miércoles, 21 de marzo de 2012

FEMSA (OXXO) y la International Community Foundation, financian a La Paz en la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
Tulio Ortiz Uribe
La presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, asistió el pasado 20 de marzo al seminario “Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles: del Diagnóstico a la Acción”, que se desarrolló en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Montevideo, Uruguay.

La iniciativa fue lanzada el año pasado por el BID con el fin de apoyar a algunas ciudades de América Latina y el Caribe que tienen un rápido crecimiento y que desean “desarrollar una estrategia de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en su gestión ambiental, fiscal y urbana, y para anticipar las consecuencias de cambio climático”.

El Banco informó que la iniciativa tiene como objetivo trabajar tres áreas críticas: sostenibilidad ambiental y cambio climático; desarrollo urbano y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, donde “apoyará en la evaluación de sus situaciones individuales en cada una de estas áreas en comparación con otras ciudades de similar tamaño, y a identificar problemas críticos y cursos de acción para preparar la región para un futuro sostenible. Luego, el BID ayudará a preparar proyectos de inversión y a obtener financiamiento de fuentes nacionales e internacionales”

Luis Alberto Moreno, presidente del BID, informó durante la reunión que el organismo ha creado un fondo de contribuciones para facilitar la participación de otras ciudades que quieren utilizar la metodología de diagnóstico y planeación desarrollada por el banco, e invitó al sector privado a seguir el ejemplo de la Fundación FEMSA y la International Community Foundation (ICF), "que recientemente se comprometieron a financiar la participación en la iniciativa de la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur, México".

FEMSA (Fomento Económico Mexicano, SA) es la compañía de bebidas más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del sistema Coca-Cola en el mundo, controla además el 100 por ciento de las acciones de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO. Esta cadena posee más de 9 mil tiendas en todo el país. Se le critica por que cada vez que una tienda OXXO abre, las ganancias de las tiendas de abarrotes cercanas a éstas tienden a bajar y en consecuencia muchas de las conocidas “tienditas” cierran, estrangulando la economía de muchas familias que se sostienen con esos comercios.

El otro organismo que financia a La Paz en la iniciativa del BID es la International Community Foundation (ICF), la cual es fondeada a través de las donaciones de jubilados norteamericanos que viven, ya sea de manera parcial o permanente, en comunidades costeras del norte de México.

La ICF tiene tres objetivos: 1.- Realizar investigación sobre los patrones demográficos de los jubilados estadounidenses que viven en las comunidades costeras de México para poder entender mejor los impactos de las tendencias actuales de migración norte-sur y su relación con aspectos emergentes relacionados con la seguridad económica, la salud y la seguridad pública. 2.- Comprender los impactos de los nuevos desarrollos costeros, los cuales han sido detonados por la afluencia de jubilados estadounidenses, evaluando el impacto en los ecosistemas de dichos lugares, documentando tendencias en comunidades de retiro sustentables y reconociendo los riesgos legales / económicos para quienes buscan adquirir una residencia, y 3.- Evaluar el nivel de capital social entre los jubilados estadounidenses que viven en México con un enfoque hacia el voluntariado, los donativos filantrópicos y la participación cívica en sus comunidades adoptivas.

viernes, 9 de marzo de 2012



El arranque de la contienda presidencial

Andrés Ávila Armella
Una vez concluido el proceso interno de elección en el Partido Acción Nacional, se reveló el último nombre de los contendientes a obtener la presidencia de la República, siendo esta la Sra. Josefina Vázquez Mota.

En repetidas ocasiones nos hemos manifestado en contra de caer en la simpleza de los análisis políticos como los que se simulan hacer en la mayoría de los medios informativos, donde pareciera que la política es un juego de personalidades, un reality show de popularidad y no una lucha de clases. Al respecto hemos de señalar que la política burguesa se revela ante nuestros ojos como un enorme cúmulo de tonterías y banalidades; pero esta es sólo su apariencia, pues la verdadera política, o la gran política, para decirlo en términos de Gramsci, no se presenta de forma transparente, subyace oculta y hay que desentrañarla con base en el análisis siguiendo el método del materialismo histórico. Así que no le daremos demasiada importancia a los nombres ni anécdotas de los candidatos para tratar de entender el proceso, sin embargo, sí es importante el tratar de desentrañar el simbolismo que tras de dichos personajes, manifiestan hechos importantes de la política de la burguesía en el poder.

Para entender algunas bases de lo que será la contienda presidencial, partiremos de tres aspectos, 1.- Las necesidades de la clase en el poder. 2.- Las expectativas del pueblo. 3.-La propuesta de cada candidato-partido, para resolver las necesidades burguesas simulando cumplir expectativas populares.

Las necesidades de la clase en el poder
El mundo capitalista se encuentra sumergido en una gran crisis de larga duración que en los últimos años ha atacado incluso a los centros neurálgicos del capitalismo mundial, las economías más fuertes, tienen serios problemas para crecer y no han encontrado otra salida más que tratar de aumentar la cuota de ganancia a costa de los trabajadores y sectores populares. Las crecientes medidas de austeridad, que no son otra cosa que la prolongación de la jornada de trabajo y la reducción del gasto social, han dejado como secuela grandes olas de inconformidad que se manifiesta en diversos movimientos de resistencia en todo el globo; el movimiento obrero en Europa, principalmente en Grecia, movimientos de desempleados, campesinos, estudiantes quienes ven cada vez más lejos la posibilidad de vivir dignamente, han ido encontrando en su proceso de lucha el nombre de su enemigo, el Capital.

