentado ciudadanos extranjeros y han adquirido grandes propiedades, viviendas, que violando la ley las han convertido en hoteles-boutique y que hoy, al amparo de todas estas omisiones e irregularidades, generan una competencia desleal para el sector hotelero guanajuatense y en específico de San Miguel Allende”

Si ahora sin la reforma ya las principales playas están cerradas, muchas de ellas con vigilancia armada que impide la entrada a los mexicanos, esa presión va a aumentar ahora considerablemente ya que para los inversionistas estadounidenses es muy frustrante no poder tener títulos de propiedad en playas. Tenemos, todavía los mexicanos un concepto muy diferente de la propiedad. Para nosotros el subsuelo, la atmósfera y las playas son de la nación, de todos los mexicanos, para ellos no. O sea que la presión para privatizar las playas será tremenda.

Según los términos de la propuesta se trata de que los particulares extranjeros puedan adquirir propiedades solo para uso de vivienda y no para hacer negocios lucrativos y en Los Cabos lo que predominan son los grandes desarrollos inmobiliarios, son negocios inmobiliarios en donde los extranjeros son los principales beneficiarios. Con la reforma a la ley de inversión extranjera de 1989, se permitió que las empresas domiciliadas en México, aunque fueran 100% de capital extranjero y de socios extranjeros pudieran comprar tierra como empresas mexicanas. Se suponía que lo que se pretendía era que surgieran proyectos productivos y se crearan empleos y la famosa derrama,  que ya sabemos que es las migajas para acá y las grandes ganancias para allá. Y los negocios productivos que surgieron fueron los negocios inmobiliarios. Si estos no están limitados por la iniciativa se va a agravar todavía más el despojo y la pérdida de soberanía, ya evidente en Los Cabos.

Uno de los grandes temas a discusión ahora en medio de crisis europea y del prolongado aunque ya decadente predominio de la especulación financiera como principal motor de la economía mundial, es la especulación inmobiliaria. Se está hablando mucho sobre este tipo de especulación sobre todo ahora en las ciudades, grandes y pequeñas, en donde se sacrifican espacios verdes y se hacen construcciones que no obedecen a un crecimiento de las necesidades locales sino a la lógica del negocio inmobiliario con graves afectaciones al medio ambiente y a la comunidad local.

El peligro es mayor en este momento en que las instituciones de nuestro país están debilitadas en extremo, en que tenemos una corrupción generalizada, cada vez con menos instrumentos para combatirla y en que la impartición de justicia se encuentra en uno de sus peores momentos.

Para Baja California Sur es particularmente delicado si vemos el enorme poder que están adquiriendo algunos grupos de extranjeros, como el grupo Walton en concreto en nuestra ciudad. El proyecto de ciudad emergente sustentable para la ciudad de La Paz fue promovido y apoyado principalmente por la International Community Foundation, que promueve los intereses de los estadounidenses residentes en el extranjero, en particular en México y en Centroamérica. Ellos afirman en el propio documento del proyecto que publica en su página que éste no hubiera sido posible sin su apoyo. Desde hace tiempo estamos presenciando una transformación de la ciudad de La Paz, las casas de interés social y la ciudad dormitorio hacia el sur y la salida a las playas con “desarrollos turísticos” y en medio el centro casi en desmantelamiento.

¿Cómo puede hacerse una reforma responsable al respecto si ni siquiera se sabe cuántos extranjeros residen en nuestro país? En el censo no son registrados por ser extranjeros aunque residan en nuestro país. Por la cercanía y por las facilidades que tienen para entrar y adquirir propiedades no necesitan ser residentes, entran y salen como turistas. Incluso se ha llegado al grado de hablar de turismo residencial, concepto que es totalmente contradictorio y que muestra el engaño de la enajenación del territorio.

En medio de esta discusión tenemos que congratularnos de que el diputado Alfredo Zamora García de Baja California Sur declaró en la sesión que votaría en contra, al igual que otro diputado de Baja California, por considerar que siguen vigentes los argumentos que el constituyente de 1917 para establecer esta limitación y que es inaceptable esta reforma.

En la sesión del Congreso los argumentos que se presentaron a favor son muy endebles.

