A mi maestro universitario, Miguel Angel Granados Chapa
Tulio Ortiz Uribe
Las denuncias de delitos de “alto impacto” en el estado, se incrementaron en 34.7 por ciento en el segundo cuatrimestre del año, al pasar de 548 entre enero y abril, a 738 de mayo a agosto, revela un documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
La media nacional de la variación porcentual que ha tenido la denuncia de delitos de alto impacto en cada una de las entidades federativas, entre el primer y segundo cuatrimestre del 2011 es de 0.5 por ciento, al pasar de 149 mil 394 a 150 mil 077, por lo que Baja California Sur ocupa el primer lugar con 34.7 por ciento, seguido de Tamaulipas con 28.7 y Guerrero 25.8.
El reporte hace un desglose de los seis delitos que más impacto tienen en la sociedad sudcaliforniana, en donde los homicidios dolosos se incrementaron en 100 por ciento; el robo con violencia 47.5 y el robo de vehículo en 32.9 por ciento. El delito de extorsión y el homicidio culposo bajaron a menos 15.4 por ciento y menos 25.0 respectivamente. No se dieron casos de secuestro y el total de homicidios creció 20 por ciento al pasar de 25 a 30 en el segundo cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, se registraron 9 homicidios dolosos o premeditados en el estado, cifra que se duplico a 18 entre mayo y agosto de este año. En cuanto al robo con violencia, de 141 delitos denunciados de enero a abril se pasó a 208 en el segundo cuatrimestre. Asimismo, el robo de vehículos tuvo un incremento importante al pasar de 368 a 489, con un promedio mensual de 122 automóviles robados.
El Observatorio Nacional Ciudadano critica “la falta de resultados de las autoridades en los tres órdenes de gobierno” y dice que la principal exigencia ciudadana en materia de seguridad “continúa siendo la disminución de la violencia y la delincuencia que trastoca nuestra vida cotidiana”
“Durante los primeros cuatro bimestres del 2011, agrega, la tendencia de las denuncias de robo con violencia, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos se ha mantenido constante o creciente. La única manera de interpretar esta situación es que las políticas públicas implementadas, lamentablemente no han impactado en la disminución de la delincuencia que existe en nuestro país”, dice el documento.
Y agrega que el hecho de que no hayan bajado las denuncias a partir de los datos disponibles en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “es preocupante para las organizaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano. Ello adquiere ese matiz no sólo por los resultados que arrojó el presente monitoreo periódico sino porque al traer a colación los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que reflejan que los delitos denunciados durante el 2010 fueron equivalentes sólo al 8 por ciento de la incidencia delictiva, por lo tanto los delitos padecidos por la ciudadanía se multiplican exponencialmente y mientras tanto los esfuerzos de las autoridades no parecen corresponder a esta situación”
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que dirige Héctor Larios Santillán, dijo que el robo con violencia es un delito muy cotidiano para la ciudadanía en cualquier entidad federativa.
“Lo preocupante de la normalización de este tipo de delito es que las autoridades no están focalizando los esfuerzos en materia de seguridad pública en este sentido, prueba de ello es que no se observa decremento en el mismo, al contrario ha mantenido su crecimiento constante durante los primeros ocho meses del 2011”. En ese periodo se denunciaron 349 robos con violencia en Baja California Sur.
El Observatorio Nacional Ciudadano considera relevante y serio hacer un llamado para prestar atención sobre este delito puesto que existe la probabilidad de que el robo con violencia derive en la comisión de otros delitos como el homicidio, pues si estamos mencionando que fue “con violencia” es presumible que el agresor tenga acceso a un arma y por ende cabe la posibilidad de que atente contra la integridad de la víctima. Este delito, puede ser catalogado como uno de los primeros escalones de la actividad criminal, agregó.
Como conclusión el Observatorio dice que la política de seguridad debe enfocarse según los tipos de delitos y los índices de crecimiento detectados en cada entidad federativa. “Sería ingenuo y atendería a tesis criminológicas ya superadas afirmar que la delincuencia surge espontáneamente, o que se trata de meros actos de responsabilidad individual, por el contrario, y sobretodo en sociedades como la nuestra, en las que muchas de las veces el delito es resultado de factores sociales que por mucho tiempo han generado espacios de corrupción, ilegalidad y violaciones a los derechos humanos, el fenómeno delictivo y por lo tanto las políticas públicas que se implementen para prevenirlo y controlarlo deben partir necesariamente de dos premisas: en primer lugar, la obligación que tiene la autoridad de generar las condiciones de confianza y seguridad indispensables para que la ciudadanía denuncie los delitos y, en segundo el diseño de políticas públicas que respondan a los comportamientos delictivos particulares que obedecen a diversos factores sociales en cada zona o lugar del país”
“En ese sentido las políticas de prevención deben atender como un indicador clave, el crecimiento de determinados delitos en la entidad, ya que las acciones pueden ser más eficaces si se implementan en momentos donde la problemática no adquiere dimensiones fuera de control. Por ello las estadísticas criminales no deben servir para tranquilizar a la autoridad al detectar que en su entidad la problemática no es tan grave como en otros lugares, sino que debe identificar las tendencias que se dan en su propia entidad, considerando que el incremento o la persistencia delictiva son en sí mismos problemas de grave inseguridad”
Y termina: “vale la pena resaltar la importancia de una cultura política y social de prevención y persecución del delito que fundamentalmente tenga como eje el respeto a los derechos humanos, ya que de lo contrario se genera un círculo de arbitrariedades que incrementa la violencia y que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía”.
martes, 1 de noviembre de 2011
viernes, 7 de octubre de 2011
Comercializan refresqueras agua para 10 mil habitantes
El consumo de agua embotellada es una costumbre promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado. Deficientes políticas públicas estatales y federales, han permitido que el agua potable se convierta en una mercancía. El agua se le considera un recurso natural, al que todos lo habitantes tienen derecho. Pero ese derecho no podrá ser garantizado mientras que las empresas transnacionales hagan uso del agua para su industria refresquera en forma irracional, sin que el gobierno municipal, estatal o federal haga algo al respecto.
Tulio Ortiz Uribe
Empresas refresqueras en el estado extraen y comercializan 500 mil metros cúbicos de agua al año, suficientes para mantener una población de 10 mil habitantes, pero sólo pagan un centavo por cada litro que obtienen de los pozos concesionados.
Mediante la solicitud de información 16101100115511 a través del IFAI, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Compañía Embotelladora de Baja California Sur SA de CV, tiene tres títulos de concesión que le permiten extraer anualmente 425 mil metros cúbicos de agua subterránea (un metro cúbico equivale a mil litros) mientras que su competidora, Bebidas Purificadas SA de CV, con dos concesiones, bombea 75 mil metros cúbicos del líquido.
Norma Estrada, vocera de Conagua en el estado, informó que “según lo establecido para este año en la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales, el costo por metro cúbico de agua para uso industrial en los municipios de Los Cabos, Loreto y La Paz es del 10.0589 pesos y en el caso de los municipios de Comondú y Mulegé es de 7.9248 pesos por metro cúbico.
La Compañía Embotelladora de Baja California Sur, fabricante de las bebidas carbonatadas Coca Cola, Sprite, Freska, Fanta, Manzana Lift y Topo Chico, cuenta con tres concesiones de agua para fabricar estos productos, pero vende sus excedentes de agua natural en garrafones de 20 litros y en botellas individuales de la marca Sierra Azul y Ciel respectivamente, con lo cual hacen un negocio millonario.
Se calcula que de esta forma obtiene ganancias de 5 mil por ciento, ya que cada garrafón Sierra Azul lo comercializa en 15 pesos, mientras que la presentación de 600 mililitros de la marca Ciel se vende en 6 pesos, con una ganancia neta de 10 mil por ciento. Siete de cada 10 litros de agua embotellada lo vende en garrafón y el resto en presentaciones individuales.