Ante dicha situación los gobiernos capitalistas han optado en general por la solución violenta, la represión sindical y diversas formas de guerra cuyos principales perjudicados son los pueblos. En México, dicho proceso se ha acentuado en los últimos años, la clase en el poder ha respaldado a las fuerzas políticas más reaccionarias, amparados en la violencia social que ellos mismos generan, han promovido una política militarista a la vez que luchadores sociales son asesinados, sindicalistas despedidos, campesinos y comunidades despojadas; mientras tanto, se da continuidad a una política económica tendiente a minar las conquistas históricas de obreros, campesinos, pueblos indígenas y estudiantes.

Sin embargo, las contradicciones que dicha forma de gobernar provocan, han profundizado la crisis del Estado mexicano, quien se haya cada vez más distante de liderar ideológicamente al pueblo de México, pero no sólo los trabajadores y los sectores populares se encuentran inconformes, también se ha manifestado la inconformidad de sectores de la mediana y pequeña burguesía, quienes han sido perjudicados por la creciente violencia social y por el comportamiento negativo de la economía.

Así pues, la burguesía tiene la necesidad de fortalecer su poder, valiéndose del Estado, y se ve obligado a hacerse representar por un aparato burocrático gubernamental que pueda ser fiel a sus intereses, pero que tenga la suficiente habilidad para controlar los efectos negativos para ellos, la inconformidad política y la violencia.

Las expectativas del pueblo
El pueblo mexicano tiene una amplia conciencia acerca de los perjuicios económicos de los cuales son objetos, el poder adquisitivo se ha disminuido considerablemente en los últimos años, artículos de la canasta básica alcanzan precios simplemente inaccesibles, lo cual lleva a millones de familias mexicanas a elegir, cuáles de sus necesidades básicas cubrirán con sus escasos recursos, aceptando momentáneamente el no cubrir otras tantas.

La conciencia política sin embargo se encuentra aún en una fase, por decirlo así, negativa. Esto es, la mayoría del pueblo tiene una profunda desconfianza hacia la política burguesa, suele ver en los personajes de la política a vulgares ladrones y mercenarios. La abstención en los procesos electorales gira alrededor del 50%, y ningún partido electorero logra levantar el entusiasmo popular; la mayoría de los mítines políticos se llenan de “acarreados”, gente que va a cambio de una despensa, material de construcción, o algún favor, o bien, por obligación; es el caso de un sinnúmero de trabajadores del Estado quienes son forzados a apoyar a sus jefes en sus aventuras políticas, a cambio de la posibilidad de mantener el empleo.

No es el engaño lo que explica la inmovilidad de grandes sectores inconformes del pueblo mexicano sino su desesperanza, pues han sido muchas las derrotas y no se ve a corto plazo una solución a sus problemas, ni siquiera organizadamente. Es poca la gente que realmente guarda esperanza en una vida digna, y parece conformarse con que las cosas no empeoren, o si acaso, mejoren sólo lo suficiente para seguir viviendo tan mal como antes de que las cosas empeoraran tanto. El pueblo aspira a tener un trabajo, tal vez duro y mal pagado, pero tenerlo, los campesinos aspiran a vivir cuando menos de su trabajo y no verse obligados a dejar su tierra, aunque su vida sea pobre; los pueblos indígenas, cuya dignidad ha destacado, parecen aspirar programáticamente, simplemente a conservar lo que tienen y no ser molestados, pero muy poco se ve en cuanto a proyectos políticos que integren al resto de los explotados del país.

Aunque no nos guste reconocerlo, porque no nos gustaría que así fuera, la Revolución socialista no aparece aún como una opción tangible para la mayoría del pueblo, quien para tomarla en cuenta como posibilidad requiere de un avance más significativo de las organizaciones revolucionarias y, de percibir en su programa, una salida digna y viable a sus problemas. Naturalmente esta situación puede cambiar, pero se requiere del empuje y trabajo de las organizaciones revolucionarias quienes por ahora nos vemos rebasados en nuestra capacidad.

La propuesta de cada candidato-partido
Enrique Peña Nieto: Representa al partido con mayor tradición de poder en México, el PRI, es sin duda la fuerza política que ha logrado tener mayor control sobre diversas ramas de la política, su poder está no solo en los gobiernos, aunque es el partido que más gobernantes tiene, sino también en el poder judicial, sindicatos, cámaras empresariales, ejército y policías. El PRI, ha formado cuadros para el Estado mexicano y es su escuela por excelencia. Por ello no es raro que tanto panistas como perredistas echen siempre mano de cuadros formados en el PRI, para dirigir sus gobiernos, tanto desde las cúpulas hasta en los mandos intermedios.

Peña Nieto no sólo representa a un aparato burocrático, quien presume de ser el que mayor experiencia y contactos tiene para gobernar exitosamente, también representa a la generación de priístas como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, caracterizados por su comunión abierta y franca con la burguesía. Peña Nieto estudió en Universidades privadas, incluyendo el Tec. De Monterrey, cuyo perfil educativo está encaminado a la eficiencia empresarial. Entre sus familiares se encuentran prominentes empresarios del Estado de México, y su acercamiento a las cámaras empresariales es abierto, destacando el apoyo que tiene por parte de grupo Televisa. En resumen, es un personaje claramente comprometido con su clase y con el aparato burocrático estatal. Para el pueblo puede parecer un personaje ajeno, con rostro burgués y poco simpático, sin embargo, en medio de la desesperanza reinante, puede utilizar en su favor la triste esperanza de volver a un pasado obscuro, pero que ante los ojos de mucha gente es menos traumático que el actual.