“Se trata de erradicar la simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a los intermediarios, que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y prestanombres han lucrado con la prohibición constitucional", afirmó un diputado quien agregó que "estaremos facilitando la inversión turística y la generación de empleo local". Será erradicar la simulación en el despojo y la desnacionalización, como hay muchas infracciones a la ley que existe para proteger a los mexicanos pues hay que legalizarlas, otra vez con la cantaleta del empleo. Es una tragedia nacional el que se siga esperando la solución a la crisis y al desempleo a través de la inversión extranjera. La inversión extranjera es un negocio, vienen a hacer ganancias, no a promover ningún desarrollo. Además los mismos organismos financieros, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional nos han alertado sobre el peligro de la actual atracción en México para los capitales que ellos mismos llaman “golondrinos”, inversiones altamente especulativas que no dejan ningún desarrollo. Igualmente nos han alertado sobre el lavado de dinero en México y todos los especialistas coinciden en que uno de los rubros preferidos de esos flujos financiaros no siempre ilegales son los negocios inmobiliarios. ¿Cuántas construcciones conocemos que no corresponden a las dimensiones de la economía local?

"Por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas", señaló Beltrones en la propuesta, pero según él las "circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas". Ya sabemos que la actual administración ya no quiere hablar de guerra contra el narco, no sé cómo se le pueda llamar ahora conflicto armado, o lo  que sea, pero el hecho es de que esta condición de violencia por el narco está muy lejos de terminar, ha seguido creciendo y agravándose y el hecho también es que no es un conflicto interno nacional sino un conflicto por lo menos binacional, de Estados Unidos y México, porque el gran negocio y el gran consumo están allá, aunque la inmensa mayoría de las muertes, sobre todo las más violentas estén acá. Así que más bien estamos otra vez en uno de los momentos más delicados de la historia de nuestro país, aunque no lo quieran ver así. 

Turismo  o colonización

Tulio Ortiz Uribe

Por lo que se ve, pronto los mexicanos de a pie tendrán que saltar trancas, barrancas y dispositivos de seguridad privada para acercarse al mar.

Y es que los diputados del PRIAN legalizaron el martes lo que durante 40 años se dio en lo oscurito y con limitaciones: que los extranjeros puedan adquirir, de manera directa, propiedades inmobiliarias en lo que históricamente fue la zona restringida de cien kilómetros en la frontera y cincuenta en las costas.

De esta forma si a los senadores les da por avalar la ocurrencia de los diputados, la península de Baja California podrá ser comprada casi completa por extranjeros, pues si sumamos los 50 kilómetros de la  costa hacia adentro por el lado del Pacífico y los 50 por el Mar de Cortés, ahora podrán hacerse de propiedades no solo en la costa sino en los valles, ciudades y montañas de los dos estados bajacalifornianos. Todo esto sin consultar la maltratada y casi inexistente soberanía estatal.

Metidas de pata aparte, la comisión dictaminadora en San Lázaro arguyó que la reforma constitucional al artículo 27 es una “estrategia” que “dará certeza a la inversión” foránea, pero que en los hechos sólo acelerará el acaparamiento de tierras costeras por extranjeros, para reventa y negocio con sus connacionales. Baja California Sur es el mejor ejemplo de esto. Tan solo el valor inmobiliario del corredor turístico de Los Cabos supera los mil millones de dólares anuales y está controlado por 60 empresas gringas con base en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.

El mercado es tan lucrativo, que se calcula un ingreso anual de 100 millones de dólares para las empresas inmobiliarias, tan solo por la intermediación en la venta de casas nuevas, departamentos y tiempos compartidos, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, solares, ranchos y otro tipo de propiedades. No está por demás decir que esas utilidades toman el camino del norte, sin retorno.

Los sesudos impulsores de la propuesta prianista, que están por darle otro pinchazo a la ya cacariza Constitución, argumentaron que “el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios, esto es, las casas inmobiliarias o constructoras que figuran como los propietarios del terreno pero venden la construcción a extranjeros, neutralizando así la restricción de no poseer tierras, puesto que legalmente en la actualidad, el extranjero solo es propietario de la construcción, cuando en la práctica lo es también de la extensión del terreno”

Ni Cantinflas lo pudo haber dicho mejor. Lo que no nos queda claro es como van a eliminar a los intermediarios, Tratado de Libre Comercio y Ley de Inversión Extranjera de por medio, que les permite crear empresas con fachada nacional pero con capital 100 por ciento extranjero.