En La Paz cada familia destina en promedio 2 mil 500 pesos anuales a la compra del líquido embotellado. Este gasto representa un golpe para la economía de las familias, que en muchos casos pagan más por agua embotellada que por la que les llega a través del servicio municipal. La falta de acceso al agua potable ha hecho que el consumo per cápita de agua embotellada tenga un crecimiento del 10 por ciento anual.
El consumo de agua embotellada es una costumbre de unos 20 años a la fecha, promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado y que con deficientes políticas públicas estatales y federales sobre este recurso, han convertido al agua potable en una mercancía.
A pesar de que el municipio de La Paz ha insistido en que la calidad del agua en la red municipal es buena para el consumo humano, la población se resiste a utilizarla para beber. Las propias autoridades retiraron hace algunos años los bebederos públicos instalados al interior de las escuelas y en otros espacios. Esta ha sido una de las principales causas del aumento de las ventas de refrescos y agua embotellada en las escuelas públicas, en donde se calculan ventas por 50 millones de pesos anuales en el estado.
El gasto en la adquisición de agua potable de la población en general, se suma a los más de 160 litros de refresco que cada persona consume al año, factor que ubica a México como el segundo consumidor mundial de refrescos en el mundo, al sumar a escala nacional 18 mil millones de litros al año.
El consumo de refrescos está significando para las familias del estado un gasto superior al que realizan en huevo, frijoles o tortillas, de acuerdo al Instituto Nacional de la Nutrición.
Baja California Sur es la entidad del país con menos recursos hídricos: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta parte de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con las Naciones Unidas, un país con escasez de agua es aquel que cuenta con menos de 1000 metros cúbicos por habitante por año, “ya que no es suficiente para una adecuada alimentación o para respaldar el progreso económico y es además una causa potencial de severos daños ambientales”
En el 2025, Baja California Sur estará clasificada como una región con disponibilidad de agua natural per cápita “extremadamente baja”. Adicionalmente, la sobreexplotación de los mantos subterráneos ha inducido problemas de contaminación por intrusión salina en los acuíferos de Santo domingo, San José del Cabo y La Paz
El informe “El agua una responsabilidad compartida” destaca que la falta de acceso al agua potable no sólo es un problema de salud pública, sino de seguridad de la población, en tanto que la falta de este líquido impide y dificulta el desarrollo de la sociedad e incluso, puede llegar a poner en peligro la vida misma de la población”
Por su parte la especialista Claudia Campero, miembro de redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua dice que “El derecho humano al agua no sólo es la obligación de los gobiernos de dar acceso al agua, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar agua embotellada para beber, claramente no se está garantizando este derecho”
Y ese derecho no podrá ser garantizado mientras que las empresas transnacionales hagan uso del agua para su industria refresquera en forma irracional sin que el gobierno municipal, estatal o federal haga algo al respecto.
Gustavo Castro Soto, autor de “El andamiaje para la privatización del agua” destaca que además de la pérdida de soberanía de los países sobre sus recursos estratégicos, el recurso agua en manos privadas llevará a una mayor pobreza. Los cada vez más pobres no tendrán acceso al agua por la imposibilidad de pagarla una vez que el agua no sea un derecho humano y un recurso natural sino un recurso económico.
Nathalie Séguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua México (FAN Mex), señala que “tanto en escuelas como en casas, cuando menos, deberíamos poder tener acceso a beber agua potable de la red de suministro, la cual debe quedar bajo la responsabilidad del gobierno y no de empresas embotelladoras. Esto habría evitado que hoy en día, lamentablemente, México ocupe el primer lugar en el consumo de botellas de agua”.
Alejandro Calvillo, dirigente de la asociación El Poder del Consumidor, demandó a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales y municipales que inicien un programa nacional de acceso al agua potable y que den garantías a los ciudadanos acerca de la calidad del líquido suministrado: “Los gobiernos federal, estatales y municipales deben asegurar el acceso gratuito al agua potable en escuelas y espacios públicos, iniciando ya la instalación de filtros y purificadores de agua. Este programa debe extenderse y hacer obligatorio el suministro a todo centro comercial y espacios similares”
Tulio Ortiz Uribe
Empresas refresqueras en el estado extraen y comercializan 500 mil metros cúbicos de agua al año, suficientes para mantener una población de 10 mil habitantes, pero sólo pagan un centavo por cada litro que obtienen de los pozos concesionados.
Mediante la solicitud de información 16101100115511 a través del IFAI, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Compañía Embotelladora de Baja California Sur SA de CV, tiene tres títulos de concesión que le permiten extraer anualmente 425 mil metros cúbicos de agua subterránea (un metro cúbico equivale a mil litros) mientras que su competidora, Bebidas Purificadas SA de CV, con dos concesiones, bombea 75 mil metros cúbicos del líquido.
Norma Estrada, vocera de Conagua en el estado, informó que “según lo establecido para este año en la Ley Federal de Derechos en materia de aguas nacionales, el costo por metro cúbico de agua para uso industrial en los municipios de Los Cabos, Loreto y La Paz es del 10.0589 pesos y en el caso de los municipios de Comondú y Mulegé es de 7.9248 pesos por metro cúbico.
La Compañía Embotelladora de Baja California Sur, fabricante de las bebidas carbonatadas Coca Cola, Sprite, Freska, Fanta, Manzana Lift y Topo Chico, cuenta con tres concesiones de agua para fabricar estos productos, pero vende sus excedentes de agua natural en garrafones de 20 litros y en botellas individuales de la marca Sierra Azul y Ciel respectivamente, con lo cual hacen un negocio millonario.
Se calcula que de esta forma obtiene ganancias de 5 mil por ciento, ya que cada garrafón Sierra Azul lo comercializa en 15 pesos, mientras que la presentación de 600 mililitros de la marca Ciel se vende en 6 pesos, con una ganancia neta de 10 mil por ciento. Siete de cada 10 litros de agua embotellada lo vende en garrafón y el resto en presentaciones individuales.
En La Paz cada familia destina en promedio 2 mil 500 pesos anuales a la compra del líquido embotellado. Este gasto representa un golpe para la economía de las familias, que en muchos casos pagan más por agua embotellada que por la que les llega a través del servicio municipal. La falta de acceso al agua potable ha hecho que el consumo per cápita de agua embotellada tenga un crecimiento del 10 por ciento anual.
El consumo de agua embotellada es una costumbre de unos 20 años a la fecha, promovida principalmente por la publicidad que realizan las empresas que se han apropiado de este mercado y que con deficientes políticas públicas estatales y federales sobre este recurso, han convertido al agua potable en una mercancía.
A pesar de que el municipio de La Paz ha insistido en que la calidad del agua en la red municipal es buena para el consumo humano, la población se resiste a utilizarla para beber. Las propias autoridades retiraron hace algunos años los bebederos públicos instalados al interior de las escuelas y en otros espacios. Esta ha sido una de las principales causas del aumento de las ventas de refrescos y agua embotellada en las escuelas públicas, en donde se calculan ventas por 50 millones de pesos anuales en el estado.
El gasto en la adquisición de agua potable de la población en general, se suma a los más de 160 litros de refresco que cada persona consume al año, factor que ubica a México como el segundo consumidor mundial de refrescos en el mundo, al sumar a escala nacional 18 mil millones de litros al año.
El consumo de refrescos está significando para las familias del estado un gasto superior al que realizan en huevo, frijoles o tortillas, de acuerdo al Instituto Nacional de la Nutrición.
