En Los Cabos, otro despojo en puerta de los empresarios
Tulio Ortiz Uribe
De tanto repetirlo, ya resulta lugar común decir que los
barones del dinero no tienen llenadera. A cuanto negocio le hincan el diente,
no lo sueltan hasta sorberle el tuétano y aún así les queda hambre.
En Los Cabos, Baja California Sur -y en tantos lugares del
país donde hay "áreas de oportunidad", que no es otra cosa que el
despojo y el lucro con tierras, playas y paisajes-, los voraces empresarios del
turismo ya funcionan como un gobierno paralelo, e imponen -con el gastado
cuento de que la prioridad es la generación de empleos "que contribuye al
bienestar de los mexicanos"-, políticas públicas que les permiten
multiplicar sus fortunas.
Y para esto se hicieron del control del Fideicomiso de Obras
de Infraestructura Social, a través de Consejo Coordinador de Los Cabos y del
Instituto Municipal de Planeación, desde donde deciden estudios y proyectos de inversión
(vialidades y obras cosméticas que benefician más a la hotelería. A esto hay que
sumarle 892 millones de pesos de fondos federales que, de acuerdo con la Secretaría
de Turismo (Sectur), se han invertido en infraestructura turística en lo que va
del sexenio), castigando acciones en agua potable, drenaje, energía eléctrica y
vivienda para la población. Bueno, sí hay obras pero son migajas; en días
pasados se anunció que a través del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades, se puso en marcha en el municipio de Los Cabos un proyecto para
dotar a 74 familias de un cuartito adicional a sus precarias viviendas, con un
gasto de...4 millones de pesos.
Y para que se vea que los empresarios sí saben
"aprovechar el potencial turístico de México", con los buenos oficios
de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Turismo y de Fonatur, dos
de los más poderosos empresarios del turismo en Los Cabos, Eduardo Sanchez
Navarro y Ernesto Coppel Kelly, a través de sus operadores en todo tipo de
enjuagues para apoderarse de bienes
públicos, Gonzalo Franyutti de la Parra y John Vaughan, han lanzado un proyecto que se
sumaría a la ya larga historia de privatizaciones en el país: reubicar 8.5
kilómetros de la autopista panorámica de cuatro carriles Cabo San Lucas- San
José del Cabo, y alejarla 2.5 kilómetros de su trazo actual cercano a la playa,
lo que les permitiría comercializar más de mil hectáreas previamente compradas
a precios de ganga, que quedarían entre el nuevo tramo de carretera y el mar.
Un negocio millonario para un grupo de privilegiados, en
dólares por supuesto, porque el discurso de que hay que "fomentar el
desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios
sociales y económicos de las comunidades receptoras", es sólo otra
vacilada.
Con aquello de que se debe consolidar "una cultura de
mejora continua, basada en la competitividad", y así "fortalecer los
esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial
turístico", como dice con buen
humor la Secretaría de Turismo, los nunca satisfechos empresarios ya habían
hecho de las suyas hace 10 años, cuando el gobierno Federal les movió otro tramo
de autopista entre Santa María y el arroyo El Tule y se adueñaron -con plumas y
guardias de seguridad-, de las playas Arroyo Seco, Arroyo
de González, Buenos Aires, El Mangle, Las Conchas, El Bledito, Villa
del Mar y Puertas Viejas.
Con todo y que el turismo es la tercera fuente de ingresos
para México y que según cifras de Fonatur deja una derrama económica anual en
Los Cabos de 568 millones de dólares (algo así como 9 mil 400 millones de pesos),
esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para los trabajadores
residentes en el estado. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el salario promedio mensual de los 46 mil 239 empleados de ese sector es
de 4 mil 416 pesitos, que apenas les alcanza para no desfallecer de hambre.
Pero además, se les escamotean sus prestaciones sociales:
datos de INEGI y del IMSS demuestran que solamente 4.4 de cada 10 personas
empleadas en la actividad turística en Los Cabos tienen seguro social; hay un
déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con
agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no
cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1
por ciento no tienen refrigerador; el 26 por ciento de la población no tiene
acceso a los servicios de salud y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas
públicas.
Ante los buenos deseos de que "los ingresos generados
por el turismo sean fuente de bienestar social" como machaconamente repite
la Sectur, la realidad es que no sólo los empresarios nativos engordan sus
carteras, sino también el capital extranjero con sus cadenas hoteleras (9 de
los 10 grandes grupos internacionales tienen presencia en Los Cabos), líneas
aéreas, arrendadoras de autos, promotoras inmobiliarias, tiendas
departamentales y agencias de viajes.
El 80 por ciento de los turistas que llegan a este destino
vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, y generalmente
contratan su viaje todo incluido en agencias internacionales, por lo que los
capitales regresan a sus cuentas en el exterior; así, aquello de que el turismo
genera grandes divisas para el país, parecería otro embuste más.
"Al turismo hay que entenderlo como un espacio de
conflicto social -dice el especialista español Jordi Gascón-, ya que el diseño
de políticas públicas orientadas al desarrollo turístico de una región, sólo
han servido para repartir inequitativamente los beneficios que genera, para
depredar los recursos naturales y el medio ambiente, y como una amenaza para la
identidad cultural"
Con lo anterior queda de manifiesto que la memorable frase: "políticas
públicas, beneficios privados", es una cruda realidad en este país.