Los asesores de Manlio Fabio Beltrones y del panista Raúl Paz Alonso, autores de la iniciativa, no encontraron mejores argumentos para defender la medida que sacar a relucir  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y decir que se estaban violando los derechos humanos de los extranjeros al prohibirles tener sus tierritas con playa y palmeras. Faltaba más.

“Bajo esta tesitura, expusieron, la reforma constitucional permitirá a los extranjeros adquirir el dominio de tierras en las fronteras y costas en términos de los dispuesto por el artículo 21, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica”

Pero tal disposición la metieron como paja, relleno para abultar el dictamen y darle cierto aire de modernidad a la propuesta del diputado Beltrones, pues nada tiene que ver con la venta de bienes inmobiliarios a extranjeros:

Y por si no fuera bastante engrudo, los diputados se conduelen de los adquirientes de playas, quienes “estaban pagando altos costos” derivados de la constitución de fideicomisos, por el  “pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental”. Pobrecitos, había que eximirlos de estas terribles gabelas.

Pero luego se contradicen, y echan las campanas al vuelo para decir que la reforma traerá grandes beneficios económicos a los municipios, “ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, podrán recaudar (los ayuntamientos) las contribuciones a que se refiere el artículo 115, frac IV constitucional”

Por último, los olvidadizos diputados del Prian (y uno que otro chucho que votó a favor) dicen que la restricción de venta a extranjeros de fronteras y playas “es sólo histórica”, y que “la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico”, pues los tratados internacionales, los organismos internacionales y el propio Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas”, nos dan la garantía de que la inversión extranjera “no representará un riesgo para nuestro país”. Vaya memoria tan corta; por permitir colonos, se perdió la mitad del país.

Para actividades productivas, nuevo préstamo por 500 millones para Baja California Sur

Tulio Ortiz Uribe

La calificadora Fitch Rating confirmó hoy la contratación  de un crédito bancario por 500 millones de pesos, realizado por el gobierno de Baja California Sur con el banco Santander.

El crédito tiene un plazo de 20 años y tendrá como fuente de pago el 6% de las participaciones federales. El servicio de deuda se realizará mediante un fideicomiso de administración y fuente de pago donde el fiduciario es Bancentro. Los recursos son depositados en este banco por la Tesorería de la Federación, por medio de una instrucción irrevocable girada por el Estado.

El financiamiento tiene su origen en el decreto 2020 publicado en el Boletín Oficial del pasado 30 de octubre, mediante el cual el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través del secretario de Finanzas, “a celebrar un empréstito, por un monto de hasta 500 millones de pesos, más reservas, accesorios financieros, coberturas, gastos y las comisiones que se generen”

Aclara el documento que dicho crédito se destinará a inversión pública productiva y que la fuente de pago será “un porcentaje suficiente y necesario de los derechos e ingresos que por concepto de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado”

Mediante el oficio SF/1883/2012 del 14 de diciembre del año pasado, el secretario de Finanzas José Antonio Ramírez Gómez solicitó al Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la SHCP, Raúl González Treviño, inscribiera en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, un contrato de apertura de crédito simple por 500 millones de pesos, con el banco Santander.

De acuerdo con el oficio351-A-PFV-1801 del 20 de diciembre de 2012, cuya copia obra en poder de esta revista, González Treviño le informa a Ramírez Gómez que dicho contrato quedó inscrito con el número P03-1212215.

Antes de este crédito, BCS destinaba el 50 por ciento de sus participaciones federales para el pago de sus compromisos financieros, y al cierre de 2012 tenía un adeudo directo por mil 322 millones de pesos, que representaba el 2% del PIB, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.

