Partidos inician campaña política disfrazada.

Tulio Ortiz Uribe

A ocho meses de que se inicie formalmente el proceso electoral que habrá de renovar autoridades municipales, integrantes del congreso local y gobernador en Baja California Sur, los partidos políticos se lanzan a una campaña disfrazada de “informes”, “giras de trabajo”, obras públicas, entrega de artículos y despensas en colonias populares y hasta con la pretensión de eliminar impuestos, a fin de adelantar tiempos y ganar adeptos para los comicios del 7 de junio del 2015.

Este martes 21, la fracción de diputados priistas en el congreso acordó presentar al pleno un proyecto de decreto para derogar el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Como se sabe, este es un impuesto local creado después de que el gobierno de la república lo derogó a nivel federal a partir del 1 de enero del 2012. Este gravamen le ha permitido al estado hacerse de recursos para el pago de créditos contraídos con la banca comercial y un 20 por ciento lo distribuye entre los cinco municipios.

El 11 de marzo de 2008, tres días antes de que terminara su periodo constitucional, la décimo primera legislatura autorizó mediante el decreto 1747 al gobierno de Narciso Agúndez  para que tramitara un empréstito por mil millones de pesos. La operación se concretó con Banorte y para redimir su pago se constituyó un fideicomiso a 20 años en el banco HSBC, garantizado con el 80 por ciento de los recursos obtenidos a través del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y con el del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

José Antonio Ramírez Gómez, secretario estatal de Finanzas, minimizó la propuesta priista de derogar dicho impuesto al decir que “existen otros mecanismos de recaudación”, en caso de que el congreso apruebe la iniciativa para desaparecer ese impuesto. Agregó que el estado dejaría de recaudar alrededor de 85 millones de pesos y se tendrían que buscar recursos para cumplir con el 20 por ciento que corresponde enviar a los municipios por este concepto. Lo que no dijo fue que habría también que echar mano de otro porcentaje de las participaciones federales para cumplir con el pago de Banorte. Esto implica menos obra pública, pues los recursos federales del FAFEF sirven también para este fin. Al 30 de septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en su página de Internet que el Estado usa el 67.5 de las aportaciones federales para el pago de deuda pública.

Por ejemplo, de los recursos ejercidos del FAFEF 2011(147 millones 865 mil pesos), se destinó el 70.3% al pago de deuda, el 16.2%, en obra pública, y el 13.5% en la modernización de los sistemas de recaudación fiscal.

La propuesta con tintes electoreros

El Partido Acción Nacional, a través de su presidente en el Estado, Herminio Corral, ha reiterado que la propuesta del PRI es sólo una treta política, y que estamos “frente a un acontecimiento que verdaderamente causa risa, que es de verdad sorprendente cómo hoy pretenden llegar los priistas como falsos redentores".

Lo anterior no deja de tener visos de verdad, pues hace días el diputado Antonio Zavala Agúndez expresó que derogar el impuesto a la tenencia sería “como una medida de apoyo a la economía de los sudcalifornianos”. 

Sin embargo las cifras demuestran que eliminar ese impuesto sólo serviría a pocas personas, la mayoría de las clases medias y altas. De acuerdo con cifras de Inegi, la edad promedio del parque vehicular en BCS es de 16.5 años y sólo el 20 por ciento de los vehículos son de modelo reciente. En el estado los automotores con un costo de hasta 100 mil pesos están exentos del impuesto y se calcula que sólo lo paga los propietarios del 15 por ciento de los 420 mil vehículos registrados. En síntesis, el beneficio sería para 63 mil residentes en el estado. O menos, porque muchas familias acomodadas tienen dos y hasta tres autos de modelo reciente.

Ahora se recuerda que el 19 de octubre de 2011, los diputados del PRI se sumaron a la propuesta del gobernador Marcos Covarrubias de crear el impuesto estatal sobre tenencia de vehículos.

El diputado Alberto Valdivia Alvarado le comentó en esas fechas al semanario Zeta: “Considero que es un tema muy debatible, pero creo, lo digo de manera clara, que es un tema de responsabilidad, los municipios de Baja California Sur enfrentan situaciones financieras muy complejas, que no podemos darnos el lujo de dejarlos sin ese dinero, por ejemplo, en el municipio de La Paz serían 12 millones de pesos al año y me parece que pudiera sonar una cantidad mínima, quienes somos sudcalifornianos, quienes entendemos la vida compleja, sabemos que 12 millones de pesos al año son importantes, todos los municipios han tenido que recibir apoyo del gobierno del estado, muchas veces para pagar la nómina”.

El mismo diputado dice ahora que derogar el impuesto "es una demanda popular" y que "siendo sensibles a estos planteamientos, los legisladores impulsarán su derogación. 