Baja California Sur es la entidad del país con menos recursos hídricos: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta parte de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con las Naciones Unidas, un país con escasez de agua es aquel que cuenta con menos de 1000 metros cúbicos por habitante por año, “ya que no es suficiente para una adecuada alimentación o para respaldar el progreso económico y es además una causa potencial de severos daños ambientales”
En el 2025, Baja California Sur estará clasificada como una región con disponibilidad de agua natural per cápita “extremadamente baja”. Adicionalmente, la sobreexplotación de los mantos subterráneos ha inducido problemas de contaminación por intrusión salina en los acuíferos de Santo domingo, San José del Cabo y La Paz
El informe “El agua una responsabilidad compartida” destaca que la falta de acceso al agua potable no sólo es un problema de salud pública, sino de seguridad de la población, en tanto que la falta de este líquido impide y dificulta el desarrollo de la sociedad e incluso, puede llegar a poner en peligro la vida misma de la población”
Por su parte la especialista Claudia Campero, miembro de redes internacionales sobre el derecho y cuidado del agua dice que “El derecho humano al agua no sólo es la obligación de los gobiernos de dar acceso al agua, sino que ésta sea potable y económicamente accesible. Cuando la gente se ve en la necesidad de comprar agua embotellada para beber, claramente no se está garantizando este derecho”
Y ese derecho no podrá ser garantizado mientras que las empresas transnacionales hagan uso del agua para su industria refresquera en forma irracional sin que el gobierno municipal, estatal o federal haga algo al respecto.
Gustavo Castro Soto, autor de “El andamiaje para la privatización del agua” destaca que además de la pérdida de soberanía de los países sobre sus recursos estratégicos, el recurso agua en manos privadas llevará a una mayor pobreza. Los cada vez más pobres no tendrán acceso al agua por la imposibilidad de pagarla una vez que el agua no sea un derecho humano y un recurso natural sino un recurso económico.
Nathalie Séguin, coordinadora de la Red de Acción por el Agua México (FAN Mex), señala que “tanto en escuelas como en casas, cuando menos, deberíamos poder tener acceso a beber agua potable de la red de suministro, la cual debe quedar bajo la responsabilidad del gobierno y no de empresas embotelladoras. Esto habría evitado que hoy en día, lamentablemente, México ocupe el primer lugar en el consumo de botellas de agua”.
Alejandro Calvillo, dirigente de la asociación El Poder del Consumidor, demandó a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales y municipales que inicien un programa nacional de acceso al agua potable y que den garantías a los ciudadanos acerca de la calidad del líquido suministrado: “Los gobiernos federal, estatales y municipales deben asegurar el acceso gratuito al agua potable en escuelas y espacios públicos, iniciando ya la instalación de filtros y purificadores de agua. Este programa debe extenderse y hacer obligatorio el suministro a todo centro comercial y espacios similares”
jueves, 1 de septiembre de 2011
El cártel de la educación
22 millones anuales gasta la SEP en mantener “comisionados” del SNTE
Tulio Ortiz Uribe
La Secretaría de Educación Pública del estado eroga 22 millones 432 mil 405 pesos anuales, por 60 comisionados en la Sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesar de que la normatividad establece que las licencias por comisión sindical son sin goce de sueldo.
Dicha cantidad podría ser mayor, ya que a partir del 15 de enero de este año se concedió licencia sindical a 317 docentes y personal administrativo. El costo por estas licencias fue de 2 millones 398 mil 873 pesos, tan solo en el primer trimestre, como se puede ver en la página http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Entidad_Licencias.aspx.
Se comenta en círculos políticos que estos trabajadores fueron utilizados como promotores del voto en el pasado proceso electoral, a través del Partido Nueva Alianza (Panal), en una operación autorizada por el gobernador Narciso Agúndez y el secretario de educación, Omar Castro Cota. Como se sabe, Nueva Alianza es propiedad de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Esos 22 millones de pesos, que se toman del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y que deberían servir para el desarrollo de la educación, es la misma cantidad que el gobierno del estado invierte en: becas para estudiantes (14 millones 641mil pesos); pensiones humanitarias (2 millones 400 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4 millones 152 mil); ecología y medio ambiente (143 mil 796); Centro de integración juvenil (21 mil 376) y unidad estatal de protección civil 1 millón 753 mil pesos).
De los 60 comisionados que laboran en la sección sindical (9 administrativos, 11 directivos y 40 docentes), 37 tienen nombramiento de “colegiado”; otros operan como personal de apoyo (secretarias, choferes y ayudantes), pero al resto no se le conoce ninguna actividad.
Tal es el caso del profesor Alfredo Reyes Cervantes, quien recientemente fue nombrado Secretario Técnico del Ayuntamiento de La Paz por la presidenta Esthela Ponce Beltrán. De acuerdo con el padrón de maestros publicado por la SEP en su sitio de Internet, Reyes Cervantes tiene asignadas 18 plazas como docente de educación secundaria, y devenga trimestralmente sin trabajar 152 mil 496 pesos. Fue secretario de Educación Pública en el sexenio de Guillermo Mercado Romero, delegado sindical en Nayarit y dirigente seccional en el Estado.
Otro caso representativo del poder que ejerce el SNTE sobre las autoridades de la SEP, es el del profesor Pedro Graciano Osuna López, a quien se le concedió una licencia para “asuntos particulares” del 15 de enero al 31 de diciembre de este año, pero cobra 106 mil 938 pesos trimestralmente con la plaza 1104070313CF0100500.0300003, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP, como se puede ver en
http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Personas_Nomina.aspx.
Simultáneamente, recibe honorarios como director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. En abril de 2010 fue denunciado por el empresario Marcos Ramírez Mares por corrupción, ya que supuestamente pedía una comisión del 10 por ciento para adjudicar contratos de obra. Osuna López fue presidente municipal de Mulegé en el trienio 2005-2008.
Guadalupe Agúndez Reséndiz, quien tiene 10 plazas e ingresos por 95 mil 330 pesos, cuenta con licencia hasta el 31 de diciembre de este año, pero no se le asignaron funciones en la sección sindical. Tiene cuatro plazas de profesor de secundaria con 57 horas semana/mes; cinco plazas de profesor de secundaria técnica que suman 84 horas semana/mes y una plaza de profesor normalista con 20 horas.
Christian Castañeda Gorosave cuenta con ocho plazas de profesor de secundaria que suman 31 horas, y tuvo ingresos por 55 mil 432 pesos de enero a marzo de este año. Tampoco aparece en el directorio de la sección sindical.
Pidió la ASF devuelver dinero gastado en comisionados sindicales
Se calcula que el SNTE, la agrupación magisterial más grande de América Latina, recibe anualmente mil 800 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, por lo que no tendría problema alguno para pagar los servicios de sus comisionados en todo el país. Sin embargo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, se destinan 457 millones 601 mil 300 pesos anuales para 4 mil 622 trabajadores que laboran para ese organismo sindical. La sección III en el estado, recibe más de 12 millones de pesos al año, por concepto de cuotas sindicales de sus agremiados.
La fracción 8 del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que los patrones estarán obligados a conceder licencias a los trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad para el desempeño de comisiones sindicales y que éstas se otorgarán atendiendo al reglamento de las condiciones de trabajo.
El reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP, en su artículo 51 señala que las licencias para realizar tareas sindicales serán “sin goce de sueldo”. Asimismo, el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de esa dependencia federal, reitera en el numeral 25.3 que las licencias para comisión sindical serán sin goce de salario. La normatividad sólo permite las licencias con goce de salario en los casos de gravidez, beca, invalidez y por trámite de pensión o jubilación.
Ya desde 2008 la Auditoria Superior de la Federación había llamado la atención de la SEP estatal por haber pagado a los trabajadores comisionados en la sección sindical. La ASF emitió el pliego de observación 08-A-03000-02-0093-06-017, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, “para la realización de 4,025 pagos, a 78 trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo al sindicato, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, vigente en el ejercicio fiscal 2008”
Se sirven con la cuchara grande
Mientras cientos de profesores esperan la asignación de una plaza definitiva vía dictamen de la comisión paritaria SEP-SNTE, el grupo de 60 comisionados sindicales tienen en propiedad un total de 260 plazas.