Fitch Rating  le asignó al crédito la calificación de AA(mex)vra, que significa “muy alta calidad crediticia”. Dicha calificación, informa la empresa en su página de internet, “está estrechamente ligada a la calidad crediticia del Estado de Baja California Sur”. Agrega que “cualquier mecanismo adicional a los ya contemplados en la estructura inicial que permita robustecer el crédito, podría mejorar la calificación asignada”

Por el contrario, advierte, “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o alguna otra que se considere incremente el riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en la calificación”

Quebranto de 43 millones dejó Alberto Lascurain Ochoa en la SCT: ASF

Tulio Ortiz Uribe

Pérdidas por 42 millones 838 mil pesos dejó la mala administración del Centro SCT en el estado, durante la construcción de la autopista La Paz-Los Cabos en el tramo San Pedro-Cabo San Lucas, destaca  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Luego de auditar la obra, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados determinó que la dependencia, bajo la responsabilidad de Carlos Alberto Lascurain Ochoa, incurrió en incumplimiento de diversas leyes, reglamentos y disposiciones normativas, razón por la cual el dictamen se calificó como negativo.

El tramo carretero San Pedro–Cabo San Lucas y el libramiento de Todos Santos, forma parte del corredor transpeninsular. El costo de la obra para modernizar y ampliar 161 kilómetros con cuatro carriles, se estimó en 3 mil 630 millones de pesos, de los cuales 2 mil 280 millones correspondieron a recursos federales y mil 350 millones de pesos de inversión  privada, y un periodo de ejecución programado de 2008 a 2012.

En octubre del año pasado, Lascurain Ochoa respondió las críticas del senador priista Ricardo Barroso Agramont,  quien dijo que al transitar por dicha carretera se encontró con “charcos y zonas de mala calidad”, y comentó que una inversión tan grande no correspondía con el estado de la carretera.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes replicó que “las carreteras están auditadas permanentemente por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación y agregó que “si el senador Barroso tiene alguna duda, pues puede recurrir a esas instancias”.

Un mes después, el mismo funcionario dijo que la delegación de la SCT en el estado no deja “tornillos sueltos”, y que el trabajo realizado en “materia de infraestructura carretera, tiene un 10 de calificación”.

En el dictamen, la ASF informa que durante una inspección física de la obra, se encontraron grietas, fracturas, humedad en losas de puentes, socavones en los terraplenes, así como lavaderos y bordillos destruidos y cunetas azolvadas entre otras anomalías.

Asimismo, el Centro SCT autorizó pagos por 5 millones sobre trabajos y materiales que no estaban contemplados en los contratos; obras pagadas pero no ejecutadas por 2 millones de pesos y la falta de rescate de un adelanto por 17 millones 647 mil pesos entregados a una empresa a la cual se le rescindió el contrato. (Nota: la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados su informe de resultados 2011, el 18 de febrero de 2013)

Desvió recursos federales el gobierno de Venustiano Pérez Sánchez en Comondú

Tulio Ortiz Uribe

El gobierno municipal de Comondú desvió y ocultó más de 6 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que le fueron suministrados por el gobierno federal para obras sociales, denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo detectó que una parte se transfirió ilegalmente a otras cuentas bancarias; no se encontró documentación que comprobara el gasto y destino de los recursos, y tampoco se realizó un registro contable de ese dinero, dice el organismo en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011.

El faltante es parte de los 15 millones 347 mil pesos entregados para obras que reducirían el rezago social y la pobreza extrema, en materia de agua potable, drenaje, electrificación y mejoramiento de vivienda. El recurso significó el 100 % de la inversión total en 2011 para obra pública del municipio, gobernado por Venustiano Pérez Sánchez.

Además, se realizaron obras que no benefician  directamente a la población en pobreza extrema y, en el rubro de gastos indirectos, existen conceptos que no tienen relación con las obras ejecutadas con recursos federales, se informa en el documento.

Lo anterior, dice la ASF “limitó seriamente los impactos del  fondo, retrasaron los beneficios previstos y generaron áreas de opacidad que impactaron negativamente la participación social en su operación”.

Por ese motivo se inició un procedimiento para determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el hecho. La ASF informó que los órganos internos de control de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Social, integraron los expedientes 2012/SHCP/DE456-T479 y 2012/SEDESOL/DE1242 para tal efecto.

El informe detalla los desvíos de recursos efectuados por el municipio y lo instruye para que sean devueltos a la federación “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”.

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados afirma que en el municipio de Comondú hubo “un proceso de planeación inadecuado y el desconocimiento de la normativa aplicable al Fondo, lo que propició que se privilegiara con el 52.2% de la inversión a obras de urbanización.