Andrés Manuel López Obrador: Cuyo origen político también es del PRI, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por lo que su visión de la política es más completa. En su contra tiene el no ser un político formado directamente por la burguesía, a diferencia de sus dos contendientes, lo cual le vale cierta desconfianza de la misma, pero en su favor tiene la posibilidad de poder lidiar y comprender problemas que para ellos son más difíciles. Su carrera política ha sido tan oscilante como su carrera por la presidencia. Durante su gestión como Jefe de gobierno del DF, él trató de presentarse como un hombre de Estado, republicano, demócrata, liberal, un hombre en quien la burguesía podría confiar como administrador público y como negociador de conflictos sociales; trató de eliminar los prejuicios que la burguesía y los sectores conservadores tuvieran contra un personaje de “izquierda”, evitando incluso esa reivindicación. Promovió para empresarios muy influyentes como Carlos Slim, negocios importantes y oportunidades de inversión, procuró una buena relación con el arzobispo Rivera, caracterizado por su notable conservadurismo.

Sin embargo, esos gestos no fueron suficientes, y el bloque hegemónico de la burguesía en el poder, le impidió llegar a la presidencia mediante un fraude electoral. Su discurso entonces se radicalizó, procuró más la simpatía de los sectores populares y mando “al diablo las instituciones”, se pronunció a favor de los trabajadores del SME y de algunas otras causas populares de las que anteriormente había guardado distancia. Pero llegado el momento de registrarse nuevamente como precandidato a la presidencia, cambió nuevamente el discurso, ahora proclama el amor al prójimo y se presenta nuevamente como un pacifista, un hombre institucional que no tiene nada en contra de la clase en el poder, pero para quien tiene una lista de sugerencias para evitar algunas complicaciones económicas y políticas.

Como prueba de su compromiso de clase, ha anunciado que su secretario de Economía será Fernando Turner, empresario afamado de Monterrey, y que su secretario de Educación será Juan Ramón de la Fuente, tristemente célebre por haber enfrentado al movimiento estudiantil de la UNAM en el 2000, encarcelando a casi mil estudiantes y permitiendo la entrada del ejército disfrazado de Policía Federal a las instalaciones universitarias. Con este tipo de anuncios, López Obrador pretende otorgar garantías a la burguesía, asegurándoles que habrá gente de su plena confianza en el gabinete.

De los tres candidatos, AMLO es quien tiene más conexión con el pueblo, y representa para éste la posibilidad, no de un país nuevo, pero sí de mejorar aunque sea un poco sus condiciones de vida. López Obrador está en el límite inferior de las aspiraciones populares y ofrece al pueblo cumplirlas, mientras trata de convencer a la burguesía de que cooperar económicamente con el amortiguamiento de la inconformidad social, es una inversión válida y duradera.

Josefina Vázquez Mota: Es una mujer del PAN, formada en su partido en la ideología conservadora, católica, con un profundo y abierto compromiso con los ricos y poderosos de la Tierra. Su formación profesional, en la Universidad Iberoamericana y el ITAM, son garantía de haber sido educada al modo de quienes tienen el poder económico. Su matrimonio con un empresario, más allá de la cuestión personal, refleja los compromisos con la clase burguesa.

El PAN tiene a su favor ser el partido en el gobierno federal, por lo cual puede asegurar la continuidad de cierta política, evitando los costos burocráticos del cambio de gobierno, también tiene a su favor ser el Partido cuya ideología es más abiertamente representante de la clase en el poder. En su contra tiene el ser una fuerza política insuficiente para la administración estatal, pues su control gubernamental depende en gran medida del acuerdo con otras fuerzas políticas, principalmente el PRI. Hasta ahora, el PAN ha gobernado con el respaldo de gran parte del aparato burocrático priísta. En las anteriores contiendas presidenciales, tanto Fox como Calderón contó con el voto y el apoyo de buena parte del priismo, el cual se tuvo que definir entre apoyarlos a ellos o al PRD; en el 2006, por ejemplo, no obstante algunos sectores del PRI apoyaron a AMLO, otros apoyaron a Calderón, y al final, la cúpula de dicho partido inclinó la balanza otorgando el reconocimiento al actual presidente.

El apoyo popular siempre ha sido su punto débil, el discurso panista es muy poco atractivo para las masas proletarias y para los sectores populares en general, y su capacidad de gestión de conflictos, y administración de las crisis políticas, dependen principalmente del uso de la fuerza, misma que suelen utilizar con una torpeza tal, que llegan a incomodar incluso a sectores de la mediana burguesía. Tal como hicieron en la campaña para gobernador en Michoacán, es previsible que Josefina Vazquez Mota, utilice el hecho de ser mujer como un aliciente político que les cubra de un velo aparentemente moderno y democrático, sin embargo eso no garantiza mucho en términos políticos.

