Para actividades productivas, nuevo préstamo por 500 millones para Baja California Sur

Tulio Ortiz Uribe

La calificadora Fitch Rating confirmó hoy la contratación  de un crédito bancario por 500 millones de pesos, realizado por el gobierno de Baja California Sur con el banco Santander.

El crédito tiene un plazo de 20 años y tendrá como fuente de pago el 6% de las participaciones federales. El servicio de deuda se realizará mediante un fideicomiso de administración y fuente de pago donde el fiduciario es Bancentro. Los recursos son depositados en este banco por la Tesorería de la Federación, por medio de una instrucción irrevocable girada por el Estado.

El financiamiento tiene su origen en el decreto 2020 publicado en el Boletín Oficial del pasado 30 de octubre, mediante el cual el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través del secretario de Finanzas, “a celebrar un empréstito, por un monto de hasta 500 millones de pesos, más reservas, accesorios financieros, coberturas, gastos y las comisiones que se generen”

Aclara el documento que dicho crédito se destinará a inversión pública productiva y que la fuente de pago será “un porcentaje suficiente y necesario de los derechos e ingresos que por concepto de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado”

Mediante el oficio SF/1883/2012 del 14 de diciembre del año pasado, el secretario de Finanzas José Antonio Ramírez Gómez solicitó al Director General Adjunto de Deuda y Análisis de la SHCP, Raúl González Treviño, inscribiera en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, un contrato de apertura de crédito simple por 500 millones de pesos, con el banco Santander.

De acuerdo con el oficio351-A-PFV-1801 del 20 de diciembre de 2012, cuya copia obra en poder de esta revista, González Treviño le informa a Ramírez Gómez que dicho contrato quedó inscrito con el número P03-1212215.

Antes de este crédito, BCS destinaba el 50 por ciento de sus participaciones federales para el pago de sus compromisos financieros, y al cierre de 2012 tenía un adeudo directo por mil 322 millones de pesos, que representaba el 2% del PIB, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.

Fitch Rating  le asignó al crédito la calificación de AA(mex)vra, que significa “muy alta calidad crediticia”. Dicha calificación, informa la empresa en su página de internet, “está estrechamente ligada a la calidad crediticia del Estado de Baja California Sur”. Agrega que “cualquier mecanismo adicional a los ya contemplados en la estructura inicial que permita robustecer el crédito, podría mejorar la calificación asignada”

Por el contrario, advierte, “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos de la transacción o alguna otra que se considere incremente el riesgo, podría derivar en un ajuste a la baja en la calificación”

Quebranto de 43 millones dejó Alberto Lascurain Ochoa en la SCT: ASF

Tulio Ortiz Uribe

Pérdidas por 42 millones 838 mil pesos dejó la mala administración del Centro SCT en el estado, durante la construcción de la autopista La Paz-Los Cabos en el tramo San Pedro-Cabo San Lucas, destaca  la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Luego de auditar la obra, el organismo fiscalizador de la Cámara de Diputados determinó que la dependencia, bajo la responsabilidad de Carlos Alberto Lascurain Ochoa, incurrió en incumplimiento de diversas leyes, reglamentos y disposiciones normativas, razón por la cual el dictamen se calificó como negativo.

El tramo carretero San Pedro–Cabo San Lucas y el libramiento de Todos Santos, forma parte del corredor transpeninsular. El costo de la obra para modernizar y ampliar 161 kilómetros con cuatro carriles, se estimó en 3 mil 630 millones de pesos, de los cuales 2 mil 280 millones correspondieron a recursos federales y mil 350 millones de pesos de inversión  privada, y un periodo de ejecución programado de 2008 a 2012.

En octubre del año pasado, Lascurain Ochoa respondió las críticas del senador priista Ricardo Barroso Agramont,  quien dijo que al transitar por dicha carretera se encontró con “charcos y zonas de mala calidad”, y comentó que una inversión tan grande no correspondía con el estado de la carretera.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes replicó que “las carreteras están auditadas permanentemente por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación y agregó que “si el senador Barroso tiene alguna duda, pues puede recurrir a esas instancias”.

Un mes después, el mismo funcionario dijo que la delegación de la SCT en el estado no deja “tornillos sueltos”, y que el trabajo realizado en “materia de infraestructura carretera, tiene un 10 de calificación”.