Esto tuvo una clara orientación de beneficiar a sectores de población que presentan las mejores condiciones de desarrollo, en detrimento de las localidades con mayores necesidades”, que pone de manifiesto una contribución marginal del municipio al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de desarrollo social.

Por tanto, “la contribución al cumplimiento de los objetivos del Fondo fue marginal”, en virtud de que sólo se destinó el 18.7% de los recursos para atender necesidades de los que menos tienen, no obstante que el 10.8% carece de agua potable; 15.8% alcantarillado y el 28.8% de la población no tiene de piso de cemento en sus hogares.

Y pidió se someta a análisis del Cabildo los resultados del informe, a fin de que se tomen las medidas que permitan orientar adecuadamente los recursos del fondo en beneficio de las zonas que presentan los mayores rezagos y la población en pobreza extrema. 

Treinta millones para pagos ilegales a comisionados en el SNTE

Tulio Ortiz Uribe

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur tampoco pudo escapar a las presiones y el poder político de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la “maestra” Elba Esther Gordillo.

En 2011, dice el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública entregado a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría realizó pagos por 27 millones 389 mil 100 pesos, a 64 trabajadores (62 docentes y 2 administrativos) comisionados a la Sección III del sindicato.

Pero además, la ASF encontró que se localizaron 18 trabajadores adscritos en un “centro de trabajo AGS”, que es como se denomina a las oficinas del sindicato en todo el país,  a los que les realizaron 652 pagos, por 3 millones 333 mil 700 pesos, por lo que resultó un total de 30 millones 722 mil 800 pesos.

 De acuerdo con el reglamento de las condiciones generales de trabajo y la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, las comisiones sindicales se otorgan sin goce de sueldo. Por tanto no tienen fundamento legal pero se entiende que se dan por presiones del sindicato.

¿Qué significa ese subsidio que le da la SEP a la poderosa organización sindical, que debiera usar las cuotas que se descuentan a los maestros para el pago de sus comisionados? David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, asegura que en 2011 los mexicanos pagaron mil 700 millones de pesos en salarios a los maestros comisionados que realizan trabajo sindical en el SNTE. Estos recursos servirían para pagar 65 veces el programa nacional de lectura, 17 veces el programa para el fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales y 11 veces el programa para fortalecer el servicio de telesecundarias.

David Calderón expresó que es necesario poner fin al abuso que representa el pago a profesores comisionados en labores sindicales que no dan clases, pero sí absorben recursos destinados a la educación de los niños.

Minería, el falso espejismo del desarrollo

Tulio Ortiz Uribe

Uno de los principales argumentos de las empresas que buscan concesiones mineras en Baja California Sur, es el de que crearán fuentes de trabajo “bien remuneradas”. Este falso argumento queda en evidencia mediante un documento que, con información de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, elaboró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Ahí se explica que los salarios mínimos legales y contractuales en la industria minera de México son de los más bajos entre una veintena de países: 2.30 dólares la hora, sólo por arriba de Perú con un dólar. En comparación, un trabajador en Francia recibe 9.60 dólares, en Australia 12.20  y en Canadá –país de donde procede el 90 por ciento de las empresas mineras-, percibe 40 dólares por una hora de trabajo.

El estudio titulado “Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas” ejemplifica que en Argentina, Grecia y Checoeslovaquia un minero requiere trabajar 7.5 horas para comprar 16 productos alimentarios básicos, mientras que aquí se necesitan 17 horas; la compra de un pantalón de calidad media implica en México 17 horas 43 minutos de trabajo y en Turquía 8 horas 9 minutos.

Un trabajador minero en Baja California Sur necesita trabajar 5 mil 796 horas para comprar un automóvil nuevo mediano; en Chile se adquiere con 4 mil 083 horas. Un par de zapatos comunes de calidad media se compran en República Dominicana con 16 horas y en México con 22.

Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que fue perseguido por los gobiernos de Fox y Calderón y que ahora se encuentra exiliado en Canadá, dice que las empresas mineras “no tienen una justificación económica para explicar las enormes disparidades entre los salarios que pagan en México” y los que se dan en otras naciones desarrolladas.