Con dicho escenario, arranca la campaña presidencial en México, las tendencias electorales pueden cambiar en la medida en que los acuerdos cupulares entre fuerzas políticas y cámaras empresariales se vayan logrando, pero podemos anticipar las siguientes constantes.

a) La principal discusión girará en torno de los modelos económicos de crecimiento, limitados todos a un marco capitalista neoliberal. Nadie pondrá en tela de juicio las principales dinámicas de acumulación capitalista.

b) Otra discusión será en torno al tema de la seguridad pública, en donde nadie cuestionará el legítimo derecho del Estado al uso monopólico de la violencia, sin embargo se discutirá la mejor forma de emplearla. En términos discursivos nadie se pronunciará por la represión, pero todos lo harán por el orden. Sin embargo no podemos perder de vista que para la burguesía y la burocracia política, orden y represión son una misma cosa.

c) La mayoría de las descalificaciones mutuas girarán en torno de los errores discursivos y de presentación de cada candidato, si leyó o no leyó ciertos libros, si cometió un exabrupto discursivo, si se logra relacionar a algún colaborador en hechos de corrupción, etc.

d) El entusiasmo y participación popular serán, lo más seguro, muy reducidos, siendo más determinantes en el resultado los acuerdos cupulares.

La única forma en que dicha tendencia cambie, es que surja de las masas de trabajadores y de los sectores populares algún movimiento independiente, el cual obligue a los contendientes a demostrar su capacidad de administración del conflicto social, o bien, que ocurra alguna situación hasta ahora inesperada. De lo contrario, la agenda política no sufrirá mayor transformación y mucho menos las condiciones de vida del pueblo, quien en medio del hartazgo y la desesperanza, requiere de opciones políticas que surjan de su seno y ofrezcan alternativas reales de transformación profunda del orden social.

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Andrés Avila Armella es Sociólogo, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.



domingo, 26 de febrero de 2012

Detecta auditoría faltante por 143 millones en la SEP

Tulio Ortiz Uribe
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que existe un faltante en bancos por 143 millones 209 mil pesos, recursos que fueron depositados por la Tesorería de la Federación en la cuenta administradora del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del estado.


Agrega que luego de efectuarse una auditoría financiera y de cumplimiento a la Secretaría de Educación Pública, se constató que al 31 de diciembre de 2010 se dejó de ejercer 171 millones 709 mil pesos, pero que la cuenta bancaria presentaba un saldo de 28 millones 500 mil 279 pesos, por lo que existe un faltante por 143 millones 209 mil pesos.

Al entregar la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que “se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado, y pidió a la Contraloría General del estado haga la investigación correspondiente y, en su caso, inicie un procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no ejercieron la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ministrados”

Mediante un oficio fechado el 2 de diciembre de 2011, la directora de Administración y Finanzas de la SEP, Sonia Murillo Manríquez, le envió al auditor Jesús Moreno Palafox una serie de comunicados internos, con el fin de que fueran “considerados para solventar recomendaciones emitidas por la ASF”; sin embargo, en ninguno de esos documentos se hace referencia al millonario faltante.
El 2 de febrero de 2011, el Congreso del Estado bajo la presidencia del diputado Natividad Osuna Aguilar y Graciela Treviño Garza como secretaria, aprobaron mediante el decreto 1900 la cuenta pública del 2010, sin haber hecho ningún pronunciamiento sobre el posible desfalco.

La ASF calificó como “negativo” el dictamen de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada a los recursos del fondo, que fueron entregados al estado para el sostenimiento de la educación y que en el 2010 sumaron 2 mil 303 millones 599 mil pesos. Omar Castro Cota fue secretario de Educación Pública desde mediados del 2007 a marzo de 2011, fecha en que terminó de la administración de Narciso Agúndez Montaño.

“La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados del apartado correspondiente de este informe”, dice el documento de 16 páginas.

Pagos a sindicalistas sin derecho
La auditoría reveló también que la dependencia destinó ilegalmente 26 millones 032 mil 338 pesos del FAEB, para realizar pagos a 82 empleados que se encuentran comisionados con licencia sindical en alguna sección del SNTE. El reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP, en su artículo 51 señala que las licencias para realizar tareas sindicales serán “sin goce de sueldo”. Asimismo, el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de esa dependencia federal, reitera en el numeral 25.3 que las licencias para comisión sindical serán sin goce de salario. Sólo se permite licencias con goce de salario en los casos de gravidez, beca, invalidez y por trámite de pensión o jubilación.

La ASF recomienda “racionalizar el número de personal comisionado de las organizaciones sindicales” y revisar el tipo de negociaciones que se realizan con el SNTE en los estados dado que “ocasionan un mayor gasto en el ámbito local”, porque corresponden a acuerdos que realizan después de la negociación federal.

Aviadores
A otros 77 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo por asuntos personales, recibieron pagos por un monto de 4 millones 333 mil 200 pesos; asimismo, “se verificó que se realizaron 24 pagos a un empleado por 107 mil 800 pesos, el cual contó con licencia sin goce de sueldo, pero no se encontró en el catálogo de personal, ni en los oficios proporcionados por la entidad”

El órgano fiscalizador de la cámara de diputados, encontró también que la SEP estatal realizó pagos por 810 mil 265 pesos a trabajadores no localizados y no identificados como personal laboral por los directores de las unidades visitadas. Asimismo, “se constató que 10 empleados no fueron reconocidos por el responsable del centro de trabajo, a los que se les elaboraron 103 pagos por 527 mil 500 pesos; también se localizaron dos personas comisionadas al sindicato y que se encuentran adscritas a tres centros de trabajo, por el empleado faltante se elaboraron 108 pagos por 282 mil 800 pesos.