En el dictamen, la ASF informa que durante una inspección física de la obra, se encontraron grietas, fracturas, humedad en losas de puentes, socavones en los terraplenes, así como lavaderos y bordillos destruidos y cunetas azolvadas entre otras anomalías.

Asimismo, el Centro SCT autorizó pagos por 5 millones sobre trabajos y materiales que no estaban contemplados en los contratos; obras pagadas pero no ejecutadas por 2 millones de pesos y la falta de rescate de un adelanto por 17 millones 647 mil pesos entregados a una empresa a la cual se le rescindió el contrato. (Nota: la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados su informe de resultados 2011, el 18 de febrero de 2013)

Desvió recursos federales el gobierno de Venustiano Pérez Sánchez en Comondú

Tulio Ortiz Uribe

El gobierno municipal de Comondú desvió y ocultó más de 6 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que le fueron suministrados por el gobierno federal para obras sociales, denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo detectó que una parte se transfirió ilegalmente a otras cuentas bancarias; no se encontró documentación que comprobara el gasto y destino de los recursos, y tampoco se realizó un registro contable de ese dinero, dice el organismo en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011.

El faltante es parte de los 15 millones 347 mil pesos entregados para obras que reducirían el rezago social y la pobreza extrema, en materia de agua potable, drenaje, electrificación y mejoramiento de vivienda. El recurso significó el 100 % de la inversión total en 2011 para obra pública del municipio, gobernado por Venustiano Pérez Sánchez.

Además, se realizaron obras que no benefician  directamente a la población en pobreza extrema y, en el rubro de gastos indirectos, existen conceptos que no tienen relación con las obras ejecutadas con recursos federales, se informa en el documento.

Lo anterior, dice la ASF “limitó seriamente los impactos del  fondo, retrasaron los beneficios previstos y generaron áreas de opacidad que impactaron negativamente la participación social en su operación”.

Por ese motivo se inició un procedimiento para determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el hecho. La ASF informó que los órganos internos de control de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Social, integraron los expedientes 2012/SHCP/DE456-T479 y 2012/SEDESOL/DE1242 para tal efecto.

El informe detalla los desvíos de recursos efectuados por el municipio y lo instruye para que sean devueltos a la federación “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”.

El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados afirma que en el municipio de Comondú hubo “un proceso de planeación inadecuado y el desconocimiento de la normativa aplicable al Fondo, lo que propició que se privilegiara con el 52.2% de la inversión a obras de urbanización.

Esto tuvo una clara orientación de beneficiar a sectores de población que presentan las mejores condiciones de desarrollo, en detrimento de las localidades con mayores necesidades”, que pone de manifiesto una contribución marginal del municipio al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de desarrollo social.

Por tanto, “la contribución al cumplimiento de los objetivos del Fondo fue marginal”, en virtud de que sólo se destinó el 18.7% de los recursos para atender necesidades de los que menos tienen, no obstante que el 10.8% carece de agua potable; 15.8% alcantarillado y el 28.8% de la población no tiene de piso de cemento en sus hogares.

Y pidió se someta a análisis del Cabildo los resultados del informe, a fin de que se tomen las medidas que permitan orientar adecuadamente los recursos del fondo en beneficio de las zonas que presentan los mayores rezagos y la población en pobreza extrema. 

Treinta millones para pagos ilegales a comisionados en el SNTE

Tulio Ortiz Uribe

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur tampoco pudo escapar a las presiones y el poder político de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la “maestra” Elba Esther Gordillo.

En 2011, dice el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública entregado a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la secretaría realizó pagos por 27 millones 389 mil 100 pesos, a 64 trabajadores (62 docentes y 2 administrativos) comisionados a la Sección III del sindicato.

Pero además, la ASF encontró que se localizaron 18 trabajadores adscritos en un “centro de trabajo AGS”, que es como se denomina a las oficinas del sindicato en todo el país,  a los que les realizaron 652 pagos, por 3 millones 333 mil 700 pesos, por lo que resultó un total de 30 millones 722 mil 800 pesos.

 De acuerdo con el reglamento de las condiciones generales de trabajo y la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, las comisiones sindicales se otorgan sin goce de sueldo. Por tanto no tienen fundamento legal pero se entiende que se dan por presiones del sindicato.

¿Qué significa ese subsidio que le da la SEP a la poderosa organización sindical, que debiera usar las cuotas que se descuentan a los maestros para el pago de sus comisionados? David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, asegura que en 2011 los mexicanos pagaron mil 700 millones de pesos en salarios a los maestros comisionados que realizan trabajo sindical en el SNTE. Estos recursos servirían para pagar 65 veces el programa nacional de lectura, 17 veces el programa para el fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales y 11 veces el programa para fortalecer el servicio de telesecundarias.