El profesor con licencia, Guillermo Aguilar Villavicencio, Secretario General de la Sección III, aparece en nómina ordinaria con un ingreso de 300 mil 321 pesos de ingresos brutos anuales. Ocupa las plazas 11007031200.0 E0281030137, de maestro de grupo de primaria foráneo, la 11007480303.0 E1065030001 como profesor de enseñanzas artísticas elementales y la plaza 11007480304.0 E0463030031 como profesor de enseñanza secundaria técnica. Además se sabe que él y los colegiados de Administración y Finanzas y el de Organización, reciben 50, 40 y 30 mil pesos mensuales respectivamente, que les envía el Comité Ejecutivo Nacional.
Juan Manuel Manríquez Olivas, Colegiado de Administración y Finanzas, cobra mensualmente 36 mil 786 pesos por cinco plazas docentes, cuatro de secundaria y una de primaria. Javier Carballo Aguilar, Colegiado de Organización IV, tiene 12 plazas docentes y por nómina ordinaria cobró en el primer trimestre de este año, 106 mil 108 pesos. Luz Berain Aguirre, colegiada de organización de la región IX (Cabo San Lucas), cobra también como profesora de la Secundaria Técnica 16, con un ingreso trimestral de 106 mil 405 pesos.
Blanca Esthela Meza Torres, colegiada de Administración y Finanzas en el equipo sindical de Aguilar Villavicencio, y quien fue registrada por el Panal como candidata al gobierno del estado en la pasada contienda, tiene licencia sindical en seis plazas docentes de secundaria (40 horas). Sus ingresos son de 95 mil 980 pesos.
Hay casos extraordinarios e inexplicables como el de la profesora María Dolores León Almanza, colegiada de Telesecundaria, quien cuenta con ocho plazas cuyo número de horas semana/mes están fuera de toda normatividad: profesora de educación secundaria (4 plazas) con 40 horas; profesora de telesecundaria con 39 horas; profesora de secundaria técnica con 40 horas, profesora investigadora de enseñanza superior titular “C” y profesora de educación primaria.
Pero también hay una larga lista de trabajadores de la SEP que cuentan con licencia sindical pagada y que al mismo tiempo desempeñan una función en el gobierno del estado, municipios u otros organismos. El profesor Noé de la Rosa Escalante, a quien se le dio una prórroga de licencia sindical a partir del 15 de enero de este año para contender como candidato del PRD a diputado por el Distrito 5, cobra por sus plazas docentes en nómina ordinaria 22 mil 313 pesos y 44 mil 895 por nómina extraordinaria. También devenga un salario como Director Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental en Los Cabos, premio de consolación que se le dio por haber perdido las elecciones.
El profesor Marco Antonio Hirales, quien fungió seis años como director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte en el sexenio de Narciso Agúndez, y cuatro con Leonel Cota, cobró también con licencia sindical 64 mil 779 pesos con tres plazas de profesor de educación secundaria (11047483 E07634030005, 074803 E0463030030345 y 074803 E0463030030345) .
Florentino Aguilar Aguilar es un profesor que cobra mensualmente en la escuela secundaria José Pilar Cota Carrillo. Pero nunca asiste a clases. El 15 de enero se le prorrogó su licencia sindical hasta el último día del año. Sus cheques llevan las claves presupuestales 1104074713E036301.0030048 y 1104074713 E03635030093. En la lista de personal adscrito al centro de trabajo, no aparece su nombre.
Pero también trabaja en el Instituto Estatal Electoral. Fue designado por el Congreso del Estado como consejero electoral propietario el 8 de febrero de 2006, en sustitución del también profesor Luis Alamillo Vargas.
José María Avilés Castro, fue presidente municipal suplente de La Paz, en la administración de Rosa Delia Cota Montaño, 2008-2011, mediante una licencia sindical con cargo al presupuesto de la SEP.
Al profesor Jorge Miguel Cota Katzenstein se le dio una prórroga de licencia por comisión sindical, hasta el 31 de diciembre de este año. Cuenta con dos plazas de maestro de primaria. No se reportan ingresos, pero tampoco tiene asignada comisión sindical.
Conceden amparo a grupo disidente
El pasado mes de julio el profesor Esteban Ojeda Ramírez, del llamado Comité Seccional Democrático de la Sección III del SNTE, una organización paralela a la sección sindical de Aguilar Villavicencio, informó a la prensa que el Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, les otorgó el amparo 281/2011, que deja sin efectos el laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de Guillermo Aguilar y su comité seccional, por lo que éstos, al decir de Ojeda Ramírez, “quedan en la ilegalidad y consecuentemente se debe revocar la toma de nota que indebidamente les fue otorgada”.
Como se sabe, en marzo de 2008 debió realizarse el VII Congreso Seccional Extraordinario para el cambio de la dirigencia del SNTE en el estado, pero ante la posibilidad de perder las elecciones con la disidencia, el grupo de Elba Esther Gordillo realizó un falso Congreso en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron al profesor Guillermo Aguilar Villavicencio como Secretario General.
Ante esto, los delegados democráticos organizados tomaron las instalaciones sindicales, y demandaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la reposición del Congreso.
Tulio Ortiz Uribe
La Secretaría de Educación Pública del estado eroga 22 millones 432 mil 405 pesos anuales, por 60 comisionados en la Sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesar de que la normatividad establece que las licencias por comisión sindical son sin goce de sueldo.
Dicha cantidad podría ser mayor, ya que a partir del 15 de enero de este año se concedió licencia sindical a 317 docentes y personal administrativo. El costo por estas licencias fue de 2 millones 398 mil 873 pesos, tan solo en el primer trimestre, como se puede ver en la página http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Entidad_Licencias.aspx.
Se comenta en círculos políticos que estos trabajadores fueron utilizados como promotores del voto en el pasado proceso electoral, a través del Partido Nueva Alianza (Panal), en una operación autorizada por el gobernador Narciso Agúndez y el secretario de educación, Omar Castro Cota. Como se sabe, Nueva Alianza es propiedad de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Esos 22 millones de pesos, que se toman del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y que deberían servir para el desarrollo de la educación, es la misma cantidad que el gobierno del estado invierte en: becas para estudiantes (14 millones 641mil pesos); pensiones humanitarias (2 millones 400 mil); promoción del empleo y capacitación para el trabajo (4 millones 152 mil); ecología y medio ambiente (143 mil 796); Centro de integración juvenil (21 mil 376) y unidad estatal de protección civil 1 millón 753 mil pesos).
De los 60 comisionados que laboran en la sección sindical (9 administrativos, 11 directivos y 40 docentes), 37 tienen nombramiento de “colegiado”; otros operan como personal de apoyo (secretarias, choferes y ayudantes), pero al resto no se le conoce ninguna actividad.
Tal es el caso del profesor Alfredo Reyes Cervantes, quien recientemente fue nombrado Secretario Técnico del Ayuntamiento de La Paz por la presidenta Esthela Ponce Beltrán. De acuerdo con el padrón de maestros publicado por la SEP en su sitio de Internet, Reyes Cervantes tiene asignadas 18 plazas como docente de educación secundaria, y devenga trimestralmente sin trabajar 152 mil 496 pesos. Fue secretario de Educación Pública en el sexenio de Guillermo Mercado Romero, delegado sindical en Nayarit y dirigente seccional en el Estado.
Otro caso representativo del poder que ejerce el SNTE sobre las autoridades de la SEP, es el del profesor Pedro Graciano Osuna López, a quien se le concedió una licencia para “asuntos particulares” del 15 de enero al 31 de diciembre de este año, pero cobra 106 mil 938 pesos trimestralmente con la plaza 1104070313CF0100500.0300003, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP, como se puede ver en
http://201.175.43.65/PEF_2011/Busca_Personas_Nomina.aspx.
Simultáneamente, recibe honorarios como director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. En abril de 2010 fue denunciado por el empresario Marcos Ramírez Mares por corrupción, ya que supuestamente pedía una comisión del 10 por ciento para adjudicar contratos de obra. Osuna López fue presidente municipal de Mulegé en el trienio 2005-2008.