Por su parte la presidenta de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, quien tiene sumido al municipio en una crisis financiera, se sumó a la iniciativa que presentará la fracción priista en el congreso para derogar la tenencia  en Baja California Sur, pues “es una iniciativa que ayuda a la mayoría de la gente” y llamó a todos  los legisladores a apoyar la propuesta, ya que, dijo, “en estos momentos se debe hacer un esfuerzo para contribuir con el sector empresarial y con los ciudadanos, a fin de que tengan menos gastos”

Como se sabe diversos organismos públicos y privados  han recomendado a Ponce Beltrán que el gobierno municipal debe llevar un gasto responsable, que esté equilibrado con su capacidad de generación de ingresos, ya que éstos sólo representan el 42 por ciento (el resto son aportaciones federales) del gasto total del municipio.

El proyecto minero Los Cardones, un riesgo para el desarrollo socioeconómico del Estado. Los efectos macroeconómicos, marginales en comparación con los daños que dejará.

La Paz, BCS.- La mina Los Cardones no traería beneficios económicos, sociales ni ambientales por el contexto en el que opera según un estudio del Centro para la Responsabilidad Social en la Minería (CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia.

Cecilia Reátegui Olguín, investigadora y analista del CRSM presentó en rueda de prensa un estudio de investigación en el cual se concluye que Los Cardones podría causar efectos macroeconómicos negativos en el sector terciario del estado de Baja California Sur.  

"Somos una entidad neutral, la cual promueve la minería sostenible. Nosotros estamos a favor de una industria minera responsable. Y es por eso que es importante cuando concluimos en el reporte que no creemos que existan las condiciones adecuadas en BCS para que el proyecto de minera metálica Los Cardones, aporte un beneficio al estado."

Según la experta, los nuevos proyectos mineros de BCS requerirán procesos de extracción y procesos metalúrgicos completamente distintos para la obtención del producto deseado (en comparación con la actual minería de BCS). Si es que los proyectos propuestos se materializan podría dejar un precedente para otros proyectos en etapa de exploración, lo cual podría convertir a BCS fácilmente en un estado minero. Los efectos macroeconómicos potenciales directos de Los Cardones podrían ser equivalentes a un 1.8 por ciento de la actividad económica del estado, efecto se considera como marginal para la Economía de BCS.

La mayoría de la población en Baja California Sur (72.4 por ciento) trabaja en el sector terciario (comercio, transporte, sector inmobiliario, turismo y hotelería, y los servicios), el cual incluye labores relacionadas al turismo. Esto indica que el sector terciario es el mayor generador de empleos y por lo tanto se convierte en el sector al cual el gobierno tiene que proteger de potenciales impactos, como de los potenciales impactos de Los Cardones, el cual tiene un aporte económico bajo en Baja California Sur.

El gran beneficio de la minería en una región se da cuando el proyecto minero invierte en compras locales lo cual genera encadenamiento con los demás sectores productivos. Sin embrago, ya que BCS no es una región minera y la mayoría de la sociedad tampoco quiere que lo sea, no tiene muchas compañías competitivas que puedan proveer servicios técnicos a los proyectos mineros metálicos. Por ello para que el estado se pueda beneficiar completamente de un boom minero metálico tendría que convertirse en una región minera, enfocada y dando servicios a la industria extractiva, y esto va contra la visión a futuro. Aún más cuando se señala solo que 400 empleos indirectos en etapa de operación serán relacionados al municipio de La Paz sin una certeza de que estos empleos puedan ser contrataciones locales.

"Si comparamos a BCS con estados mineros como Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis de Potosí, Sonora, Zacatecas vemos que no se ha necesitado de la industria minera para tener una mayor esperanza de vida, menor tasa de pobreza, un índice alto de educación y mayor índice de desarrollo humano, lo cual indica que la minería no ha contribuido al desarrollo de dichas regiones." dijo Reátegui Olguín.

"El sur de BCS tiene vocación turística y no minera. La diferencia entre Los Cardones y un hotel, es que este último proyecta una vida más larga que Los Cardones, y esto hace que los dueños en la industria hotelera re-inviertan este 50% en proyectos futuros en el estado o en el mismo hotel. En el caso de Los Cardones se plantea una vida de 10 años lo que genera que, una vez acabado el proyecto se lleven consigo la totalidad de las utilidades recaudadas fuera de la región, además de dejar fuertes pasivos ambientales" continuó.

Según la manifestación de impacto ambiental de Los Cardones, el nivel de arsénico en los acuíferos se contraería a medida que pasen los años. Esta observación, según expertos en el tema de la Universidad de Queensland, presenta graves dudas, dado que el arsénico no se descompone. Así mismo, con respecto a la desaladora no hay un análisis profundo sobre cómo se manejaran estos impactos.

"Bajo el criterio Centro para la Responsabilidad Social en la Minería de la Universidad de Queensland, Australia, el proyecto minero Los Cardones no es un proyecto responsable, ya que este no traerá mayores beneficios desde una perspectiva social, económica y ambiental", finalizó Reátegui Olguín. (Comunicado de Prensa)