David Calderón expresó que es necesario poner fin al abuso que representa el pago a profesores comisionados en labores sindicales que no dan clases, pero sí absorben recursos destinados a la educación de los niños.

Minería, el falso espejismo del desarrollo

Tulio Ortiz Uribe

Uno de los principales argumentos de las empresas que buscan concesiones mineras en Baja California Sur, es el de que crearán fuentes de trabajo “bien remuneradas”. Este falso argumento queda en evidencia mediante un documento que, con información de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, elaboró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Ahí se explica que los salarios mínimos legales y contractuales en la industria minera de México son de los más bajos entre una veintena de países: 2.30 dólares la hora, sólo por arriba de Perú con un dólar. En comparación, un trabajador en Francia recibe 9.60 dólares, en Australia 12.20  y en Canadá –país de donde procede el 90 por ciento de las empresas mineras-, percibe 40 dólares por una hora de trabajo.

El estudio titulado “Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas” ejemplifica que en Argentina, Grecia y Checoeslovaquia un minero requiere trabajar 7.5 horas para comprar 16 productos alimentarios básicos, mientras que aquí se necesitan 17 horas; la compra de un pantalón de calidad media implica en México 17 horas 43 minutos de trabajo y en Turquía 8 horas 9 minutos.

Un trabajador minero en Baja California Sur necesita trabajar 5 mil 796 horas para comprar un automóvil nuevo mediano; en Chile se adquiere con 4 mil 083 horas. Un par de zapatos comunes de calidad media se compran en República Dominicana con 16 horas y en México con 22.

Napoleón Gómez Urrutia, líder minero que fue perseguido por los gobiernos de Fox y Calderón y que ahora se encuentra exiliado en Canadá, dice que las empresas mineras “no tienen una justificación económica para explicar las enormes disparidades entre los salarios que pagan en México” y los que se dan en otras naciones desarrolladas.

Agrega que “Las diferencias brutales son los niveles de explotación, sometimiento y marginación que existen y toleran los gobiernos de México en complicidad con las empresas. Esta es una estrategia totalmente equivocada e irresponsable en materia económica, pues reduce los ingresos salariales, el poder adquisitivo, el consumo y la demanda. Y por el lado de la justicia social, no se puede ni debe permitir que se abuse de la necesidad económica de las personas para trabajar, obtener un ingreso y sostener a sus familias”

Asegura que las empresas mineras dan el pretexto de que el costo de la vida es más alto en esos países, “pero si medimos los costos reales comparativos, podemos afirmar que no hay una diferencia mayor al doble o en algunos casos quizá un poco más que en México, pero nunca podrán explicar o justificar la enorme distancia que los separa con los salarios al menos 16 veces más elevados que se pagan en los países más avanzados”

“ Adicionalmente la productividad de los mineros mexicanos es muy elevada y en muchos casos superior a la de esos países, de tal forma que no existe una explicación racional más que la avaricia y la ambición desmedida, por encima de cualquier sentido de equidad y responsabilidad social”

El líder minero manifiesta que “Si incluimos las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores, las diferencias son abismales. Los trabajadores mineros de México, Estados Unidos y Canadá y de cualquier lugar del mundo, desarrollan el mismo tipo de actividad, operan y producen la extracción de los minerales y los transforman con los mismos equipos y en instalaciones similares. La tecnología es más o menos generalizada y uniforme a escala mundial. Producen los mismos materiales que se cotizan  en el mercado internacional, o los mismos metales, a pesar de que los riesgos en el trabajo y en la vida misma son mucho mayores en un país como México, que en países que tienen sistemas más avanzados en materia de seguridad, salud e higiene como EU y Canadá”

La explotación y la discriminación contra la mano de obra mexicana es peor aún, porque los productos finales que se obtienen de las actividades mineras y siderúrgicas se cotizan en el mercado internacional. De esta forma, los precios finales son los mismos si los minerales se extraen y explotan en México, Canadá o Estados Unidos, o si se producen o transforman en cualquiera de estos países, dice finalmente Gómez Urrutia.