Guadalupe Agúndez Reséndiz, quien tiene 10 plazas e ingresos por 95 mil 330 pesos, cuenta con licencia hasta el 31 de diciembre de este año, pero no se le asignaron funciones en la sección sindical. Tiene cuatro plazas de profesor de secundaria con 57 horas semana/mes; cinco plazas de profesor de secundaria técnica que suman 84 horas semana/mes y una plaza de profesor normalista con 20 horas.
Christian Castañeda Gorosave cuenta con ocho plazas de profesor de secundaria que suman 31 horas, y tuvo ingresos por 55 mil 432 pesos de enero a marzo de este año. Tampoco aparece en el directorio de la sección sindical.
Pidió la ASF devuelver dinero gastado en comisionados sindicales
Se calcula que el SNTE, la agrupación magisterial más grande de América Latina, recibe anualmente mil 800 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, por lo que no tendría problema alguno para pagar los servicios de sus comisionados en todo el país. Sin embargo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, se destinan 457 millones 601 mil 300 pesos anuales para 4 mil 622 trabajadores que laboran para ese organismo sindical. La sección III en el estado, recibe más de 12 millones de pesos al año, por concepto de cuotas sindicales de sus agremiados.
La fracción 8 del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que los patrones estarán obligados a conceder licencias a los trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad para el desempeño de comisiones sindicales y que éstas se otorgarán atendiendo al reglamento de las condiciones de trabajo.
El reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP, en su artículo 51 señala que las licencias para realizar tareas sindicales serán “sin goce de sueldo”. Asimismo, el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de esa dependencia federal, reitera en el numeral 25.3 que las licencias para comisión sindical serán sin goce de salario. La normatividad sólo permite las licencias con goce de salario en los casos de gravidez, beca, invalidez y por trámite de pensión o jubilación.
Ya desde 2008 la Auditoria Superior de la Federación había llamado la atención de la SEP estatal por haber pagado a los trabajadores comisionados en la sección sindical. La ASF emitió el pliego de observación 08-A-03000-02-0093-06-017, por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, “para la realización de 4,025 pagos, a 78 trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo al sindicato, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, vigente en el ejercicio fiscal 2008”
Se sirven con la cuchara grande
Mientras cientos de profesores esperan la asignación de una plaza definitiva vía dictamen de la comisión paritaria SEP-SNTE, el grupo de 60 comisionados sindicales tienen en propiedad un total de 260 plazas.
El profesor con licencia, Guillermo Aguilar Villavicencio, Secretario General de la Sección III, aparece en nómina ordinaria con un ingreso de 300 mil 321 pesos de ingresos brutos anuales. Ocupa las plazas 11007031200.0 E0281030137, de maestro de grupo de primaria foráneo, la 11007480303.0 E1065030001 como profesor de enseñanzas artísticas elementales y la plaza 11007480304.0 E0463030031 como profesor de enseñanza secundaria técnica. Además se sabe que él y los colegiados de Administración y Finanzas y el de Organización, reciben 50, 40 y 30 mil pesos mensuales respectivamente, que les envía el Comité Ejecutivo Nacional.
Juan Manuel Manríquez Olivas, Colegiado de Administración y Finanzas, cobra mensualmente 36 mil 786 pesos por cinco plazas docentes, cuatro de secundaria y una de primaria. Javier Carballo Aguilar, Colegiado de Organización IV, tiene 12 plazas docentes y por nómina ordinaria cobró en el primer trimestre de este año, 106 mil 108 pesos. Luz Berain Aguirre, colegiada de organización de la región IX (Cabo San Lucas), cobra también como profesora de la Secundaria Técnica 16, con un ingreso trimestral de 106 mil 405 pesos.
Blanca Esthela Meza Torres, colegiada de Administración y Finanzas en el equipo sindical de Aguilar Villavicencio, y quien fue registrada por el Panal como candidata al gobierno del estado en la pasada contienda, tiene licencia sindical en seis plazas docentes de secundaria (40 horas). Sus ingresos son de 95 mil 980 pesos.
Hay casos extraordinarios e inexplicables como el de la profesora María Dolores León Almanza, colegiada de Telesecundaria, quien cuenta con ocho plazas cuyo número de horas semana/mes están fuera de toda normatividad: profesora de educación secundaria (4 plazas) con 40 horas; profesora de telesecundaria con 39 horas; profesora de secundaria técnica con 40 horas, profesora investigadora de enseñanza superior titular “C” y profesora de educación primaria.
Pero también hay una larga lista de trabajadores de la SEP que cuentan con licencia sindical pagada y que al mismo tiempo desempeñan una función en el gobierno del estado, municipios u otros organismos. El profesor Noé de la Rosa Escalante, a quien se le dio una prórroga de licencia sindical a partir del 15 de enero de este año para contender como candidato del PRD a diputado por el Distrito 5, cobra por sus plazas docentes en nómina ordinaria 22 mil 313 pesos y 44 mil 895 por nómina extraordinaria. También devenga un salario como Director Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental en Los Cabos, premio de consolación que se le dio por haber perdido las elecciones.
El profesor Marco Antonio Hirales, quien fungió seis años como director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte en el sexenio de Narciso Agúndez, y cuatro con Leonel Cota, cobró también con licencia sindical 64 mil 779 pesos con tres plazas de profesor de educación secundaria (11047483 E07634030005, 074803 E0463030030345 y 074803 E0463030030345) .
Florentino Aguilar Aguilar es un profesor que cobra mensualmente en la escuela secundaria José Pilar Cota Carrillo. Pero nunca asiste a clases. El 15 de enero se le prorrogó su licencia sindical hasta el último día del año. Sus cheques llevan las claves presupuestales 1104074713E036301.0030048 y 1104074713 E03635030093. En la lista de personal adscrito al centro de trabajo, no aparece su nombre.
Pero también trabaja en el Instituto Estatal Electoral. Fue designado por el Congreso del Estado como consejero electoral propietario el 8 de febrero de 2006, en sustitución del también profesor Luis Alamillo Vargas.
José María Avilés Castro, fue presidente municipal suplente de La Paz, en la administración de Rosa Delia Cota Montaño, 2008-2011, mediante una licencia sindical con cargo al presupuesto de la SEP.
Al profesor Jorge Miguel Cota Katzenstein se le dio una prórroga de licencia por comisión sindical, hasta el 31 de diciembre de este año. Cuenta con dos plazas de maestro de primaria. No se reportan ingresos, pero tampoco tiene asignada comisión sindical.
Conceden amparo a grupo disidente
El pasado mes de julio el profesor Esteban Ojeda Ramírez, del llamado Comité Seccional Democrático de la Sección III del SNTE, una organización paralela a la sección sindical de Aguilar Villavicencio, informó a la prensa que el Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, les otorgó el amparo 281/2011, que deja sin efectos el laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de Guillermo Aguilar y su comité seccional, por lo que éstos, al decir de Ojeda Ramírez, “quedan en la ilegalidad y consecuentemente se debe revocar la toma de nota que indebidamente les fue otorgada”.
Como se sabe, en marzo de 2008 debió realizarse el VII Congreso Seccional Extraordinario para el cambio de la dirigencia del SNTE en el estado, pero ante la posibilidad de perder las elecciones con la disidencia, el grupo de Elba Esther Gordillo realizó un falso Congreso en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron al profesor Guillermo Aguilar Villavicencio como Secretario General.
Ante esto, los delegados democráticos organizados tomaron las instalaciones sindicales, y demandaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la reposición del Congreso.
sábado, 20 de agosto de 2011
Las nuevas guerras de Estados Unidos
Marcelo Colussi (Rebelión.org)
En cualquier lugar del mundo, toda época histórica ha tenido su imperio dominante. El siglo XX no fue la excepción, siendo los Estados Unidos quienes jugaron ese papel. La entrada del nuevo siglo, sin embargo, plantea el interrogante respecto a si ese país seguirá haciendo las veces de potencia hegemónica, cómo y de qué manera.
