Cómo se construyó el huachicol fiscal desde el poder:

Luis Arturo Herrera

El gobierno empezó por asfixiar la importación legal de combustible. Entre diciembre de 2020 y julio de 2021, la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, revocó o dio por terminados 1,866 permisos de importación y exportación de combustibles. Sobrevivió apenas el 5%, unos 88 permisos. Así desaparecieron la competencia formal y los testigos incómodos: las empresas que dejaban registro de cada litro que entraba al país.

Después entregó las puertas del país a los militares. El 17 de julio de 2020, desde Manzanillo, López Obrador anunció que la Sedena controlaría las aduanas y la Marina los puertos, con el argumento de combatir la corrupción. Para 2022 toda la operación portuaria estaba bajo mando militar. Quienes vigilaban la entrada de combustible dejaron de rendir cuentas a cualquier autoridad civil.

Al mismo tiempo, Hacienda mantuvo la gasolina artificialmente cara. Durante largos periodos de 2024 y 2025, incluido todo el cierre de 2025, el estímulo fiscal al IEPS se quedó en cero y el impuesto se cobró completo: unos 6.45 pesos por litro de Magna. Cada peso de impuesto hizo más rentable el contrabando, porque el combustible que entra disfrazado de otro producto se ahorra cerca del 40% en impuestos.

En ese escenario, el huachicol fiscal creció bajo custodia militar, con un costo estimado de 200 mil millones de pesos al año en impuestos evadidos. En marzo de 2025 el buque Challenge Procyon fue asegurado en Tampico con 20 millones de litros de diésel, de los cuales solo 10 millones estaban declarados.

Según la propia FGR, la red era encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, contralmirante, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de AMLO entre 2018 y 2024. El contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció la red ante sus superiores en junio de 2024 y fue asesinado en noviembre de ese año.

En septiembre de 2025 cayeron 14 implicados entre marinos, funcionarios aduanales y empresarios. Uno de ellos, Saúl Vera Ochoa, fue promotor público de la candidatura presidencial de Adán Augusto López.

El 16 de julio de 2026 llegó el acto final. La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California y primer gobernador de oposición en la historia del país, acusado de huachicol fiscal semanas después de que su nuevo partido obtuviera registro. Mientras tanto, Adán Augusto López y Andrés López Beltrán, señalados en investigaciones por la misma red, no enfrentan un solo cargo. La prisión fue primero para el adversario.

Moraleja: el huachicol fiscal no nació en la clandestinidad ni fue una falla del sistema. Se diseñó desde el poder, para el poder.