Leyes favorables que permiten el saqueo

Pero lo anterior es sólo una cara de la misma moneda, ya que las empresas mineras se están beneficiando de una política blanda del gobierno federal, que otorga  generosos incentivos tributarios a los inversionistas extranjeros: grandes ganancias pero magros impuestos y contraprestaciones ridículas por la concesión y explotación de una parte importante del territorio nacional. México junto con Chile Perú, Brasil y Botsuana, encabezan las naciones cuyas políticas son calificadas como las más favorables en la materia a nivel mundial.

Un documento de la organización británica Cristian Aid, titulado Socavando a los pobres, Reformas tributarias mineras en América Latina, dice que las reformas tributarias efectuadas en América Latina durante las últimas décadas han sido altamente regresivas, señalándose que se han rebajado los impuestos empresariales y se han aumentado los impuestos al consumo en naciones cuyo nivel general de recaudación tributaria es calificado en ese texto como deplorable e inadecuado.

En esa dirección, el texto establece que cada vez resulta más evidente que los países de la región no están recibiendo un trato justo en las contribuciones de la minería en impuestos y regalías, mencionando que Perú, Guatemala y Honduras, se encuentran dentro del nivel más bajo de pago de regalías en el mundo -o el caso de países como México, donde ni siquiera las cobran.

De acurdo con datos oficiales en 2010 las empresas mineras  tuvieron ingresos por 15 mil millones de dólares en todo el país, de los cuales 350 millones de dólares corresponden a Baja California Sur, riqueza de la que sólo se queda una ínfima parte correspondiente a los  salarios de los trabajadores mineros.

En ese contexto, dice el documento de la Cámara de Diputados, gran parte de las reflexiones en torno al nexo existente entre ingresos tributarios mineros, desarrollo económico y el papel de los grandes consorcios minero-metalúrgicos, giran en torno a cuestionamientos como ¿puede la minería contribuir al mejoramiento sostenido de los niveles de bienestar, equidad y desarrollo sustentable de las regiones y localidades mineras? ¿Cómo pueden los gobiernos, las empresas y las comunidades aprovechar los recursos minerales de una región para asegurar a los habitantes de esa zona un futuro mejor que el existente antes de sacar los minerales?

Se duplica la población de adolescentes que consume drogas ilegales

Tulio Ortiz Uribe

La población de adolescentes entre 12 a 17 años de edad que consumen drogas ilegales, se duplicó en la última década en Baja California Sur, al pasar de 1.3 al 2.6 por ciento, informa la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el estado había 68 mil 509 habitantes de 12 a 17 años, por lo que, al momento de la encuesta, habría mil 780 jóvenes usando drogas ilegales: mariguana, cocaína o anfetaminas.

Este fenómeno social crece sin distinguir edad, sexo, ni condición económica, y no es privativo de los jóvenes, dicen especialistas.

El informe destaca que, en comparación con otras regiones, el nivel de uso de estupefacientes es alto en la parte noroccidental del país (Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur), ya que el promedio nacional es de 1.5 % y agrega que el consumo de mariguana casi se triplico en estos estados entre el 2002 y el 2011, al pasar de 0.8 al 2.2 por ciento.

El documento, dado a conocer en octubre pasado, informa que el uso de cocaína entre los jóvenes se ha mantenido estable, pues en 2002 era de 0.4 contra 0.5 en 2011. Y agrega que “El consumo de crack detectado fue prácticamente nulo en la población adolescente, muy similar a lo que ocurrió en el 2008, donde la prevalencia nacional del último año fue de 0.1%.

Se agrega que el uso de mariguana entre las mujeres adolescentes no es estadísticamente significativo, pues pasó de 0.1 a 0.6 en diez años, y la cocaína de 0.1 a 0.4 por ciento.

En el caso de los inhalables  el consumo también es bajo, pero es importante notar que en las región noroccidental, donde antes se presentaba un consumo mínimo, ahora se encuentran prevalencias de 0.5%”

En cuanto a la población de 18 a 34 años, se observa que en los últimos 10 años el consumo de mariguana casi se duplicó, al pasar de 1.0 a 1.9 por ciento; la cocaína y crack tuvieron un aumento poco significativo (0.6 a 0.8).

Por sexo, los hombres tuvieron un aumento notable en el consumo de mariguana en este segmento de edad, al pasar de 2.2 a 3.4 entre el 2002 y el 2011, situación que también se presenta en la población total de 12 a 65 años, pues pasó de 1.2 a 2.2 por ciento en una década.