Una primera aproximación a su reciente rendimiento económico indica que el gigante no está en expansión, no está en crecimiento sostenido como lo estuvo durante déca-das desde mediados del siglo XIX. Ello no significa que esté en franca caída, pero sí muestra una tendencia: muy probablemente ha pasado su apogeo. El mismo coincide con la cúspide de su producción petrolera, para mediados de la década de los 70 del pasado siglo.
Ahora bien: en las oficinas de planificación estratégica tanto de sus grandes corporaciones (el gobierno de hecho) como gubernamentales (el de derecho), esto ya se sabe. La aparición de nuevos actores cargados de bríos -la Unión Europea, China- son los factores que amenazan con destronar a Washington de su sitial de locomotora de la humanidad. Las respuestas, por cierto, no se han hecho esperar.
Apenas terminada la Guerra Fría, los sectores más conservadores de la clase dirigente estadounidense se dieron a la tarea de aprovechar esa coyuntura: habiendo salido ganadores de aquella contienda con el rival socialista, el paso inmediato fue aprovechar ese nuevo escenario para consolidar el liderazgo amenazado. Nace así el proyecto de dominación militar del mundo, a la que el partido republicano le es perfectamente funcional.
Con dos administraciones republicanas del presidente Bush seguidas -la segunda avalada por el voto popular incluso y no producto del fraude como en las anteriores elecciones del 2000- ese proyecto se consolidó, no encontrando de momento rival alguno en el campo bélico, siendo además muy difícil que en términos concretos lo pueda encontrar.
Hoy por hoy, la fuerza de los Estados Unidos se basa en las guerras. En todo senti-do: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra, y su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas e imposición de reglas de juego económicas y políticas a escala global) también depende de ellas. Hoy día Washington ne-cesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. Es más: sin las guerras no podría siquiera mantenerse.
La militarización va ganando paulatinamente todos los ámbitos; el económico, el primero. Y de ello se siguen otras esferas: la política, la social, la cultural. La imagen del guerrero americano -por cierto, siempre victorioso, varón y bien peinado- ha pasado a ser ícono de la sociedad estadounidense. La necesidad de las guerras se ha tornado imperiosa en el nuevo diseño geoestratégico de la gran potencia, tal como ha pasado sistemáticamente con todos los grandes imperios de la historia, preámbulo, por otro lado, de sus próximas decadencias.
Estados Unidos no está derrotado, en absoluto. Pero ha iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos que muestran insostenibilidad en el largo plazo: su déficit fiscal es impagable, su nivel de consumo es irreal (se gasta más de lo que se produce), su grandeza depende de la guerra.
Y esto último es un elemento definitorio: no hay economía sana que esté en dependencia de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae.
La estrategia en curso con el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca -y por tanto el mundo- consiste en desplegar fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fueras armadas estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma de todo el resto del mundo) y guerras preventivas como parte definitoria de la iniciativa. A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto) Washington se asegura cuatro cosas: 1) recursos vitales (energéticos, agua, materiales innovadores), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe, 3) movimiento en su economía interna con una formidable industria bélica que no se detiene, y 4) negocios.
La guerra es negocio, así de simple. Negocio para las grandes corporaciones fabricantes de armamentos, desde ya. Negocio también para las empresas que dependen de los recursos saqueables (petroleras, las que manejan los recursos hídricos -futuro gran negocio del siglo XXI-, las de comunicaciones de avanzada, las que rapiñan biodiversidad, etc.), y negocio para toda la lógica que ha ido construyendo el imperialismo en esta última década consistente en destruir militarmente para luego reconstruir.
Irak es el ejemplo más ilustrativo, y seguramente el punto de partida del modelo de nuevas guerras por venir. Petróleo, agua, bases estratégicas, y muchos, muchísimos negocios. Destruido un país hay que volver a ponerlo en pie, y ahí están los multimillonarios contratos que ofrece la administración republicana a sus empresas (y en muy menor medida a sus socios) para hacer (rehacer) de todo: servicios públicos, infraestructura básica, seguridad. Incluso alimentación: los invadidos -eufemísticamente llamados "liberados"- iraquíes son forzados a consumir alimentos transgénicos producidos por compañías de Estados Uni-dos sin permitírseles a los agricultores locales ni siquiera acopiar semilla. En otros térmi-nos: estamos ahora ante guerras que ya no son sólo de conquista de territorio para el saqueo sino que transforman el país invadido en un rehén absoluto para ir a hacer negocio permitiéndosele a la población derrotada, cuanto más, ser mano de obra barata.
En base a ese modelo (destruir para reconstruir), y en base a las ganancias que para algunos grupos hegemónicos resulta la producción interminable de material bélico, la clase dominante norteamericana intenta forjar hoy su escenario de dominación mundial. Es desesperanzador, sin dudas; sabiamente dijeron los latinos que "si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra". Lo que para los pueblos del mundo se ve en el corto y mediano plazo no es muy prometedor precisamente; puede asustar incluso. La guerra no va a dejar de ser una constante, guerras preventivas, localizadas, con armamentos cada vez más sofis-ticados (biológicos, químicos) no descartándose incluso la aplicación del arma atómica reducida. El nuevo fantasma del "terrorismo" ya preparó el camino, más que la amenaza co-munista, más que el narcotráfico, y no hay rincón del planeta que no sea invadible.
Pero David pudo vencer a Goliat, no olvidemos.
En cualquier lugar del mundo, toda época histórica ha tenido su imperio dominante. El siglo XX no fue la excepción, siendo los Estados Unidos quienes jugaron ese papel. La entrada del nuevo siglo, sin embargo, plantea el interrogante respecto a si ese país seguirá haciendo las veces de potencia hegemónica, cómo y de qué manera.
Una primera aproximación a su reciente rendimiento económico indica que el gigante no está en expansión, no está en crecimiento sostenido como lo estuvo durante déca-das desde mediados del siglo XIX. Ello no significa que esté en franca caída, pero sí muestra una tendencia: muy probablemente ha pasado su apogeo. El mismo coincide con la cúspide de su producción petrolera, para mediados de la década de los 70 del pasado siglo.
Ahora bien: en las oficinas de planificación estratégica tanto de sus grandes corporaciones (el gobierno de hecho) como gubernamentales (el de derecho), esto ya se sabe. La aparición de nuevos actores cargados de bríos -la Unión Europea, China- son los factores que amenazan con destronar a Washington de su sitial de locomotora de la humanidad. Las respuestas, por cierto, no se han hecho esperar.
Apenas terminada la Guerra Fría, los sectores más conservadores de la clase dirigente estadounidense se dieron a la tarea de aprovechar esa coyuntura: habiendo salido ganadores de aquella contienda con el rival socialista, el paso inmediato fue aprovechar ese nuevo escenario para consolidar el liderazgo amenazado. Nace así el proyecto de dominación militar del mundo, a la que el partido republicano le es perfectamente funcional.
Con dos administraciones republicanas del presidente Bush seguidas -la segunda avalada por el voto popular incluso y no producto del fraude como en las anteriores elecciones del 2000- ese proyecto se consolidó, no encontrando de momento rival alguno en el campo bélico, siendo además muy difícil que en términos concretos lo pueda encontrar.
Hoy por hoy, la fuerza de los Estados Unidos se basa en las guerras. En todo senti-do: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra, y su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas e imposición de reglas de juego económicas y políticas a escala global) también depende de ellas. Hoy día Washington ne-cesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. Es más: sin las guerras no podría siquiera mantenerse.