Los auditores encontraron que la secretaría ha estado pagando a profesores que cuentan con un nivel magisterial distinto del reportado, o no se encontraron en el catálogo de carrera magisterial. El monto desviado asciende a 20 millones 491 mil 076 pesos, “más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo”

También se identificó a empleados que laboran en otras dependencias, pero que cobran con el presupuesto educativo. La ASF requirió la devolución de 60 mil 665 pesos por realizar pagos a empleados “adscritos a centros de trabajo que no cumplen con los fines y objetivos del fondo”

La auditoría reveló que durante el 2010, se dispuso de 34 millones 606 mil 132 pesos, para realizar pagos a empleados por bonos, estímulos y compensaciones, conceptos que no son financiables con recursos del FAEB.

En igual circunstancia se encuentra un gasto por 6 millones 120 mil 749 pesos, recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, “que fueron empleados para realizar pagos de diversos gastos de operación a partidas no financiables con el fondo”

El reporte informa que se dispuso de manera irregular de 39 millones 866 mil 601 pesos para realizar pagos por concepto de intereses, recargos y actualizaciones del ISR, IVA, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE y realizar pagos de FOVISSSTE del ejercicio 2009 y 2010, lo cual no está permitido por la normatividad.

Finalmente, la ASF destaca que al hacer un comparativo de las nóminas de las 24 quincenas del personal con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con el catálogo de categorías y puestos proporcionados, se constató que la entidad realizó pagos a 2 mil 049 empleados por un importe de 21 millones 220 mil 900 pesos, mediante la nómina denominada “compensados”, sin que se demuestre que los beneficiarios del pago tengan una relación laboral con la SEP de Baja California Sur.

No se alcanzaron las metas educativas
Al revisar los resultados alcanzados por la SEP estatal, la auditoría observó que las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del FAEB, se alcanzaron en un 66.9%. Mientras que las metas definidas por la entidad para los indicadores de desempeño establecidos por la SHCP, no fueron alcanzadas en el indicador denominado Índice de Variación del Logro Educativo. Las metas programadas en el Programa Operativo Anual referentes a la calidad educativa se alcanzó el 71.9% de su totalidad.

Al respecto, destaca que la secundaria constituye el nivel más crítico de la educación básica, por los valores insuficientes que se presentan en la eficiencia terminal (85.4%); la reprobación (11.9%) y la deserción (5.0%).

Destaca también el informe que el rezago educativo en la entidad ha presentado un aumento al pasar de 66.7% del total de la población de 15 años y más en 2005, a 70.5% en 2010. El rezago educativo nacional en 2010 fue de 19.4%. Tampoco se cumplió con la obligatoriedad constitucional de atender a niños de tres años, ya que sólo se atendió al 37.0 por ciento.

Los resultados obtenidos en las pruebas ENLACE en 2010 son deficientes ya que en primaria el 62.1% de los alumnos obtuvieron resultados insuficientes y elementales en la asignatura de español y el 68.3% en matemáticas; las escuelas de CONAFE e Indígenas son las que presentan mayores problemas en éste sentido.

En secundaria el 81.4% de los alumnos obtuvieron resultados insuficientes y elementales en español y el 89.7% en matemáticas; los problemas se encuentran en toda la educación pública en general, ya que hay una diferencia considerable respecto de los planteles privados.


miércoles, 25 de enero de 2012

Procuraduría y municipios, violan principio de presunción de inocencia

La difusión de la imagen y el nombre de las personas
involucradas en los procesos penales, constituye
una violación al principio de presunción de inocencia, en la medida en que
la vinculación constituye un estigma social muy difícil de borrar.


Tulio Ortiz Uribe
La Paz, BCS. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las direcciones de policía municipales, violan las garantías procesales de presuntos culpables de haber cometido un delito, al distribuir a los medios de comunicación sus datos personales y fotografías.

Esto representa “una violación a la presunción de inocencia, a la privacidad, al honor, a la legítima defensa y al libre ejercicio de la personalidad, en relación con el principio de dignidad humana. Todos estos derechos están reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México”, dice en entrevista la abogada Ana Aguilar García, Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC.

Agrega que “la distribución a los medios de comunicación de la fotografía de una persona que se presume inocente, tiene los mismos efectos que su presentación física ante ellos” y advierte que “el escarnio público sin una declaración judicial de culpabilidad puede generar costos sociales y económicos irreparables para una persona que sea víctima de ello, por ejemplo, la pérdida de empleo, con todas las consecuencias que ello conlleva para su familia y para la comunidad”

Egresada de la Escuela Libre de Derecho y con una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría, Aguilar García ha recibido cursos de especialización en México, Colombia, Estados Unidos y Alemania. Es también consultora del Proyecto Presunción de Inocencia en México AC, del Open Society Justice Initiative y del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC.

La jurista advierte que si bien es cierto que se puede “alegar el derecho a la información y libertad de expresión en contraposición a los derechos anteriores, es necesario ponderar todo y encontrar un sano equilibro que no afecte de manera irreparable a una persona, fundamentalmente en su presunción de inocencia"

-En el marco de las recientes reformas a la Constitución sobre seguridad y justicia, esta práctica inquisitorial de exhibir públicamente a los detenidos ¿Es ilegal? ¿Qué artículos constitucionales se violan? ¿Qué garantías procesales se vulneran?, se le pregunta.