Agrega que “Las diferencias brutales son los niveles de explotación, sometimiento y marginación que existen y toleran los gobiernos de México en complicidad con las empresas. Esta es una estrategia totalmente equivocada e irresponsable en materia económica, pues reduce los ingresos salariales, el poder adquisitivo, el consumo y la demanda. Y por el lado de la justicia social, no se puede ni debe permitir que se abuse de la necesidad económica de las personas para trabajar, obtener un ingreso y sostener a sus familias”

Asegura que las empresas mineras dan el pretexto de que el costo de la vida es más alto en esos países, “pero si medimos los costos reales comparativos, podemos afirmar que no hay una diferencia mayor al doble o en algunos casos quizá un poco más que en México, pero nunca podrán explicar o justificar la enorme distancia que los separa con los salarios al menos 16 veces más elevados que se pagan en los países más avanzados”

“ Adicionalmente la productividad de los mineros mexicanos es muy elevada y en muchos casos superior a la de esos países, de tal forma que no existe una explicación racional más que la avaricia y la ambición desmedida, por encima de cualquier sentido de equidad y responsabilidad social”

El líder minero manifiesta que “Si incluimos las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores, las diferencias son abismales. Los trabajadores mineros de México, Estados Unidos y Canadá y de cualquier lugar del mundo, desarrollan el mismo tipo de actividad, operan y producen la extracción de los minerales y los transforman con los mismos equipos y en instalaciones similares. La tecnología es más o menos generalizada y uniforme a escala mundial. Producen los mismos materiales que se cotizan  en el mercado internacional, o los mismos metales, a pesar de que los riesgos en el trabajo y en la vida misma son mucho mayores en un país como México, que en países que tienen sistemas más avanzados en materia de seguridad, salud e higiene como EU y Canadá”

La explotación y la discriminación contra la mano de obra mexicana es peor aún, porque los productos finales que se obtienen de las actividades mineras y siderúrgicas se cotizan en el mercado internacional. De esta forma, los precios finales son los mismos si los minerales se extraen y explotan en México, Canadá o Estados Unidos, o si se producen o transforman en cualquiera de estos países, dice finalmente Gómez Urrutia.

Leyes favorables que permiten el saqueo

Pero lo anterior es sólo una cara de la misma moneda, ya que las empresas mineras se están beneficiando de una política blanda del gobierno federal, que otorga  generosos incentivos tributarios a los inversionistas extranjeros: grandes ganancias pero magros impuestos y contraprestaciones ridículas por la concesión y explotación de una parte importante del territorio nacional. México junto con Chile Perú, Brasil y Botsuana, encabezan las naciones cuyas políticas son calificadas como las más favorables en la materia a nivel mundial.

Un documento de la organización británica Cristian Aid, titulado Socavando a los pobres, Reformas tributarias mineras en América Latina, dice que las reformas tributarias efectuadas en América Latina durante las últimas décadas han sido altamente regresivas, señalándose que se han rebajado los impuestos empresariales y se han aumentado los impuestos al consumo en naciones cuyo nivel general de recaudación tributaria es calificado en ese texto como deplorable e inadecuado.

En esa dirección, el texto establece que cada vez resulta más evidente que los países de la región no están recibiendo un trato justo en las contribuciones de la minería en impuestos y regalías, mencionando que Perú, Guatemala y Honduras, se encuentran dentro del nivel más bajo de pago de regalías en el mundo -o el caso de países como México, donde ni siquiera las cobran.

De acurdo con datos oficiales en 2010 las empresas mineras  tuvieron ingresos por 15 mil millones de dólares en todo el país, de los cuales 350 millones de dólares corresponden a Baja California Sur, riqueza de la que sólo se queda una ínfima parte correspondiente a los  salarios de los trabajadores mineros.

En ese contexto, dice el documento de la Cámara de Diputados, gran parte de las reflexiones en torno al nexo existente entre ingresos tributarios mineros, desarrollo económico y el papel de los grandes consorcios minero-metalúrgicos, giran en torno a cuestionamientos como ¿puede la minería contribuir al mejoramiento sostenido de los niveles de bienestar, equidad y desarrollo sustentable de las regiones y localidades mineras? ¿Cómo pueden los gobiernos, las empresas y las comunidades aprovechar los recursos minerales de una región para asegurar a los habitantes de esa zona un futuro mejor que el existente antes de sacar los minerales?