La militarización va ganando paulatinamente todos los ámbitos; el económico, el primero. Y de ello se siguen otras esferas: la política, la social, la cultural. La imagen del guerrero americano -por cierto, siempre victorioso, varón y bien peinado- ha pasado a ser ícono de la sociedad estadounidense. La necesidad de las guerras se ha tornado imperiosa en el nuevo diseño geoestratégico de la gran potencia, tal como ha pasado sistemáticamente con todos los grandes imperios de la historia, preámbulo, por otro lado, de sus próximas decadencias.
Estados Unidos no está derrotado, en absoluto. Pero ha iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos que muestran insostenibilidad en el largo plazo: su déficit fiscal es impagable, su nivel de consumo es irreal (se gasta más de lo que se produce), su grandeza depende de la guerra.
Y esto último es un elemento definitorio: no hay economía sana que esté en dependencia de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae.
La estrategia en curso con el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca -y por tanto el mundo- consiste en desplegar fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fueras armadas estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma de todo el resto del mundo) y guerras preventivas como parte definitoria de la iniciativa. A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto) Washington se asegura cuatro cosas: 1) recursos vitales (energéticos, agua, materiales innovadores), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe, 3) movimiento en su economía interna con una formidable industria bélica que no se detiene, y 4) negocios.
La guerra es negocio, así de simple. Negocio para las grandes corporaciones fabricantes de armamentos, desde ya. Negocio también para las empresas que dependen de los recursos saqueables (petroleras, las que manejan los recursos hídricos -futuro gran negocio del siglo XXI-, las de comunicaciones de avanzada, las que rapiñan biodiversidad, etc.), y negocio para toda la lógica que ha ido construyendo el imperialismo en esta última década consistente en destruir militarmente para luego reconstruir.
Irak es el ejemplo más ilustrativo, y seguramente el punto de partida del modelo de nuevas guerras por venir. Petróleo, agua, bases estratégicas, y muchos, muchísimos negocios. Destruido un país hay que volver a ponerlo en pie, y ahí están los multimillonarios contratos que ofrece la administración republicana a sus empresas (y en muy menor medida a sus socios) para hacer (rehacer) de todo: servicios públicos, infraestructura básica, seguridad. Incluso alimentación: los invadidos -eufemísticamente llamados "liberados"- iraquíes son forzados a consumir alimentos transgénicos producidos por compañías de Estados Uni-dos sin permitírseles a los agricultores locales ni siquiera acopiar semilla. En otros térmi-nos: estamos ahora ante guerras que ya no son sólo de conquista de territorio para el saqueo sino que transforman el país invadido en un rehén absoluto para ir a hacer negocio permitiéndosele a la población derrotada, cuanto más, ser mano de obra barata.
En base a ese modelo (destruir para reconstruir), y en base a las ganancias que para algunos grupos hegemónicos resulta la producción interminable de material bélico, la clase dominante norteamericana intenta forjar hoy su escenario de dominación mundial. Es desesperanzador, sin dudas; sabiamente dijeron los latinos que "si se quiere la paz hay que prepararse para la guerra". Lo que para los pueblos del mundo se ve en el corto y mediano plazo no es muy prometedor precisamente; puede asustar incluso. La guerra no va a dejar de ser una constante, guerras preventivas, localizadas, con armamentos cada vez más sofis-ticados (biológicos, químicos) no descartándose incluso la aplicación del arma atómica reducida. El nuevo fantasma del "terrorismo" ya preparó el camino, más que la amenaza co-munista, más que el narcotráfico, y no hay rincón del planeta que no sea invadible.
Pero David pudo vencer a Goliat, no olvidemos.
lunes, 25 de julio de 2011
Turismo: políticas públicas, beneficios privados
Tulio Ortiz Uribe
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
______________________________________
1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
Al turismo hay que entenderlo como un espacio de conflicto social, dice el especialista español Jordi Gascón, ya que el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la identidad cultural.
En Baja California Sur y principalmente en el municipio de Los Cabos, estas políticas públicas han respondido, en los últimos 30 años, a los intereses de grupos y organizaciones privadas compuestos en su mayoría por extranjeros, que funcionan a modo de una subcultura, con una creciente injerencia económica, política, administrativa y cultural en toda la zona, como bien advierte el investigador de la UNAM, doctor Álvaro López (1)
Como un gobierno paralelo, los empresarios intervienen en decisiones propias del municipio, sobre todo en materia de servicios y medio ambiente. Pero incluso temas como la seguridad pública y el desarrollo social, no son ajenos a sus propuestas, como se puede ver en los proyectos Los Cabos 2025 y Los Cabos Destino Modelo, dos documentos elaborados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCE) que, según dicen, “ya cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal”.
Los Cabos 2025, dice el CCE en su sitio de Internet, “será el documento rector del desarrollo integral de Los Cabos para los próximos años”. Y agrega con autoridad: “Los resultados de los estudios una vez concluidos, tendrán que ser aprobados por el Cabildo y posteriormente por el Congreso del Estado para que tengan vigencia de Ley por 25 años”
Por su parte Los Cabos Destino Modelo, “es una agenda con 23 puntos a trabajar, entre los que destacan seguridad pública, infraestructura urbana y desarrollo social”. De esta forma asuntos como el agua potable, energía eléctrica, aeropuertos, vialidades, puertos, y espacios culturales, pretenden ser diseñados desde la óptica de los empresarios para atender a los turistas, no a los residentes locales.
¿Quién se lleva las ganancias?
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en Los Cabos de 511 millones de dólares (algo así como 6 mil millones de pesos), esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los empleados de este sector es de 3 mil 787 pesos. Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales: datos de INEGI y del IMSS (2) demuestran que solamente cuatro de cada 10 personas empleadas en la actividad turística tienen seguro social.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza. Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
Todos estas inversiones, concesiones e incentivos destinados a apoyar los capitales transnacionales implican la inversión de dinero público, “y se legitiman a partir de un fuerte discurso estructurado bajo el embrujo del “progreso” y el siempre deseado “desarrollo” social y económico, la generación de empleo, la mejora en el nivel y la calidad de vida de las poblaciones empobrecidas, entre algunas de las máximas más repetidas por los promotores públicos y privados de este turismo global” (3)
Entre 1976 y 2010 el gobierno federal, a través de Fonatur, ha invertido en Los Cabos 5 mil 953 millones de pesos en infraestructura urbana y escénica, para el desarrollo turístico de Los Cabos.
Sin embargo el “desarrollo” de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto a la pobreza, la educación, el empleo, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no es derechohabiente y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas (INEGI censo 2010).
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos “es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional”.
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió FONATUR para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que “con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional”
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior”, en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones (4)
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
En Los Cabos están asentados 9 de los grandes grupos hoteleros internacionales, los cuales en conjunto tienen 29 mil 948 hoteles y 3 millones 329 mil 711 cuartos distribuidos en todo el mundo. Con excepción del grupo francés Accor, que no tiene presencia en Los Cabos, los nueve grupos restantes son de capital norteamericano: Intercontinental (Crown Plaza, Holiday Inn), Cendant (Howard Johnson), Marriott Inn (Marriott Hotels), Hilton Corp. (Hilton), Choice (Comfort), Best Western (Best Western), Starwood Hotels (Sheraton, Westin), Carlson Hosp. (Regent) y Global Hyatt (Hyatt Regency).
Estos grupos controlan el mercado mundial del hospedaje y son líderes en la estructura y consolidación del alojamiento turístico e influyente en la definición de tendencias territoriales del turismo internacional.
Otro aspecto importante en el negocio turístico en el corredor de Los Cabos, lo representa las arrendadoras de autos. Nueve empresas extranjeras dominan el mercado de autos rentados: Advantaje Car Rental, Budget, Alamo, Avis Car Rental, Payless Car Rental, Autos Thrifty, Nacional, Dollar y Autos Hertz, los cuales con sus flotillas han logrado un negocio altamente lucrativo y es la columna vertebral para la movilidad de los turistas.