Aumenta el consumo de alcohol

En consumo de alcohol la situación parecería ser más grave, ya que el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que tienen dependencia registró un aumento de casi 100 por ciento al pasar en la última década de 2.1 a 4.1. Asimismo, hubo un aumento significativo en los porcentajes de tres preguntas: “alguna vez consumió alcohol” pasó de 35.6% a 42.9%; “el último año consumió…”, pasó de 25.7%  a 30.0% y “el último mes consumió…” de 7.1% a 14.5%.

El informe observa que de 2002 a 2011 el índice de adolescentes que consumen alcohol diario se mantuvo  estable y el consumo consuetudinario disminuyó. Cabe mencionar que en el 2011, el 11.7 por ciento de las mujeres adolescentes presentaron un alto consumo de alcohol, poco más de 2 mil ochocientas.

Por sexo, se observaron las mismas tendencias en los hombres y en las mujeres. De tal forma que el  consumo diario se mantuvo con prevalencias muy bajas en ambos sexos, el consumo consuetudinario bajó y la dependencia en los hombres se duplicó (3.5% a 6.2%) y en las mujeres se triplicó (0.6% a 2%). En tanto que el consumo alto de 2008 a 2011 no tuvo crecimientos significativos en ambos sexos.

En la población adulta de 18 a 65 años el uso de alcohol fue mayor que en la adolescente y aumentó significativamente de 2002 a 2011. La prevalencia “alguna vez”, dice el informe, pasó de 72% a 77.1%, en tanto la prevalencia de “los últimos doce meses” incrementó de 51.3% a 55.7% y la de “último mes” pasó de 22.2% a 35%.

Por sexo, en los hombres únicamente de 2008 a 2011, la prevalencia alguna vez (80.8% a 88.1%) y del último año (62.6% a 69.3%) creció significativamente, mientras que el consumo en los últimos 30 días aumentó significativamente entre 2002 y 2011 (39.7% a 50.0%). En las mujeres adultas el aumento de alcohol fue significativo en las tres prevalencias de consumo de 2002 a 2011 (58.8% a 67% alguna vez, 37.1% a 43.2% últimos 12 meses y 8.5% a  21.2% últimos 30 días).

El exceso en la ingestión de bebidas alcohólicas, principalmente entre los adolescentes, es el camino más rápido para llegar a las drogas ilegales, especialmente la mariguana y cocaína.

En sus conclusiones, el informe destaca que “la cerveza sigue siendo la bebida de preferencia de la población total e incrementó significativamente de  2002 a 2008 y mantuvo su lugar en 2011”. Agrega que esa bebida la consume más de la mitad de la población masculina (53.6%) y  una tercera parte de la población femenina (29.3%).

“El segundo lugar lo ocupan los  destilados, este grupo de bebidas ha incrementado su mercado  significativamente entre 2008 y 2011. Son proporcionalmente más consumidas por las mujeres entre  quienes hay 1.4 bebedoras de cerveza por cada una de destilados, mientras que en los hombres la diferencia es mayor con 1.9 por cada uno. Casi una  tercera parte de la población consume destilados (23.6%) y también en los adolescentes han ganado mercado con un aumento significativo de consumidores tanto hombres como mujeres de 2002 a la fecha.

“El tercer lugar de preferencia lo ocupan los vinos de mesa con un mercado relativamente pequeño. Hay 6.2 adultos bebedores de cerveza por cada uno de vino; es la bebida de preferencia del 6.6% de la población, con pocas diferencias entre hombres y mujeres”

Las delegaciones federales, para premiar lealtades, colocar amigos y pagar facturas

Tulio Ortiz Uribe

En mayo del 2008, luego de que el gobierno Federal nombrara a los delegados del Registro Agrario Nacional, IMSS y Sedesol  en el estado (los tres sin mayores méritos ni capacidad) el gobernador Narciso Agúndez Montaño hizo lo que popularmente se llama “un oso” y dijo en tono molesto  que enviaría “un escrito de protesta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por la designación unilateral de delegados federales”.

Irritado, pidió “ser tomado en cuenta ya que estas decisiones inciden de manera directa en el desarrollo económico y social de la entidad”. No se sabe si el cabeño envió la dichosa carta, pero lo único cierto es que nadie le hizo caso y desde gobernación se siguen palomeando a los representantes de las diversas secretarías y organismos federales que operan en Baja California Sur. Seguramente el actual gobernador hará algunas propuestas y recomendaciones, con el fin de colocar algunos amigos que no tuvieron cabida en su administración.