-Viola los mismos derechos que se mencionan arriba. Constitucionalmente viola artículos como el 20 constitucional en materia de derechos de la persona imputada. De manera importante viola el derecho a un juicio justo que está contemplado en la Constitución en diversos artículos (16, 17, 18, 19 y 20) y el artículo 1, que incorpora los derechos establecidos en tratados internacionales como derechos que están al mismo nivel que la constitución mexicana.

Al hablar de garantías procesales, dice que “debemos entender que cuando una persona es sujeta a proceso penal tiene derecho a que se le presuma inocente, esto quiere decir que quien lo acusa (ministerio público) tiene la carga de probar su culpabilidad”

Pone por ejemplo la confesión ante las cámaras de una persona que dice que cometió un delito. “De acuerdo con la ley, no tiene efectos jurídicos. Es decir, ya que no se rindió en presencia del defensor, un juez no puede tomar el video como prueba de culpabilidad. Sin embargo, el hecho de hacer públicos este tipo de videos generan no sólo una percepción social de que la persona es, en efecto, culpable, sino que de hecho ponen a la persona en posición de probar su inocencia”

-¿Pueden las personas que son exhibidas en los medios, luego de ser exoneradas, demandar por la vía civil a las autoridades para reparar el daño?

-Sí, existe responsabilidad civil del Estado por violación a los derechos señalados. Dependerá de la legislación local la manera en que está regulada este tipo de responsabilidad.

Al planteársele la posibilidad de que la exhibición de presuntos culpables ante los medios de comunicación pudiera significar la comisión de un delito en flagrancia por servi¬dores públicos, la abogada, quien colaboró en Budapest con el subprograma de Defensoría Pública de la Open Society Justice Initiative, advirtió que la práctica de presentaciones “debe tener consecuencias jurídicas para quienes la llevan a cabo. Quienes violan tan flagrantemente los derechos en cuestión, deben ser sujetos incluso de responsabilidad penal. Existe la posibilidad de que conductas de abuso de poder u otros delitos relacionados con la función pública, se puedan actualizar con este tipo de conductas que se llevan a cabo en ejercicio del poder público”

-¿Qué procedimiento puede seguirse para evitar que autoridades y medios sigan con esa práctica?

-Debe elaborarse un protocolo que establezca lineamientos sobre protección de personas detenidas e imputadas y su presentación en medios. Un protocolo de ese tipo debe prohibir y sancionar a todos aquellos funcionarios que filtren información – datos personales – o fotos a medios de comunicación. Ese protocolo también puede preveer la provisión de información a los medios según la etapa del proceso de que se trate en virtud del derecho a la información pero siempre respetando la presunción de inocencia.

-¿Cómo lograr que los medios de comunicación adopten un código de ética, en estos temas?

-Son los propios medios los que deben establecer sus lineamientos éticos con visión de respeto a los derechos humanos. Marco Lara Klahr, ha abundado en el tema en libros como “Nota(n) Roja” y recientemente en “No más pagadores”, libros que señalan la importancia de que los medios, también como medida de autoprotección, respeten derechos fundamentales de personas tanto víctimas como en conflicto con la ley.

Agrega que el papel de la sociedad civil es fundamental para documentar este tipo de violaciones y pugnar primero porque no se lleven a cabo. “Debe presionar de manera organizada porque no exista ningún resquicio constitucional o legal que admitan dichas prácticas y debe presionar porque el estado se haga responsable de las conductas de los funcionarios públicos que violan derechos del proceso penal. Es también papel de la sociedad civil concientizar y sensibilizar a la población en general para que no sean víctimas de populismo punitivo que prima en este momento bajo la amenaza de peligro para la seguridad nacional. Las penas más altas no son la solución si las autoridades no son eficaces en la prevención e investigación de delitos, y en la satisfacción de las necesidades de las víctimas”

Los derechos de víctimas e imputados, termina la abogada Aguilar García, son igual de importantes para todo estado que se diga estado de derecho democrático, pues un estado de este tipo debe respetar la dignidad de todas las personas y actuar en el marco de la ley y los derechos humanos.


sábado, 31 de diciembre de 2011

Contaminación por arsénico, serio problema en San Antonio y El Triunfo: investigadores

Tulio Ortiz Uribe
El agua de los mantos freáticos cercanos a los poblados de San Antonio y El Triunfo en el municipio de La Paz,Baja california Sur, presentan una concentración de arsénico por arriba del límite establecido por la Organización Mundial de Salud (OMS), que es de 0.05 miligramos por litro (mg/l), de acuerdo con un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor).

El reporte informa que se encontraron “cantidades considerables de arsénico en los 6 pozos de agua analizados para el poblado de San Antonio, todos ellos sobrepasando el límite establecido. El valor más alto se encontró en el pozo No. 6, con una media de la concentración de arsénico de 0.2440 mg/l, y el más bajo en el pozo No. 1 con una media de 0.087195 mg/l; agrega que hay una tendencia a presentar mayor cantidad de arsénico en los pozos ubicados en las partes bajas del arroyo San Antonio.