Las líneas aéreas se llevan la mejor parte del negocio, ya que las empresas extranjeras acaparan el 75 por ciento de los vuelos El aeropuerto de San José del Cabo quedó concluido en 1987 y hoy en día operan en esa terminal 21 líneas entre otras: Alaska Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Frontier, Nort West, Champions, Sky Service, Aero Pacífico, Interjet, Continental Airlines, Volaris, Aeroméxico, America West, USA 3000, Sun Country y Air Canada. Otro segmento de turistas llega en vuelos privados, aunque no se tiene una estadística al respecto
El valor del mercado inmobiliario en el corredor turístico de Los Cabos e superior a mil millones de dólares anuales¬ y tiene una tasa sostenida de crecimiento del 35 por ciento. Este segmento de negocios está controlado por al menos cuarenta empresas extranjeras, la mayoría con sede en California, Colorado, Arizona y Nuevo México.
En promedio cada año se construyen en Los Cabos dos mil casas de descanso para el mercado de extranjeros, a un precio mínimo de 350 mil dólares. Aunque hay un segmento de inversionistas que adquieren una propiedad exclusiva en zona de playa en un millón de dólares o más al contado.
El mercado es tan lucrativo, que se calcula que las inmobiliarias tienen un ingreso anual de 100 millones de dólares, tan solo por la intermediación entre vendedor y comprador, sin considerar la venta de casas usadas, terrenos, ranchos y otro tipo de propiedades.
Las empresas dueñas del mercado inmobiliario son: Linda Neil Properties, Grimes Properties, Cabo Realty, Land´s and Realty, Esperanza Timbers Resort, Realty World Baja Realtors, Los Cabos Properties, H & H Relocation, Baja Peninsula Real Estate, Los Cabos Homes Services, Rionda & Knapp, Dorado Properties, La Paz Real Estate, Diamante Associates, Paraíso del Mar Remax, Omni Services, La Paz Realty, La Paz Properties, The Settlement Company, Snell Real Estate, Baja Properties, Coldwell Bankers Riveras, Querencia Properties, Prudencial Cabo Gold, Valuaciones Montaña Verde, Cabo San Lucas Properties, Cabo Linda Real Estate Sales, Escaped Properties, Prudencial California Realty, Villa La Estancia, Cabo 4 Sale Real Estate & Development, East Cape Homes, Paraíso California, Remax Los Cabos, Century 21, Costa Realty, Pisces Real Estate, Zoe Real Estate and Development, Consultores Phoenix, Baja Ventures y otras.
Impacto en los ecosistemas
Lo llaman la “industria sin chimeneas”, como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias “se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo”
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: “Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo”
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
En cuanto a la depredación del medio ambiente, el mega desarrollo Cabo Cortés es emblemático: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción del desarrollo Cabo Cortés, con lo cual se ha puesto en riesgo al parque Marino Cabo Pulmo, el arrecife coralino más importante del Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
Seguramente pueda existir otro tipo de políticas públicas de “desarrollo turístico” que repercutan de forma efectiva en el bienestar y la calidad de vida de la mayor parte de la población. También es posible que se pueda desarrollar otra forma de hacer turismo que sea sostenible social y ambientalmente.
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1.- López López, Álvaro, análisis de los flujos turísticos en corredor Los Cabos, BCS, UNAM, 2001.
2.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registradas al cierre del pasado abril a 923 mil 500 personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad turística. La cifra representa apenas 38.47 por ciento de los 2 millones 454 mil 372 empleos generados por el turismo, principalmente en actividades relacionadas con restaurantes, bares, centros nocturnos y transporte, indican datos de la más reciente Cuenta Satélite del Turismo 2005-2009 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
3.- Fernández Miranda, Rodrigo, El papel público en el turismo globalizado. Preámbulo a los estudios Turismo sin fronteras patrimonio, ocio y rentabilidad. Madrid, 2009
4.- Ibíd.
sábado, 23 de julio de 2011
Las redes de corrupción en el gobierno de Agúndez
Tulio Ortiz Uribe
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
El 12 de junio de 2008, el gobierno del Estado a través de la secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, le adjudicó al ciudadano Herminio Betancourt Geraldo, mediante licitación pública, dos contratos para obra por 6 millones 290 mil 680 pesos; en la misma sesión, la empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt, SA de CV, recibió otros dos contratos con un valor de 1 millón 512 mil 119 pesos.
Lo anterior parecería un procedimiento burocrático más, excepto por dos hechos que resultan violatorios de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, y que evidencian las redes de complicidad y corrupción que permearon todas las estructuras de gobierno en el sexenio pasado: Betancourt Geraldo es tío político de Narciso Agúndez Montaño y, esta persona solía concursar en las licitaciones con dos propuestas, una como persona física y otra con su empresa Constructora y Urbanizadora Betancourt. De esta forma aumentaban las probabilidades de adjudicarse un contrato, al presentar dos cotizaciones, en un formato donde las licitaciones se realizan con un promedio de tres concursantes.
El artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, estipula que las dependencias del gobierno estatal no podrán recibir propuestas o celebrar contrato con personas con quien “el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles…” Asimismo, “con aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Así, de manera ilegal, este empresario recibió en cinco años del gobierno agundista, 38 contratos por un total de 62 millones 167 mil 842 pesos: diez como persona física y 28 mediante su empresa constructora.
Constructora y Urbanizadora Betancourt se constituyó el 7 de enero de 2004, mediante la escritura pública número 24.146, ante el notario Carlos Aramburu Romero. Como socios aparecen Herminio Betancourt, Rosa María Agúndez y Rubén Betancourt Agúndez.
La Contraloría del Estado nunca hizo alguna observación, investigación o denuncia en este típico caso de tráfico de influencias, responsabilidad de funcionarios y delitos contra la administración pública, que fue una constante en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.
viernes, 8 de julio de 2011
Opacidad e indolencia, en el ITAI estatal
Tulio Ortiz Uribe
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
Con un presupuesto mensual de 213 mil 335 pesos, 11 funcionarios y empleados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California Sur (ITAI), ven pasar la vida como quien está de vacaciones. En lo que va del año, sólo han resuelto CUATRO acuerdos de solicitudes de información.
Contrario a su función de transparencia, en su página oficial de Internet presentan el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de ese Instituto, realizada por el Congreso para los años 2009 y 2010, pero el documento no presenta ¡un solo dato financiero!
Pero no sólo son omisos. En dicha página aún aparece la lista de funcionarios de enlace del gobierno anterior, tales como Héctor Ibarra Espinosa, Jorge Vale, Francisco Cardoza Macías, etcétera, con todo y que cuentan con un “coordinador de informática”, quien tiene entre otras funciones la de “Coordinar, homogeneizar y sistematizar la información que se suministra para el sitio de Internet”
En marzo de 2007, el congreso federal expidió un decreto que reforma el artículo sexto constitucional, y en su artículo tercero transitorio obliga a los estados para que en un plazo no mayor de dos años, cuenten con un sistema electrónico “para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información”; es decir, a través de Internet se podrían realizar y recibir solicitudes de información de los sujetos obligados en la estructura de gobierno.
Para que ningún estado se excediera de esos plazos, el 13 de marzo de 2009 se firmó un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno del Estado, y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de cederle la tecnología y el desarrollo de un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, denominado Sistema Infomex, financiado con recursos del Banco Mundial.
El 13 de agosto de 2009, luego de que durante tres meses personal del IFAI desarrolló el Sistema Infomex para el estado, que consistió en instalar, configurar, cargar catálogos, construir procesos, realizar pruebas internas, capacitar y ofrecer asesorías al personal y liberación del sistema, el director general de Informática del gobierno del Estado, José Manuel González Cota, firmó el acta de aceptación “de los trabajos de desarrollo del sistema Infomex”,
Dos años después, el Sistema Infomex sigue sin operar como se puede ver en el sitio http://www.itai.org.mx, sin que nadie pueda dar una respuesta a esta grave irregularidad.
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