El gobierno Federal tiene mil 390 delegados en todo el país. Son posiciones muy bien cotizadas por los altos salarios (120 mil pesos mensuales brutos más otras prestaciones) y las prerrogativas que el puesto conlleva. Se critica el hecho de que sean otorgadas a partir de criterios políticos y personales, ya que se dan generalmente a militantes del partido en el poder y son designados aun cuando la mayoría no cumple con  los perfiles profesionales y técnicos que exige la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Desde que el PAN llegó al poder en el 2000 con Vicente Fox, y luego con Felipe Calderón, se instituyó la práctica de repartir posiciones a amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos de otros partidos, como en el caso de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del ISSSTE y de la Secretaría de Educación Pública.

El pasado delegado del ISSSTE en el estado, Efraín Monreal Gastélum, fue miembro en dos ocasiones del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y Secretario General de la Sección II de dicho sindicato en Baja California. Fue gente muy cercana a la profesora Gordillo.

Dos delegaciones en el estado se entregaron como premios de consolación a militantes panistas, perdedores de una elección: la de Economía, para Alfredo Polanco Álvarez y la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios  de Servicios Financieros (Condusef), para  Carlos Rodríguez Bucheli. Ambos no contaban con la experiencia mínima para el cargo.

Polanco Alvarez, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la carrera de licenciado en Derecho, fue agente del Ministerio Público del Fuero Común en La Paz y Comondú; subdirector de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Los Cabos y subprocurador Regional de Justicia en la zona sur del Estado. En el 2001 contendió por el PAN a la presidencia municipal de La Paz y perdió. De acuerdo con su currículum, nunca ha tomado algún curso relacionado con la economía.

El otro caso, patético, es el de Carlos Rodríguez Bucheli. En su currículum dice textualmente en lo relativo a nivel de escolaridad: “Curso de Mercadotecnia y Publicidad en la Escuela Técnica de Publicidad, de la Asociación Nacional de Publicidad”. Es todo lo que registra como preparación académica. Pero eso sí, consigna en el documento que es “miembro activo del PAN desde 1999”; candidato a la gubernatura de BCS en 1998 y presidente estatal del blanquiazul del 2003 al 2005, año en que fue nombrado delegado por Luis Pazos, el director general de la Institución.

En agosto del 2008 el delegado de gobernación en el estado, José Luis Suárez Flores, fue destituido y consignado ante la PGR por presuntos actos de corrupción. De militancia panista, era el representante de esa secretaría desde el 16 de noviembre de 2001. Suárez Flores fue jefe de personal de Exportadora de Sal; director general del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de la Paz y director general de Seguridad Pública y Transito Municipal en Mulegé. En su declaración patrimonial del 2003, consigna un salario mensual neto de 96 mil pesos mensuales. Un ciudadano que declaró ante las autoridades de SFP y Segob, dijo haber recibido del  funcionario un permiso para realizar peleas de gallos con cruce de apuestas y diversos sorteos, a cambio de un pago de 2 mil 500 pesos. Fue destituido pero no se le hicieron mayores cargos.

Sin esperar a que fuera juzgado, el PAN estatal se apresuró  a seguir un procedimiento para expulsarlo, ya que “su conducta le causa un perjuicio a la imagen de Acción Nacional”, según dijo el dirigente Alfredo Zamora García.

Amalia Camacho Álvarez, delegada del Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llegó a ese cargo sin tener alguna experiencia en la administración pública; fue nombrada sólo por su militancia panista. Sus antecedentes académicos y profesionales no revelan nada excepcional: “ponente profesional en temas del ámbito laboral; ponente en foros internacionales de emprendedores y liderazgo; asesora de organizaciones empresariales en áreas de capacitación, cultura y educación”. Cabe aclarar que en su currículo no consigna en qué "foros internacionales" participó, ni qué organizaciones empresariales asesoró

Pero también los empresarios leales al régimen calderonista,  fueron premiados con una representación. Félix Fernández González fue designado delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. No tiene antecedentes en la administración pública federal. Originario de Hermosillo, Sonora, es diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Su currículo consigna las empresas de las que es socio o accionista mayoritario: Grupo Corf, SA; Desarrollos Inmobiliarios de Los Cabos, SA de CV; Diseño y Proyectos del Caribe, SA de CV y Constructora de Desarrollos Turísticos, SA de CV. 

Gente con más experiencia en la administración pública fue desplazada por personajes como Fernández González.