Alejandra Naranjo Pulido, Alfredo Ortega Rubio, Lía Méndez Rodríguez y Baudilio Acosta, autores de la investigación, indican que en El Triunfo el valor más alto se presentó en el pozo número 7, con una media de la concentración de arsénico de 0.0942 mg/l. “Contrario a esto, el pozo 8 analizado mostró un valor de arsénico (0.0430 mg/l) ligeramente menor al límite permisible de la OMS.

“Como ya es sabido por la opinión pública, dicen, en la porción meridional de Baja California Sur, específicamente en los alrededores de San Antonio y El Triunfo, existen problemas derivados de la cantidad de arsénico presente en el ambiente, producto de las actividades y obras mineras realizadas en la zona”.

¿Qué tan grave es el problema?
“Con el fin de reconocer el área y de ubicar las minas, los desechos mineros y los pozos que surten de agua a los poblados de San Antonio y El Triunfo, se recorrió la zona de estudio. Cabe mencionar que para este estudio se tomaron en cuenta los pozos de agua potable que surtieran de agua a estas poblaciones y que estuvieran en una circunferencia de no más de 50 metros, cerca de algún tipo de desecho minero.

“Una vez ubicados los pozos y los desechos mineros, se tomaron muestras de agua conforme a la metodología utilizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1988, teniendo todos los cuidados necesarios para evitar la contaminación de la misma, posteriormente se llevaron al laboratorio, analizando un total de 27 muestras de agua, provenientes de 9 pozos: seis de ellos en San Antonio, dos en El Triunfo y dos en El Comitán, al norte de La Paz, tomado este último como sitio testigo.

Los resultados obtenidos, dicen los investigadores, indican cantidades considerables de arsénico en los 6 pozos de agua analizados para el poblado de San Antonio y en uno de los dos que se analizaron en El Triunfo. En el pozo testigo, de El Comitán, no se detectaron concentraciones de arsénico de ningún valor por esta técnica, por lo que podemos concluir que en esta región al norte de La Paz, no existe aporte de arsénico de tipo antropogénico o geogenético. En general, los promedios de los valores encontrados entre los poblados nos indican que para San Antonio existe una cantidad mayor de arsénico que El Triunfo y El Comitán en el cual no se registró presencia de arsénico.

sábado, 26 de noviembre de 2011

BCS, cuarto lugar nacional en defunciones por Sida

Tulio Ortiz Uribe
Aunque el número de casos de contagio de VIH-SIDA se ha reducido en los últimos 15 años a nivel mundial, en Baja California Sur sigue habiendo una alta tasa por cada mil habitantes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, los estados que tienen la mayor prevalencia de infectados en 2011 son: Quintana Roo con 1.4 casos por 1000 habitantes, Yucatán 1.4, Distrito Federal 1.3, Veracruz 1.2, Guerrero 1.1, Campeche 1.1, Baja California 1.0, Morelos 1.0, Tabasco 1.0 y Baja California Sur 0.9. Aquí, la incidencia acumulada es de 138.13 por cada 100 mil habitantes, y en últimos cinco años las instituciones públicas de salud reportaron 253 nuevos casos.

Asimismo, el estado ocupa el cuarto lugar nacional en cuanto a defunciones por cada 100 mil habitantes. Los estados que presentaron las mayores tasas de mortalidad son: Tabasco con 11.1 defunciones, Veracruz con una tasa de 10.7, Baja California 9.1, Baja California Sur 8.0, Campeche 7.5, Quintana Roo 7.3 y Colima 7.1. La media nacional es de 4.9.

Información proporcionada a esta revista por el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, indica que en el estado hay 819 pacientes que son tratados en esas instituciones, aunque el número de infectados podría ser mayor ya que se calcula que el 60 % de las personas que viven con SIDA en México, no tienen acceso a los servicios de Seguridad Social, de éstos, solamente el 3.5% se atiende en instituciones privadas.

Mediante la solicitud de información número 0064101571211 tramitada a través del IFAI, la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas del IMSS documentó a esta publicación que en el Hospital General de Zona # 1 de La Paz se atiende a 93 pacientes; en Los Cabos a 62, en Comondú 6 y tres en Mulegé para un total de 164.

Informó además que el costo promedio mensual de los antirretrovirales es de 435 mil 986 pesos, y que el gasto por paciente es de 2 mil 658 pesos al mes, sin contar hospitalización, atención médica en consulta externa, otros medicamentos empleados, ni estudios realizados.

Agrega el documento que los pacientes tratados en el Instituto tienen una edad de entre 16 y 52 años, y que tienen oficios de meseros, albañiles, recamareras, empleados generales y profesionistas diversos.

Por su parte el ISSSTE da tratamiento a 20 enfermos de SIDA en el Hospital General de La Paz. De acuerdo con la información proporcionada, el costo por paciente es variable, aunque no indica por qué, pero va de los 2 mil 361 pesos a los 7 mil 206 pesos. El paciente más antiguo tiene 12 años y tres meses y la más reciente ingresó hace seis meses. El 25 por ciento son profesores, 50 por ciento trabajadores administrativos y el resto amas de casa. El rango de edad va de los 27 a los 57 años.

El costo que realizan las instituciones públicas en el estado por el tratamiento de los 816 pacientes reportados, es de 24 millones 480 mil pesos, lo cual demuestra que resulta más económico y humanitario realizar campañas de prevención del Sida con el uso del condón.

martes, 1 de noviembre de 2011

Crecen delitos de alto impacto en BCS

A mi maestro universitario, Miguel Angel Granados Chapa

Tulio Ortiz Uribe
Las denuncias de delitos de “alto impacto” en el estado, se incrementaron en 34.7 por ciento en el segundo cuatrimestre del año, al pasar de 548 entre enero y abril, a 738 de mayo a agosto, revela un documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

La media nacional de la variación porcentual que ha tenido la denuncia de delitos de alto impacto en cada una de las entidades federativas, entre el primer y segundo cuatrimestre del 2011 es de 0.5 por ciento, al pasar de 149 mil 394 a 150 mil 077, por lo que Baja California Sur ocupa el primer lugar con 34.7 por ciento, seguido de Tamaulipas con 28.7 y Guerrero 25.8.

El reporte hace un desglose de los seis delitos que más impacto tienen en la sociedad sudcaliforniana, en donde los homicidios dolosos se incrementaron en 100 por ciento; el robo con violencia 47.5 y el robo de vehículo en 32.9 por ciento. El delito de extorsión y el homicidio culposo bajaron a menos 15.4 por ciento y menos 25.0 respectivamente. No se dieron casos de secuestro y el total de homicidios creció 20 por ciento al pasar de 25 a 30 en el segundo cuatrimestre

En los primeros cuatro meses del año, se registraron 9 homicidios dolosos o premeditados en el estado, cifra que se duplico a 18 entre mayo y agosto de este año. En cuanto al robo con violencia, de 141 delitos denunciados de enero a abril se pasó a 208 en el segundo cuatrimestre. Asimismo, el robo de vehículos tuvo un incremento importante al pasar de 368 a 489, con un promedio mensual de 122 automóviles robados.

El Observatorio Nacional Ciudadano critica “la falta de resultados de las autoridades en los tres órdenes de gobierno” y dice que la principal exigencia ciudadana en materia de seguridad “continúa siendo la disminución de la violencia y la delincuencia que trastoca nuestra vida cotidiana”

“Durante los primeros cuatro bimestres del 2011, agrega, la tendencia de las denuncias de robo con violencia, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos se ha mantenido constante o creciente. La única manera de interpretar esta situación es que las políticas públicas implementadas, lamentablemente no han impactado en la disminución de la delincuencia que existe en nuestro país”, dice el documento.

Y agrega que el hecho de que no hayan bajado las denuncias a partir de los datos disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “es preocupante para las organizaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano. Ello adquiere ese matiz no sólo por los resultados que arrojó el presente monitoreo periódico sino porque al traer a colación los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que reflejan que los delitos denunciados durante el 2010 fueron equivalentes sólo al 8 por ciento de la incidencia delictiva, por lo tanto los delitos padecidos por la ciudadanía se multiplican exponencialmente y mientras tanto los esfuerzos de las autoridades no parecen corresponder a esta situación”

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que dirige Héctor Larios Santillán, dijo que el robo con violencia es un delito muy cotidiano para la ciudadanía en cualquier entidad federativa.

“Lo preocupante de la normalización de este tipo de delito es que las autoridades no están focalizando los esfuerzos en materia de seguridad pública en este sentido, prueba de ello es que no se observa decremento en el mismo, al contrario ha mantenido su crecimiento constante durante los primeros ocho meses del 2011”. En ese periodo se denunciaron 349 robos con violencia en Baja California Sur.

El Observatorio Nacional Ciudadano considera relevante y serio hacer un llamado para prestar atención sobre este delito puesto que existe la probabilidad de que el robo con violencia derive en la comisión de otros delitos como el homicidio, pues si estamos mencionando que fue “con violencia” es presumible que el agresor tenga acceso a un arma y por ende cabe la posibilidad de que atente contra la integridad de la víctima. Este delito, puede ser catalogado como uno de los primeros escalones de la actividad criminal, agregó.

Como conclusión el Observatorio dice que la política de seguridad debe enfocarse según los tipos de delitos y los índices de crecimiento detectados en cada entidad federativa. “Sería ingenuo y atendería a tesis criminológicas ya superadas afirmar que la delincuencia surge espontáneamente, o que se trata de meros actos de responsabilidad individual, por el contrario, y sobretodo en sociedades como la nuestra, en las que muchas de las veces el delito es resultado de factores sociales que por mucho tiempo han generado espacios de corrupción, ilegalidad y violaciones a los derechos humanos, el fenómeno delictivo y por lo tanto las políticas públicas que se implementen para prevenirlo y controlarlo deben partir necesariamente de dos premisas: en primer lugar, la obligación que tiene la autoridad de generar las condiciones de confianza y seguridad indispensables para que la ciudadanía denuncie los delitos y, en segundo el diseño de políticas públicas que respondan a los comportamientos delictivos particulares que obedecen a diversos factores sociales en cada zona o lugar del país”

“En ese sentido las políticas de prevención deben atender como un indicador clave, el crecimiento de determinados delitos en la entidad, ya que las acciones pueden ser más eficaces si se implementan en momentos donde la problemática no adquiere dimensiones fuera de control. Por ello las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares, sino que debe identificar las tendencias que se dan en su propia entidad, considerando que el incremento o la persistencia delictiva son en sí mismos problemas de grave inseguridad”

Y termina: “vale la pena resaltar la importancia de una cultura política y social de prevención y persecución del delito que fundamentalmente tenga como eje el respeto a los derechos humanos, ya que de lo contrario se genera un círculo de arbitrariedades que incrementa la violencia y que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía”.